Una breve historia intelectual. Oscar Godoy.
Formas de participar.
Desde las asambleas de los ciudadanos en la Grecia antigua hasta el individualismo contemporáneo que busca presencia en iniciativas no políticas, la historia de la participación ciudadana es diversa e irregular. Aquí se repasan los hitos que han marcado la manera en que los hombres construimos sociedad y gobierno con nuestros semejantes.
Óscar Godoy A. | Instituto de Ciencia Política, PUC.
I. Participación política en la Antigüedad: la democracia más madura
La participación política tiene una larga trayectoria histórica: se remonta a la Grecia antigua. Los primeros registros de la práctica de la reunión o asamblea de los ciudadanos se encuentran en Heródoto (485/490-413 a.C.). Gracias a sus Historias, sabemos que en el siglo VI a.C. se desarrolla un ideal político llamado isonomía, que posteriormente adoptaría el nombre de democracia. La isonomía es la igualdad de la ley, pero como ideal político preconizaba la participación de los hombres libres en las decisiones públicas, en la definición de las leyes y en el gobierno de la ciudad. Este ideal era una respuesta racional a la tiranía de la época, que era la práctica corrupta del gobierno de uno, que gobernaba sin leyes y sin fundamento en la razón, y con la exclusión total de la participación ciudadana.
Tomemos como escenario de la participación democrática originaria el siglo IV a.C. Y, además, fijemos nuestra atención en Atenas. En ese siglo la democracia ateniense experimentó su mayor auge y madurez. La participación política tenía como actor central al ciudadano (polítes). La dualidad vida privada-vida pública estaba marcada por fuertes diferencias entre ambas y por la supremacía moral de la vida pública. Los atenienses consideraban al bien público o bien del conjunto de la pólis como superior al privado. La vida pública constituía un privilegio de una parte de la población. En efecto, solamente podían acceder a ella los varones libres. Y eran libres los hijos y descendientes de progenitores libres, retrocediendo hasta dos generaciones. La mujer libre cumplía, cuando era casada, una función importante en la casa (oikía), que era una entidad más compleja que la familia moderna. La esposa, en ese ámbito, junto con criar y educar a los hijos, co-administraba la casa, junto con su marido, y ejercía autoridad sobre la servidumbre y los esclavos. Pero estaba privada del bíos politikós, de la vida política. Los griegos concebían la vida privada como carente de un bien superior, que era la pertenencia a la ciudadanía. Los extranjeros no podían ser ciudadanos, ni los niños ni los ancianos, y, obviamente, tampoco los esclavos.
Aristóteles (384-322 a.C.) afirmaba que la ciudadanía, en grado pleno, es una característica de la democracia, porque en ella los ciudadanos deliberan y participan en las instituciones establecidas por la constitución (politeía), especialmente en aquella que es la soberana. Y agrega que la constitución democrática establece que el elemento soberano de la ciudad son «los más», o sea, el pueblo. Así, la institución capital del sistema político es la Ekklesía o asamblea de todos los ciudadanos. En la Ekklesía ateniense la participación política alcanzaba su plenitud, pues ella reunía al pueblo en un espacio y en un tiempo determinado. En consecuencia, el pueblo estaba realmente presente, para deliberar y adoptar decisiones que afectaban a toda la ciudad.
Además, la democracia ateniense contemplaba otras instancias de participación ciudadana. Ellas eran el Consejo (boulé), los tribunales de justicia y el gobierno (funciones ejecutivas). Estas instituciones incluían cientos de cargos, a los cuales se accedía por un procedimiento de sorteo, salvo contadas excepciones. Además, las funciones públicas tenían una duración limitada a un año, como máximo. De este modo, el procedimiento aleatorio para atribuir autoridad y la acotada duración de los mandatos, tenían el efecto de maximizar la participación de los ciudadanos en la estructura política de la ciudad.
En la Antigüedad también Roma practicó la participación política. Durante el período de vigencia de la república, los ciudadanos romanos estaban habilitados para elegir magistrados del pueblo (tribunos de la plebe) y aprobar leyes (plebiscita). Pero la república romana no fue nunca un régimen cuyo poder soberano fuese algo similar a la asamblea de los ciudadanos atenienses.
http://www.uc.cl/ru/84/dossier_1.html
II. La participación política en la Edad Media y el Renacimiento: del autogobierno al absolutismo
Otro hito en el desarrollo de la reflexión sobre la participación cobra forma en la Edad Media y el Renacimiento. Durante ese período no existe nada similar a la democracia antigua. No obstante, entre 1300 y 1500, una vez que se consolida la vida urbana, en los burgos se desarrollan libertades y derechos políticos. En efecto, las ciudades adquieren el poder de autogobernarse. El autogobierno municipal incluía la elección de autoridades (alcaldes y concejales o regidores), facultades para darse leyes internas y libertades para sus habitantes. En ellas se desarrolla una cultura política cercana a la democracia. Esa cultura va a ser determinante para el florecimiento de las «repúblicas» del Renacimiento. Pero, tanto en las ciudades libres originales como en estas repúblicas, el concepto de participación es restringido. En efecto, durante un largo período prevalece la idea de que el pueblo es un cuerpo, una corporatio o universitas, una universitas civium, compuesta de dos partes: una minoritaria y aristocrática, por su educación y riqueza; a la gente llamada «del común» (mayoría), en cambio, se le atribuye ignorancia y desinterés por lo público. Por esta razón, la primera asume la representación del cuerpo entero, restando a la parte inferior de la participación.
Hay otros elementos que pueden incluirse en esta línea de reflexión sobre la participación. Me parece relevante el principio denominado q.o.t., abreviatura de una máxima que establece que aquello que atañe a todos debe ser aprobado por todos (quod omnes tangit ab omnibus comprobetur). Este principio, extraído del derecho romano privado, fue extrapolado a la esfera política por los juristas medievales. A través suyo se afirma que el consentimiento es el fundamento de la participación de todos los ciudadanos en las decisiones públicas. El principio q.o.t. es una aproximación al concepto de soberanía popular, que tiene aplicación en un aspecto capital del gobierno moderado.
La teoría del gobierno moderado, tal como la concibe Tomás de Aquino (1224-1274), incluye elementos normativos relevantes para el desarrollo de la cultura política. Entre ellos hay que destacar la idea de que el príncipe no está libre del imperio de la ley. Pero, en la práctica, un elemento central de la moderación del poder real, y que se sostiene en el principio q.o.t., es la corte o parlamento de la monarquía de la época. Esas cortes, en sus inicios, estaban integradas por las personas de confianza del príncipe, que pertenecían a la nobleza y el clero. Posteriormente, a medida que se despliega el fenómeno ya mencionado de las libertades burguesas, las ciudades eligen representantes para que participen en las cortes.
Así, ya en el siglo XIV, las cortes estaban conformadas por tres estamentos: dos privilegiados, la nobleza y el clero, y un tercero, llamado de la gente común, common people o gens de tiers état, ampliándose de este modo sustancialmente la participación política. Pero los estamentos solamente ejercían derechos políticos limitados, como el de petición y el de hablar libremente para aconsejar al príncipe, sin que el ejercicio de estos derechos surtiesen efectos vinculantes. Su mayor poder era el de aprobar impuestos. Pero los parlamentos, a excepción de Inglaterra, prácticamente desaparecieron o perdieron influencia en casi toda Europa durante los siglos XVII y XVIII, afectando gravemente a la participación política, a causa de la incontrarrestable marcha del absolutismo.
III. Participación política en los siglos, XVIII y XIX: aires de libertad y representación
Durante el auge del absolutismo aconteció la revolución inglesa (1688). Así, mientras en el resto de Europa los regímenes absolutistas se consolidaban y fortalecían, en Inglaterra se instauraba un sistema constitucional fundado en la supremacía del parlamento y la ley. De este modo, se estabilizaba la participación política a través de representantes en el parlamento. Estos representantes, que integraban la Cámara de los Comunes, o sea de la common people y no de los estamentos con privilegios, detentaban el poder legislativo y el control sobre el gobierno monárquico.
En la primera mitad del siglo XVIII, Montesquieu (1689-175) desarrolló en su obra El espíritu de las leyes una concepción acerca de la representación política, y, por lo mismo, de la participación. Para este autor, no siendo posible la democracia de los antiguos, por el número de los ciudadanos de los Estados modernos (¿cómo y dónde reunir en asamblea a millones de personas?), ni tampoco que el pueblo gobierne directamente, éste debe delegar en procuradores, diputados o representantes la creación de las leyes y el gobierno de la comunidad. Según Montesquieu, si bien el pueblo no puede gobernar, dispone de la capacidad para «discernir el mérito». O sea, sabe quiénes tienen las aptitudes y la preparación para las funciones políticas. En consecuencia, el pueblo está habilitado para elegir a sus representantes. Y ello es lo que el pueblo inglés estaría haciendo con la monarquía constitucional.
En la revolución francesa (1789), los debates concluyeron con el triunfo del sistema representativo, ante la imposibilidad de la democracia directa de la Antigüedad. Surgió, además, la idea de la superioridad de la representación sobre la democracia directa. Sieyès (1748-1856), por ejemplo, argumentó que la participación directa del pueblo involucra la invasión de la irracionalidad de las pasiones en la esfera pública. En cambio, la intermediación ejercida por los representantes impide o limita la eventualidad de esa invasión. En los años posteriores a la revolución, Benjamin Constant (1761-1830) desarrolló su concepción de la libertad de los modernos y demostró que en la edad de la sociedad comercial, los ciudadanos no disponían del tiempo necesario para atender los asuntos públicos. Y que por tal razón, ellos debían transferirle esa responsabilidad, en procuración, a sus representantes. Esta tesis expone el carácter limitado de la participación en el régimen representativo.
A mediados del XIX, John Stuart Mill (1806-1873) puso al descubierto los vacíos del gobierno representativo y propuso su perfeccionamiento. Mill denunció las carencias del sistema electoral mayoritario de la época, que impedía la participación política de la nueva clase proletaria, surgida de la industrialización. Su propuesta rectificadora consistió en la aplicación de un sistema electoral proporcional que, junto con el voto universal, permitiera ampliar la participación. De este modo, el parlamento reflejaría más fielmente la diversidad de las corrientes, tendencias y opiniones existentes en la sociedad. Por otra parte, en esa época la mujer estaba excluida de la ciudadanía, situación que debía superarse atribuyéndole derechos políticos y consagrando el voto universal.
También Mill propuso un principio fuerte de protección y garantía de los derechos de las minorías, para que no fuesen avasalladas por una eventual tiranía de las mayorías.
IV. Participación política contemporánea: todos votan, ¿pocos participan?
Durante el siglo pasado, efectivamente se impuso el voto universal y la mujer fue incorporada a la participación ciudadana. La democracia adquirió carta de legitimidad universal y, después de las dos guerras mundiales, casi todos los Estados se declaraban, por razones disímiles, democráticos.
La segunda mitad del siglo estuvo cruzada por el conflicto entre las democracias representativas y las democracias populares. En estas últimas se desarrolló –y se exportó– un modelo de participación popular que incluía la movilización de masas, la lucha de clases y la acción hegemónica del Partido Comunista como instrumento de los intereses del proletariado. El fascismo, antes del fin de la segunda guerra mundial, replicó con esquemas de participación similares. La respuesta de las democracias representativas fue el fortalecimiento del pluripartidismo y la inclusión en el sistema político de instituciones propias de la democracia directa, como el plebiscito y el referendo.
La teoría democrática posterior a las guerras mundiales desarrolló, en relación a la participación política en las democracias representativas, explicaciones acerca de la función de la elites en el proceso de competencia por el poder. Así, por ejemplo, una de las figuras más eminentes de la ciencia política de la década de los setenta, Robert Dahl, sostiene que las democracias contemporáneas son en realidad poliarquías. Con ese neologismo nos quiere significar que el rasgo principal del sistema es la competencia entre una pluralidad de elites. En otras palabras, la participación política, según este diagnóstico, estaría administrada por distintas elites que, en su lucha por conseguir posiciones de poder, nos proponen proyectos de buen gobierno para persuadirnos a aceptar su oferta.
Al comenzar el siglo XXI nos encontramos con una crisis de participación política bastante generalizada en las democracias. Por esta razón, los cientistas sociales y los agentes públicos buscan nuevos instrumentos para reactivar y fortalecer la participación política. Por una parte, han surgido propuestas para hacer más transparentes y accountable a las instituciones y la gestión de los agentes públicos. Ésta es una condición necesaria para que el ciudadano pueda ejercer funciones de control sobre el poder político y exigir que sus demandas sean satisfechas en forma eficiente. También es una condición para asegurar la probidad y, en fin, para estimular el debate público. Por otra parte, algunos proponen procedimientos que incrementen la concurrencia ciudadana a las elecciones, tales como la inscripción automática y el voto obligatorio, o los plebiscitos y referendos revocatorios.
No obstante, parece que la inclinación generalizada de las personas, en las dos últimas décadas, es claramente individualista. Por esta razón, tienden a distanciarse de la política y a privilegiar sus intereses particulares. El débil ánimo asociativo que fluye de este individualismo es satisfecho en la sociedad civil a través de acciones participativas no políticas o para-políticas, en torno a la educación, los deportes, las actividades religiosas y otras de tipo altruista, la defensa de causas morales –como los detenidos desaparecidos–, la libre expresión de minorías, la defensa del medio ambiente, de especies en peligro de extinción, del bosque nativo, etc. O sea, un tipo de participación que se inscribe en el marco de la sociedad civil y que no tiene una intencionalidad directamente política, aún cuando eventualmente influya en esa esfera.
La deserción de las personas de la ciudadanía y sus deberes, la no participación política y el auge de la que se remite a los asuntos propios de la sociedad civil han estimulado el análisis institucional, reactivado la vigencia de la filosofía política e incentivado nuevas formulaciones de la democracia directa, la democracia deliberativa y la democracia participativa.
Ubicación: Revista Universitaria, Universidad Católica de Chile.-
Desde las asambleas de los ciudadanos en la Grecia antigua hasta el individualismo contemporáneo que busca presencia en iniciativas no políticas, la historia de la participación ciudadana es diversa e irregular. Aquí se repasan los hitos que han marcado la manera en que los hombres construimos sociedad y gobierno con nuestros semejantes.
Óscar Godoy A. | Instituto de Ciencia Política, PUC.
I. Participación política en la Antigüedad: la democracia más madura
La participación política tiene una larga trayectoria histórica: se remonta a la Grecia antigua. Los primeros registros de la práctica de la reunión o asamblea de los ciudadanos se encuentran en Heródoto (485/490-413 a.C.). Gracias a sus Historias, sabemos que en el siglo VI a.C. se desarrolla un ideal político llamado isonomía, que posteriormente adoptaría el nombre de democracia. La isonomía es la igualdad de la ley, pero como ideal político preconizaba la participación de los hombres libres en las decisiones públicas, en la definición de las leyes y en el gobierno de la ciudad. Este ideal era una respuesta racional a la tiranía de la época, que era la práctica corrupta del gobierno de uno, que gobernaba sin leyes y sin fundamento en la razón, y con la exclusión total de la participación ciudadana.
Tomemos como escenario de la participación democrática originaria el siglo IV a.C. Y, además, fijemos nuestra atención en Atenas. En ese siglo la democracia ateniense experimentó su mayor auge y madurez. La participación política tenía como actor central al ciudadano (polítes). La dualidad vida privada-vida pública estaba marcada por fuertes diferencias entre ambas y por la supremacía moral de la vida pública. Los atenienses consideraban al bien público o bien del conjunto de la pólis como superior al privado. La vida pública constituía un privilegio de una parte de la población. En efecto, solamente podían acceder a ella los varones libres. Y eran libres los hijos y descendientes de progenitores libres, retrocediendo hasta dos generaciones. La mujer libre cumplía, cuando era casada, una función importante en la casa (oikía), que era una entidad más compleja que la familia moderna. La esposa, en ese ámbito, junto con criar y educar a los hijos, co-administraba la casa, junto con su marido, y ejercía autoridad sobre la servidumbre y los esclavos. Pero estaba privada del bíos politikós, de la vida política. Los griegos concebían la vida privada como carente de un bien superior, que era la pertenencia a la ciudadanía. Los extranjeros no podían ser ciudadanos, ni los niños ni los ancianos, y, obviamente, tampoco los esclavos.
Aristóteles (384-322 a.C.) afirmaba que la ciudadanía, en grado pleno, es una característica de la democracia, porque en ella los ciudadanos deliberan y participan en las instituciones establecidas por la constitución (politeía), especialmente en aquella que es la soberana. Y agrega que la constitución democrática establece que el elemento soberano de la ciudad son «los más», o sea, el pueblo. Así, la institución capital del sistema político es la Ekklesía o asamblea de todos los ciudadanos. En la Ekklesía ateniense la participación política alcanzaba su plenitud, pues ella reunía al pueblo en un espacio y en un tiempo determinado. En consecuencia, el pueblo estaba realmente presente, para deliberar y adoptar decisiones que afectaban a toda la ciudad.
Además, la democracia ateniense contemplaba otras instancias de participación ciudadana. Ellas eran el Consejo (boulé), los tribunales de justicia y el gobierno (funciones ejecutivas). Estas instituciones incluían cientos de cargos, a los cuales se accedía por un procedimiento de sorteo, salvo contadas excepciones. Además, las funciones públicas tenían una duración limitada a un año, como máximo. De este modo, el procedimiento aleatorio para atribuir autoridad y la acotada duración de los mandatos, tenían el efecto de maximizar la participación de los ciudadanos en la estructura política de la ciudad.
En la Antigüedad también Roma practicó la participación política. Durante el período de vigencia de la república, los ciudadanos romanos estaban habilitados para elegir magistrados del pueblo (tribunos de la plebe) y aprobar leyes (plebiscita). Pero la república romana no fue nunca un régimen cuyo poder soberano fuese algo similar a la asamblea de los ciudadanos atenienses.
http://www.uc.cl/ru/84/dossier_1.html
II. La participación política en la Edad Media y el Renacimiento: del autogobierno al absolutismo
Otro hito en el desarrollo de la reflexión sobre la participación cobra forma en la Edad Media y el Renacimiento. Durante ese período no existe nada similar a la democracia antigua. No obstante, entre 1300 y 1500, una vez que se consolida la vida urbana, en los burgos se desarrollan libertades y derechos políticos. En efecto, las ciudades adquieren el poder de autogobernarse. El autogobierno municipal incluía la elección de autoridades (alcaldes y concejales o regidores), facultades para darse leyes internas y libertades para sus habitantes. En ellas se desarrolla una cultura política cercana a la democracia. Esa cultura va a ser determinante para el florecimiento de las «repúblicas» del Renacimiento. Pero, tanto en las ciudades libres originales como en estas repúblicas, el concepto de participación es restringido. En efecto, durante un largo período prevalece la idea de que el pueblo es un cuerpo, una corporatio o universitas, una universitas civium, compuesta de dos partes: una minoritaria y aristocrática, por su educación y riqueza; a la gente llamada «del común» (mayoría), en cambio, se le atribuye ignorancia y desinterés por lo público. Por esta razón, la primera asume la representación del cuerpo entero, restando a la parte inferior de la participación.
Hay otros elementos que pueden incluirse en esta línea de reflexión sobre la participación. Me parece relevante el principio denominado q.o.t., abreviatura de una máxima que establece que aquello que atañe a todos debe ser aprobado por todos (quod omnes tangit ab omnibus comprobetur). Este principio, extraído del derecho romano privado, fue extrapolado a la esfera política por los juristas medievales. A través suyo se afirma que el consentimiento es el fundamento de la participación de todos los ciudadanos en las decisiones públicas. El principio q.o.t. es una aproximación al concepto de soberanía popular, que tiene aplicación en un aspecto capital del gobierno moderado.
La teoría del gobierno moderado, tal como la concibe Tomás de Aquino (1224-1274), incluye elementos normativos relevantes para el desarrollo de la cultura política. Entre ellos hay que destacar la idea de que el príncipe no está libre del imperio de la ley. Pero, en la práctica, un elemento central de la moderación del poder real, y que se sostiene en el principio q.o.t., es la corte o parlamento de la monarquía de la época. Esas cortes, en sus inicios, estaban integradas por las personas de confianza del príncipe, que pertenecían a la nobleza y el clero. Posteriormente, a medida que se despliega el fenómeno ya mencionado de las libertades burguesas, las ciudades eligen representantes para que participen en las cortes.
Así, ya en el siglo XIV, las cortes estaban conformadas por tres estamentos: dos privilegiados, la nobleza y el clero, y un tercero, llamado de la gente común, common people o gens de tiers état, ampliándose de este modo sustancialmente la participación política. Pero los estamentos solamente ejercían derechos políticos limitados, como el de petición y el de hablar libremente para aconsejar al príncipe, sin que el ejercicio de estos derechos surtiesen efectos vinculantes. Su mayor poder era el de aprobar impuestos. Pero los parlamentos, a excepción de Inglaterra, prácticamente desaparecieron o perdieron influencia en casi toda Europa durante los siglos XVII y XVIII, afectando gravemente a la participación política, a causa de la incontrarrestable marcha del absolutismo.
III. Participación política en los siglos, XVIII y XIX: aires de libertad y representación
Durante el auge del absolutismo aconteció la revolución inglesa (1688). Así, mientras en el resto de Europa los regímenes absolutistas se consolidaban y fortalecían, en Inglaterra se instauraba un sistema constitucional fundado en la supremacía del parlamento y la ley. De este modo, se estabilizaba la participación política a través de representantes en el parlamento. Estos representantes, que integraban la Cámara de los Comunes, o sea de la common people y no de los estamentos con privilegios, detentaban el poder legislativo y el control sobre el gobierno monárquico.
En la primera mitad del siglo XVIII, Montesquieu (1689-175) desarrolló en su obra El espíritu de las leyes una concepción acerca de la representación política, y, por lo mismo, de la participación. Para este autor, no siendo posible la democracia de los antiguos, por el número de los ciudadanos de los Estados modernos (¿cómo y dónde reunir en asamblea a millones de personas?), ni tampoco que el pueblo gobierne directamente, éste debe delegar en procuradores, diputados o representantes la creación de las leyes y el gobierno de la comunidad. Según Montesquieu, si bien el pueblo no puede gobernar, dispone de la capacidad para «discernir el mérito». O sea, sabe quiénes tienen las aptitudes y la preparación para las funciones políticas. En consecuencia, el pueblo está habilitado para elegir a sus representantes. Y ello es lo que el pueblo inglés estaría haciendo con la monarquía constitucional.
En la revolución francesa (1789), los debates concluyeron con el triunfo del sistema representativo, ante la imposibilidad de la democracia directa de la Antigüedad. Surgió, además, la idea de la superioridad de la representación sobre la democracia directa. Sieyès (1748-1856), por ejemplo, argumentó que la participación directa del pueblo involucra la invasión de la irracionalidad de las pasiones en la esfera pública. En cambio, la intermediación ejercida por los representantes impide o limita la eventualidad de esa invasión. En los años posteriores a la revolución, Benjamin Constant (1761-1830) desarrolló su concepción de la libertad de los modernos y demostró que en la edad de la sociedad comercial, los ciudadanos no disponían del tiempo necesario para atender los asuntos públicos. Y que por tal razón, ellos debían transferirle esa responsabilidad, en procuración, a sus representantes. Esta tesis expone el carácter limitado de la participación en el régimen representativo.
A mediados del XIX, John Stuart Mill (1806-1873) puso al descubierto los vacíos del gobierno representativo y propuso su perfeccionamiento. Mill denunció las carencias del sistema electoral mayoritario de la época, que impedía la participación política de la nueva clase proletaria, surgida de la industrialización. Su propuesta rectificadora consistió en la aplicación de un sistema electoral proporcional que, junto con el voto universal, permitiera ampliar la participación. De este modo, el parlamento reflejaría más fielmente la diversidad de las corrientes, tendencias y opiniones existentes en la sociedad. Por otra parte, en esa época la mujer estaba excluida de la ciudadanía, situación que debía superarse atribuyéndole derechos políticos y consagrando el voto universal.
También Mill propuso un principio fuerte de protección y garantía de los derechos de las minorías, para que no fuesen avasalladas por una eventual tiranía de las mayorías.
IV. Participación política contemporánea: todos votan, ¿pocos participan?
Durante el siglo pasado, efectivamente se impuso el voto universal y la mujer fue incorporada a la participación ciudadana. La democracia adquirió carta de legitimidad universal y, después de las dos guerras mundiales, casi todos los Estados se declaraban, por razones disímiles, democráticos.
La segunda mitad del siglo estuvo cruzada por el conflicto entre las democracias representativas y las democracias populares. En estas últimas se desarrolló –y se exportó– un modelo de participación popular que incluía la movilización de masas, la lucha de clases y la acción hegemónica del Partido Comunista como instrumento de los intereses del proletariado. El fascismo, antes del fin de la segunda guerra mundial, replicó con esquemas de participación similares. La respuesta de las democracias representativas fue el fortalecimiento del pluripartidismo y la inclusión en el sistema político de instituciones propias de la democracia directa, como el plebiscito y el referendo.
La teoría democrática posterior a las guerras mundiales desarrolló, en relación a la participación política en las democracias representativas, explicaciones acerca de la función de la elites en el proceso de competencia por el poder. Así, por ejemplo, una de las figuras más eminentes de la ciencia política de la década de los setenta, Robert Dahl, sostiene que las democracias contemporáneas son en realidad poliarquías. Con ese neologismo nos quiere significar que el rasgo principal del sistema es la competencia entre una pluralidad de elites. En otras palabras, la participación política, según este diagnóstico, estaría administrada por distintas elites que, en su lucha por conseguir posiciones de poder, nos proponen proyectos de buen gobierno para persuadirnos a aceptar su oferta.
Al comenzar el siglo XXI nos encontramos con una crisis de participación política bastante generalizada en las democracias. Por esta razón, los cientistas sociales y los agentes públicos buscan nuevos instrumentos para reactivar y fortalecer la participación política. Por una parte, han surgido propuestas para hacer más transparentes y accountable a las instituciones y la gestión de los agentes públicos. Ésta es una condición necesaria para que el ciudadano pueda ejercer funciones de control sobre el poder político y exigir que sus demandas sean satisfechas en forma eficiente. También es una condición para asegurar la probidad y, en fin, para estimular el debate público. Por otra parte, algunos proponen procedimientos que incrementen la concurrencia ciudadana a las elecciones, tales como la inscripción automática y el voto obligatorio, o los plebiscitos y referendos revocatorios.
No obstante, parece que la inclinación generalizada de las personas, en las dos últimas décadas, es claramente individualista. Por esta razón, tienden a distanciarse de la política y a privilegiar sus intereses particulares. El débil ánimo asociativo que fluye de este individualismo es satisfecho en la sociedad civil a través de acciones participativas no políticas o para-políticas, en torno a la educación, los deportes, las actividades religiosas y otras de tipo altruista, la defensa de causas morales –como los detenidos desaparecidos–, la libre expresión de minorías, la defensa del medio ambiente, de especies en peligro de extinción, del bosque nativo, etc. O sea, un tipo de participación que se inscribe en el marco de la sociedad civil y que no tiene una intencionalidad directamente política, aún cuando eventualmente influya en esa esfera.
La deserción de las personas de la ciudadanía y sus deberes, la no participación política y el auge de la que se remite a los asuntos propios de la sociedad civil han estimulado el análisis institucional, reactivado la vigencia de la filosofía política e incentivado nuevas formulaciones de la democracia directa, la democracia deliberativa y la democracia participativa.
Ubicación: Revista Universitaria, Universidad Católica de Chile.-
