Juan Altamirano Carrasco; ex Presidente Agrupación Metropolitana Consejos Económicos y Sociales Comunales; Santiago, agosto de 2001.





A modo de introducción
Desarrollo Histórico de l a Participación Social
Algunos modelos de participación
Que deseamos los dirigentes
Que es el Consejo Económico y Social (CESCO)
Los CESCOS y la Participación Social
El CESCO en la Gestión Municipal
Algunos aspectos legales del Mundo vecinal-comunitario
Título IV
De la Participación
De Las Audiciones Públicas y oficinas de reclamos
De Los Plebiscitos Comunales y los Asuntos no vinculantes
Sugerencias y conclusiones finales
La Pobreza: Una imagén que distingue la realidad comunal de Santiago
A modo de propuesta
A modo de conclusiones
La Pobreza y la Sociedad


Presentación

Durante el último tiempo los dirigentes sociales, agrupados en los Consejos Económicos y Sociales Comunales –CESCO-, nos hemos venido planteando la importancia que tiene la participación en la comunidad; ello como eje central del desarrollo; del progreso y del bienestar colectivo de la sociedad. La participación amplia y comprometida es una necesidad esencial para el desarrollo de la persona humana; sin olvidar que: se debe de rescatar y potenciar la idea que el centro de la gestión pública deben ser las personas. De no ser así, la sociedad no es democrática, aunque formalmente se revista de esos atributos y, para que ello no ocurra, hay que crear los mecanismos que puedan hacer realidad este propósito de participación evolutiva y equitativa; solo así tendremos una autentica democracia.

La Participación Ciudadana debe de ser analizada en profundidad y ponerla en la mesa de discusión como algo prioritario y trascendente; Las conclusiones que de ahí emanen deben de transformarse en un instrumento legal claro y no contradictorio; Estas resoluciones deben ser pensadas para hoy, con vista al mañana y adoptadas en función de las experiencias del pasado, sólo así se responderá al requerimiento de los tiempos y a la evolución del pensamiento social. En el análisis y discusión del tema de la participación social deben de estar involucrados todos los actores que componen la sociedad, lo que sin lugar a dudas nos permitirá consolidarnos como sociedad, y avanzar de manera más acorde con los tiempos. La profundización y definición de la participación ciudadana nos permitirá derribar los muros que existen entre el país real y el país legal; es decir entre sociedad política y sociedad civil, y entre la masa ciudadana y las organizaciones que las representan; en consecuencia ya no se trata sólo de dar un salto cuantitativo, sino que también cualitativo, ya no se trata de dar un paso al vacío, sino que, se trata de dar un paso al mañana... un salto al futuro. Los dirigentes sociales hemos hecho del trabajo social voluntario y de la participación ciudadana, nuestra razón de ser; nuestra forma de vida.

La participación es un asunto trascendente; es algo valórico, es consecuencia, es cautivante; es algo excitante, es convocante, es provocadora; es una cuestión integradora; en definitiva es algo que nos invita, que nos integra, que nos valora.
El nuevo modelo de participación que estamos propiciando los dirigentes sociales deja claramente establecido que: Para edificar una sociedad justa, solidaria y participativa, es preciso apoyarse en una concepción humanista del hombre, de la sociedad y del desarrollo y, desde la cual sea posible elaborar un modelo social acorde con la dignidad de la persona humana.

Al finalizar esta presentación no resulta del todo inútil recordar algunos elementos que aunque muy conocidos, no siempre están en la mente a la hora de conversar y proponer alternativas frente al tema organizacional de la sociedad civil. Sentirse parte o ser parte, genera un compromiso real con los procesos sociales y con los resultados de la gestión. Por otro lado, la participación permite la emergencia de sentidos de identidad individual y colectiva que, constituyen los elementos básicos en la constitución de ciudadanía. Además permite crear oportunidades y recursos que superan los de cada individuo aislado; permite por ejemplo: El desarrollo de programas y proyectos específicos; fortalece la creatividad y la iniciativa, crea lazos de solidaridad y responsabilidad ciudadana, facilita la elaboración y ejecución de políticas y acciones ajustadas a problemas locales, entre otras.

Los niveles de participación pueden ser variados: información, opinión, control, decisión y de gestión, Cada una de las cuales permite la fijación de objetivos y evaluaciones adecuadas a cada una de ellas. Lo anterior es fundamental al momento de definir políticas de fomento a la participación.

La experiencia nos indica que no basta con abrir canales de participación para que estos sean recorridos por todos los que debieran recorrerlos. Las razones tienen que ver con múltiples aspectos. El primero de ellos es, por decirlo de alguna manera, la tradición ligada muy estrechamente a aspectos culturales; el campo de lo público no esta ligitimado por igual para todos los ciudadanos. Conocidas son las trabas que culturalmente han existido por la participación de algunos sectores de nuestra sociedad, por ejemplo, las mujeres, los habitantes provenientes de pueblos indígenas y, los jóvenes entre otros. Las transformaciones económicas, sociales y políticas de los últimos treinta años obligan, al menos, a preguntarse si esta situación es sostenible. Para ello no solamente basta la creación de los espacios de participación, sino también la capacitación que posibilite que estos sectores, -todas las personas-, ejerzan a plenitud este desafío, en especial por los efectos de la globalización y los acelerados cambios tecnológicos.

A Modo de introducción

Nuestras sociedades son cada día más globalizadas, los medios de comunicación son más absorbentes, más alienantes y, las economías más subyugantes y antisolidarias; lo que ciertamente nos ha conducido a un consumismo ilimitado, casi desenfrenado; actitud que nos ha ido deshumanizando paulatinamente hasta hacernos olvidar algunos valores trascendentes del ser humano. Esta situación palpable y concreta hace que el individuo tienda a aislarse en su propio mundo, alejándolo de sus vecinos y de su comunidad, hasta casi olvidarse de los quehaceres públicos. El Estado y sus Autoridades tienen la obligación moral de reencantar a los ciudadanos en el servicio público, entregándole las herramientas para ejecutar una participación activa y no circunstancial. Una sociedad pluralista es una sociedad en permanente evolución; en ella se reflejan las innumerables posibilidades que generan las personas en el camino de su desarrollo.

La pregunta constante que surge cada día con más fuerza en los sectores ciudadanos no afiliados a una militancia política y, aún en quienes la tienen; es si la sociedad actual alcanza los propósitos de participación y de democracia plena en los procesos electorales para elegir autoridades de manera periódica; cuando son estas las que toman las decisiones por ellos, sin considerar sus opiniones, ni los cambios que se producen con la evolución social. Esta práctica electoral, más bien de promesas “electoralistas”, se ha transformado en una costumbre, diríamos que casi en un rito, que ha terminado por agotar la paciencia de los ciudadanos pensantes, hasta hacerlos cada día menos comprometidos con los diversos procesos que se efectúan en el país.

Esta constante nos revela que solo la participación efectiva del pueblo en las estructuras políticas, sociales y económicas de la Nación podrá revitalizar la democracia. Algunos dirigentes sociales hemos tomado como nuestra principal bandera de lucha el tema de la participación, afirmando que: partiendo de una concepción humanista del hombre y del bien común se puede construir un modelo de participación según el cual el Estado ya no es el guardián del orden establecido, sino que el animador e impulsor del desarrollo del país y el promotor de una sociedad basada en la solidaridad; sin olvidar que las instituciones políticas y las estructuras sociales están animadas por la participación popular. Los actores de una sociedad que no se integran, que no participan y que no tienen opinión no pueden decidir sobre el futuro de su comunidad; excluirse de participar es ponerse al margen, es legarle una carga de insatisfacción a la familia, a los hijos, al futuro.

Avanzar de manera más amplia en el desarrollo y concretización de la participación social constituye un desafío permanente, en especial en la orientación que se le debe de dar a la nueva relación que debe de existir entre la Sociedad Civil y el Estado; esta nueva relación e integración de estos actores de la vida nacional debe regularse sobre la base del respeto mutuo y la confiabilidad. Esta nueva alianza estratégica es fundamental para la consolidación gradual de la democracia.

La participación es un derecho que nace y muere con el individuo; que tiene compromisos y deberes; deberes y compromisos que se conjugan y aceptan la diversidad y la tolerancia, que comprenden y marcan los diferentes roles de las personas, lo que en definitiva significa no sólo ser oídos sino que, saber escuchar; la participación es la apertura de espacios, es el diálogo mutuo y respetuoso; es proponer, es exigir, es informarse e informar, es comprometerse, es querer, es entregar algo de... , es ser vecindad, es ser comunidad. La participación es algo valórico trascendente; es equidad, es consecuencia. Participar es la razón de ser de la dirigencia social; es la consagración de la persona humana en el quehacer de su país, de su comunidad.

Desarrollo Histórico de la Participación social

Antes de continuar profundizando en temas relacionados con la participación se hace necesario conocer algunos antecedentes históricos de la misma; que nos sitúen en la proyección de la historia-tiempo y del desarrollo de la participación social, la que ciertamente es más amplia y extensa de lo que en esta oportunidad se expone y analiza, puesto que constituye un tema de antigua y larga discusión en el mundo, y que en nuestro país se reinstalo con el advenimiento de la democracia, pero que, a más de diez años de este “acontecimiento”, aún no logra definirse como algo prioritario en la agenda de las autoridades del gobierno central, de los gobiernos comunales – locales y de los partidos políticos; Además trataremos de precisar algunos conceptos asociados a la participación y al quehacer de la sociedad; los que no obstante su importancia y trascendencia no han sido tratados ni analizados con el interés y la profundidad que se merecen. El enfoque y tratamiento que se le dá en este documento a la participación y algunos temas asociados, puede concitar controversias entre los intelectuales y los legos, provocando adhesiones o rechazos; Lo que en sí es bueno ya que se cumple con el objetivo de poner en la mesa de discusión un tema que ciertamente no es menor para la sociedad civil. Este documento-visión no busca polemizar ni lograr incondicionalidades, sino que su única pretensión es la de centrar y contextualizar la gran discusión, que urge tener, sobre la participación, para relevarla a las autoridades competentes, con la fuerza de los argumentos.

Para abordar el tema de la ciudadanía, diremos de manera sinóptica que como concepto y práctica de convivencia social, es histórica y por tanto es cultural. En efecto el termino ciudadanía y la ciudadanía misma desde su aparición en la agenda pública de europa-occidente por parte de la filosofía política de la ilustración, ha marcado una evolución paralela y simultanea con las transformaciones socioculturales. Es así como en el siglo XVII la incipiente burguesía se levanto contra la tradición absolutista, la ciudadanía se adjetivo como civil, asociándola a las libertades de las personas; tales como libertad de palabra, de acción, de pensamiento y de propiedad. En tanto, en el siglo XIX con la construcción de las democracias, se la adjetivó de política, para referirse al conjunto de los derechos civiles conquistados, ello asociado con el derecho de participación general en el poder y los derechos de elegir y ser elegido. Posteriormente, en el siglo XX, se adjuntó a la ciudadanía el adjetivo de social, para referirse a los derechos políticos y civiles, más los derechos al bienestar y la seguridad, esto último como reclamo ante las perversidades dejadas por el desarrollo capitalista. Esta visión general nos induce a que la ciudadanía como concepto y práctica de la filosofía política, consistió durante casi todo el siglo XX, en la actualización cultural de la valorización del principio de igualdad de derecho y – de ciertos deberes – de las personas ante determinadas condiciones históricas. Por tanto ser ciudadano, sería pertenecer a una comunidad política Nacional, que reconoce y ejercita los derechos civiles, políticos y sociales, que cumple con ciertos deberes y responsabilidades en la conducción de la vida común. Esta apretada síntesis histórica nos conduce a señalar que el desarrollo y la evolución de la ciudadanía desde lo civil hasta lo social, pasando por lo político, respondió a ciertas características históricas que, podríamos describir el como proceso que acompaño la instalación del estado nacional y del capitalismo en Europa y posteriormente en Norteamérica, hasta llegar a los países de nuestra América mestiza y morena.

En consecuencia es licito que en el presente sostengamos que, ser ciudadano, significa más bien sentirse responsable por el buen funcionamiento de las instituciones que respetan los derechos del hombre; entendido este como persona humana; que revelan justicia en un sentido amplio y remiten a su vez una representación de las ideas y los intereses, sean estos individuales o colectivos, este nuevo marco conceptual debe de generar más confianza en las instituciones y en las personas, puesto que, la confianza no se basa en la exclusión, como tampoco en la discriminación, o bien en la falta de conocimientos del otro, sino que desde sus contrarios. La confianza en los demás y en las instituciones debe de fundarse en la reciprocidad y no en el abuso de confianza por cualquiera de las partes involucradas; por tanto podríamos asegurar que mientras más exclusión y marginación exista en una sociedad, mayor será la desconfianza que exista entre las personas y desde estas hacia las instituciones.

Los dirigentes sociales propiciamos a nivel de país el avance sostenido hacia la construcción social de la ciudadanía; estas intencionadas primeras líneas nos invitan a pensar y a concluir que la ciudadanía no es sólo una deducción matemática que puede ser instalada por decreto; en consecuencia sostenemos que la ciudadanía, como concepto concreto, es el eje central de la construcción social,

Trayectoria histórica de las Organizaciones Sociales

Las organizaciones de la sociedad civil chilena tienen una larga trayectoria de organización y actividad. Destaca la temprana constitución de organizaciones sociales de los sectores medios y populares desde la segunda mitad del siglo XIX. Desde la Sociedad de la Igualdad, fundada en 1850 y la Unión de Tipógrafos (1853), a un conjunto amplio de organizaciones de origen minero y popular urbano, a partir de la década de 1880. Las primeras en constituirse fueron las organizaciones de cooperación y autoayuda conocidas como “sociedades de socorros mutuos”, a través de las cuales organizaron un sistema social de presentación de salud y un sistema previsional a la medida de sus recursos, al paso que fundaban sus propios escuelas, sus salas de teatro, baile y cultura y su propia prensa. A su vez las clases altas canalizaban a través de la iglesia católica aportes en dinero para financiar las organizaciones caritativas, que –a partir de una labor asistencial- atendían las necesidades más urgentes de los sectores desfavorecidos (orfanatos, lazaretos, hospitales, asilos). Así durante el siglo XX, con un Estado marcado por el ultraliberalismo y prescindente en el área social, se desarrollaron dos vertientes organizarías importantes: la propia de los sectores populares, inspirada en valores solidarios, y la asistencial, dirigida a los pobres, pero gestionada por la iglesia católica con el dinero de los sectores acomodados.

Más tarde surgieron organizaciones propiamente reivindicativas, de carácter ilegal, como fueron los sindicatos y también un importante movimiento que combina objetivos culturales, con desarrollo comunitario y reivindicación económica, expresado en las organizaciones mancomúnales. En los años veinte surgieron las organizaciones de los sectores medios, muchos de ellos vinculados al empleo público, como los profesores. También surgieron, en Valparaíso, las primeras organizaciones y movilizaciones de arrendatarios por el abaratamiento e higienización de las habitaciones para obreros.

El sector empresarial también ha contado con importantes organizaciones desde finales del siglo XIX. La más antigua es la Sociedad Nacional de Agricultura, que representa los intereses de los grandes propietarios agrícolas. En 1883 se estableció la Sociedad de Fomento Fabril, que agrupa a los industriales. También debe destacarse la continuidad del rol ideológico, organizador y comunicativo del diario El Mercurio, creado en Valparaíso a mediados del siglo y en Santiago en 1901, que juega hasta hoy un papel gravitante en las ideas empresariales.

Un sector social de gran relevancia ha sido la iglesia católica, institución de implantación nacional, que ha patrocinado desde la colonización española, gran parte de las iniciativas de beneficencia en el campo de la salud, la educación la atención de la infancia, a los ancianos, etc. Canalizando especialmente la acción social de mujeres. Dicha s instituciones se remontan al siglo XIX, con la creación del Instituto de la Caridad Evangélica (1818), después llamado Hermandad de Dolores, la Casa de la Caridad (1839), la Casa de Belén (1877), las Conferencias Femeninas San Vicente de Paul (1890), la Sociedad Protectora de la Infancia (1894), el Patronato Nacional de la Infancia (1901), La Liga de Damas Chilenas (19129. A partir de comienzos del siglo XX desarrolló importantes actividades de promoción del sindicalismo urbano, oponiéndose a los movimientos de raíz socialista. De fuerte presencia en el medio rural, la influencia de la iglesia fue decisiva para la mantención del orden tradicional, así como más tarde para la emergencia de movimientos de cambio a partir de la década de los cincuenta y durante la realización de la reforma agraria en los años sesenta. En torno a las parroquias y capillas, así como de los colegios católicos, se ha desarrollado una importante labor de asociatividad con fines diversos, de gran impacto social.

Las llamadas organizaciones del voluntariado, por su parte, tienen antecedentes en la acción de beneficencia impulsada desde la iglesia católica y evangélica así como en vertientes laicas, y se remontan a comienzos del siglo XXX. La Asociación de Señoras contra la Tuberculosis (1910), el Ejército de salvación (1910) la Cruz Roja de las Mujeres de Chile (1914), el Club de Leones (en torno a 1917), el Club de Rotarios (en torno a 1920), La Liga Nacional Pro Patria (1926), se cuentan entre las primeras, extendiéndose y multiplicándose con el correr de los años.

Durante los últimos decenios se ha expandido también una importante asociatividad ligada al mundo evangélico, con proyección hacia la comunidad, especialmente en sectores populares. Sus primeras expresiones se remontan a mediados del siglo XIX, las que se consolidaron en los años 20, con la Liga Nacional de Mujeres Presbiterianas (1923) y la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile (1929). Este sector ha desarrollado una labor social significativa que se ha extendido a lo largo del país, concentrándose en la VIII y IX Regiones.

A partir de fines de los años 50 se desarrolló la organización barrial de los habitantes de sectores urbanos pobres (comités de casa) y el movimiento cooperativo, aumentando la presencia de los sectores populares en la vida nacional. A partir de 1957, con la primera gran ocupación de terrenos protagonizada por 15.000 personas en la zona sur de Santiago, constituyendo lo que sería la Población La Victoria, se comenzaron a establecer diversas poblaciones populares producto de ocupaciones organizadas de terreno, proceso que se hizo más intenso durante los años. En1966 se dicta la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria; dando origen a un proceso nacional de Organización de sectores campesinos, promovida y fomentada desde el estado. En 1968 se dicta la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que legaliza y amplía un conjunto de organizaciones de base territorial (Juntas y Comités de Vecinos) y funcionales (Centros de Madres, que se multiplicaron desde los año 40, Centros de Padres y Apoderados, centros Juveniles, Centros Culturales y Clubes Deportivos).

Es necesario mencionar al menos tres vertientes adicionales de asociatividad de la ciudadanía en Chile. El movimiento de mujeres, cuyas primera expresión fueron los Centros Belén de Zárraga, en el norte (1913) y en el que confluyeron organizaciones de diversos orígenes sociales en la lucha por el derecho a sufragio. Encabezada por mujeres provinciales, sus acciones se extendieron entre 1916 (Club de Señoras) y 1952 (primera elección presidencial en que participaron las mujeres). Una segunda vertiente es el movimiento estudiantil universitario, de larga trayectoria, pero cuya máxima expresión se dio a fines de los años 60, culminando con los procesos de reforma universitaria. La tercera vertiente es la más antigua del país: las comunidades de raíz familiar y territorial de los diversos pueblos indígenas. Estas asociaciones son previas a la organización política del Estado Chileno y han evolucionado de un modo autónomo y paralelo a la legislación de éste, al menos hasta 1979. Se mantienen como instrumentos de asociatividad y gestión de asuntos comunitarios hasta hoy, al menos en las comunidades aymarás del norte, los mapaches y huinches en el sur y los rapa nui en la Isla de Pascua.

El desarrollo de la sociedad civil ha estado íntimamente vinculado a la dinámica política, especialmente a partir de los años veinte. Los procesos económicos y sociales también han dejado su huella, reflejando la sociedad civil las profundas diferencias sociales existentes en el país. El golpe de Estado de 1973 y el gobierno militar que lo siguió por cerca de diecisiete años, tuvieron un fuerte impacto en ella, en el marco de transformaciones sociales, políticas y económicas que terminaron con la pauta de desarrollo vigente durante los cuarenta años anteriores, que permitía la inclusión de diversos sectores sociales en un marco institucional y político compartido. La restricción de las libertades individuales y de asociación y la proscripción de la actividad política, así como las reformas legales y económicas minaron drásticamente el espacio público y las condiciones de desarrollo de la sociedad civil.

Durante el período militar, en condiciones de gran restricción y supresión de las garantías constitucionales democráticas, si bien se mantuvieron las organizaciones comunitarias, estas perdieron su autonomía al ser designados sus dirigentes y posteriormente, modificada la ley que las regía con reducción de sus atribuciones y potenciales de acción. Otro tanto sucedió con los sindicatos y organizaciones gremiales. Las organizaciones del voluntariado tuvieron una gran expansión a partir de la creación de numerosas fundaciones y corporaciones por parte de las esposas de militares, carabineros e investigaciones y por el surgimiento de organizaciones de Damas de diferentes colores (gránate, café, celeste, verde, rosado, lila) que se sumaron a algunas existentes previamente.

Sectores significativos de la sociedad civil se reconstruyeron en pequeños espacios, con respaldo de la iglesia católica y otras iglesias cristianas, en pos de la sobrevivencia y la cesantía, la recuperación democrática, la expresión de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. La cooperación internacional que fluyó de diferentes países sumó su apoyo a esta lucha democrática. Ello permitió desarrollar un conjunto de organizaciones de nuevo tipo, que se multiplicaron hasta 1988: las llamadas organizaciones económicas populares (OEP), para enfrentar la crisis económicas y política: ollas comunes, comedores solidarios, talleres laborales, grupo de salud, comunidades cristianas, comités sin casa con amplia participación de mujeres; las organizaciones no gubernamentales (ONG), al comienzo ligadas a las iglesias y a los derechos humanos y luego, en los ochenta, autónomas y cubriendo un amplio espectro de desarrollo social; los centros académicos independientes que acogieron a profesores y académicos marginados de las universidades; Nuevos sindicatos, permitidos desde 1978; grupos feministas; grupos ambientalistas; organizaciones indígenas; grupos juveniles y culturales; etc. Muchas de estas organizaciones se vincularon de distintas formas en la lucha por la democracia en movilizaciones y protestas sociales, especialmente a contar de 1983. Ello permitió la aparición de actores políticos y una sociedad civil que se expresaba públicamente.

El retorno del sistema democrático en 1990, introdujo importantes cambios en la situación de la sociedad civil, tanto por las condiciones políticas de la transición, como por las modificaciones socioeconómicas de los años ochenta que se aceleraron durante ese decenio. Se impulsó la redemocratización institucional, pero no se logro reconstruir los lazos entre Estado y sociedad. Por el contrario, se desactivó el movimiento social y al no reemplazarlo con formas participativas de nuevo cuño, no se realizó la expectativa de amplia participación existente a partir de la concertación social que permitió el retorno a la democracia.

Por otra parte, si bien desde entonces se ha logrado mayores niveles de inclusión socioeconómica a través del consumo, se ha mantenido y profundizado la inequidad social, debilitándose, al mismo tiempo, los mecanismos de integración interna de los grupos sociales y generándose gran incertidumbre frente al futuro. Los relevante logros sociales de la transición no se ha traducido en pautas de integración y participación social estables y más bien se observa un fuerte debilitamiento de la sociabilidad. La democratización alcanzada no ha logrado involucrar la participación social, ni diminuir las desigualdades de poder existentes en la sociedad, todos ellos factores que limitan severamente el desarrollo de la sociedad civil. Hoy día ésta se expresa de un modo fragmentado y débil, no está articulada por proyectos sociopolíticos como en el pasado y se separa crecientemente de la institucionalidad existente. La desarticulación social resultante se ha expresado principalmente en el temor y la inseguridad, desafiliación política y debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios. Las organizaciones tradicionales han perdido su peso histórico, pero se ha fortalecido a la presencia del gran empresariado y su influencia en la sociedad civil a través de fundaciones sin fines de lucro, centro académicos y universidades, en actividades culturales, de investigación, comunicación y producción artística por la vía del financiamiento, la filantropía, las donaciones, etc.

Algunos modelos de participación

Algunos sectores de la ciudadanía, - ciertamente mayoritarios- han estado planteando la importancia y trascendencia que tiene la participación de la comunidad en el avance y desarrollo del país puesto que, ésta actúa como base en la que se sustenta la democracia, sin embargo, otros sectores sostienen tesis diferentes y encontradas. Cada uno mantiene sus puntos de vista con convencimiento y pasión, al igual que quienes proclaman otros modelos de participación social, no sin antes afirmar que, el modelo que ellos impulsan, es el más eficaz. Entre estos últimos encontramos personas que afirman que la participación debe de ser sólo formal; por cuanto la gran mayoría de los ciudadanos y en especial los dirigentes sociales aún no han alcanzado la madurez psicológica ni la educación cívica apropiada para franquear los umbrales y elaborar los equilibrios sociales. Otros sin embargo, señalan que la participación experimentados debe ser rectilínea; por cuanto los diversos modelos de participación han fracasado, al no ser capaces los dirigentes de afrontar los desafíos que se les presentan, transformándose a la larga solo en actitudes políticas propagandistas y contestatarias; también hay quiénes enfatizan que la participación debe ser cogestionada y basada fundamentalmente en el traspaso del poder al pueblo; ello sin más.

Los dirigentes sociales concordamos con algunos de estos modelos de participación; no obstante, rechazamos otros de manera categórica por considerarlos demagógicos y, contrarios a los principios fundamentales del ser humano; como lo son la igualdad, el respeto y, la democracia. En consecuencia y en contraposición a los planteamientos autoritarios y totalitarios que algunos sectores mantienen; sostenemos que, la participación es una necesidad esencial para el desarrollo de la persona y de la sociedad, agregando que, se debe de rescatar y fortalecer la idea que el centro de la gestión pública son las personas. De no ser así la sociedad no es democrática, aunque formalmente se revista de esos atributos y, para que ello no ocurra hay que crear los mecanismos que puedan hacer realidad este propósito de participación evolutiva y equitativa; solo así tendremos una auténtica democracia. Todos quienes queremos y participamos de una sociedad pluralista y participativa debemos revertir los planteamientos y actitudes totalitarias desvinculantes que algunos sectores pugnan por imponer, puesto que, constituirían un retroceso de lo obrado hasta hoy en el país y nos conducirían a una época donde el oscurantismo observe la democracia e elimina la participación de la sociedad civil organizada.

Sin embargo, la mayoría de las personas que comparten los modelos de participación descritos y que ciertamente son ajenos a nuestros principios humanistas no han profundizado ni socializado la discusión, para ver cuál puede ser el mejor y más efectivo modelo de participación para nuestra sociedad; en términos directos y simples se puede afirmar que; la sociedad chilena a eludido su cuota de responsabilidad en el tema, al no analizarlo y discutirlo entre los diversos actores que tienen su especial preocupación en el quehacer social, para posteriormente ponerlo en la mesa de discusión como algo prioritario y trascendente para la persona humana.

Que deseamos los dirigentes Sociales

Los dirigentes sociales deseamos reclamamos una discusión amplia, analítica y profunda sobre el tema de la participación y a su vez hacemos notar que las conclusiones que de ahí emanen deben de transformarse en un instrumento legal, eficaz, claro, y no contradictorio; solo así se responderá al requerimiento de los tiempos y a la evolución del pensamiento social, consecuentemente sostenemos que; en el país a faltado una discusión profunda y orientadora sobre el tema de la participación entre todos los actores involucrados, - sociedad civil y sociedad política - lo que sin lugar a dudas nos permitiría, consolidarnos como sociedad en desarrollo y avanzar de manera más acorde con los avances tecnológicos que ha logrado el país en las últimas décadas; el no hacerlo no sólo significaría un retroceso histórico; sino que además se transformaría en una alienación del pensamiento social. Estas afirmaciones nos llevan a enfatizar y sostener que; la discusión, la profundización y la redefinición de la participación ciudadana nos conducirá incuestionablemente a derribar los muros que existen entre el país real y, el país legal. Esta nueva conducta que debe de nacer de la discusión y la voluntad política, nos ayudará a lograr una mayor estabilidad y paz social; componentes fundamentales y necesarios sí se desea el desarrollo y el bienestar común de las personas y la sociedad.

Estos “muros”, sumados a la falta de participación ciudadana en la discusión y, en la gestión y concreción de variadas iniciativas legales, están debilitando cada día más a las organizaciones de base es por ello que enfatizamos que "solo la profundización de la participación" nos conducirá a un desarrollo equitativo y democrático; En consecuencia, ya no se trata de dar sólo un salto cuantitativo; sino más bien debe de ser cualitativo. Creemos que el país está en condiciones de atreverse a dar el paso trascendente desde un régimen representativo formal; a un régimen democrático fundado en los principios de una participación real, informada y capacitada de los diversos actores en la vida pública y particularmente en la toma de decisiones políticas; al respecto Juan XXIII en la Encíclica Pacen in Terris nos alerta y nos señala a modo de advertencia que, “de la misma dignidad de la persona humana proviene el derecho a ser parte activa de la vida pública y contribuir a la consecución del bien común" y seguidamente nos enfatiza que, "el hombre en tanto lejos de ser tenido como objeto pasivo, debe ser considerado como sujeto, fundamento y fin de la vida social".

Con indiscimulada preocupación los dirigentes sociales estamos asistiendo y viendo como
Nuestras sociedades se han ido deshumanizando paulatinamente, hasta hacernos olvidar algunos valores trascendentes del ser humano, los cuales han hecho de nuestras vidas la razón de ser. Esta situación real y concreta, que ha surgido como producto del nuevo modelo económico neoliberal y que tienen en el consumismo su valuarte, hace que el individuo sienta como su primer problema, el de vivir su vida cotidiana; pues sus preocupaciones personales y los de su grupo familiar lo absorben y lo llevan a aislarse en su propio mundo, alejándolo de sus vecinos y su comunidad. Esta particularidad de la época hace que veamos con preocupación como son cada día menos las personas que tienen el ánimo y el tiempo para comprometerse en el Servicio Social, en especial en el desarrollo de su entorno y de su comunidad. Creemos que la autoridad debe de asumir su cuota de responsabilidad en el tema y que el conjunto de la sociedad debe de reaccionar para revertir esta falta de compromiso con el desarrollo y el bien común.


Cuando nos referimos a la participación social, es necesario, casi un imperativo, que pensemos en las personas; en la ciudadanía, puesto que hoy esta en boca y en los escritos de diversos intelectuales, políticos, funcionarios públicos, empresarios y legos; sin embargo, como suele suceder con los conceptos valoricos y transcendentes estos no cuentan con un significado único y universalmente compartido, que permita su comprensión valorica y a partir de ahí su construcción social, ello, en la perspectiva de la gobernabilidad; como déficit de la modernidad cultural; en especial cuando esta se contrasta con la inercia del campo político algunos estudiosos nos señalan que. Chile parece sufrir nuevamente una especie de desequilibrio, existiendo ahora un “deficit” de política en relación a la modernidad económica”. Esta perspectiva del tema nos conduce a señalar que, no debe de evolucionar sólo la noción de gobernabilidad; sino que también debe de evolucionar la propia noción de competitividad; Pero, a su vez a sostener que no sé hes sólo competitivo cuando se tienen buenos productos, sino que, cuando se tienen además las condiciones efectivas de armonías y equilibrios básicos; Al respecto y en otros términos Ronald Ingleart, nos señala que, “el desarrollo de la cultura cívica y de la ciudadanía que se manifiesta en confianza interpersonal y hacia las instituciones, está fuertemente correlacionado con el desarrollo económico de los países”.

Los tiempos actuales le han venido demandando a la ciudadanía nuevas conceptualizaciones en torno a la economía, la cultura y la política, de ahí que asistimos a una explosión de pluralidades identitarias que tensionan los estilos de vida y el sentido tradicional de las relaciones sociales; Estas demandas se han traspasado al lenguaje que se usa para cada una de las definiciones que los tiempos epocales nos demandan, sin embargo, debemos de poner atención sobre lo que nos señala Pedro Güell Villanueva con respecto al lenguaje “la porosidad del lenguaje no descansa en su trivialidad, de eso ya tenemos de sobre, descansa en la forma en que se pronuncia el tú, el ellos y, el nosotros, con un acento de tolerancia, de igualdad, de reconocimiento, de sensibilidad”. En relación al lenguaje –discurso – acción, no tenemos que olvidar en especial los dirigentes sociales, que todo es acción y, que el conjunto de esta trilogía es historia es trascendencia; En consecuencia debemos que entender que para expresar nuestras ideas y opiniones tenemos que encontrar y usar las palabras justas y oportunas; en el momento justo y oportuno, sólo así lograremos ser escuchados y oídos por nuestros interlocutores y respetados y acompañados por vuestros pares y dirigidos.

Qué es el Consejo Económico y Social (CESCO)

El CESCO, es un órgano asesor del alcalde y del Concejo Municipal, en el cual convergen representantes de los más variados intereses y representantes de la comunidad local organizada, estas ciertamente una instancia de concertación y de búsqueda de consensos de la ciudadanía con el municipio, por ello es que sostenemos que:
Potenciarlo es una necesidad vital. Para ello es indispensable dotarlo de mayores y más efectivas atribuciones propositivas, consultivas y fiscalizadoras. Esto significará contar con una herramienta de participación efectiva y eficaz de la comunidad de base en el gobierno comunal. El imperativo de los tiempos nos debe de conducir a:

Salvaguardar su carácter de órgano de representación social directa, preservando cierto grado imprescindible de autonomía respecto de consideraciones político-partidista y electorales, asegura disponer de un cuerpo y de voluntades, dentro de la estructura municipal, que sea fiel exponente y representante de las organizaciones comunales, dotado de capacidades y potencialidades muy específicas. Su naturaleza estamentaría y su heterogénea composición, le confieren condiciones relevantes que pueden ser aprovechadas en un trabajo coordinado y auspicioso con el Concejo Municipal y los distintos Departamentos Municipales, lo cual y sin lugar a dudas, redundará en claros beneficios para la comunidad y el quehacer municipal.

Si hemos de ser objetivos, debemos de señalar que en lo que va corrido de nuestra existencia, los integrantes de los CESCOS nos hemos visto enfrentados a una situación bastante complicada, lo que se ha traducido, en la generalidad de los casos, en experiencias y resultados poco satisfactorios, ello, en las expectativas de los Consejeros y de las diversas organizaciones de la comunidad organizada que están participando en este órgano. La “frustración – malestar”, que ha producido esta situación entre sus integrantes esta siendo observada y evaluada por quienes se interesan en su incorporación, sin embargo hoy, y como producto de sus ambigüedades y desperfilamiento optan por restarse al objetivo inicial. En varias comunas del país no se ha logrado constituir el consejo económico y social, producto del desencanto ciudadano y del escaso interés de la autoridad por cumplir con el mandato de la ley. Poco satisfactorias desde el punto de vista de lo que ha sido nuestro funcionamiento, pero por sobre todo ello y relacionado con lo anterior, de una efectiva integración a la gestión municipal, por una parte y, de la articulación con las Organizaciones Sociales de Base de la comuna, por otra. Múltiples y variados son los factores que se confabulan con tal situación. Por una parte, están las dificultades que resultan de la relativa "novedad" de la existencia misma del CESCO, en el marco de la historia de las instituciones locales y de la poca claridad de sus roles y funciones. La ambigüedad de nuestras competencias dificultan nuestra "identificación" e inserción en el "aparato" municipal, generando una situación de "aislamiento" altamente perjudicial. Por otra parte, la existencia de los CESCOS suscita de parte de algunas autoridades municipales más de algún grado de animosidad, o cierto nivel de suspicacia; que tienen su origen en vacíos legales respecto del rol del CESCO, así como en concepciones equivocadas y reductivistas respecto de las formas y ámbitos de la participación social, la cual debe ser multiforme y heterogénea. Esta situación da pie a desencuentros y competencias de poder que, por lo común, conducen a un egoísta afán de "desperfilamiento" del CESCO. Esta compleja situación se ve fortalecida por la "complicidad" de algunas autoridades provenientes del Estado y del Parlamento que optan por el silencio y la ceguera frente al tema, producto según su razonamiento "del poder político-electoral" que representan Alcaldes y Concejales; olvidando casi por completo que el poder soberano y popular radica en el pueblo y no en quienes son electos por los ciudadanos en esos u otros cargos de representación popular-ciudadana.

Existe consenso entre todos los actores del desarrollo local que la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, era una necesidad imprescindible para los municipios si se quería; profundizar el proceso democratizador de la sociedad, -flexibilizar su estructura y organización interna-, fortalecer su carácter democrático representativo; afianzar la profundización y el potenciamiento de la participación de la comunidad en los gobiernos locales. Sin embargo, las modificaciones producidas en la referida ley, en lo que respecta al CESCO, han provocado una mayor ambigüedad en lo referente a su constitución y composición, además de dejar la puerta abierta a las interpretaciones por parte de la autoridad; en especial a los roles y funciones que le corresponde ejecutar.

Las actuales autoridades comunales no han respondido a las promesas ni a las expectativas de la comunidad local organizada y, a las esperanzas cifradas con motivo de las modificaciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de Participación Ciudadana. Esta es una clara señal de la incongruencia de las Autoridades Municipales, -Alcaldes y Concejales-, ante lo sostenido en público y lo obrado al interior del municipio y a los acuerdos suscritos en los diversos encuentros y congresos que se han efectuado y en los cuales se han alzado como los grandes precursores de la participación de la sociedad organizada y la descentralización del poder hacia la soberanía popular.

Los Consejos Económicos y Sociales Comunales, CESCO, aspiramos a contribuir a la consolidación de una estrategia de desarrollo local participativo, donde municipio, autoridades y comunidad, puedan aunar criterios y mancomunar esfuerzos en pos de la solución de los problemas y las necesidades locales y el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente de los sectores más pobres y marginados de la población.

Hasta ahora los CESCOS han sido víctimas de una Ley; que no obstante proclamar que nuestro objetivo ha de ser el de "asegurar la participación de la comunidad local organizada; representada por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna", nos ha dejado casi por completo a la discreción del Alcalde, lo cual nos ha conducido en la práctica, a ser poco más que un órgano decorativo del municipio, y lo que es aún peor, desconocido e ignorado por las propias autoridades. Esto, ciertamente está muy distante del modelo de sociedad al que aspiramos para nuestro país.

La participación social es una herramienta fundamental si se desea transferir mayor iniciativa a la población local y contar con ámbitos descentralizados de decisión. Para construir una sociedad abierta, es indiscutible la importancia que tiene la comunidad donde sus miembros encuentren canales y oportunidades de participación real y efectiva. Esto significa, no sólo potenciar organizaciones con un carácter reivindicativo o constituir espacios de opinión, sino que también y esto es lo más importante, asegurar espacios pluralistas y representativos con real poder, es decir, dotados de atribuciones decisorias y facultades efectivas de fiscalización y control de la comunidad sobre la gestión municipal y el desempeño de sus autoridades.

Los CESCOS y la participación ciudadana

Al analizar la situación de los Consejos Económicos y Sociales Comunales-Cescos-, por parte de los propios consejeros, no se pretende dramatizar; sino más bien se tiende a que se conozcan sus debilidades; A partir de lo cual y desde la óptica de sus integrantes sea posible construir y resaltar sus potencialidades, para transformarlo en un órgano verdaderamente articulador, entre los gobiernos locales y la comunidad organizada y, entre esta y la gente y, que sus integrantes sean reconocidos y apreciados como auténticos articuladores y representantes de la comunidad social organizada ante los diversos referentes. Esta reflexión corresponde al fruto de las experiencias recogidas; a la necesidad que se pueda analizar el tema con criterio positivo no exento del pensamiento crítico para que, con altura de miras podamos ir mejorando nuestra forma y estilo de participación. Ese es el deseo; esa es la voluntad; es el imperativo que nos impone la realidad.

Hasta hoy, las instancias de participación que hemos tenido los Consejeros han sido más bien en carácter de Encuentros, es decir, instancias en el ámbito teórico; lo cual nos lleva a sostener que esta práctica debe de ser revertida y que en consecuencia la experiencia y la práctica deben conjugarse con la teoría y, que esta trilogía debe ser participada a los diversos actores que se preocupan del quehacer social, especialmente donde participan, es decir en todos los referentes, en todos los espacios.

Nuestra experiencia nos indica que es necesario precisar el concepto de PARTICIPACIÓN, puesto que la autoridad con frecuencia entiende que esta es suficiente al informar a los interesados, o bien efectuar consultas dirigidas, acotadas y específicas; afirmando a su vez que no puede permitir la participación en las decisiones, por cuanto ello sería cogestión. Al respecto puntualizamos que: no nos interesa la cogestión; nos interesa ser escuchados; nos interesa participar en la solución de los diversos problemas y asuntos que afectan a nuestras comunidades; nos interesa en definitiva ser escuchados en la reflexión respecto de los temas que son de trascendencia para el ser humano y en la búsqueda, entre otros; el de la superación de la pobreza y la capacitación de los dirigentes sociales, ello, para hacer de las ciudades y las sociedades, verdaderos lugares de encuentro, lugares de utopías, en el contexto de lo realizable, de lo posible. Al "reclamar" o "exigir" participación estamos ejerciendo un derecho ciudadano, que esta consagrado en la constitución y otras leyes, pero a su vez, no estamos desconociendo la facultad de la autoridad, sino que, estamos planteando una manera distinta de ejercer el poder; una manera distinta de construir sociedad:

El Consejo Económico y Social, es un organismo que representa a las organizaciones de base establecidas y que podrá dar su opinión sobre aquellas materias establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sobre aquellas que el Alcalde y el Concejo sometan a su consideración, pero, en la práctica este órgano no tiene poder real para influir en la toma de decisiones, ni menos participación en la fiscalización de la gestión, pese a que ello constituye un legítimo derecho que tiene la ciudadanía, para exigirle a sus autoridades el cumplimiento de su deber. Hoy día el CESCO, que es la fuerza organizada y articuladora de una comunidad, no tiene como pedirle a la autoridad comunal, ni a los parlamentarios, que expliquen cómo están cumpliendo su deber y fundamenten sus decisiones. En consecuencia, su papel se limita a cumplir un rol secundario o de tercer orden; ¿es esto justo?... Estas son las interrogantes que amargan, que frustran, que duelen en nuestro espíritu de trabajador voluntario y en nuestra vocación de articulador y servidor social. Esta situación nos induce a pensar que la comunidad social organizada merece una explicación de cada al país, esta explicación debe de ser clara y exenta de interpretaciones que posteriormente desvirtúen la letra y el espíritu de la ley.

La situación actual de los Consejos Económicos y Sociales Comunales, es crítica y compleja producto de la forma en que fueron creados y del estilo que se empleo para su inserción en los Municipios y en las Organizaciones Sociales. La visión y semejanza interpretativa que se les ha dado con los CODECOS, (órgano creado e impuesto durante el régimen militar), y la “rivalidad” o “duplicidad” de funciones con los concejales han sido entre otros los agentes conspiradores para su discutida credibilidad y desarrollo; en tales circunstancias su reformulación y replanteo ante la sociedad civil y los municipios se hace urgente e imprescindible.

Las nuevas disposiciones legales contempladas en la Ordenanza de Participación Ciudadana ofrecen expectativas y oportunidades para fortalecer la Sociedad Civil, pero, no es menos cierto que el tema de la sustentabilidad de los Consejos Económicos y Sociales Comunales sigue siendo un tema pendiente en el país, ello como producto de los múltiples obstáculos y barreras de carácter sociocultural que aún persisten entre quienes detectan el poder en los gobiernos comunales y que es preciso cambiar.

El CESCO en la Gestión Municipal

El Alcalde en su doble carácter de primera Autoridad del Municipio y Presidente del CESCO, (disposición de la L.O.C.M.), aunque sin revestir la calidad de "Consejero", debiera de mantener una relación permanente de trabajo, de colaboración y de consulta con el CESCO. Sin embargo, la percepción y la realidad han sido totalmente distintas en la inmensa mayoría de los municipios del país, puesto que la mayoría de las veces, ha faltado una actitud decidida de apoyo de la autoridad edilicia, hacia los consejeros para materializar una cooperación efectiva con vistas a una relación constructiva. Nuestra relación con el Alcalde en la práctica "no existe" en la mayoría de los casos, o bien se efectúa de manera "esporádica y solo para cumplir algunas formalidades". Ciertamente que existen en esta materia pocas excepciones; excepciones que no son gravitantes en el concierto nacional, puesto que, el organismo político-técnico denominado Asociación Chilena de Municipalidades es quién en definitiva impone las acciones de sus asociados – alcaldes y concejales; un ejemplo de ello constituye el hecho que; “en el congreso de este organismo efectuado en la ciudad de Valdivia dictaminaron la eliminación de los Consejos Económicos y Sociales Comunales”, no obstante, logramos revertir esta “decisión” y continuamos existiendo y que a decir del ex alcalde Jaime Ravinet”, renacimos desde las cenizas al igual que el ave fénix”.

Un aspecto decisivo para el adecuado funcionamiento y desempeño de las funciones que le corresponde a los Consejeros es la disponibilidad y oportunidad en la entrega de la información relevante; para someterla a revisión, en especial de aquellas materias de su competencia. Corresponde aquí al Alcalde un rol fundamental; siempre y cuando este crea y esté convencido de que la participación de la comunidad organizada es un factor decisivo en la consolidación de la democracia.

La relación del CESCO con el Concejo Municipal hasta ahora ha sido más negativa que lo expresado respecto del Alcalde, puesto que, los Concejales ven a los Consejeros como sus "eventuales rivales", en la disputa del clientelismo electoral. Esta particular visión respecto de los Consejeros es una apreciación singular y, que no guarda relación con la realidad, ya que estos mantienen una permanente relación con la base social y la comunidad. La postura y actitud asumida por los Concejales respecto del CESCO, obedece más bien a un asunto político partidista y a una injusta e inconsecuente actitud. Los Concejales ven en el CESCO una instancia "competitiva" en sus funciones y rol, y perciben a sus integrantes como eventuales "competidores electorales", como una amenaza de sus prerrogativas "jurisdiccionales", o como una indebida "interferencia" de sus atribuciones. Estas aseveraciones de los concejales corresponden más bien a la pasión que la razón.

El Consejero Económico y Social, ha accedido a la calidad de tal, como producto de una participación permanente y comprometida con la comunidad; no solo en nombre de su propia individualidad, sino que responde a un imperativo por resolver las carencias y necesidades que existen en un determinado sector, en especial entre los más pobres y los marginados; En consecuencia su mensaje, tanto en calidad de emisor, como de receptor, obedece a una cuestión de principios y valores trascendentes del ser humano.

La "precaria" situación que viven los Consejeros desde el punto de vista orgánico, al interior del municipio la podemos resumir de la siguiente forma:

 La existencia de una "crisis de motivación", que es el resultado de la falta de consecuencia entre las expectativas de participación e incidencia en la gestión municipal generadas entre los dirigentes sociales en torno al CESCO y la realidad de una institucionalidad que se hace parte de un concepto "restringido y errático de la participación social".
 La carencia "de recursos materiales y económicos" y, la "falta de información oportuna" en materias relevantes, que posibiliten un desempeño eficaz de sus funciones y cometidos, sumándose a ello, la "carencia", en la gran mayoría de los casos, de un lugar físico para efectuar sus sesiones; en especial las autoconvocadas; y las diversas reuniones de las comisiones de trabajo.
 Falta de "autonomía", para instituir una dinámica autosostenida de funcionamiento respecto de la Autoridad Municipal, "dependencia del Alcalde", "convocatoria a reuniones". Ello hace depender en alto grado el funcionamiento del CESCO al particular estilo y "voluntad" del Alcalde.
 Falta de "experiencia y conocimiento", de la dinámica y procedimientos de trabajo del Municipio. En este punto la capacitación permanente y una adecuada asistencia técnica (apoyo y asesoría externa), por una parte y una estrecha colaboración con las instancias técnicas municipales, por la otra, constituyen una necesidad inaplazable para los Consejeros.
 Inexistencia de "instancias de trabajo integradas", (comisiones mixtas), con la participación conjunta de Consejeros Económicos y Sociales y, Concejales, para la generación de iniciativas y propuestas, así como para el estudio y opinión en aspectos relevantes del desarrollo comunal y la gestión municipal, ello, en la perspectiva de profundizar la participación y consolidar la democracia.

No obstante las grandes deficiencias señaladas; nos asiste él más firme convencimiento de que produciéndose las reformas legales adecuadas y los cambios de las percepciones y actitudes conflictuales de uno u otro sector, es posible hacer del municipio un espacio plural, integrador, participativo y social comunal; convirtiéndose así en un efectivo aporte a la descentralización del país. En este convencimiento podemos afirmar que los caminos están abiertos; que las condiciones se están generando que el país y la historia lo están demandando.

A esta altura es válido entonces preguntar; que nos falta ó más bien preguntarnos, que nos ha faltado para lograr una dinámica y el adecuado consenso para lograr los acuerdos sobre las reformas legales que los tiempos y la sociedad nos reclaman... ; Creemos que: ha faltado "voluntad política" y "resolución", de todos los involucrados, en especial de las autoridades competentes para creer en el tema de la participación y en la capacidad motivadora y emergente de la sociedad en especial de sus dirigentes, ello, como fuerza innovadora y vinculante entre el Estado, los Gobiernos locales y la Comunidad Organizada.

Algunos aspectos legales del mundo vecinal – comunitario

En los párrafos siguientes deseo formular de manera muy suscinta un análisis en el tiempo, de las leyes que otorgan funciones a un municipio, puesto que, nuestro quehacer como integrantes del Consejo Económico y Social Comunal nos liga al municipio, ello, sin alterar las funciones para las cuales fuimos elegidos en nuestras organizaciones. Estas organizaciones (territoriales, funcionales y vecinales) tienen en la mayoría de los casos otros marcos legales que las regulan y las avalan. Un ejemplo de ello lo constituyen las Juntas de Vecinos que tienen su ley y reglamento desde el 07 de agosto de 1968, cuando se publico la Ley N°16.880, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, encontrándose actualmente reguladas por la Ley N°19.418.

Los antecedentes recogidos se remontan por allá por el año 1955, donde la Ley N°11.860, determina más bien funciones de servicio para los municipios; la higiene, la limpieza, el ornato, los permisos de edificación y los de circulación. Veinte años después en 1975, se promulgo el Decreto Ley 1.289, donde se fijan funciones importantisimas para los municipios; más allá de los servicios que se prestaban a la comunidad, señalados anteriormente, hay otra serie de atribuciones que van desde construir un puente, construir viviendas sociales, lotes con servicios, promover cultura, el deporte, diseñar políticas como el plan regulador comunal y el plan de desarrollo comunal. Estos instrumentos de planificación se mantienen hasta hoy. También se crea una secretaría de planificación y coordinación y otras direcciones que se definen como complementos de las direcciones o departamentos que definía la antiena ley de 1955. A parte de lo señalado y atingente al decreto Ley N°1.289, encontramos la creación de la secretaria de planificación y, los CODECOS, o Consejos de Desarrollo Comunal.

En 1988, se dicta la Ley Organiza Constitucional de Municipalidades, cuya definición principal dice que; son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es administrar la comuna para satisfacer las necesidades locales, promover el desarrollo comunal y asegurar la participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, En el decreto ley 1.289, se agrega la protección del ambiente y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. En 1990, la Ley N°18.963, incorporó a la ley anterior la posibilidad de plebiscito comunales ante situaciones de interés local.

Finalmente y directamente relacionado con los Consejos Económicos y Sociales Comunales – CESCOS-, se encuentra el Decreto Supremo N°662, publicado el 27 de agosto de 1992, que decreta el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y, en la cual en su Título IV, consagra la figura del Consejo Económicos y Social Comunal; las funciones, atribuciones y competencias de este órgano de consulta de la municipalidad y, que tendrá por objeto el de asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna; se encuentran definidas en los artículos 79 al 96, inclusive del referido título. El 11 de enero del 2000, se público en el Diario Oficial, el decreto con fuerza de Ley N°2/19.602, que fijo el texto refundido de la Ley N°18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en la que establece en su título IV (art. 94), la nueva denominación del CESCO, que de consultivo pasa a transformarse en un órgano asesor de la municipalidad.

Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establecidas en el título IV de la participación ciudadana, que van desde el artículo 93 al 104 inclusive, (D.F.L. N°2/19.602), nos habla de los cambios paulatinos que se van produciendo a favor de la participación ciudadana, en orden a ejercer un mayor control sobre la gestión y administración del municipio por parte de las autoridades municipales; al respecto y a modo de ejemplo señalaremos los aspectos más relevantes de la misma:




TITULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Párrafo 1°

De las instancias de participación
Art. 93° Cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de participación de la ciudadanía local.
El Consejo será presidido por el alcalde, en su ausencia, por el vicepresidente que elija el propio Consejo de entre sus miembros.
Con todo, los consejeros deberán pronunciarse respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales de la comuna, y podrán además interponer el recurso de reclamación establecido en el título final de la presente ley. (art. 140, letras: a,b,c,d,e,f,g,h,i).

El alcalde deberá informar al consejo acerca de los presupuestos de inversión, del plan de desarrollo comunal y del plan regulador. El Consejo dispondrá de quince días para formular sus observaciones a dicho informe.

Art. 96° Las atribuciones municipales en materia de participación ciudadana dispuesta en los artículos anteriores, no optan a la libre facultad de asociación que le corresponde a todos y cada uno de los habitantes de la comuna.......

DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS Y LA OFICINA DE RECLAMOS

Párrafo 2°
Art. 97° Casa municipalidad deberá regular en su ordenanza municipal de participación............ las audiencias públicas.........,

Art. 98° Sin perjuicio............., cada municipalidad deberá habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de partes y reclamos abierta a la comunidad en general.......

DE LOS PLEBISCITOS COMUNALES Y LAS CONSULTAS NO VINCULANTES

Párrafo 3°
Art. 99° El alcalde,........., someterá a plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la modificación del plan regulador u otras de interés para la comunidad local,.............

Art. 104° La realización.................. en todo caso, el costo de los plebiscitos comunales será de cargo a la municipalidad respectiva. Otros artículos del D.F.L. N° 2/19.602, que se relacionan con el CESCO.

Art. 5° Letra c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna,................. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá, previo informe del Consejo Económico y Social de la comuna, asignar y cambiar la denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su administración.

Sugerencias y Conclusiones Finales

Históricamente, desde el Cabildo Abierto en 1541, hasta el concepto de municipalidad democrática, establecido en la Constitución del 25 y que conocimos hasta 1973, el municipio fue uno de los ámbitos fundamentales de participación ciudadana; a partir de los 90, ha vuelto a cumplir ese rol, recuperando su dimensión democrática, sin embargo, aún no se ha resuelto el cómo enfrentar, incrementar y mejor los actuales mecanismos de financiamiento que sostienen diversos programas y proyectos a nivel de la comuna. Junto a ello, se debe de rescatar la representación genuina de las actividades.