Editorial El Mercurio.
Jorge Navarrete Poblete, Subsecretario General de Gobierno.
Martes 11 de octubre de 2005.
Seguimos trabajando en el convencimiento de que no habrá democracia sólida sin una sociedad civil fuerte.
El fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana han sido desde sus inicios uno de los pilares del gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Dicho esfuerzo tuvo como ejes orientadores el buen trato, la transparencia de la gestión pública, la igualdad de oportunidades para la participación y la promoción de la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil.
En cuanto al control y participación ciudadana en las políticas públicas, a inicios del Gobierno se promulgó el "Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana", en el que se fijaron -junto a compromisos generales- medidas específicas que cada repartición pública debía cumplir en esta materia. Del mismo modo, el año 2001 se implementó el "Programa para Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado", financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue ejecutado hasta el 2004 por la Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales. El objetivo de este programa fue apoyar la generación de condiciones propicias para que la ciudadanía participara más activamente en el diseño y ejecución de acciones dirigidas al bienestar común.
Dicho programa desarrolló acciones concretas para promover el aumento del número de organizaciones con autosuficiencia operativa y, desde luego, financiera; crear espacios de interlocución y comunicación entre el Estado y la sociedad civil, y sensibilizar a la sociedad en una cultura de la cooperación, entre otros aspectos. En términos institucionales, este proyecto permitió poner en marcha una política nacional y transversal de participación ciudadana, con una inversión de más de 14,5 millones de dólares.
Por otra parte, a partir del mismo año se implementó el "Plan para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil", a través del cual el Presidente de la República reivindicó un conjunto de propuestas formuladas por una comisión compuesta por representantes de la sociedad civil. Este plan contempló el impulso del desarrollo de un marco jurídico adecuado y funcional, de fórmulas de financiamiento y de fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales.
En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Participación Ciudadana que, entre otras cosas, simplifica y facilita la obtención de personalidad jurídica, institucionaliza el fondo concursable de desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, el que -administrado a nivel regional- transferirá recursos del Estado para que sean distribuidos con mejores niveles de focalización, control y participación de los ciudadanos. Haciendo honor a su nombre, este proyecto de ley fue fruto del trabajo realizado con más de seis mil representantes de organizaciones en 71 talleres comunales y 13 encuentros regionales.
Esta iniciativa ya había sido implementada con fondos propios del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En efecto, y consistentes con el objetivo de la política pública, se constituyó un Consejo de Administración y Decisión -integrado mayoritariamente por representantes de organizaciones sociales- para garantizar la transparencia del proceso de asignación de recursos y realizar un exhaustivo seguimiento de los proyectos. A la fecha, y sin que todavía sea promulgada la ley referida, se han asignado dos mil 703 millones de pesos a organizaciones sociales en todo el país, permitiendo beneficiar el desarrollo institucional de más de seis mil organizaciones de diversas características y objetivos.
Cosa distinta, creo yo, es aseverar que son muchos los desafíos que se vienen por delante. Pero éstos no sólo atañen al Gobierno, sino que también al Poder Legislativo, a la empresa privada y a las propias organizaciones sociales de interés público. Seguimos trabajando en el convencimiento de que no habrá democracia sólida sin una sociedad civil fuerte. Ella es garantía de una sintonía permanente entre las necesidades diversas y cambiantes de las múltiples realidades sociales y la misión del Estado de aportar al bien común.
www.pirincho.cl
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Jorge Navarrete Poblete, Subsecretario General de Gobierno.
Martes 11 de octubre de 2005.
Seguimos trabajando en el convencimiento de que no habrá democracia sólida sin una sociedad civil fuerte.
El fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana han sido desde sus inicios uno de los pilares del gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Dicho esfuerzo tuvo como ejes orientadores el buen trato, la transparencia de la gestión pública, la igualdad de oportunidades para la participación y la promoción de la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil.
En cuanto al control y participación ciudadana en las políticas públicas, a inicios del Gobierno se promulgó el "Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana", en el que se fijaron -junto a compromisos generales- medidas específicas que cada repartición pública debía cumplir en esta materia. Del mismo modo, el año 2001 se implementó el "Programa para Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado", financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue ejecutado hasta el 2004 por la Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales. El objetivo de este programa fue apoyar la generación de condiciones propicias para que la ciudadanía participara más activamente en el diseño y ejecución de acciones dirigidas al bienestar común.
Dicho programa desarrolló acciones concretas para promover el aumento del número de organizaciones con autosuficiencia operativa y, desde luego, financiera; crear espacios de interlocución y comunicación entre el Estado y la sociedad civil, y sensibilizar a la sociedad en una cultura de la cooperación, entre otros aspectos. En términos institucionales, este proyecto permitió poner en marcha una política nacional y transversal de participación ciudadana, con una inversión de más de 14,5 millones de dólares.
Por otra parte, a partir del mismo año se implementó el "Plan para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil", a través del cual el Presidente de la República reivindicó un conjunto de propuestas formuladas por una comisión compuesta por representantes de la sociedad civil. Este plan contempló el impulso del desarrollo de un marco jurídico adecuado y funcional, de fórmulas de financiamiento y de fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales.
En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Participación Ciudadana que, entre otras cosas, simplifica y facilita la obtención de personalidad jurídica, institucionaliza el fondo concursable de desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, el que -administrado a nivel regional- transferirá recursos del Estado para que sean distribuidos con mejores niveles de focalización, control y participación de los ciudadanos. Haciendo honor a su nombre, este proyecto de ley fue fruto del trabajo realizado con más de seis mil representantes de organizaciones en 71 talleres comunales y 13 encuentros regionales.
Esta iniciativa ya había sido implementada con fondos propios del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En efecto, y consistentes con el objetivo de la política pública, se constituyó un Consejo de Administración y Decisión -integrado mayoritariamente por representantes de organizaciones sociales- para garantizar la transparencia del proceso de asignación de recursos y realizar un exhaustivo seguimiento de los proyectos. A la fecha, y sin que todavía sea promulgada la ley referida, se han asignado dos mil 703 millones de pesos a organizaciones sociales en todo el país, permitiendo beneficiar el desarrollo institucional de más de seis mil organizaciones de diversas características y objetivos.
Cosa distinta, creo yo, es aseverar que son muchos los desafíos que se vienen por delante. Pero éstos no sólo atañen al Gobierno, sino que también al Poder Legislativo, a la empresa privada y a las propias organizaciones sociales de interés público. Seguimos trabajando en el convencimiento de que no habrá democracia sólida sin una sociedad civil fuerte. Ella es garantía de una sintonía permanente entre las necesidades diversas y cambiantes de las múltiples realidades sociales y la misión del Estado de aportar al bien común.
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