Más recursos para el desarrollo local. C. F. Pressacco.
Carlos F. Pressacco
Director Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos,
Universidad Alberto Hurtado.
Columna de Opinión la Segunda, 24 de mayo de 2005.
Chile es un país centralista que durante los últimos treinta años ha llevado a cabo una importante transformación de su sistema de gobierno y administración fortaleciendo las atribuciones y recursos de los municipios y creando las gobiernos hoy existentes en las trece regiones del país. En la actualidad, alrededor del 17% del gasto público nacional se ejecuta a nivel municipal, los cuales además tienen a su cargo la gestión de la educación y la salud primaria. Por otro lado, alrededor la mitad de los recursos del gobierno central se decide teniendo en consideración las prioridades que se definen en el nivel regional.
"Avances importantes en materia de democratización política hubo en el gobierno de Aylwin y en materia de gestión y recursos regionales en el sexenio de Frei-Ruiz Tagle; pero el saldo es especialmente pobre en el gobierno del presidente Lagos. Es cierto que ha habido avances. El centralismo chileno ya no es el mismo de antaño y los municipios y los gobiernos regionales reclaman cada vez más un espacio en las decisiones. Pero al proceso de descentralización, que ha sido gradual, le falta un debate ciudadano''.
Desde los tiempos de Frei Montalva hasta el actual gobierno -incluyendo las reformas introducidas por el gobierno militar-, el tema de la descentralización ha estado presente en la agenda pública. Se trata, por lo tanto, de un eje de reformas que cuenta con el amplio respaldo de los diversos partidos políticos.
Sin embargo, el consenso existente en la materia tiene bastante de superficial en la medida que la sociedad chilena no ha discutido seriamente, en profundidad, que tipo de país queremos construir. Es políticamente correcto y rinde frutos electorales postular la importancia de avanzar en el proceso de descentralización pero si se revisan las propuestas electorales de las últimas elecciones observaremos que es poco lo que hay y mucho menos lo que se realiza. Avances importantes en materia de democratización política hubo en el gobierno de Aylwin y en materia de gestión y recursos regionales en el sexenio de Frei-Ruiz Tagle; pero el saldo es especialmente pobre en el gobierno del presidente Lagos.
Es cierto que ha habido avances. El centralismo chileno ya no es el mismo de antaño y los municipios y los gobiernos regionales reclaman cada vez más un espacio en las decisiones.
Pero al proceso de descentralización, que ha sido gradual, le falta un debate ciudadano. Un debate que arroje luces hacia donde queremos ir: si queremos tener consejeros regionales elegidos directamente por la ciudadanía y si los intendentes, seguirán cumpliendo el doble rol de presidente del Consejo Regional y de delegado del Presidente de la República. ¿Estamos realmente dispuestos a darle más autonomía a los municipios para que sean responsables de lo bueno y malo que pasa en su territorio y están dispuestas las sociedades regionales y locales a hacerse responsables de su desarrollo? Tenemos, en definitiva, voluntad para aceptar que el país es diverso, que las sociedades locales y regionales pueden decidir sobre sus asuntos de manera diferente y que, además, hay puntos de partida distintos que harán que algunos territorios avancen más rápidamente que otros.
Con este trasfondo de preguntas no planteadas, el tema ha reaparecido esta semana -mis expectativas eran que se abordara en el marco del primer debate de las primarias de la Concertación- con motivo del debate parlamentario sobre la llamada “Ley de Rentas Municipales II” que actualiza el avalúo de los bienes raíces no agrícolas, reduce la cantidad de propiedades exentas e incrementa la contribución de los municipios más ricos del país al Fondo Común Municipal.
Resistida por algunos alcaldes de la UDI y por las bancadas de este mismo partido, que consideran que se trata de un aumento de impuestos a la clase media, la iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno, los partidos oficialistas y la inmensa mayoría de ediles -quienes realizaron una “jornada de reflexión” para presionar en pos de la aprobación en el parlamento- que ven en la modificación legislativa una herramienta para robustecer las alicaídas arcas municipales.
Los recursos municipales han pasado de un promedio de 2-3% del gasto público total hasta la década del ´70 a aproximadamente un 17% en la actualidad. En la actualidad, los municipios chilenos gastan 1750 miles de millones, de los cuales 700 mil millones corresponden a transferencias para educación, 150 mil para salud y 350 mil provienen del fondo común municipal. Sólo a modo de ejemplo, cabe señalar que los municipios de los países desarrollados administran casi la mitad del gasto público total.
Pese a ello, los recursos son insuficientes. Para una parte importante de la sociedad chilena, los municipios son la cara visible del estado; especialmente para aquellas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad. En la actualidad, más de la mitad de la población escolar concurre a establecimientos municipalizados y otro tanto se atiende en los consultorios cuya gestión es municipal.
El incremento de los recursos municipales contribuye a que los municipios puedan proveer servicios de calidad, para que de esa manera una parte significativa de la sociedad chilena mejore sus posibilidades de desarrollo y su igualdad de oportunidades.
Director Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos,
Universidad Alberto Hurtado.
Columna de Opinión la Segunda, 24 de mayo de 2005.
Chile es un país centralista que durante los últimos treinta años ha llevado a cabo una importante transformación de su sistema de gobierno y administración fortaleciendo las atribuciones y recursos de los municipios y creando las gobiernos hoy existentes en las trece regiones del país. En la actualidad, alrededor del 17% del gasto público nacional se ejecuta a nivel municipal, los cuales además tienen a su cargo la gestión de la educación y la salud primaria. Por otro lado, alrededor la mitad de los recursos del gobierno central se decide teniendo en consideración las prioridades que se definen en el nivel regional.
"Avances importantes en materia de democratización política hubo en el gobierno de Aylwin y en materia de gestión y recursos regionales en el sexenio de Frei-Ruiz Tagle; pero el saldo es especialmente pobre en el gobierno del presidente Lagos. Es cierto que ha habido avances. El centralismo chileno ya no es el mismo de antaño y los municipios y los gobiernos regionales reclaman cada vez más un espacio en las decisiones. Pero al proceso de descentralización, que ha sido gradual, le falta un debate ciudadano''.
Desde los tiempos de Frei Montalva hasta el actual gobierno -incluyendo las reformas introducidas por el gobierno militar-, el tema de la descentralización ha estado presente en la agenda pública. Se trata, por lo tanto, de un eje de reformas que cuenta con el amplio respaldo de los diversos partidos políticos.
Sin embargo, el consenso existente en la materia tiene bastante de superficial en la medida que la sociedad chilena no ha discutido seriamente, en profundidad, que tipo de país queremos construir. Es políticamente correcto y rinde frutos electorales postular la importancia de avanzar en el proceso de descentralización pero si se revisan las propuestas electorales de las últimas elecciones observaremos que es poco lo que hay y mucho menos lo que se realiza. Avances importantes en materia de democratización política hubo en el gobierno de Aylwin y en materia de gestión y recursos regionales en el sexenio de Frei-Ruiz Tagle; pero el saldo es especialmente pobre en el gobierno del presidente Lagos.
Es cierto que ha habido avances. El centralismo chileno ya no es el mismo de antaño y los municipios y los gobiernos regionales reclaman cada vez más un espacio en las decisiones.
Pero al proceso de descentralización, que ha sido gradual, le falta un debate ciudadano. Un debate que arroje luces hacia donde queremos ir: si queremos tener consejeros regionales elegidos directamente por la ciudadanía y si los intendentes, seguirán cumpliendo el doble rol de presidente del Consejo Regional y de delegado del Presidente de la República. ¿Estamos realmente dispuestos a darle más autonomía a los municipios para que sean responsables de lo bueno y malo que pasa en su territorio y están dispuestas las sociedades regionales y locales a hacerse responsables de su desarrollo? Tenemos, en definitiva, voluntad para aceptar que el país es diverso, que las sociedades locales y regionales pueden decidir sobre sus asuntos de manera diferente y que, además, hay puntos de partida distintos que harán que algunos territorios avancen más rápidamente que otros.
Con este trasfondo de preguntas no planteadas, el tema ha reaparecido esta semana -mis expectativas eran que se abordara en el marco del primer debate de las primarias de la Concertación- con motivo del debate parlamentario sobre la llamada “Ley de Rentas Municipales II” que actualiza el avalúo de los bienes raíces no agrícolas, reduce la cantidad de propiedades exentas e incrementa la contribución de los municipios más ricos del país al Fondo Común Municipal.
Resistida por algunos alcaldes de la UDI y por las bancadas de este mismo partido, que consideran que se trata de un aumento de impuestos a la clase media, la iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno, los partidos oficialistas y la inmensa mayoría de ediles -quienes realizaron una “jornada de reflexión” para presionar en pos de la aprobación en el parlamento- que ven en la modificación legislativa una herramienta para robustecer las alicaídas arcas municipales.
Los recursos municipales han pasado de un promedio de 2-3% del gasto público total hasta la década del ´70 a aproximadamente un 17% en la actualidad. En la actualidad, los municipios chilenos gastan 1750 miles de millones, de los cuales 700 mil millones corresponden a transferencias para educación, 150 mil para salud y 350 mil provienen del fondo común municipal. Sólo a modo de ejemplo, cabe señalar que los municipios de los países desarrollados administran casi la mitad del gasto público total.
Pese a ello, los recursos son insuficientes. Para una parte importante de la sociedad chilena, los municipios son la cara visible del estado; especialmente para aquellas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad. En la actualidad, más de la mitad de la población escolar concurre a establecimientos municipalizados y otro tanto se atiende en los consultorios cuya gestión es municipal.
El incremento de los recursos municipales contribuye a que los municipios puedan proveer servicios de calidad, para que de esa manera una parte significativa de la sociedad chilena mejore sus posibilidades de desarrollo y su igualdad de oportunidades.
