Teresa Valdés
Presidenta Consejo (provisorio)
Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil
“Seminario Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Desafío-País”, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional en colaboración con FLACSO-Chile.
No ha sido fácil para la sociedad civil la transición a esta democracia, aún incompleta y que la dejado -en muchos ámbitos- fragmentada y debilitada.
El retorno del sistema democrático en 1990, introdujo importantes cambios en la situación de la sociedad civil, tanto por las condiciones políticas de la transición, como por las modificaciones socioeconómicas de los años ochenta que se aceleraron durante ese decenio. Se impulsó la redemocratización institucional, pero no se logró reconstruir los lazos entre Estado y sociedad. Por el contrario, se desactivó el movimiento social y al no reemplazarlo con formas participativas de nuevo cuño, no se realizó la expectativa de amplia participación existente a partir de la concertación social que permitió el retorno a la democracia (1).
Los relevantes logros sociales de la transición no se han traducido en pautas de integración y participación social estables y más bien se observa un fuerte debilitamiento de la sociabilidad. La democratización alcanzada no ha logrado involucrar la participación social, ni disminuir las desigualdades de poder existentes en la sociedad, todos ellos factores que limitan severamente el desarrollo de la sociedad civil. Hoy día ésta se expresa de un modo fragmentado y débil, no está articulada por proyectos sociopolíticos como en el pasado y se separa crecientemente de la institucionalidad existente. La desarticulación social resultante se ha expresado principalmente en el temor y la inseguridad, desafiliación política y debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios (2). Las organizaciones tradicionales han perdido su peso histórico, pero se ha fortalecido la presencia del gran empresariado y su influencia en la sociedad civil a través de fundaciones sin fines de lucro, centros académicos y universidades, en actividades culturales, de investigación, comunicación y producción artística por la vía del financiamiento, la filantropía, las donaciones, etc.
La atención preferencial a la democracia formal ha significado la ausencia de un proceso cabal de constitución de ciudadanas y ciudadanos que se construyen a sí mismos como sujetos y sujetas de derecho. La noción de participación ciudadana no ha estado encarnada en los procedimientos institucionales de los gobiernos de la Concertación. Ello se traduce en grandes barreras para hacer realidad una ciudadanía plena.
En efecto, durante los noventa se privilegió una alianza estratégica entre el Estado y el Mercado (sector privado empresarial), que estuvo en el centro del proyecto modernizador de la economía y la sociedad, donde la sociedad civil quedó al margen de tal proceso, jugando un rol secundario o simplemente ausente en la toma de decisiones. Ello no contribuyó al fortalecimiento real de la ciudadanía (3).
No obstante, aquellos movimientos sociales surgidos a partir de los años 80 han ido demandando el reconocimiento de nuevos derechos, en el entendido que la noción de ciudadanía implica siempre un proceso social y político de construcción y de cambio. Es el caso de los movimientos de mujeres, de derechos humanos, ecologistas, jóvenes, minorías étnicas y sexuales. Asimismo, en los últimos años hemos sido testigos de importantes movilizaciones sociales y de un proceso creciente de articulación. Merecen ser destacadas la Asociación de ONGs ACCION A.G., las redes temáticas, las organizaciones estudiantiles, los grupos y movimientos ecologistas, las organizaciones de la diversidad sexual, las organizaciones de personas con discapacidad, los movimientos indígenas, la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, entre otras, que han colocado sus agendas y demandas en distintas coyunturas.
En agosto de 1999, en plena campaña electoral, dirigentes de distintas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al candidato Ricardo Lagos la suscripción de un “Acuerdo por la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil”. Ello a partir de un diagnóstico compartido de frustración y déficit de participación. Señaló entonces, que ante la necesidad de “avanzar hacia una nueva práctica de política pública donde el Tercer Sector y el Gobierno, asumiremos juntos el protagonismo y la responsabilidad de profundizar la ciudadanía democrática, levando el país hacia una senda de desarrollo con equidad, justicia social y sin discriminaciones de ningún tipo”.
Comprometió impulsar de manera conjunta –entre otras- las siguientes iniciativas:
- La destinación de recursos públicos para el fomento de organizaciones sociales y reconocimiento de la participación ciudadana, como un componente sustantivo y evaluable de las políticas de asignación de recursos a proyectos de interés social.
- La creación y fortalecimiento de Fondos Públicos concursables destinados a financiar programas de las organizaciones del Tercer Sector, que contribuyan al desarrollo de políticas sociales innovadoras, incluyendo la disponibilidad de créditos para proyectos sociales y para el mejoramiento de la gestión institucional de estas organizaciones.
- El desarrollo de un marco legal que facilite la libre constitución de la organización de la sociedad civil y establezca un registro público de estas organizaciones.
- La implementación de mecanismos tributarios que consideren incentivos para las donaciones privadas, personales y empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil.
- Y, el establecimiento de una instancia gubernamental que norme y fiscalice las organizaciones de la sociedad civil, garantizando que las donaciones privadas y los recursos públicos que reciban dichas organizaciones se utilicen para iniciativas sociales y culturales sin fines de lucro (4).
El 5 de julio de 2000 el Presidente Lagos, primero que aborda en serio el tema, convocó a 28 ciudadanos, integrantes de una pluralidad de organizaciones de la sociedad civil, a constituir un "Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil" con el fin de elaborar un diagnóstico y formular propuestas en lo jurídico-normativo, en cuanto al financiamiento, al fortalecimiento institucional y en cuanto a la relación entre el Estado y la sociedad civil. Como respuesta definió un “Plan para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil” (5)
En septiembre de 2002 se constituyó el Consejo Provisorio del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, con personas representativas del amplio arco de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro el que actualmente presido. Este Consejo ha tenido como tarea instalar una institución que apoye el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. Ha implementado tres concursos para organizaciones sociales y ha contribuido a la preparación del proyecto de Ley sobre Participación.
Paralelamente, el gobierno creó el Programar para el Fortalecimiento de las Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado (PROFASCE), que, con aportes del BID, ha permitido desarrollar su agenda en materia de participación social y desarrollo del voluntariado.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil participantes en el proceso descrito crearon un Foro de la Sociedad Civil, en el que participan organizaciones de base, ONGs,
Corporaciones y Fundaciones y una amplia gama de organizaciones de distinto cuño, eligiendo una directiva nacional en noviembre de 2002.
El 8 de junio de 2004 ingresó el proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública (Mensaje Nº 48-351) a la Cámara de Diputados, y está en la Subcomisión de Gobierno Interior para iniciar su tramitación, una vez que el gobierno ha solicitado su tramitación con carácter de urgencia. La Ley incluye la creación del Fondo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y su presupuesto. Sin duda, representa un avance, pero no satisface del todo los anhelos de las organizaciones que participaron en su gestación, que discutieron y generaron propuestas más significativas, pero que se quedaron en el camino, en los pasillos de La Moneda y en algunos ministerios. Se mantiene el temor a compartir el poder.
Una de las principales lecciones de la larga transición, es que no se alcanzará una democracia y un desarrollo verdaderamente sustentable, sin una sociedad civil vigorosa y activa. Sólo una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, infunde profundidad y permanencia a la democracia. De igual manera, una democracia vigorosa requiere una amplia participación de todos los sectores en los asuntos públicos. (6)
Las demandas ciudadanas en torno a la participación en estos años apuntan a la calidad de la democracia. Se trata de una ciudadanía que entiende que el ejercicio de los derechos se sustenta en la información, la capacidad de presión y crítica, de participación e influencia sobre los agentes públicos, sociales y políticos. Es decir, se entiende la participación no como información, sino como mecanismos concretos que entreguen cuotas de poder a la ciudadanía en todos aquellos asuntos que la afectan. No es suficiente que un programa específico requiera participación de la comunidad. Esa es una participación instrumental y no sustantiva, si bien puede ser valorada y aportar al fortalecimiento de algunas organizaciones. De esta manera se construye una nueva relación con el Estado, donde se instalan las nociones de responsabilidad recíproca y de control ciudadano.
En segundo lugar, hay una demanda por reconocimiento: de la existencia de la sociedad civil y sus organizaciones, de sus aportes al desarrollo nacional, de sus liderazgos y de sus acciones. Junto con ello, que se les dé visibilidad en estos mismos aspectos.
En tercer lugar, y en relación con lo anterior, interesa una nueva relación entre los organismos del Estado y la sociedad civil. Para ello el Estado debe abrir espacios a la participación ciudadana y de cooperación con las OSC, tanto en la definición como en la implementación y evaluación de las políticas y programas sociales, a nivel local, regional y nacional. No sólo debe reconocer e incorporar a la sociedad civil en la definición de los temas de la agenda pública, sino que valorar y promover su participación: en la definición de un proyecto de país que establezca planes de desarrollo de mediano plazo, en el diseño de la política pública y en el diseño de los instrumentos y mecanismos de implementación de ésta. Ello supone un gobierno convencido, con voluntad política para entregar poder de decisión y valorar la iniciativa de actores diversos que actúen, no sólo ciñéndose a instrucciones predeterminadas, sino como actores autónomos y propositivos. Debe incluirse políticas específicas para el fortalecimiento de la sociedad civil que se hagan cargo de todo lo anterior.
Ello supone contar con recursos, más allá de los concursos que puedan darse a través de diferentes fondos y programas gubernamentales. A nivel local, las organizaciones de base requieren un soporte continuo, sistemático, no ocasional.
En este marco, son necesarias modificaciones en la legislación, no sólo una Ley de Participación Ciudadana, sino modificaciones en otras leyes, como la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que aseguren el reconocimiento de las organizaciones, los canales de participación y los recursos.
Es importante destacar que, desde 1990 a la fecha las demandas de participación de la sociedad civil han evolucionado, precisamente en el sentido de los mecanismos de mejoramiento de la calidad de la democracia. De allí que haya incorporado entre sus demandas y propuestas la iniciativa popular de ley, el referéndum revocatorio, el plebiscito, así como mecanismos de control ciudadano, espacios y canales reconocidos de interlocución y negociación con los actores sociales, la transparencia y probidad en la gestión de los recursos públicos.
No hace falta abundar aquí en el diagnóstico de los déficits de participación existentes en nuestra sociedad ni en las causas y el proceso a través del cual ello se fue haciendo efectivo. Es el momento de proponer soluciones, de generar mecanismos que, a través de la participación, profundicen la democracia y fortalezcan la ciudadanía.
Lo anterior, permite establecer claramente tres áreas de trabajo diferentes: 1) la garantía del cumplimiento de los derechos ciudadanos establecidos en los cuerpos legales, 2) la ejecución de los programas y políticas públicas normadas a través de mecanismos de financiamiento, y 3) el espacio de participación y fortalecimiento de la ciudadanía, dónde se construye país con fondos públicos y privados.
Es preciso mirar de manera reflexiva, crítica y propositiva los avances y las barreras a las iniciativas, las propuestas y acciones encaminadas a generar una sociedad más democrática, equitativa, tolerante y no discriminatoria. En estos años, las mayores dificultades para avanzar en una agenda de participación ciudadana han tenido que ver con la pérdida de respaldo político en los propios partidos de la Concertación, la ausencia de prioridad frente a otros
temas, el impacto de las coyunturas políticas, en general desfavorable para este tema y, por sobre todo, el temo a la sociedad civil, sus movilizaciones y demandas.
No se puede entender la democracia sin ciudadanía; los ciudadanos constituyen el centro de la función del Estado. Su fin último es el bienestar de los ciudadanos, a quienes se debe y en quienes descansa su soberanía y legitimidad. Sólo así se entiende el mandato constitucional de estar al servicio de la persona humana y de promover el bien común, “para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible” (7). La administración del Estado no debe estar orientada hacia sí mismo y su reproducción. El Estado debe asumir que su autoridad se origina en el mandato conferido por los miembros de la sociedad, según lo cual debe reconocer y garantizar su calidad de ciudadanos.
Siguiendo a Diamond, entre más activa, plural, con recursos, institucionalizada y democrática sea la sociedad civil, y entre más efectiva sea para equilibrar las tensiones en sus relaciones con el Estado -entre autonomía y cooperación, vigilancia y lealtad, escepticismo y confianza, dogmatismo y civilidad- es más probable que surja y se afirme la democracia. Así, entre los principales desafíos del Estado, además de mejorar su propia eficacia, está el promover y potenciar la organización social.
En palabras de Charles Taylor, “una democracia ciudadana sólo puede funcionar si la mayoría de sus miembros están convencidos que su sociedad política es una empresa común de considerable trascendencia, y que la importancia de esta empresa es tan vital que están dispuestos a participar en todo lo posible para que siga funcionando como democracia. Tal participación no sólo requiere que los ciudadanos se comprometan con el proyecto común, sino que también se sientan especialmente vinculados con las demás personas que participan en dicho proceso. Quizá éste sea el punto que más amenaza la solidez de la mayor parte de las democracias contemporáneas” (8).
En lo central, se trata de recuperar la convicción que la construcción democrática es una tarea colectiva.
1 De la Maza, Gonzalo (1999) “Sociedad civil y democracia en Chile”. Santiago. Xerox.
2 Ver el Informe del PNUD para Chile, Las paradojas de la modernización. Desarrollo humano en Chile 1998. Santiago de Chile, 1998.
3 Fierro, Jaime (2000) “En torno a la sociedad civil”. Santiago. Xerox.
4 Ver Acuerdo por la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, realizado en Santiago el 30 de agosto de 1999, entre el Candidato Presidencial señor Ricardo Lagos y los directivos, profesionales y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil.
5 Ministerio Secretaría General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales..
6 Fondo de las Américas y Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, 2000.
Paralelamente, en diciembre de 2000, había emitido un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana que fijó los compromisos de participación en las políticas y programas públicos.
7 Véase “Art. 1° de la Constitución Política de la República de Chile”.
8 Taylor, Charles (1999): “Por qué la Democracia Necesita el Patriotismo”. En: Nussbaum, Martha C.: Los Límites del Patriotismo. Identidad, Pertenencia y Ciudadanía Mundial. Barcelona: Paidós: 145-147.
Presidenta Consejo (provisorio)
Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil
“Seminario Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Desafío-País”, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional en colaboración con FLACSO-Chile.
No ha sido fácil para la sociedad civil la transición a esta democracia, aún incompleta y que la dejado -en muchos ámbitos- fragmentada y debilitada.
El retorno del sistema democrático en 1990, introdujo importantes cambios en la situación de la sociedad civil, tanto por las condiciones políticas de la transición, como por las modificaciones socioeconómicas de los años ochenta que se aceleraron durante ese decenio. Se impulsó la redemocratización institucional, pero no se logró reconstruir los lazos entre Estado y sociedad. Por el contrario, se desactivó el movimiento social y al no reemplazarlo con formas participativas de nuevo cuño, no se realizó la expectativa de amplia participación existente a partir de la concertación social que permitió el retorno a la democracia (1).
Los relevantes logros sociales de la transición no se han traducido en pautas de integración y participación social estables y más bien se observa un fuerte debilitamiento de la sociabilidad. La democratización alcanzada no ha logrado involucrar la participación social, ni disminuir las desigualdades de poder existentes en la sociedad, todos ellos factores que limitan severamente el desarrollo de la sociedad civil. Hoy día ésta se expresa de un modo fragmentado y débil, no está articulada por proyectos sociopolíticos como en el pasado y se separa crecientemente de la institucionalidad existente. La desarticulación social resultante se ha expresado principalmente en el temor y la inseguridad, desafiliación política y debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios (2). Las organizaciones tradicionales han perdido su peso histórico, pero se ha fortalecido la presencia del gran empresariado y su influencia en la sociedad civil a través de fundaciones sin fines de lucro, centros académicos y universidades, en actividades culturales, de investigación, comunicación y producción artística por la vía del financiamiento, la filantropía, las donaciones, etc.
La atención preferencial a la democracia formal ha significado la ausencia de un proceso cabal de constitución de ciudadanas y ciudadanos que se construyen a sí mismos como sujetos y sujetas de derecho. La noción de participación ciudadana no ha estado encarnada en los procedimientos institucionales de los gobiernos de la Concertación. Ello se traduce en grandes barreras para hacer realidad una ciudadanía plena.
En efecto, durante los noventa se privilegió una alianza estratégica entre el Estado y el Mercado (sector privado empresarial), que estuvo en el centro del proyecto modernizador de la economía y la sociedad, donde la sociedad civil quedó al margen de tal proceso, jugando un rol secundario o simplemente ausente en la toma de decisiones. Ello no contribuyó al fortalecimiento real de la ciudadanía (3).
No obstante, aquellos movimientos sociales surgidos a partir de los años 80 han ido demandando el reconocimiento de nuevos derechos, en el entendido que la noción de ciudadanía implica siempre un proceso social y político de construcción y de cambio. Es el caso de los movimientos de mujeres, de derechos humanos, ecologistas, jóvenes, minorías étnicas y sexuales. Asimismo, en los últimos años hemos sido testigos de importantes movilizaciones sociales y de un proceso creciente de articulación. Merecen ser destacadas la Asociación de ONGs ACCION A.G., las redes temáticas, las organizaciones estudiantiles, los grupos y movimientos ecologistas, las organizaciones de la diversidad sexual, las organizaciones de personas con discapacidad, los movimientos indígenas, la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, entre otras, que han colocado sus agendas y demandas en distintas coyunturas.
En agosto de 1999, en plena campaña electoral, dirigentes de distintas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al candidato Ricardo Lagos la suscripción de un “Acuerdo por la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil”. Ello a partir de un diagnóstico compartido de frustración y déficit de participación. Señaló entonces, que ante la necesidad de “avanzar hacia una nueva práctica de política pública donde el Tercer Sector y el Gobierno, asumiremos juntos el protagonismo y la responsabilidad de profundizar la ciudadanía democrática, levando el país hacia una senda de desarrollo con equidad, justicia social y sin discriminaciones de ningún tipo”.
Comprometió impulsar de manera conjunta –entre otras- las siguientes iniciativas:
- La destinación de recursos públicos para el fomento de organizaciones sociales y reconocimiento de la participación ciudadana, como un componente sustantivo y evaluable de las políticas de asignación de recursos a proyectos de interés social.
- La creación y fortalecimiento de Fondos Públicos concursables destinados a financiar programas de las organizaciones del Tercer Sector, que contribuyan al desarrollo de políticas sociales innovadoras, incluyendo la disponibilidad de créditos para proyectos sociales y para el mejoramiento de la gestión institucional de estas organizaciones.
- El desarrollo de un marco legal que facilite la libre constitución de la organización de la sociedad civil y establezca un registro público de estas organizaciones.
- La implementación de mecanismos tributarios que consideren incentivos para las donaciones privadas, personales y empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil.
- Y, el establecimiento de una instancia gubernamental que norme y fiscalice las organizaciones de la sociedad civil, garantizando que las donaciones privadas y los recursos públicos que reciban dichas organizaciones se utilicen para iniciativas sociales y culturales sin fines de lucro (4).
El 5 de julio de 2000 el Presidente Lagos, primero que aborda en serio el tema, convocó a 28 ciudadanos, integrantes de una pluralidad de organizaciones de la sociedad civil, a constituir un "Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil" con el fin de elaborar un diagnóstico y formular propuestas en lo jurídico-normativo, en cuanto al financiamiento, al fortalecimiento institucional y en cuanto a la relación entre el Estado y la sociedad civil. Como respuesta definió un “Plan para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil” (5)
En septiembre de 2002 se constituyó el Consejo Provisorio del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, con personas representativas del amplio arco de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro el que actualmente presido. Este Consejo ha tenido como tarea instalar una institución que apoye el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. Ha implementado tres concursos para organizaciones sociales y ha contribuido a la preparación del proyecto de Ley sobre Participación.
Paralelamente, el gobierno creó el Programar para el Fortalecimiento de las Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado (PROFASCE), que, con aportes del BID, ha permitido desarrollar su agenda en materia de participación social y desarrollo del voluntariado.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil participantes en el proceso descrito crearon un Foro de la Sociedad Civil, en el que participan organizaciones de base, ONGs,
Corporaciones y Fundaciones y una amplia gama de organizaciones de distinto cuño, eligiendo una directiva nacional en noviembre de 2002.
El 8 de junio de 2004 ingresó el proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública (Mensaje Nº 48-351) a la Cámara de Diputados, y está en la Subcomisión de Gobierno Interior para iniciar su tramitación, una vez que el gobierno ha solicitado su tramitación con carácter de urgencia. La Ley incluye la creación del Fondo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público y su presupuesto. Sin duda, representa un avance, pero no satisface del todo los anhelos de las organizaciones que participaron en su gestación, que discutieron y generaron propuestas más significativas, pero que se quedaron en el camino, en los pasillos de La Moneda y en algunos ministerios. Se mantiene el temor a compartir el poder.
Una de las principales lecciones de la larga transición, es que no se alcanzará una democracia y un desarrollo verdaderamente sustentable, sin una sociedad civil vigorosa y activa. Sólo una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, infunde profundidad y permanencia a la democracia. De igual manera, una democracia vigorosa requiere una amplia participación de todos los sectores en los asuntos públicos. (6)
Las demandas ciudadanas en torno a la participación en estos años apuntan a la calidad de la democracia. Se trata de una ciudadanía que entiende que el ejercicio de los derechos se sustenta en la información, la capacidad de presión y crítica, de participación e influencia sobre los agentes públicos, sociales y políticos. Es decir, se entiende la participación no como información, sino como mecanismos concretos que entreguen cuotas de poder a la ciudadanía en todos aquellos asuntos que la afectan. No es suficiente que un programa específico requiera participación de la comunidad. Esa es una participación instrumental y no sustantiva, si bien puede ser valorada y aportar al fortalecimiento de algunas organizaciones. De esta manera se construye una nueva relación con el Estado, donde se instalan las nociones de responsabilidad recíproca y de control ciudadano.
En segundo lugar, hay una demanda por reconocimiento: de la existencia de la sociedad civil y sus organizaciones, de sus aportes al desarrollo nacional, de sus liderazgos y de sus acciones. Junto con ello, que se les dé visibilidad en estos mismos aspectos.
En tercer lugar, y en relación con lo anterior, interesa una nueva relación entre los organismos del Estado y la sociedad civil. Para ello el Estado debe abrir espacios a la participación ciudadana y de cooperación con las OSC, tanto en la definición como en la implementación y evaluación de las políticas y programas sociales, a nivel local, regional y nacional. No sólo debe reconocer e incorporar a la sociedad civil en la definición de los temas de la agenda pública, sino que valorar y promover su participación: en la definición de un proyecto de país que establezca planes de desarrollo de mediano plazo, en el diseño de la política pública y en el diseño de los instrumentos y mecanismos de implementación de ésta. Ello supone un gobierno convencido, con voluntad política para entregar poder de decisión y valorar la iniciativa de actores diversos que actúen, no sólo ciñéndose a instrucciones predeterminadas, sino como actores autónomos y propositivos. Debe incluirse políticas específicas para el fortalecimiento de la sociedad civil que se hagan cargo de todo lo anterior.
Ello supone contar con recursos, más allá de los concursos que puedan darse a través de diferentes fondos y programas gubernamentales. A nivel local, las organizaciones de base requieren un soporte continuo, sistemático, no ocasional.
En este marco, son necesarias modificaciones en la legislación, no sólo una Ley de Participación Ciudadana, sino modificaciones en otras leyes, como la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que aseguren el reconocimiento de las organizaciones, los canales de participación y los recursos.
Es importante destacar que, desde 1990 a la fecha las demandas de participación de la sociedad civil han evolucionado, precisamente en el sentido de los mecanismos de mejoramiento de la calidad de la democracia. De allí que haya incorporado entre sus demandas y propuestas la iniciativa popular de ley, el referéndum revocatorio, el plebiscito, así como mecanismos de control ciudadano, espacios y canales reconocidos de interlocución y negociación con los actores sociales, la transparencia y probidad en la gestión de los recursos públicos.
No hace falta abundar aquí en el diagnóstico de los déficits de participación existentes en nuestra sociedad ni en las causas y el proceso a través del cual ello se fue haciendo efectivo. Es el momento de proponer soluciones, de generar mecanismos que, a través de la participación, profundicen la democracia y fortalezcan la ciudadanía.
Lo anterior, permite establecer claramente tres áreas de trabajo diferentes: 1) la garantía del cumplimiento de los derechos ciudadanos establecidos en los cuerpos legales, 2) la ejecución de los programas y políticas públicas normadas a través de mecanismos de financiamiento, y 3) el espacio de participación y fortalecimiento de la ciudadanía, dónde se construye país con fondos públicos y privados.
Es preciso mirar de manera reflexiva, crítica y propositiva los avances y las barreras a las iniciativas, las propuestas y acciones encaminadas a generar una sociedad más democrática, equitativa, tolerante y no discriminatoria. En estos años, las mayores dificultades para avanzar en una agenda de participación ciudadana han tenido que ver con la pérdida de respaldo político en los propios partidos de la Concertación, la ausencia de prioridad frente a otros
temas, el impacto de las coyunturas políticas, en general desfavorable para este tema y, por sobre todo, el temo a la sociedad civil, sus movilizaciones y demandas.
No se puede entender la democracia sin ciudadanía; los ciudadanos constituyen el centro de la función del Estado. Su fin último es el bienestar de los ciudadanos, a quienes se debe y en quienes descansa su soberanía y legitimidad. Sólo así se entiende el mandato constitucional de estar al servicio de la persona humana y de promover el bien común, “para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible” (7). La administración del Estado no debe estar orientada hacia sí mismo y su reproducción. El Estado debe asumir que su autoridad se origina en el mandato conferido por los miembros de la sociedad, según lo cual debe reconocer y garantizar su calidad de ciudadanos.
Siguiendo a Diamond, entre más activa, plural, con recursos, institucionalizada y democrática sea la sociedad civil, y entre más efectiva sea para equilibrar las tensiones en sus relaciones con el Estado -entre autonomía y cooperación, vigilancia y lealtad, escepticismo y confianza, dogmatismo y civilidad- es más probable que surja y se afirme la democracia. Así, entre los principales desafíos del Estado, además de mejorar su propia eficacia, está el promover y potenciar la organización social.
En palabras de Charles Taylor, “una democracia ciudadana sólo puede funcionar si la mayoría de sus miembros están convencidos que su sociedad política es una empresa común de considerable trascendencia, y que la importancia de esta empresa es tan vital que están dispuestos a participar en todo lo posible para que siga funcionando como democracia. Tal participación no sólo requiere que los ciudadanos se comprometan con el proyecto común, sino que también se sientan especialmente vinculados con las demás personas que participan en dicho proceso. Quizá éste sea el punto que más amenaza la solidez de la mayor parte de las democracias contemporáneas” (8).
En lo central, se trata de recuperar la convicción que la construcción democrática es una tarea colectiva.
1 De la Maza, Gonzalo (1999) “Sociedad civil y democracia en Chile”. Santiago. Xerox.
2 Ver el Informe del PNUD para Chile, Las paradojas de la modernización. Desarrollo humano en Chile 1998. Santiago de Chile, 1998.
3 Fierro, Jaime (2000) “En torno a la sociedad civil”. Santiago. Xerox.
4 Ver Acuerdo por la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, realizado en Santiago el 30 de agosto de 1999, entre el Candidato Presidencial señor Ricardo Lagos y los directivos, profesionales y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil.
5 Ministerio Secretaría General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales..
6 Fondo de las Américas y Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, 2000.
Paralelamente, en diciembre de 2000, había emitido un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana que fijó los compromisos de participación en las políticas y programas públicos.
7 Véase “Art. 1° de la Constitución Política de la República de Chile”.
8 Taylor, Charles (1999): “Por qué la Democracia Necesita el Patriotismo”. En: Nussbaum, Martha C.: Los Límites del Patriotismo. Identidad, Pertenencia y Ciudadanía Mundial. Barcelona: Paidós: 145-147.
