RESUMEN EJECUTIVO

17 de Octubre de 2005

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INTRODUCCION

Este Programa de Gobierno de Michelle Bachelet es el resultado de un enorme esfuerzo de reflexión en que han participado, directa o indirectamente, varios miles de personas. Comenzó con los Diálogos Ciudadanos que la candidata llevó a cabo a lo largo de todo el país en los últimos doce meses. Continuó a través de un centenar de grupos de trabajo que elaboraron propuestas para las entonces dos candidatas presidenciales de la Concertación, Michellet Bachelet y Soledad Alvear.

A esto se suma la contribución de las comisiones técnicas de los partidos de la Concertación. Estos partidos también elaboraron un Manifiesto Programático unitario en apoyo a Michelle Bachelet. Los principios de ese manifiesto están incorporados en este documento.

En la etapa final, todos los partidos de la Concertación y cientos de independientes se integraron a través de técnicos y profesionales en 50 comisiones, cuyas conclusiones iniciales se consideran también en el texto que sigue.

Este programa procura responder a la demanda ciudadana de entrar a una nueva fase en nuestro desarrollo. Luego de quince años de un exitoso proceso de consolidación de una democracia sin apellidos, de un crecimiento económico que duplica en su tasa anual al del gobierno de Pinochet, y de una reducción notable de la pobreza, se hace necesario pasar a una nueva etapa. En esta nueva etapa debemos asegurarnos que nuestra economía siga creciendo. Pero también debemos reducir las desigualdades, acabar con la pobreza, combatir la discriminación y la exclusión,

Este programa está organizado en torno a tres grandes propuestas. La primera es instaurar en Chile un gran sistema de protección social que acompañe a las personas desde la cuna hasta la tercera edad, reduciendo los riesgos que enfrentan.

La segunda propuesta es fomentar la innovación y el emprendimiento a través de una nueva política de desarrollo que estimule la innovación, la adopción de nuevas tecnologías, los encadenamientos productivos y la creación de nuevos polos de desarrollo exportador.

La tercera es profundizar nuestra democracia para que incluya y represente a todos los chilenos, cambiando el sistema electoral, haciendo automática la inscripción para votar, profundizando la descentralización, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y perfeccionando la legislación contra la discriminación.

I. PROTEGER A NUESTRA GENTE: UN NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

En 1990, cuarenta de cada cien chilenos eran pobres. Hoy son sólo 18 de cada cien, y la cifra continúa bajando. Todos juntos hemos obtenido logros importantes en la lucha contra la pobreza. Perseveraremos en esa lucha –con más crecimiento económico, más políticas sociales, más oportunidades—hasta derrotar la pobreza.

Hoy también debemos centrar nuestra atención en otro enemigo: la inseguridad económica. En las familias más pobres las malas noticias generalmente no llegan solas. El desempleo muchas veces conduce a crisis familiares o a que los jóvenes deban abandonar la educación para trabajar; si se es muy viejo para seguir trabajando y se depende de una mala jubilación, ésta se vuelve aún más insuficiente para financiar los gastos de una enfermedad crónica.

La inseguridad se extiende más allá de los hogares pobres. Llega también a las familias de clase media, que temen que algún evento inesperado –la pérdida de un trabajo, una enfermedad o accidente en la familia, ser víctimas de la delincuencia– les haga perder lo conseguido con largos años de esfuerzo o impida que sus hijos tengan un futuro mejor. La desigualdad social es la pobreza de algunos combinada con la inseguridad de muchos.

La inseguridad genera temor, y éste inhibe a las personas de aprovechar las oportunidades que genera la educación y el crecimiento económico. Terminar con el temor significa liberar a los chilenos de lo que les impide soñar. Significa liberar sus capacidades, su inteligencia, su creatividad.

La función principal de las políticas sociales debe ser terminar con la inseguridad y limitar los riesgos para quienes no tienen la posibilidad de protegerse por sus propios medios. Hoy en Chile es posible asegurar un auto o una casa contra accidentes y robos. Pero es mucho más difícil asegurar a una familia contra riesgos de enfermedad, invalidez o muerte. Los seguros sociales deben tener más de seguros y más de sociales.

Nuestra primera gran propuesta es instaurar en Chile un gran sistema de protección social que acompañe a las personas a lo largo de su ciclo vital, protegiendo sus primeros pasos, asegurando el acceso a las oportunidades de educarse y trabajar, defendiendo a las personas de la delincuencia, cubriendo los riesgos de enfermedad e invalidez, garantizando una vejez digna. Un buen sistema de protección social reconoce los problemas de las personas y les permite mantener un mayor control sobre sus vidas.

Un buen sistema de protección social genera mayor igualdad al reducir la inseguridad que afecta a muchas personas. Un buen sistema de protección social protege a las familias de clase media, permitiéndoles abordar proyectos, estudiar una carrera, iniciar emprendimientos y arriesgar un poco más en la seguridad de que un error o un golpe de mala suerte no significará la ruina. Un buen sistema de protección social no sólo limita los riesgos. También permite que las oportunidades sean aprovechadas por todos.

Educación: Base de las Oportunidades

Impulsaremos una política amplia de estimulación temprana para todos los niños que se atienden en los consultorios de salud.

Implantaremos gradualmente un sistema de atención preescolar para niños entre cero y cuatro años del 40 por ciento más pobre de la población y a todos los niños cuyas madres trabajen.

Garantizaremos el acceso de todos los niños a prekinder incorporando a este nivel de enseñanza al sistema de subvenciones educacionales. Aplicaremos una subvención preferencial para niños más vulnerables entre prekinder y cuarto básico, que duplicará la subvención básica actual.

Incrementaremos las exigencias a escuelas, en términos de políticas de no-discriminación, entrega de información sobre el desarrollo cognitivo de los niños, y desarrollo de estrategias de mejoramiento educativo, condicionando recursos a estos requisitos.

Reduciremos gradualmente el tamaño máximo de los cursos de 45 a 35 alumnos, comenzando con escuelas para niños de menos recursos. Culminaremos con la aplicación de la Jornada Escolar Completa a todas las escuelas del país.

Concentraremos recursos a la educación secundaria en reforzamiento de áreas formativas claves para desarrollo de competencias: matemáticas, ciencias, informática e inglés, apoyando la innovación de las prácticas pedagógicas en estas áreas.

Estableceremos un subsidio al transporte escolar rural.

Elaboraremos una ficha escolar que resuma los antecedentes sobre la situación de cada establecimiento escolar y a establecimientos similares en la comuna, la región y el país, y que estará a disposición de las familias al postular al establecimiento.

Promoveremos la operación regular de consejos escolares, con directivos, profesores, apoderados y alumnos, ante el cual los directivos rendirán cuenta de políticas y resultados del establecimiento.

En establecimientos municipales los directores estarán sujetos a convenios de desempeño y los profesores deberán participar en el sistema de evaluación docente. Fortaleceremos carreras de pedagogía y apoyaremos el perfeccionamiento docente permanente.

Fortaleceremos el sistema de supervisión escolar, separando las tareas formativas de las fiscalizadoras.

Garantizaremos el financiamiento a la educación superior de todo joven talentoso, con una combinación de becas, crédito, garantías públicas y subsidios al ahorro de las familias.

Fortaleceremos el régimen de aseguramiento de la calidad en la educación superior, definiendo con precisión la obligación de informar al público, y haciendo exigible la acreditación periódica para todas las instituciones que reciben aportes directos públicos.

Apoyaremos la recuperación de infraestructura y equipamiento de universidades estatales con mayor deterioro.

Impulsaremos reformas curriculares para acortar carreras universitarias y obtener calificaciones intermedias.

Promoveremos una educación técnica de calidad, incorporándola al esquema de financiamiento público, exigiéndole acreditación de calidad y vinculando planes de estudios al sistema de acreditación.
Más y mejores empleos

Facilitaremos nuevas modalidades de trabajo (jornada parcial, part-time y tele trabajo) adecuando las modalidades existentes de contratación, para aumentar la participación de mujeres y jóvenes.

Promoveremos que empleadores y trabajadores negocien colectivamente las condiciones específicas de la jornada horaria para cada empresa.

Facilitaremos la incorporación de las mujeres al trabajo con la universalización del acceso a kinder y prekinder, y la cobertura de cuidado infantil para niños del 40 por ciento más pobre. Crearemos un subsidio que amplíe el acceso a guarderías para niños menores de 2 años.

Implementaremos programas de capacitación e integración laboral para reinserción laboral de madres. Fiscalizaremos el cumplimiento de las normas legales que prohíben la discriminación de las mujeres.

Ampliaremos el programa de bonificación al contrato de aprendizaje para jóvenes, y agregaremos recursos específicos para la capacitación y formación laboral de jóvenes en situación de riesgo, entre 18 y 24 años.

Expandiremos la cobertura del Seguro de Cesantía y diseñaremos incentivos para que los trabajadores independientes y cuenta propia se integren al sistema. Ampliaremos las actuales condiciones de acceso al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, de modo que no sólo sea accesible a trabajadores con contratos indefinidos y con más de 12 cotizaciones continuas.

Haremos permanente el Fondo de Contingencia contra el Desempleo, aumentando sus recursos cuando el desempleo aumente a nivel nacional, regional o provincial.
Canalizaremos parte sustancial de los recursos destinados a programas de empleo de emergencia a iniciativas destinadas a entregar servicios sociales a las personas más vulnerables, mejorar sus condiciones de vida y entregar servicios culturales y recreativos.

Promoveremos el desarrollo de un sindicalismo fuerte y moderno como elemento central de las relaciones laborales.

Apoyaremos la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral. Combatiremos las prácticas anti-sindicales, impulsando proyectos de ley contra abusos en horarios y cargas de trabajo, contratos falsos y excesos en polifuncionalidad.

Evitaremos que la subcontratación se vuelva una forma de eludir la legislación laboral.

Reforzaremos la legislación y estableceremos sanciones drásticas contra los empleadores que efectúan los pagos previsionales con meses de retraso o nunca.

Estimularemos la oferta de cursos de inglés y otros idiomas, Tecnologías de Información y Comunicación, emprendimiento y formulación de planes de negocio, en particular para la PYME.

Profesionalizaremos el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Información Laboral, centrando su trabajo de capacitación en mujeres jefas de hogar, jóvenes y microempresarios.

Proteger la Salud

Trabajaremos para que las garantías explícitas que consagra el Plan Auge sean cumplidas, mejorando el acceso y la oportunidad de la atención de salud y haciendo funcionar los mecanismos participativos que establece la ley.

Fijaremos como objetivo abarcar 80 patologías en el AUGE al año 2010.

Fortaleceremos el sistema público de salud, ampliando su infraestructura, mejorando el equipamiento de los hospitales públicos, capacitando su personal y reforzando su capacidad para negociar con clínicas, laboratorios y sociedades profesionales para servicios complementarios.

Incrementaremos los recursos destinados a atender necesidades no cubiertas por el Plan Auge en consultorios y hospitales. Reforzaremos la atención primaria y aseguraremos la continuidad de la atención, reforzando la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema.

Completaremos la infraestructura de consultorios y postas rurales, favoreceremos la constitución de equipos completos y estables en cada consultorio, completaremos la instalación de tecnologías clínicas y de información y favoreceremos la buena gestión municipal.

Introduciremos la modalidad de Centros Comunitarios de Salud Familiar, formados por equipos profesionales más pequeños, especializados en una atención personalizada en la familia.

Introduciremos más competencia en el mercado de las Isapres, estandarizando y simplificando los planes, para que consumidores puedan comprender sus contratos y comparar alternativas. Estimularemos la contratación colectiva de planes de seguro médico a las Isapres.

Garantizaremos estándares básicos de calidad de atención en los consultorios y hospitales
del país. Terminaremos con las cancelaciones de horas médicas y estableceremos mecanismos explícitos de compensación cuando ello ocurra.

Impulsaremos el establecimiento de derechos: a la decisión informada, a la confidencialidad de los datos, a aceptar o rechazar tratamientos, a asumir la responsabilidad sobre nuestra propia salud.

Promoveremos una participación activa de las personas en el desarrollo de mejores estilos de vida, involucrando a organizaciones comunitarias y redes ciudadanas en esta misión.

Ampliaremos la gratuidad en la atención de salud en hospitales públicos a los mayores de 60 años. Desarrollaremos un programa de capacitación en geriatría para el personal.

Impulsaremos programas de promoción de la salud del adulto mayor, con acciones que promuevan la autonomía y la estimulación de la actividad física y cognitiva.

Estableceremos centros comunitarios de cuidado diario, y desarrollaremos al menos un hospital por región con capacidades de rehabilitación cognitiva, afectiva y osteomuscular.

Garantizaremos el acceso a bastones, andadores y sillas de ruedas y medicamentos genéricos a bajo precio para adultos mayores.

Ampliaremos la atención domiciliaria por parte de los equipos de salud de nivel primario a adultos mayores postrados. Adecuaremos algunos hospitales existentes como establecimientos de larga estadía para el cuidado de enfermedades crónicas o terminales.

Seguridad Ciudadana

Propondremos cambios en la legislación que impidan beneficios procesales y carcelarios a quienes reinciden y que creen un estricto control sobre quienes salen en libertad provisional, condicional o acceden a beneficios carcelarios.

Desarrollaremos una política criminal que le dé urgencia a los delitos mayores. El esclarecimiento y la detención de los culpables deberá ocurrir en plazos breves.

Todas las autoridades del ejecutivo que trabajen en el ámbito de la seguridad ciudadana deberán dar cuenta pública trimestral del avance en sus ámbitos de atribución y serán evaluados conforme a los resultados obtenidos en esa materia.

Estableceremos el Ministerio de Seguridad Ciudadana que coordine las agencias relacionadas con la seguridad, desarrollo de una política criminal, prevención y control del delito.

Crearemos un centro unificado de emergencias que coordinará el Ministerio de Seguridad Pública. Crearemos una unidad de atención a inmediata víctimas de delitos graves que opere a través de una red nacional de orientadores.

Fortaleceremos las policías mediante su capacitación constante e incorporación de tecnología de punta a su labor. Aumentaremos la dotación de la Policía de Investigaciones en 500 efectivos por año y la dotación de Carabineros en 1500 efectivos por año.

Generaremos una gran red social que identifique y ayude a los jóvenes en riesgo social. Subsidiaremos la contratación de jóvenes en riesgo, dentro del Plan de Más y Mejores Empleos.

Focalizaremos los programas de reinserción escolar del Ministerio de Educación a jóvenes en riesgo social identificados por la red social que tengan entre 14 y 18 años. Los esfuerzos de reinserción se harán en conjunto con las organizaciones sociales, iglesias y municipios.

Aumentaremos el apoyo a internados y residencias familiares, y hacia las jóvenes embarazadas y/o madres, generando una red social de contención y protección.

Fortaleceremos programas y planes de prevención de drogas en establecimientos educativos y cárceles.

Intensificaremos programas y la práctica del deporte formativo y recreativo en comunas de alto riesgo.

Perfeccionaremos la legislación de planificación urbana y recuperaremos espacios públicos creando un Programa de Mejoramiento de Entornos Urbanos.

No Más Marginados

Traspasaremos funciones del programa Chile Solidario, traspasando a los municipios que demuestren capacidades de gestión las funciones territoriales y recursos de este sistema.

Continuaremos focalizando Chile Solidario en las familias en extrema pobreza e iremos extendiendo la cobertura a hogares pobres no-indigentes con una persona con discapacidad entre sus miembros.

Apoyaremos a instituciones de la sociedad civil especializadas en la atención de personas que viven en la calle.

Reemplazaremos la ficha CAS por un mejor instrumento de caracterización social de las familias, que pondere de diversa forma las distintas áreas de carencia en los hogares.

Estableceremos subsidios que ayuden a las familias de menores recursos a sobrellevar los costos del cuidado de adultos mayores discapacitados o postrados.

Estableceremos drásticas sanciones al maltrato a los ancianos en hogares o al interior de las familias.

Protección en la Tercera Edad

Formaremos un Consejo Comisión para la Reforma Previsional, integrada por expertos en la materia, que presentará, en Junio de 2006, una propuesta de reforma para elevar la calidad y equidad de los beneficios del sistema de pensiones.

El Consejo deberá proponer medidas que: consoliden un pilar solidario del sistema, que represente la seguridad y los estándares mínimos que la sociedad le garantiza a sus miembros menos afortunados; aumenten la regularidad y densidad de cotizaciones, incorporando a trabajadores independientes al sistema y reduciendo las lagunas previsionales de trabajadores activos, en especial, de mujeres y jóvenes; eliminen las actuales discriminaciones que el sistema genera en contra de las mujeres y los trabajadores de menores ingresos, representadas por una relación entre pensión y remuneración proporcionalmente menor a la que obtienen otros trabajadores; eleven el rendimiento de las cotizaciones efectuadas por los trabajadores, vía reducción de costos de administración y comisiones de AFP, aumento de la competencia en el sistema e incremento de la rentabilidad de los fondos; aseguren la sustentabilidad financiera de la reforma del sistema de pensiones

Mejoraremos la inserción en el trabajo de mujeres y jóvenes, formalizando modalidades no tradicionales de empleo para mejorar su protección social a través del sistema de pensiones.

Otorgaremos a los adultos mayores de 65 años y discapacitados carentes de ingresos y previsión el derecho a acceder en forma automática a la pensión asistencial.

Vivienda

En Chile hay más de medio millón de familias sin casa. Durante los próximos 4 años impulsaremos medidas para dar una solución definitiva a la carencia de vivienda del 20 por ciento más pobre del país. Además aplicaremos un plan para terminar totalmente con el déficit habitacional en los próximos 8 años. En el 2014 no habrá familias chilenas que no tengan donde vivir.

Impulsaremos programas para rehabilitar los conjuntos habitacionales con carencias de estándar y equipamiento urbano. Crearemos un programa de atención y asistencia técnica para reparar las viviendas que presentan deficiencias o trasladar a sus habitantes a viviendas nuevas. Mejoraremos los estándares de calidad y ampliaremos los metros de cada vivienda. Estableceremos fondos concursables para renovar bloques de vivienda.


Deporte

Junto con el Comité Olímpico de Chile, a través de la Comisión Nacional de Alto Rendimiento, reestructuraremos las políticas de desarrollo deportivo.

Debemos aprovechar bien los recursos escasos. Focalizaremos los recursos de infraestructura en mejorar los recintos deportivos existentes, tanto de Chiledeportes como privados, de manera de optimizar y garantizar el uso de la dotación actual.

Propondremos aumentar las horas destinadas a la actividad física en la educación, desde el nivel preescolar al secundario. Necesitamos apoyar especialmente a los recintos escolares municipales y particulares subvencionados de los sectores más vulnerables.

Promocionaremos el deporte masivo en barrios y comunas. Queremos que los recursos lleguen a los municipios, clubes y organizaciones sociales.

II. EMPRENDER E INNOVAR: UNA NUEVA POLÍTICA DE DESARROLLO


Chile es hoy un país respetado por nuestro desempeño económico en democracia. Los gobiernos de la Concertación sentaron las bases para este progreso, con políticas que permitieron alcanzar en los últimos 15 años una tasa de crecimiento económico del 5,7 por ciento –casi el doble de la alcanzada durante el gobierno de Pinochet. En 1990 exportábamos menos de 9 mil millones de dólares. En 2004 nuestras exportaciones excedieron los 32 mil millones de dólares.

Construir un país más próspero y justo es siempre una tarea incompleta. Debemos seguir creciendo a tasas comparables por una generación si queremos alcanzar los niveles de vida de los países más avanzados. Debemos seguir reduciendo la pobreza, atacar decididamente las desigualdades y superar las exclusiones. En resumen: debemos dar un verdadero salto al desarrollo.

El crecimiento no se consigue por arte de magia. Requiere de las políticas adecuadas. Perseveraremos con nuestras políticas fiscales y financieras, que le han valido a Chile la distinción de alcanzar el primer lugar en el mundo en el ranking de manejo macroeconómico del Foro Económico Mundial.

Pero no basta con hacer sólo más de lo mismo. También aplicaremos políticas activas que estimulen la innovación, la adopción de nuevas tecnologías, los encadenamientos productivos y la creación de nuevos polos de desarrollo exportador. Impulsaremos la coordinación público-privada para identificar nuevas áreas de producción y excelencia. Se trata de conformar una nueva Política de Desarrollo, que complemente nuestra bien valorada Política Macroeconómica.

La creatividad de las personas, el emprendimiento y la inversión son motores claves del crecimiento y el desarrollo. En pocos años habrá un millón de jóvenes chilenos en la educación superior. Tendremos allí una reserva de talento de la que nunca antes dispuso Chile. Desarrollaremos las condiciones –crédito, capital semilla, acceso a la capacitación y la tecnología– para que estos jóvenes egresados puedan emprender. Queremos un país en que cualquier chilena o chileno, mujer u hombre, joven o adulto mayor, egresado de un colegio público o privado, pueda llevar sus ideas a la práctica y convertirse en un nuevo emprendedor, ya sea en el mundo de los negocios, en la creación cultural o en iniciativas innovadoras de carácter social.

Y todas las empresas, no sólo las más grandes, deben tener la oportunidad de prosperar. Promoveremos la competencia y combatiremos las conductas monopólicas y la concentración excesiva que va en desmedro de los consumidores. Apoyaremos a las pequeñas y medianas empresas y daremos acceso real al financiamiento requerido para modernizarse. Perfeccionaremos los instrumentos de fomento, reforzaremos las iniciativas de capacitación y simplificaremos el régimen impositivo y los trámites burocráticos que afectan a las PYMES más que a otras empresas.
Crecimiento y Estabilidad

Continuaremos guiando la política fiscal de acuerdo al concepto de Balance Estructural. Mantendremos la meta de superávit estructural de 1 por ciento del Producto Interno Bruto mientras subsistan factores de riesgo en la situación fiscal.

Perfeccionaremos el sistema de Balance Estructural para hacerlo aún más contracíclico, incluyendo el impacto fiscal del molibdeno y de la producción privada de cobre.

Institucionalizaremos el mecanismo del Fondo de Contingencia contra el Desempleo, permitiendo que cuando el desempleo aumente el gobierno cuente con recursos adicionales para invertir en programas de generación de empleo.

Hemos proyectado un incremento real del gasto público de 6 por ciento en 2006. Mantener el incremento real anual del gasto público en 6 por ciento más allá de 2006 requeriría que se mantenga el IVA en 19 por ciento y se emprenda un nuevo esfuerzo contra la evasión y elusión.

Durante los primeros seis meses de gobierno realizaremos un ejercicio de presupuesto en donde cada programa público deberá demostrar su validez y eficacia. Ampliaremos la evaluación de la calidad del gasto público y de los proyectos de inversión.

La carga tributaria en Chile no es excesiva. Por ello que somos honestos con el país y afirmar que la solidaridad tiene un costo y que no habrá condiciones para bajar impuestos. En particular, el IVA debe mantenerse en su tasa actual.

Con el aumento de gasto público proyectado, el grueso de los nuevos programas estará financiado. Sin embargo, la reforma previsional y la compensación de ingresos tributarios por los eventuales tratados de libre comercio con China e India, necesitarán medidas tributarias específicas. Concentraremos estas medidas en la reducción de la evasión y la elusión, en la revisión de exenciones injustificadas y en un mayor aporte de los sectores de mayores ingresos.

Fomentaremos la integración financiera de la economía chilena con el mundo. Utilizaremos mecanismos modernos de cobertura para mejorar la rentabilidad de activos externos del sector público

Internacionalizaremos el peso vía endeudamiento fiscal en pesos en mercados internacionales. Estimularemos mecanismos de cobertura financiera para las empresas.

Nueva Política De Desarrollo

Conformaremos el Consejo de Innovación para la Competitividad. Implementaremos la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad que éste elabore y pondremos en marcha el Fondo de Innovación para la Competitividad. Meta: en el 2010 más del 1 por ciento del PIB en Investigación y Desarrollo.

Perfeccionaremos la institucionalidad pública del Sistema Nacional de Innovación, asignando responsabilidad del diseño de políticas y de ejecución de programas específicos.

Exigiremos aporte privado en todos los programas de financiamiento de investigación aplicada. Firmaremos convenios con metas claras para transferencia de recursos públicos pro-innovación. Fijaremos metas en términos de patentamiento para investigación básica que reciba aportes estatales.

Invertiremos en postgrados para científicos e ingenieros y reforzaremos programas de inserción en la empresa de profesionales con magíster y doctorado. Fortaleceremos los centros de investigación de alta calidad en áreas estratégicas para la economía. Ampliaremos la capacidades regionales de innovación.

Promoveremos las incubadoras de negocios tecnológicos, el capital semilla y de riesgo. Apoyaremos la constitución y el funcionamiento inicial de entidades de gestión y transferencia tecnológica.

Incorporaremos nuevos sectores a la promoción de las inversiones de alta tecnología y crearemos una red externa de promoción. Flexibilizaremos las modalidades de apoyo para atraer empresas internacionales intensivas en innovación.

Política de Competencia

Proponemos que el Fiscal Nacional Económico (FNE) sea nombrado dentro del sistema de Alta Dirección Pública. Fortaleceremos a la FNE para garantizar contratación de profesionales más calificados.

Lo miembros del Tribunal de la Libre Competencia deberán ser de dedicación completa y exclusiva. Reglaremos los procedimientos de FNE.

Promoveremos la declaración explícita de una política de fusiones que defina lineamientos a seguir en la determinación de conductas anticompetitivas en caso de fusiones. Exigiremos la entrega de informes de expertos y antecedentes a todas las partes en juicio, para su refutación.

Sustituiremos actual multa máxima por multas iguales al cálculo de daños por violación de libre competencia. Introduciremos el esquema de delación compensada en investigación de una acción colusiva.

Más Emprendimiento para Chile

Crearemos la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Industria en el Ministerio de Economía, a cargo de coordinar las políticas de fomento. Centraremos el trabajo de instituciones de fomento (CORFO, SERCOTEC y otras) en MIPES.

Crearemos Agencias Regionales de Desarrollo en todas las regiones para coordinar los programas de apoyo a la PYME a nivel regional. Expandiremos la cobertura territorial de Chile Emprende.

Ampliaremos el número de clientes, colocaciones y productos para MIPES en BancoEstado. Meta es tener 300 mil clientes microempresarios al 2008. Buscaremos mecanismos expeditos y justos para renegociación de deudas de PYMES.

Perfeccionaremos el Impuesto de Timbre y Estampilla, eximiendo de su pago a reprogramaciones de cualquier tipo de crédito, independiente de que sea con otro banco o institución financiera.

Estableceremos un sistema simplificado de tributación para MIPES. El SII entregará al empresario de una propuesta de declaración de impuestos, de modo de simplificar su cumplimiento de obligaciones tributarias. Terminaremos con los mecanismos de pago que le restan liquidez a estas empresas, modificando el cálculo del Pago Provisional Mensual de las MIPES. Generaremos incentivos a la inversión a través de la depreciación instantánea de inversiones de MIPES en activos fijos.

Simplificaremos los trámites para la creación, modificación y cierre de MIPES. Haremos cumplir la ley de silencio administrativo en todas las reparticiones públicas: toda petición no contestada dentro del trámite correspondiente se dará por aprobada.

Desarrollaremos programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica y una red de extensión tecnológica que proporcione asistencia a PYMES. Crearemos una política de fomento de la calidad para PYMES, mediante modelos de gestión y certificación.

Expandiremos la alianzas estratégicas con universidades e institutos de formación técnica. Instituiremos un Servicio País para MIPYMES y un Fondo Nuevos Emprendedores para egresados de educación superior que creen su empresa.

Ampliaremos la compra por parte de instituciones de gobierno al segmento de las MIPES y garantizaremos que todos los organismos públicos paguen a sus proveedores en un plazo de 30 días.

Promoveremos alianzas entre empresas grandes y/o exportadoras con MIPYMES proveedoras.

Mercado de Capitales

Mejoraremos los estándares de gobierno corporativo y protección a los inversionistas minoritarios, redefiniendo el concepto de director independiente, mejorando el esquema de Opas obligatorias, la elección de directorios en filiales y el tratamiento de transacciones con partes relacionadas.

Crearemos una única superintendencia financiera, que agrupe las funciones de banca, valores, seguros y AFP.

Revisaremos las barreras de entrada a las distintas actividades financieras y eliminaremos las no justificadas. Incrementaremos los estándares de información a los clientes, la que debe ser clara y fácilmente comprensible.

Profundizaremos los acuerdos comerciales para involucrar servicios financieros transfronterizos y liderar esfuerzos para unificar estándares y regulación de mercados financieros latinoamericanos.

Incentivaremos las emisiones por parte de entidades extranjeras de instrumentos financieros en pesos chilenos o unidades de fomento en Chile.

Telecomunicaciones y Agenda Digital

Efectuaremos una revisión del régimen tarifario, focalizando esfuerzos regulatorios y tarifarios en los operadores con poder significativo de mercado. Sustituiremos el régimen concesional por un sistema de autorización general simplificada para la infraestructura de telecomunicaciones y/o los servicios de comunicaciones electrónicas.

Trasladaremos la SUBTEL al Ministerio de Economía y fortaleceremos su capacidad técnica. Crearemos un panel de expertos permanente para resolver controversias entre operadores y con la autoridad.

Implementaremos una política de Servicio Universal de Acceso a la Sociedad de la Información, definiendo un conjunto mínimo de prestaciones, disponibles para todos los usuarios a un precio asequible, independientemente de su situación geográfica.

Garantizaremos que las personas con necesidades sociales o discapacidad tengan acceso, al menos, al servicio telefónico, mediante opciones especiales en términos de precio y condiciones de uso.

Garantizaremos una oferta suficiente de teléfonos públicos y centros comunitarios de conectividad para sectores de menores ingresos, zonas rurales y zonas apartadas.

Sustituiremos el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones por un Fondo de Servicio Universal, que contribuya al financiamiento del servicio universal y desarrollo de proyectos de conectividad.

Lanzaremos una Agenda Digital II con iniciativas para el desarrollo digital de Chile. Profundizar la Red Nacional Enlaces, duplicando el acceso a las tecnologías en las escuelas y liceos. En el 2010 la totalidad del currículo estará disponible en Internet.

Estableceremos un Programa de Alfabetización Digital que capacite a un millón de personas durante el período 2006–2010. Desarrollaremos una red digital a banda ancha que conecte a todos los servicios del sector público.

Fomentaremos el comercio electrónico adecuando las prácticas del Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Compras Públicas Electrónicas y Aduanas.

Nueva Política Ambiental

Daremos rango de Ministro al director de CONAMA. Crearemos una Superintendencia Ambiental, para fortalecer funciones fiscalizadoras y sancionatorias.

Desarrollaremos un Plan Nacional de Protección de la Naturaleza con medidas institucionales y legales. Propondremos ley corta de biodiversidad que defina las condiciones para el fomento del uso productivo del bosque nativo y el desarrollo de parques privados.

Definiremos una Estrategia Nacional de Cuencas que identifique las cuencas que se podrán intervenir y las que es de interés nacional preservar, tomando en cuenta biodiversidad y pueblos originarios. Condicionaremos la aprobación de proyectos hidráulicos de gran escala a dicha estrategia.

Actualizaremos el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana y aplicaremos este tipo de planes en ciudades contaminadas del sur del país. Completaremos la aplicación de Transantiago, avanzaremos con Biovías y la reforma del transporte en el Gran Valparaíso.

Extenderemos el período de participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y brindaremos asesoría a la comunidad para ello.

Reforzaremos el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimiento Educacionales, con meta de que al menos el 40 por ciento de los liceos y escuelas estén certificados al 2010.

Pondremos como meta que un 15 por ciento del aumento de generación eléctrica al 2010 se logre con energías renovables no convencionales, como eólica, biomasa o hidráulica de pequeña escala.

Desarrollo Energético

Impulsaremos un Plan de Seguridad Energética que identifique distintas opciones de fuentes de energía, evalúe su potencial de desarrollo, costos y consecuencias ambientales.

Incentivaremos la adopción de las últimas tecnologías en las nuevas centrales termoeléctricas a carbón. Exigiremos máxima calidad a los derivados del petróleo.

Impulsaremos una Ley de Hidrocarburos que asegure la operación competitiva de la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles.

Promoveremos acuerdos de cooperación estratégica con el sector privado para el desarrollo de proyectos de geotermia y de energía eólica y solar.

Aseguraremos el acceso abierto y no discriminatorio a las instalaciones de descarga, almacenamiento y gasificación y redes de transporte y distribución de gas natural licuado.

Continuaremos los esfuerzos por un entendimiento con nuestros países vecinos para construir un Anillo Energético en el norte, enfatizando mecanismos jurídicos que impidan que los países exportadores interrumpan arbitrariamente el suministro.

Aseguraremos la agilidad en los permisos ambientales y de servidumbres para instalar nuevas centrales. Agilizaremos la aplicación de la Ley Corta respecto de la definición de obras urgentes de transmisión.

Estableceremos mecanismos que definan, en caso de corte de suministro, la forma de asignación del energético escaso, según prioridades del consumo y precios pagados. Exigiremos que lo sproveedores de gas natural implementen programas de contingencia, para distintos escenarios de riesgo.

Revisaremos la estructura del impuesto específico a los combustibles para disminuir la asimetría entre el petróleo diesel y la gasolina.

Implementaremos un programa nacional de uso eficiente de la energía, con incentivos al ahorro de energía de los consumidores y certificación de productos eléctricos.

Minería

Concordaremos una Agenda Minera para el Desarrollo. Fortaleceremos la innovación tecnológica en minería, desarrollaremos el cluster minero y apoyaremos la proyección internacional de las empresas proveedoras.

Impulsaremos el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería, facilitando el acceso a la propiedad minera, al ampliar y agilizar la licitación de propiedad minera de las empresas públicas.

Mantendremos a Codelco en manos del Estado, perfeccionando su gestión. Reformaremos su institucionalidad de modo consistentemente con la Reforma de Gobiernos Corporativos.

Chile: Potencia Alimentaria

Crearemos el Ministerio de la Agricultura y la Alimentación, que coordinará todas las políticas relativas a esta industria.

Modernizaremos y revisaremos la estructura, programas e instrumentos de la institucionalidad pública del sector agrícola, incluyendo INDAP, CONAF, INIA, SENCE, ProChile, BancoEstado y CORFO.

Impulsaremos el crédito hipotecario agrícola para impedir la extrema fragmentación de la tierra y favorecer el acceso a ella a jóvenes emprendedores campesinos. Fortalecer el acceso a crédito, especialmente de capitalización y de largo plazo, vía BancoEstado.

Modificaremos la ley sobre riego para incrementar el acceso de la pequeña agricultura a este subsidio. Aseguraremos que en la legislación de Bosque Nativo se privilegie la participación de pequeños agricultores en su manejo sustentable.

Fomentaremos el desarrollo de actividades no agrícolas (servicios) en comunas rurales. Impulsaremos la conectividad rural y el acceso a Internet de productores campesinos.

Pesca y Acuicultura

Participaremos activamente en foros internacionales que regulan requisitos sanitarios para la exportación de alimentos. Fiscalizaremos con rigor el respeto a normativas sanitarias y ambientales en actividades pesqueras.

Consolidaremos el Fondo de Fomento de la Pesca artesanal como articulador de las políticas públicas destinadas al fomento productivo de este sector (comercialización y aumento de valor agregado).

Promoveremos los seguros de vida para los pescadores artesanales y su acceso a sistema de salud y previsión social.

Turismo

Diseñaremos una Estrategia de Promoción y Marketing Integral para turismo nacional e internacional. Fortaleceremos la alianza público-privada entre el Estado y la Corporación de Promoción del Turismo, a través de la ampliación de los socios privados en la entidad y su capacitación.

Estableceremos y aplicaremos un sistema de calidad a la industria de alojamiento, alimentación y prestadores de servicios turísticos, con un sistema voluntario de estándares internacionales.

Desarrollaremos el Gran Portal del Turismo Chileno: un sistema nacional de Información Turística con marketing estandarizado.

Potenciaremos el turismo social, desarrollando una oferta de servicios turísticos a precios accesibles para sectores sociales postergados socialmente y por edad, ampliando la cobertura de destinos.

III. CHILE SOMOS TODOS: UN NUEVO TRATO PARA LOS CIUDADANOS

Los chilenos estamos orgullosos de haber derrotado a la dictadura, recuperado la democracia y restablecido las libertades públicas. También estamos orgullosos del esfuerzo de los últimos 15 años por garantizar el respeto a los derechos humanos y profundizar y perfeccionar nuestra democracia.

Decir que Chile somos todos significa algo simple: queremos un país sin exclusiones. No seremos un país desarrollado mientras persistan las barreras basadas en el prejuicio y la intolerancia que impiden a algunos chilenos ejercer sus derechos y desplegar sus potencialidades. En Chile no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Este es el mayor imperativo ético que tenemos por delante.

Tenemos muy claro lo que nos queda por hacer. Para llegar a ese diagnóstico basta con mirar francamente nuestra realidad. La discriminación sigue asolando a nuestro país. Todavía hay chilenos cuyos derechos no son plenamente respetados. Hay chilenos que no votan ni quieren hacerlo, mientras otros ejercen influencia política desmedida mediante el dinero. Hay chilenos que tienen acceso a la información del Estado y a buenos servicios públicos, y otros no. Hay compatriotas que pueden gozar de la cultura y dan rienda suelta a la creatividad, mientras a otros eso les resulta imposible.

Esto debe cambiar. Combatiremos la discriminación en todas sus formas: contra las mujeres, las minorías étnicas y sexuales, los discapacitados, los inmigrantes. Profundizaremos el respeto a los derechos humanos. Perfeccionaremos nuestra democracia, en especial el sistema electoral. Estimularemos la participación política a través de medidas concretas. Reformaremos el estado y garantizaremos la calidad de los servicios públicos. Mejoraremos la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de la fe pública. Avanzaremos en la descentralización y extenderemos la democracia en la base. Regularemos la relación entre dinero, influencia y política. Expandiremos el acceso a la cultura y preservaremos el patrimonio común de los chilenos.

La ciudadanía demanda hoy más igualdad y también más libertad. Quiere un país sin temores, sin censuras ni arrogancia. Demanda un gobierno que sea riguroso, pero también transparente e inclusivo. Chile espera que un gobierno sepa proponer, pero también escuchar. Los chilenos exigimos un Nuevo Trato Ciudadano.

Sistema de Inscripción y Votaciones

Promoveremos un sistema de registro electoral automático para los mayores de 18 años y el voto voluntario.

Promoveremos un mecanismo de votación electrónico. Insistiremos en la aprobación de un proyecto de ley que haga efectivo el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

Sistema electoral

Diseñaremos y aprobaremos un sistema electoral que sustituya el sistema binominal y garantice la competitividad, representatividad y gobernabilidad.

Iniciativa Ciudadana

Crearemos la iniciativa popular de ley en todos ámbito que no sea de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, como las de gasto, materias tributarias o internacionales.

Exigiremos la rendición periódica de cuentas públicas a nivel central, regional, y comunal.

Servicios públicos de excelencia

Adecuaremos los sistemas de control de gestión del sector público incorporando indicadores ligados a calidad de servicio. Incorporaremos la calidad de atención en los sistemas de bonificación por desempeño.

Fijaremos como meta el llegar a contar con un cuerpo central de funcionarios públicos compuesto en un 75 por ciento por profesionales y técnicos, con remuneraciones y carrera funcionaria gobernadas por la idoneidad, el mérito y la honestidad.

Durante el primer año de gobierno deberá operar plenamente la institución del Defensor Ciudadano, con facultades para recibir y procesar reclamos del público respecto de deficientes servicios prestados por las instituciones públicas.

Crearemos una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, con capacidades, facultades y recursos para garantizar eficacia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

Empresas públicas

Promoveremos directorios profesionales con representación de independientes. Fortaleceremos el Sistema de Empresas Públicas con un Consejo nombrado por el Ejecutivo y con directores independientes. Estos principios están reflejados en el proyecto de ley sobre gobiernos corporativos que actualmente se discute en el Congreso y que aplicaremos con decisión.

Transparencia y probidad

Reforzaremos los sistemas de prevención del tráfico de influencias y la corrupción, institucionalizando la auditoría interna en todos los ministerios y servicios públicos, y promoviendo códigos de ética entre los funcionarios.

Modernizaremos el sistema de control de legalidad y mérito de la función pública. Reformaremos la ley orgánica de la Contraloría General de la República para que pueda ejercer en plenitud sus atribuciones.

Estimularemos normas para permitir la declaración patrimonial pública anual de todos los funcionarios del Estado, incluyendo el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Impulsaremos el proyecto de ley que regula el lobby, que establezca un registro público de lobbistas y evite la interposición de intereses personales en procesos de toma de decisiones.

Eliminaremos la causal de reserva de “buen funcionamiento” de la actual normativa, que en la práctica limita el acceso a la información. Aseguraremos que las razones para reservar la información estén claramente establecidas.

Financiamiento de la política y partidos

Impulsaremos una reforma que autorice donaciones electorales sólo si provienen de personas naturales y no de empresas, haciendo obligatoria la publicación en Internet de donaciones por grandes sumas de dinero y penalizando infracciones a la ley con la pérdida del subsidio estatal.

Centralizaremos en el Servicio Electoral la recaudación de aportes y el pago de prestaciones y facturas de los candidatos para limitar efectivamente el gasto electoral.

Promoveremos una ley por la democracia interna de los partidos políticos que exija elecciones primarias para la definición de candidaturas locales, regionales y nacionales.

Participación ciudadana

Diseñaremos y aplicaremos un sistema de audiencias ciudadanas para que los ciudadanos puedan tener acceso a los ministros, jefes de servicios y otras autoridades. Incentivaremos a los municipios a formar cabildos comunales, receptores de la rendición de cuenta pública semestral, así como de exposiciones sobre los planes estratégicos municipales.

Institucionalizaremos el desarrollo de procesos formales de consulta ciudadana en las etapas de diseño de política pública sectorial. Reglaremos la publicación de Minutas de Posición sobre políticas públicas, con contenido y lógica de cada iniciativa legislativa.

Incentivaremos la opinión ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental y proyectos de alto impacto, y estableceremos mecanismos de participación ciudadana en procesos de fijación tarifaria de servicios públicos.

Reformas a la justicia

Iniciaremos el proceso de reforma del procedimiento civil para generar una justicia civil más expedita, oportuna, comprensible y dinámica. Reformaremos el Código de Procedimiento Civil, para establecer juicios orales, expeditos y públicos con sistemas alternativos de resolución de conflicto.

Cambiaremos el Código de Justicia Militar, que ha quedado superado tanto por la nueva realidad jurídica. Delimitaremos con precisión la competencia de la Justicia Militar.

Crearemos un sistema de Justicia Vecinal o Local. Impulsaremos la creación de Tribunales Tributarios y del Contencioso Administrativo.

Revisaremos el sistema de notarios y conservadores, de modo de asegurar un servicio transparente, eficiente y accesible a toda la ciudadanía.

Justicia de adolescentes, niños y niñas

Aplicaremos el proyecto de ley recién aprobado sobre sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Reformaremos profundamente los sistemas de tratamiento de menores infractores de ley que les permita cambiar de conducta y reinsertarse en la sociedad.

Impulsaremos cambios legales aprobados sobre la estructura y organización del Sename y el proyecto sobre derechos de los niños y niñas. Combinaremos la información que proviene de la policía, del Sename y los municipios, para identificar y solucionar tempranamente los casos de niños y niñas en situación de abandono o desprotección.

Extenderemos el sistema de comisaría de la familia de Carabineros a todas las regiones.

La democracia en la puerta de la casa

Impulsaremos la elección directa de los Consejeros Regionales. Promoveremos el fortalecimiento de los gobiernos regionales, definiendo de mejor modo las facultades de intendentes, gobernadores y Consejos Regionales.

Desarrollaremos mecanismos de presupuestos participativos, que permitan que la voz de la ciudadanía se exprese y que incida sobre las prioridades en la asignación de recursos.

Municipalidades y regiones al servicio de la gente

Promoveremos un Pacto Fiscal entre el gobierno, las municipalidades y la ciudadanía, orientado a ampliar los recursos, la eficiencia y la rendición de cuentas en las comunas. Traspasaremos a los gobiernos regionales y municipales, a través de un proceso planificado, todas las responsabilidades públicas relacionadas con la gestión del territorio.

Traspasaremos a las regiones buena parte de las funciones públicas de fomento productivo. Las Agencias Regionales de Desarrollo se constituirán dentro una alianza estratégica entre el sector público y privado en beneficio del de cada región.

Las municipalidades bien administradas serán premiadas con más recursos, los malos administradores podrán ser identificados y sancionados.

Haremos un seguimiento riguroso de la inversión pública directa e indirecta y exigiremos que al menos un 75 por ciento se dirija a aquellas regiones distintas de la Metropolitana.

Discriminación

Será prioridad principal erradicar la discriminación por motivos de raza, color, género u orientación sexual, idioma, religión, discapacidad, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, condición de inmigrante, o posición económica.

Apoyaremos el proyecto de ley antidiscriminación y toda medida legislativa y administrativa que establezca recursos judiciales y/o administrativos eficaces para resolver reclamos por discriminación arbitraria.

Estableceremos un Código de Ética Pública para las reparticiones del Estado, que prohibirá todo tipo de discriminación en los procesos de contratación, trato y promoción de funcionarios públicos e instaremos su adopción voluntaria por parte de las empresas.

Promoveremos la libertad de culto y el desarrollo de todos los credos en la sociedad.

Igualdad de Género

Conformaremos un gobierno paritario entre hombres y mujeres en cargos de designación presidencial e impulsaremos una Ley de Cuotas que corrija el déficit de representación política femenina.

Impulsaremos campañas públicas de prevención, denuncia y erradicación de violencia contra las mujeres y ampliaremos el programa de casas de acogida para sus víctimas. Propondremos modificaciones a la Ley de acoso sexual, que contemple esta situación en el ámbito escolar, laboral y público, penalizándolo de manera eficaz.

Reforzaremos las sanciones en los juicios por pensiones de alimentos. Propondremos que el ocultamiento malicioso de información para estos efectos sea delito.

En salud, garantizaremos el derecho a la continuidad de la educación de la adolescente embarazada o madre. Erradicaremos la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes ofrecidos por las Isapres.
Discapacidad y derechos

Garantizaremos gradualmente la libertad de desplazamiento y acceso al espacio físico, transporte público y tráfico aéreo. Fiscalizaremos y sancionaremos a quienes no cumplan con las adecuaciones previstas por la ley para el acceso de las personas con discapacidad.

Estableceremos subsidios a la capacitación, a la remuneración y a la infraestructura física de las empresas que contraten personas con discapacidad. Promoveremos el uso del lenguaje de señas y de los subtítulos en la televisión, especialmente en los noticiarios y en las franjas de propaganda política.

Eliminaremos las discriminaciones que afectan la capacidad jurídica de los discapacitados para celebrar actos o contratos. Fortaleceremos el derecho al sufragio mediante un sistema que permita la comprensión de la plantilla de votación por parte del elector ciego; impulsaremos la aprobación del “voto asistido.”

Incorporaremos en el estatuto administrativo que la condición de discapacidad no obsta a la exigencia de salud compatible para cargos públicos.

Minorías sexuales y respeto

Propondremos legislar para entregar estabilidad jurídica básica a las parejas de hecho, independientemente de su composición, y regular la adquisición de bienes comunes, derechos hereditarios, cargas y beneficios de seguros, entre otras materias civiles.

Incorporaremos en las mallas curriculares contenidos específicos sobre educación sexual, enfatizando el respeto a las minorías sexuales.

Crearemos al interior del Ministerio de Educación una instancia de protección y asistencia para alumnos y alumnas afectados por prácticas discriminatorias.

Derechos humanos

Impulsaremos la elaboración de un Programa Nacional de Derechos Humanos como una política de Estado. Realizaremos un diagnóstico de las principales necesidades institucionales, legales y de políticas públicas en esta materia

Terminaremos de conocer la verdad. Persiste aún la necesidad de hacer todo lo humanamente posible para esclarecer la verdad respecto de los detenidos desaparecidos cuyo paradero aún se desconoce. Impulsaremos todas las medidas de orden legal y de reforzamiento de la acción judicial para avanzar eficazmente hacia este objetivo.

Crearemos un Archivo Nacional de la Memoria para preservar debidamente y difundir la documentación sobre derechos humanos emanada de las comisiones de verdad.

Promoveremos la ratificación de los principales Tratados y Protocolos Internacionales de Derechos Humanos a los que el Estado de Chile aún no adhiere: el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional; el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Libertad de Expresión

Eliminaremos las normas de desacato y legislaremos para impedir formas de restricción judicial de la libertad de expresión.

Propiciaremos una legislación para la debida protección de la honra y privacidad. Crearems recursos expeditos y eficaces para que las personas puedan acceder a informaciones sobre ellas contenidas en registros o bases de datos, conocerlas y obtener seguridades de que no se utilizarán indebidamente.

Promoveremos la calidad y pluralismo de los medios de comunicación, reduciendo barreras de entrada al sector.

Pueblos originarios

Cumpliremos los compromisos contraídos a partir de la declaración del Nuevo Trato en Abril del 2004, aquellos que dicen relación con el Fondo de Tierras y Aguas, y el Fondo de Desarrollo Cultural de CONADI.

Impulsaremos urgentemente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Consensuaremos con los dirigentes indígenas una redacción del texto a proponer al Congreso Nacional apenas iniciado el nuevo gobierno.

Ratificaremos convenios y daremos relevancia a los compromisos internacionales en materia de Derechos Indígenas. Fortaleceremos la relación de Chile con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Daremos alto rango político a las políticas a través de la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Planificación. Daremos un especial impulso a los procesos de participación democrática de la sociedad civil indígena.

Orientaremos el trabajo del Fondo de Tierra y Agua hacia la creación de un Banco de Tierras. incularemos el trabajo del Programa Orígenes con el objeto de otorgar sustentabilidad y rentabilidad económica a las tierras indígenas.

Expandiremos los programas de Educación Intercultural Bilingüe. Aumentaremos las becas para estudiantes indígenas, comprometiendo recursos, hogares, acceso a tecnologías y diversas formas de intercambio.

Cultura al alcance de todos

Duplicaremos la matrícula de las escuelas artísticas, incorporaremos la educación artística al sistema de acreditación universitaria e incorporaremos un mayor número de horas de artes y música en los programas educacionales de escuelas y liceos.

Llevaremos la cultura a regiones e insertaremos la cultura en el proceso de descentralización. Incorporaremos a artistas y gestores culturales como parte de los profesionales que el Servicio País ofrece a las localidades más remotas.

Desarrollaremos un programa de infraestructura cultural. Aspiramos a tener una biblioteca pública y un Centro Cultural en cada comuna de más de 50 mil habitantes y fomentaremos la pequeña y mediana empresa cultural, especialmente en regiones.

Crearemos el Fondo Estatal de adquisiciones patrimoniales, administrado por el Instituto del Patrimonio, conformado por aportes públicos y privados.

Reformaremos la ley de Monumentos Nacionales, modernizando su gestión. Estableceremos un Plan Nacional de Turismo Cultural que favorezca la valoración de los sitios y rutas patrimoniales de carácter histórico, artístico, arqueológico y natural.

Crearemos una Cineteca Nacional. Desarrollaremos un Sistema Integrado de Información Cultural que mantenga datos comparables internacionalmente.

Perfeccionaremos los fondos de creación. Distinguiremos entre fondos de excelencia, fondos regionales, fondos plurianuales para artistas que requieren mayores plazos en sus obras, y fondos tradicionales.

Mejoraremos la inscripción del país en los circuitos artísticos internacionales, una Bienal Internacional de las Artes Visuales con énfasis en América Latina.

Adoptaremos una política nacional del libro y la lectura, que facilite su acceso y fomente la lectura. Entregaremos material gratuito a estudiantes más necesitados.

Crearemos programas en conjunto con la industria para expandir el mercado. Seguiremos el modelo de lo que fue la industria del cine: apoyo estatal, lógica de mercado, y una combinación de instrumentos y de fomento productivo.

Fortaleceremos las bibliotecas a nivel comunal y de establecimiento educativo. Fortaleceremos el apoyo a ferias de libro a nivel regional y nacional. Daremos incentivos y becas a escritores, académicos e investigadores.

Defensa

El servicio militar obligatorio está obsoleto. No podemos tener otra tragedia como la de Antuco. Por eso terminaremos con el servicio militar obligatorio y profesionalizaremos completamente las Fuerzas Armadas, dentro de un plazo de 5 a 10 años. Eso nos permitirá dar empleo y ofrecer un sueldo a los jóvenes que ahora hacen el servicio militar. Y lo haremos sin aumentar el gasto en defensa.



cortesia de miarroba.com