Urgencia al Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública
Discurso de Teresa Valdés E,, Presidenta Consejo Provisorio del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, en el acto en que se dio a conocer la urgencia al Proyecto de Ley de Participación.
(julio 2005)
Sin duda, ha sido largo el camino que hemos recorrido para llegar a este momento y somos muchos los ciudadanos y ciudadanas que hemos puesto nuestras energías y compromiso para que ello fuera posible. Nos felicitamos y felicitamos al Gobierno por haber podido llegar a este momento, en que tenemos un proyecto de Ley ingresado al Parlamento, y en que el Gobierno manifiesta la prioridad que tiene a través de la demanda de urgencia en su tramitación.
Quienes hemos contribuido a ello lo hemos hecho desde la profunda convicción que el rol que jugamos como dirigentes y como organizaciones sociales en la construcción de la sociedad que queremos: democrática, participativa, con justicia social, sin discriminaciones y con equidad de género, es insustituible.
Lo hemos hecho recogiendo tradiciones tan queridas en nuestra historia, desde el mundo popular, vecinal y comunitario, desde el quehacer de profesionales, técnicos, intelectuales, desde la solidaridad y la tradición de acción voluntaria, y también desde una pluralidad de nuevos actores que han venido a enriquecer nuestro desarrollo social en las últimas décadas.
Lo hemos hecho con la profunda convicción de que un desarrollo plenamente sostenible requiere nuestra presencia activa, autónoma, creativa y responsable.
El Presidente Lagos, antes de asumir la Presidencia, contrajo -con una pluralidad de dirigentes sociales- el compromiso político de impulsar una política de fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación social. Una vez en la Presidencia puso en marcha, tanto un Instructivo Presidencial sobre Participación, como un Consejo Ciudadano destinado a hacer propuestas concretas para fortalecer a la sociedad civil. En dicho Consejo nos reunimos actores sociales muy diversos, desde el mundo social vecinal formal e informal, pasando por una amplia gama de organizaciones de distinto cuño, hasta fundaciones de empresas y centros académicos y de pensamiento político, para formular propuestas en lo jurídico-normativo, en cuanto al financiamiento, al fortalecimiento institucional y en cuanto a la relación entre el Estado y la sociedad civil. Nunca antes existió una convocatoria de esta naturaleza y vimos en ello el compromiso republicano del Presidente de la República, un compromiso sustantivo que nos obligaba como sociedad civil.
Parte importante de las propuestas contenidas en el Informe elaborado por el Consejo fueron acogidas y ha sido el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales, el encargado de ponerlas en práctica. Destacan especialmente, el proceso de discusión de una propuesta de Ley de Participación Ciudadana, en la que participaron miles de dirigentes a lo largo y ancho del país, que está en la base del proyecto que nos convoca, y la creación del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, cuyo Consejo provisorio presido, también incluido en el proyecto de ley. Este Fondo es único en su naturaleza, por cuanto apunta a que las organizaciones se fortalezcan y desarrollen acciones desde sus propias agendas y desde su autonomía. Actualmente ha puesto en marcha un tercer concurso para que las organizaciones que hemos denominado ¿de interés público¿ puedan desarrollar actividades y encuentros, a nivel local, regional y nacional.
Ambas iniciativas ¿la discusión de la ley sobre participación y el fondo para el fortalecimiento de la sociedad civil- dan respuesta a las esperanzas que existen en muchos chilenos y chilenas de participar y de organizarse, y también dan cuenta de la validez de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.
El proyecto de ley a cuya tramitación hoy día se pone urgencia constituye una oportunidad única de fortalecer nuestra democracia y viene a saldar una deuda que la transición democrática tiene con la sociedad civil. Si bien durantes estos años se ha avanzado en diversas áreas del quehacer nacional de gran importancia, no ha sucedido igual en lo que respecta a la participación y el reconocimiento del rol que cumplen las organizaciones sociales, salvo contadas excepciones o puntualmente en situaciones críticas.
El proyecto de ley cuya discusión se inicia en el Parlamento reconoce y valora la diversidad de expresiones de la sociedad civil. Al mismo tiempo propone mecanismos para asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. La relación entre el Estado y la sociedad civil puede verse transformada, desde un patrón eminentemente vertical, hacia formas de cooperación y complementación que reconozcan y valoren el aporte de las organizaciones sociales, incluso, establezcan prioridades en conjunto. Al abrir espacios a los aportes ciudadanos, se redefine también el rol del Estado.
Creemos que es necesario conformar alianzas estratégicas entre los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, involucrando a todos los actores comprometidos e interesados (municipios, universidades, partidos políticos, medios de comunicación, etc.), para lograr niveles crecientes de diálogo, gestión y evaluación social de las políticas públicas y de la participación ciudadana. Ello supone un Estado convencido, con voluntad política para entregar poder de decisión y que valore la iniciativa de actores diversos que actúen como actores autónomos y propositivos.
Este proyecto constituye un primer paso, pero aún hay espacio para seguir avanzando y ojalá, durante la discusión parlamentaria, incorporar algunas propuestas que quedaron fuera del proyecto enviado y que cuentan con el apoyo de amplios sectores ciudadanos, más aún en tiempo de elecciones, en que la ciudadanía adquiere mayor visibilidad y relevancia para los actores políticos. Por ejemplo, asegurar la capacitación permanente de los y las dirigentes sociales y utilizar parta ello la infraestructura existente, contar con la iniciativa popular de ley, son temas que deberemos retomar en el futuro.
Hoy existen nuevos desafíos en la sociedad chilena como son la descentralización administrativa y el desarrollo regional; la equidad e igualdad de oportunidades; garantizar derechos básicos y reducir brechas sociales; el empoderamiento de la sociedad civil; cohesión e integración social; la seguridad ciudadana y la participación, etc. Esta ley responde a estas necesidades del siglo XXI que significan instalar un nuevo paradigma de la política y gestión públicas con la participación ciudadana.
Ello debe fundamentarse en un principio ético de reciprocidad y cooperación entre Estado y sociedad civil, con el propósito de promover una cultura de responsabilidad pública y participación ciudadana donde los distintos actores colaboren en el proceso de desarrollo en forma nítida. Esta ética de la reciprocidad implica reconocer a los interlocutores como ¿legítimos otros¿, valorando positivamente su aporte al desarrollo del país y asumiendo que la cooperación brinda una formidable oportunidad de aprender de aquellos que son distintos.
Para todo esto es necesario contar con una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, con capacidad de acuerdo, interlocución y resolución autónoma de conflictos, que infunda profundidad y permanencia a la democracia. Una ciudadanía activa, personas capaces de ejercer derechos y deberes, gente capaz de preguntarse sobre el tipo de gobierno que quiere darse, el tipo de relaciones que quieren establecer entre ellos, el tipo de sociedad y de cultura que aspiran a construir. El fortalecimiento de la sociedad civil se constituye, entonces, en una tarea central para el Chile actual.
Tendremos más democracia si tenemos mejor y más sociedad civil y si construimos un espacio público amplio, con participación de todos los actores de la ciudadanía.
A todo ello apunta este proyecto de ley sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública.
Al finalizar quiero agradecer al Ministro Secretario General de Gobierno por la diligencia en cumplir con el compromiso de dar urgencia a este proyecto, compromiso asumido hace sólo un par de semanas. Al mismo tiempo, queremos expresar nuestro apoyo a su gestión frente a cuestionamientos que nada tienen que ver con el mejoramiento de la democracia.
Queremos solicitar, también, para reforzar el compromiso político con la participación social, la presencia del Presidente de la República en las actividades de celebración del Día Nacional del Dirigente, el día 8 de julio.
Y finalmente, llamo a los presentes y todos quienes no están con nosotros y han luchado por esta ley, a celebrar este nuevo paso en el largo camino de construir el país que queremos.
Muchas gracias
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Discurso de Teresa Valdés E,, Presidenta Consejo Provisorio del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, en el acto en que se dio a conocer la urgencia al Proyecto de Ley de Participación.
(julio 2005)
Sin duda, ha sido largo el camino que hemos recorrido para llegar a este momento y somos muchos los ciudadanos y ciudadanas que hemos puesto nuestras energías y compromiso para que ello fuera posible. Nos felicitamos y felicitamos al Gobierno por haber podido llegar a este momento, en que tenemos un proyecto de Ley ingresado al Parlamento, y en que el Gobierno manifiesta la prioridad que tiene a través de la demanda de urgencia en su tramitación.
Quienes hemos contribuido a ello lo hemos hecho desde la profunda convicción que el rol que jugamos como dirigentes y como organizaciones sociales en la construcción de la sociedad que queremos: democrática, participativa, con justicia social, sin discriminaciones y con equidad de género, es insustituible.
Lo hemos hecho recogiendo tradiciones tan queridas en nuestra historia, desde el mundo popular, vecinal y comunitario, desde el quehacer de profesionales, técnicos, intelectuales, desde la solidaridad y la tradición de acción voluntaria, y también desde una pluralidad de nuevos actores que han venido a enriquecer nuestro desarrollo social en las últimas décadas.
Lo hemos hecho con la profunda convicción de que un desarrollo plenamente sostenible requiere nuestra presencia activa, autónoma, creativa y responsable.
El Presidente Lagos, antes de asumir la Presidencia, contrajo -con una pluralidad de dirigentes sociales- el compromiso político de impulsar una política de fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación social. Una vez en la Presidencia puso en marcha, tanto un Instructivo Presidencial sobre Participación, como un Consejo Ciudadano destinado a hacer propuestas concretas para fortalecer a la sociedad civil. En dicho Consejo nos reunimos actores sociales muy diversos, desde el mundo social vecinal formal e informal, pasando por una amplia gama de organizaciones de distinto cuño, hasta fundaciones de empresas y centros académicos y de pensamiento político, para formular propuestas en lo jurídico-normativo, en cuanto al financiamiento, al fortalecimiento institucional y en cuanto a la relación entre el Estado y la sociedad civil. Nunca antes existió una convocatoria de esta naturaleza y vimos en ello el compromiso republicano del Presidente de la República, un compromiso sustantivo que nos obligaba como sociedad civil.
Parte importante de las propuestas contenidas en el Informe elaborado por el Consejo fueron acogidas y ha sido el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales, el encargado de ponerlas en práctica. Destacan especialmente, el proceso de discusión de una propuesta de Ley de Participación Ciudadana, en la que participaron miles de dirigentes a lo largo y ancho del país, que está en la base del proyecto que nos convoca, y la creación del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, cuyo Consejo provisorio presido, también incluido en el proyecto de ley. Este Fondo es único en su naturaleza, por cuanto apunta a que las organizaciones se fortalezcan y desarrollen acciones desde sus propias agendas y desde su autonomía. Actualmente ha puesto en marcha un tercer concurso para que las organizaciones que hemos denominado ¿de interés público¿ puedan desarrollar actividades y encuentros, a nivel local, regional y nacional.
Ambas iniciativas ¿la discusión de la ley sobre participación y el fondo para el fortalecimiento de la sociedad civil- dan respuesta a las esperanzas que existen en muchos chilenos y chilenas de participar y de organizarse, y también dan cuenta de la validez de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.
El proyecto de ley a cuya tramitación hoy día se pone urgencia constituye una oportunidad única de fortalecer nuestra democracia y viene a saldar una deuda que la transición democrática tiene con la sociedad civil. Si bien durantes estos años se ha avanzado en diversas áreas del quehacer nacional de gran importancia, no ha sucedido igual en lo que respecta a la participación y el reconocimiento del rol que cumplen las organizaciones sociales, salvo contadas excepciones o puntualmente en situaciones críticas.
El proyecto de ley cuya discusión se inicia en el Parlamento reconoce y valora la diversidad de expresiones de la sociedad civil. Al mismo tiempo propone mecanismos para asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. La relación entre el Estado y la sociedad civil puede verse transformada, desde un patrón eminentemente vertical, hacia formas de cooperación y complementación que reconozcan y valoren el aporte de las organizaciones sociales, incluso, establezcan prioridades en conjunto. Al abrir espacios a los aportes ciudadanos, se redefine también el rol del Estado.
Creemos que es necesario conformar alianzas estratégicas entre los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, involucrando a todos los actores comprometidos e interesados (municipios, universidades, partidos políticos, medios de comunicación, etc.), para lograr niveles crecientes de diálogo, gestión y evaluación social de las políticas públicas y de la participación ciudadana. Ello supone un Estado convencido, con voluntad política para entregar poder de decisión y que valore la iniciativa de actores diversos que actúen como actores autónomos y propositivos.
Este proyecto constituye un primer paso, pero aún hay espacio para seguir avanzando y ojalá, durante la discusión parlamentaria, incorporar algunas propuestas que quedaron fuera del proyecto enviado y que cuentan con el apoyo de amplios sectores ciudadanos, más aún en tiempo de elecciones, en que la ciudadanía adquiere mayor visibilidad y relevancia para los actores políticos. Por ejemplo, asegurar la capacitación permanente de los y las dirigentes sociales y utilizar parta ello la infraestructura existente, contar con la iniciativa popular de ley, son temas que deberemos retomar en el futuro.
Hoy existen nuevos desafíos en la sociedad chilena como son la descentralización administrativa y el desarrollo regional; la equidad e igualdad de oportunidades; garantizar derechos básicos y reducir brechas sociales; el empoderamiento de la sociedad civil; cohesión e integración social; la seguridad ciudadana y la participación, etc. Esta ley responde a estas necesidades del siglo XXI que significan instalar un nuevo paradigma de la política y gestión públicas con la participación ciudadana.
Ello debe fundamentarse en un principio ético de reciprocidad y cooperación entre Estado y sociedad civil, con el propósito de promover una cultura de responsabilidad pública y participación ciudadana donde los distintos actores colaboren en el proceso de desarrollo en forma nítida. Esta ética de la reciprocidad implica reconocer a los interlocutores como ¿legítimos otros¿, valorando positivamente su aporte al desarrollo del país y asumiendo que la cooperación brinda una formidable oportunidad de aprender de aquellos que son distintos.
Para todo esto es necesario contar con una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, con capacidad de acuerdo, interlocución y resolución autónoma de conflictos, que infunda profundidad y permanencia a la democracia. Una ciudadanía activa, personas capaces de ejercer derechos y deberes, gente capaz de preguntarse sobre el tipo de gobierno que quiere darse, el tipo de relaciones que quieren establecer entre ellos, el tipo de sociedad y de cultura que aspiran a construir. El fortalecimiento de la sociedad civil se constituye, entonces, en una tarea central para el Chile actual.
Tendremos más democracia si tenemos mejor y más sociedad civil y si construimos un espacio público amplio, con participación de todos los actores de la ciudadanía.
A todo ello apunta este proyecto de ley sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública.
Al finalizar quiero agradecer al Ministro Secretario General de Gobierno por la diligencia en cumplir con el compromiso de dar urgencia a este proyecto, compromiso asumido hace sólo un par de semanas. Al mismo tiempo, queremos expresar nuestro apoyo a su gestión frente a cuestionamientos que nada tienen que ver con el mejoramiento de la democracia.
Queremos solicitar, también, para reforzar el compromiso político con la participación social, la presencia del Presidente de la República en las actividades de celebración del Día Nacional del Dirigente, el día 8 de julio.
Y finalmente, llamo a los presentes y todos quienes no están con nosotros y han luchado por esta ley, a celebrar este nuevo paso en el largo camino de construir el país que queremos.
Muchas gracias
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