Proyecto de Ley de Participación Ciudadana:
Por www.forociudadano.cl (agosto 2005)
Llevamos quince años de democracia, pero para nadie es un misterio que aún persisten secuelas de la dictadura en nuestro país. No se trata de echarle la culpa al empedrado, como dicen por ahí, pero basta mirar a la sociedad civil y las leyes que la rigen para darnos cuenta que los espacios democráticos aún no se recuperan completamente en este ámbito.
Una situación que está a punto de cambiar. En la actualidad, se tramita en el Congreso el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana, una iniciativa histórica que pretende fortalecer a las organizaciones del mundo social, potenciar la participación de las chilenas y chilenos en las políticas públicas y fomentar el voluntariado, por medio de herramientas concretas y efectivas.
Una iniciativa que surgió de la propia sociedad civil cuando, en 1999, llamó al entonces candidato a la Presidencia, Ricardo Lagos, a tomar medidas a favor de una mayor participación ciudadana de resultar electo. Y así fue. Una vez en La Moneda, Lagos convocó a un Consejo Ciudadano de 23 personas relevantes en el ámbito social para que elaboraran una propuesta. Más tarde, fueron unos seis mil dirigentes sociales los que participaron de 74 talleres en todo Chile para afinar detalles sobre la legislación que regiría sus quehaceres. Finalmente, el proyecto de ley ingresó al Parlamento el 8 de junio de 2004, pero sólo en julio de este año el Gobierno le dio urgencia a su tramitación. Ahora, ya se aprobó en general en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
El Proyecto
Existe consenso dentro del Gobierno, la sociedad civil y las distintas bancadas parlamentarias de que este proyecto de ley representa un avance para la democracia y el estado actual de las organizaciones sociales, por tanto, ánimos para aprobarlo con celeridad.
"Este proyecto crea un sistema que favorece la participación. Un sistema que enfrenta la debilidad que existe en nuestra sociedad civil que, si bien hay un movimiento fuerte de discusión, de análisis, de experiencia, de planteamiento de trabajo, por otro lado también hay una importante atomización de las organizaciones sociales, debilidad institucional, falta de autonomía para poder obtener financiamiento, para mejorar gestión", señala Fuad Chahin, director de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Con el fin de conseguir estos objetivos, por medio de esta ley se pretende suplir el vacío legal que existe en referencia a la libertad de asociación y hacer más expeditos los trámites para obtener la personalidad jurídica de organización con interés público. Dentro de esta categoría se encuentran las agrupaciones sin fines de lucro cuyos objetivos tienen que ver con la ciudadanía, la promoción de los derechos, la asistencia social, entre otros, como las asociaciones voluntarias, comunitarias, indígenas y las corporaciones y fundaciones.
Pero para que una organización sea considerada dentro de este grupo, además de cumplir con los requisitos legales, deberá inscribirse en el Registro de Organizaciones del Interés Público que dependerá de la Segegob. Quienes así lo hagan, podrán concursar a los recursos públicos del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, también creado a través de la nueva normativa.
Además de tratarse de un Fondo destinado a fortalecer la gestión interna de las organizaciones, ya que entrega recursos para satisfacer las necesidades que los propios concursantes consideren prioritarias para su fortalecimiento, esta nueva herramienta para la sociedad civil estipula la participación ciudadana directa en la entrega de los fondos. Un Consejo mixto, compuesto por representantes del mundo social y el Gobierno y electos por las organizaciones inscritas en el Registro, será quien administre este Fondo.
Uno de los grandes objetivos de este proyecto de ley, además del fortalecimiento de las organizaciones, es instaurar medidas concretas que potencien la participación de la ciudadanía en las políticas públicas. Con este fin, establece que todos los ministerios y reparticiones públicas deben tener planes y programas de participación ciudadana, de los que debe informar semestralmente.
En este sentido, también se establece que los municipios deben entregar información y responder a la ciudadanía cuando lo requiera, sobre todo en referencia a la gestión del alcalde. Cuando se trate de temas de relevancia para la comunidad, los concejales deberán informar a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. A su vez, se otorgan recursos legales a los vecinos para ejercer en contra del Consejo Municipal si no cumplen con estos derechos, haciendo más efectiva la participación en el municipio, un terreno que, aseguran, cuenta con demasiado poder.
"Hoy día el municipio, la institución del alcalde, que es una representación del sistema presidencial a nivel comunal, tiene muy pocas posibilidades de ser fiscalizado. El Parlamento no puede fiscalizar un municipio, no puede pedir oficios, todo tiene que sea a través del Ministerio del Interior o la Contraloría", manifiesta la diputada Eliana Caraball, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior donde se discute el proyecto.
No obstante las regulaciones legales que se puedan establecer para otorgar mayores derechos a la ciudadanía en su ámbito de relaciones cotidianas con el Gobierno, el municipio, desde el mundo social aseguran que no basta con decirlo, también hay que ejercerlo y, para esto, es necesario fortalecer a las organizaciones.
"La ordenanza de participación ciudadana está en los municipios hace rato y la verdad es que no ha pasado nada con ella. Entonces de alguna manera cómo se hace efectivo, por eso supone la construcción de sujetos, se organizaciones sociales capaces de ir a enfrentarse a estas autoridades locales, de ejercer control ciudadano, de exigir que efectivamente las audiencias municipales y los instrumentos que han sean eficaces. Las evaluaciones no son buenas y hay que ver si la nueva ley va a permitir mayores cuotas de poder efectivo en las organizaciones porque, por ahora, pasa a ser un poco ritual: el alcalde es un rey, convoca a los dirigentes que quiere y cuando quiere, da recursos a quien quiere y cuando quiere, eso significa que el alcalde hace lo que se le da la gana", afirma Teresa Valdés, quien fue parte del Consejo Ciudadano que elaboró el proyecto.
Democracia Directa
Una de las mayores críticas de parte de la sociedad civil que han surgido en torno a este proyecto tiene que ver con la reticencia a ceder poder a la ciudadanía por medio de mecanismos efectivos de intervención en la gestión pública, como la iniciativa popular de ley y el referéndum revocatorio.
"Yo diría que hay miedo transferir espacios de poder y, evidentemente, cuando el espacio político es tan pequeño, andar cediendo espacios no es fácil. El proyecto de ley avanza en el sentido de dar más visibilidad y herramientas a estas organizaciones sociales para que se vayan parando por sus pies, pero todavía es deficitario en materia de transferencia de cuotas de participación mayores", afirma Teresa Valdés.
Según Eliana Caraball, son los organismos del Estado los que primero deben balancear sus cuotas de poder y fortalecerse internamente para poder otorgárselo, después, a la ciudadanía. De acuerdo a la diputada, el sistema de gobierno actual centraliza el poder en el Ejecutivo y no permite al Parlamento ejercer funciones que le son naturales.
"Basta ver el sistema político que tenemos, con un presidencialismo exacerbado, con muy pocas atribuciones del resto de las instituciones. El propio Parlamento tendría que empezar a recuperar muchas tareas que son connaturales para empezar después a participar con otro tipo de organizaciones, interactuar para que la legislación realmente refleje lo que las personas están sintiendo y necesitando", señala la parlamentaria.
No obstante, Fuad Chahin asegura que, si bien la discusión para incluir el referéndum revocatorio y la iniciativa popular de ley puede ser interesante, es muy reciente y no se produjo cuando las organizaciones tuvieron la oportunidad de formular sus propuestas. Asimismo, explica que en la práctica no se podrían incorporar en el proyecto de ley porque estas iniciativas son formas de democracia semidirecta - en nuestro país rige la democracia representativa- por lo que se trataría de Reformas a la Constitución que debe presentarse separadamente al Legislativo.
"En segundo lugar, porque en materia de iniciativa popular de ley hay un proyecto, presentado por parlamentarios de la Concertación, hace mucho tiempo en el Congreso, que no ha tenido el consenso político para avanzar. Por lo tanto, yendo incluso en dos proyectos separados que se vincularan demasiado, podía significar que una iniciativa como esta, que no tenía suficiente consenso, retrasara el proyecto de ley de participación ciudadana." señala el director de la D.O.S.
Por otra parte, en países como Estados Unidos, donde funcionan estos mecanismos de participación ciudadana, algunos estados están optando por revocarlos ya que han surgido verdaderas empresas de juntas de firmas que pretenden, por medio de la iniciativa de la ciudadanía, crear leyes que, finalmente, favorecen a los intereses de multinacionales.
¿El tema de la democracia directa creo que es una deformación que lleva muchos peligros¿, manifiesta la diputada Caraball, pues asegura que puede caerse fácilmente en un exceso de plebiscitos o consultas directas que sólo conseguirán cambiar la reflexiñón, el debate y las opiniones por un simple sí o no.
"Son peligrosos para la democracia mientras no tengamos una sociedad civil más fuerte, más madura y, sobre todo, mientras no avancemos en temas que son esenciales. Más poder hoy día para acceder a la información, para que la participación sea más vinculante, para que las organizaciones sociales sean más fuertes, para que exista mayor autonomía en el financiamiento. No vamos a tener más poder en organizaciones sociales mientras la organización social de base dependa de la subvención municipal para poder subsistir. Estos son temas que tenemos que discutir a ver si modificamos o no el sistema democrático de uno representativo a uno más directo, pero para eso tenemos un camino importante que recorrer y un avance significativo es este proyecto de ley de participación ciudadana", dice Chahin.
Por www.forociudadano.cl (agosto 2005)
Llevamos quince años de democracia, pero para nadie es un misterio que aún persisten secuelas de la dictadura en nuestro país. No se trata de echarle la culpa al empedrado, como dicen por ahí, pero basta mirar a la sociedad civil y las leyes que la rigen para darnos cuenta que los espacios democráticos aún no se recuperan completamente en este ámbito.
Una situación que está a punto de cambiar. En la actualidad, se tramita en el Congreso el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana, una iniciativa histórica que pretende fortalecer a las organizaciones del mundo social, potenciar la participación de las chilenas y chilenos en las políticas públicas y fomentar el voluntariado, por medio de herramientas concretas y efectivas.
Una iniciativa que surgió de la propia sociedad civil cuando, en 1999, llamó al entonces candidato a la Presidencia, Ricardo Lagos, a tomar medidas a favor de una mayor participación ciudadana de resultar electo. Y así fue. Una vez en La Moneda, Lagos convocó a un Consejo Ciudadano de 23 personas relevantes en el ámbito social para que elaboraran una propuesta. Más tarde, fueron unos seis mil dirigentes sociales los que participaron de 74 talleres en todo Chile para afinar detalles sobre la legislación que regiría sus quehaceres. Finalmente, el proyecto de ley ingresó al Parlamento el 8 de junio de 2004, pero sólo en julio de este año el Gobierno le dio urgencia a su tramitación. Ahora, ya se aprobó en general en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
El Proyecto
Existe consenso dentro del Gobierno, la sociedad civil y las distintas bancadas parlamentarias de que este proyecto de ley representa un avance para la democracia y el estado actual de las organizaciones sociales, por tanto, ánimos para aprobarlo con celeridad.
"Este proyecto crea un sistema que favorece la participación. Un sistema que enfrenta la debilidad que existe en nuestra sociedad civil que, si bien hay un movimiento fuerte de discusión, de análisis, de experiencia, de planteamiento de trabajo, por otro lado también hay una importante atomización de las organizaciones sociales, debilidad institucional, falta de autonomía para poder obtener financiamiento, para mejorar gestión", señala Fuad Chahin, director de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Con el fin de conseguir estos objetivos, por medio de esta ley se pretende suplir el vacío legal que existe en referencia a la libertad de asociación y hacer más expeditos los trámites para obtener la personalidad jurídica de organización con interés público. Dentro de esta categoría se encuentran las agrupaciones sin fines de lucro cuyos objetivos tienen que ver con la ciudadanía, la promoción de los derechos, la asistencia social, entre otros, como las asociaciones voluntarias, comunitarias, indígenas y las corporaciones y fundaciones.
Pero para que una organización sea considerada dentro de este grupo, además de cumplir con los requisitos legales, deberá inscribirse en el Registro de Organizaciones del Interés Público que dependerá de la Segegob. Quienes así lo hagan, podrán concursar a los recursos públicos del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, también creado a través de la nueva normativa.
Además de tratarse de un Fondo destinado a fortalecer la gestión interna de las organizaciones, ya que entrega recursos para satisfacer las necesidades que los propios concursantes consideren prioritarias para su fortalecimiento, esta nueva herramienta para la sociedad civil estipula la participación ciudadana directa en la entrega de los fondos. Un Consejo mixto, compuesto por representantes del mundo social y el Gobierno y electos por las organizaciones inscritas en el Registro, será quien administre este Fondo.
Uno de los grandes objetivos de este proyecto de ley, además del fortalecimiento de las organizaciones, es instaurar medidas concretas que potencien la participación de la ciudadanía en las políticas públicas. Con este fin, establece que todos los ministerios y reparticiones públicas deben tener planes y programas de participación ciudadana, de los que debe informar semestralmente.
En este sentido, también se establece que los municipios deben entregar información y responder a la ciudadanía cuando lo requiera, sobre todo en referencia a la gestión del alcalde. Cuando se trate de temas de relevancia para la comunidad, los concejales deberán informar a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. A su vez, se otorgan recursos legales a los vecinos para ejercer en contra del Consejo Municipal si no cumplen con estos derechos, haciendo más efectiva la participación en el municipio, un terreno que, aseguran, cuenta con demasiado poder.
"Hoy día el municipio, la institución del alcalde, que es una representación del sistema presidencial a nivel comunal, tiene muy pocas posibilidades de ser fiscalizado. El Parlamento no puede fiscalizar un municipio, no puede pedir oficios, todo tiene que sea a través del Ministerio del Interior o la Contraloría", manifiesta la diputada Eliana Caraball, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior donde se discute el proyecto.
No obstante las regulaciones legales que se puedan establecer para otorgar mayores derechos a la ciudadanía en su ámbito de relaciones cotidianas con el Gobierno, el municipio, desde el mundo social aseguran que no basta con decirlo, también hay que ejercerlo y, para esto, es necesario fortalecer a las organizaciones.
"La ordenanza de participación ciudadana está en los municipios hace rato y la verdad es que no ha pasado nada con ella. Entonces de alguna manera cómo se hace efectivo, por eso supone la construcción de sujetos, se organizaciones sociales capaces de ir a enfrentarse a estas autoridades locales, de ejercer control ciudadano, de exigir que efectivamente las audiencias municipales y los instrumentos que han sean eficaces. Las evaluaciones no son buenas y hay que ver si la nueva ley va a permitir mayores cuotas de poder efectivo en las organizaciones porque, por ahora, pasa a ser un poco ritual: el alcalde es un rey, convoca a los dirigentes que quiere y cuando quiere, da recursos a quien quiere y cuando quiere, eso significa que el alcalde hace lo que se le da la gana", afirma Teresa Valdés, quien fue parte del Consejo Ciudadano que elaboró el proyecto.
Democracia Directa
Una de las mayores críticas de parte de la sociedad civil que han surgido en torno a este proyecto tiene que ver con la reticencia a ceder poder a la ciudadanía por medio de mecanismos efectivos de intervención en la gestión pública, como la iniciativa popular de ley y el referéndum revocatorio.
"Yo diría que hay miedo transferir espacios de poder y, evidentemente, cuando el espacio político es tan pequeño, andar cediendo espacios no es fácil. El proyecto de ley avanza en el sentido de dar más visibilidad y herramientas a estas organizaciones sociales para que se vayan parando por sus pies, pero todavía es deficitario en materia de transferencia de cuotas de participación mayores", afirma Teresa Valdés.
Según Eliana Caraball, son los organismos del Estado los que primero deben balancear sus cuotas de poder y fortalecerse internamente para poder otorgárselo, después, a la ciudadanía. De acuerdo a la diputada, el sistema de gobierno actual centraliza el poder en el Ejecutivo y no permite al Parlamento ejercer funciones que le son naturales.
"Basta ver el sistema político que tenemos, con un presidencialismo exacerbado, con muy pocas atribuciones del resto de las instituciones. El propio Parlamento tendría que empezar a recuperar muchas tareas que son connaturales para empezar después a participar con otro tipo de organizaciones, interactuar para que la legislación realmente refleje lo que las personas están sintiendo y necesitando", señala la parlamentaria.
No obstante, Fuad Chahin asegura que, si bien la discusión para incluir el referéndum revocatorio y la iniciativa popular de ley puede ser interesante, es muy reciente y no se produjo cuando las organizaciones tuvieron la oportunidad de formular sus propuestas. Asimismo, explica que en la práctica no se podrían incorporar en el proyecto de ley porque estas iniciativas son formas de democracia semidirecta - en nuestro país rige la democracia representativa- por lo que se trataría de Reformas a la Constitución que debe presentarse separadamente al Legislativo.
"En segundo lugar, porque en materia de iniciativa popular de ley hay un proyecto, presentado por parlamentarios de la Concertación, hace mucho tiempo en el Congreso, que no ha tenido el consenso político para avanzar. Por lo tanto, yendo incluso en dos proyectos separados que se vincularan demasiado, podía significar que una iniciativa como esta, que no tenía suficiente consenso, retrasara el proyecto de ley de participación ciudadana." señala el director de la D.O.S.
Por otra parte, en países como Estados Unidos, donde funcionan estos mecanismos de participación ciudadana, algunos estados están optando por revocarlos ya que han surgido verdaderas empresas de juntas de firmas que pretenden, por medio de la iniciativa de la ciudadanía, crear leyes que, finalmente, favorecen a los intereses de multinacionales.
¿El tema de la democracia directa creo que es una deformación que lleva muchos peligros¿, manifiesta la diputada Caraball, pues asegura que puede caerse fácilmente en un exceso de plebiscitos o consultas directas que sólo conseguirán cambiar la reflexiñón, el debate y las opiniones por un simple sí o no.
"Son peligrosos para la democracia mientras no tengamos una sociedad civil más fuerte, más madura y, sobre todo, mientras no avancemos en temas que son esenciales. Más poder hoy día para acceder a la información, para que la participación sea más vinculante, para que las organizaciones sociales sean más fuertes, para que exista mayor autonomía en el financiamiento. No vamos a tener más poder en organizaciones sociales mientras la organización social de base dependa de la subvención municipal para poder subsistir. Estos son temas que tenemos que discutir a ver si modificamos o no el sistema democrático de uno representativo a uno más directo, pero para eso tenemos un camino importante que recorrer y un avance significativo es este proyecto de ley de participación ciudadana", dice Chahin.
