ACUERDO POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Como una contribución a la transparencia en el accionar público y al ejercicio del control ciudadano sobre nuestros gobernantes, se publica el acuerdo suscrito el 30 de agosto de 1999 entre directivos, profesionales y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil chilena y el entonces candidato presidencial don Ricardo Lagos Escobar.
ACUERDO POR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Santiago, a 30 de agosto de 1999, reunidos el Candidato Presidencial señor Ricardo Lagos y los directivos, profesionales y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil que más abajo se consignan, declaran:
Considerando:
1. Que el primer Gobierno del siglo XXI debe estar animado por el protagonismo de la ciudadanía, y que la democracia chilena necesita mejorar substantivamente la calidad de sus instituciones, permitiendo que la representación política se complemente con formas participativas de gestión pública que surjan de la misma sociedad.
2. Que la economía del país pide un nuevo estilo de desarrollo, que vincule las oportunidades individuales a la equidad social, en un modelo donde el crecimiento sea compatible con un medio ambiente sustentable, y que es urgente una renovación cultural, que expanda las libertades de las personas, promoviendo los valores de la tolerancia y la diversidad, dentro de una ética de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
3. Que la historia del país de los últimos años conoce una rica experiencia de asociativismo ciudadano, a través del cual centenares de personas e instituciones establecieron redes de trabajo y desarrollaron acciones directas con comunidades pobres o marginadas, reivindicando sus derechos y la participación social.
4. Que en la lucha por la recuperación de la democracia, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) ejercieron una tarea humanitaria mundialmente reconocida, y que aportaron, a la vez de profesionales, un conjunto de saberes nuevos, que constituyeron las bases de las nuevas políticas implementadas por los gobiernos postautoritarios.
5. Que entre el Estado y el Mercado se ubica un amplio espacio compuesto por “organizaciones privadas de desarrollo con fines públicos” que poseen un carácter no lucrativo como son las ONG’s, sus Corporaciones y Fundaciones; instituciones de filantropía empresarial; asociaciones comunitarias, con sus organizaciones vecinales territoriales y funcionales; centros culturales y clubes deportivos; entidades gremiales, profesionales y sindicales; organismos de derechos humanos y de extensionistas jurídicos; organizaciones económicas populares y empresas sociales; centros de alumnos y agrupaciones de jóvenes y de niños y niñas; organizaciones de mujeres, ambientalistas y de la tercera edad; organismos que trabajan con la discapacidad, entre otras, que forman una importante red asociativa ciudadana que se extiende por todo el país.
6. Que las organizaciones del Tercer Sector movilizan y acrecientan a través de sus acciones y programas uno de los recursos más significativos para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población cual es su capital social, siendo éste igual de estratégico que el capital económico-empresarial para el desarrollo del país.
7. Que la participación ciudadana de los actores sociales al ser incorporada a la formulación de las políticas públicas, tanto en su diagnóstico, planeamiento, diseño, ejecución, cumplimiento, evaluación como en su fiscalización, logra el doble propósito de enriquecer la acción del Gobierno y el fortalecimiento de la sociedad civil.
8. Que actualmente se vive un proceso mundial de valoración del rol técnico y social de las organizaciones de la sociedad civil, reconocido por los Gobiernos de países de democracia avanzada, por el sistema mundial de Naciones Unidas y por las agencias de cooperación y financiamiento para el Desarrollo, y que, conjuntamente, las Cumbres de los años noventa relevaron el rol del Tercer Sector en la elaboración de las políticas sociales en los países y concordando en la necesidad de avanzar en nuevas prácticas de cooperación entre el Estado y la sociedad civil.
9. Que existe una coincidencia de propósitos entre el Programa de Gobierno de Ricardo Lagos y los planteamientos del Tercer Sector en cuanto a reconocerle a los movimientos ciudadanos el protagonismo que le corresponde en la construcción de una sociedad moderna, plural, solidaria y creativa, propia del siglo XXI.
Concuerdan en impulsar, desde el Gobierno y el Tercer Sector, las siguientes iniciativas:
1. El Gobierno dictará una Directiva Presidencial para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dirigida a los Ministerios y Servicios Públicos, indicando que dichas reparticiones serán evaluadas, junto con otros criterios de modernización del Estado, por sus resultados en materia de:
a) Incorporación en las metas ministeriales del objetivo de promover la participación ciudadana asociada a los ámbitos de intervención específicos de sus políticas públicas.
b) Destinación de recursos públicos para el fomento de las organizaciones sociales y reconocimiento de la participación ciudadana como un componente sustantivo y evaluable de las políticas de asignación de recursos a proyectos de interés social.
c) Creación y Fortalecimiento de Fondos Públicos concursables destinados a financiar programas de las organizaciones del Tercer Sector que contribuyan al desarrollo de políticas sociales innovadoras.
d) Fiscalización de la transparencia de los mecanismos de asignación de recursos, velando por la calidad técnica de las intervenciones sociales y por el control del buen uso de los fondos públicos.
2. El Gobierno entregará a una Autoridad Pública la responsabilidad del seguimiento de las directrices presidenciales. Esta Autoridad deberá constituir un Consejo para el Fomento del Tercer Sector, que se integrará de manera mixta con representantes de los Ministerios y de las organizaciones de la sociedad civil.
3. Las organizaciones del Tercer Sector y sus entidades gremiales participarán en el diseño, evaluación y seguimiento de las metas ministeriales de las políticas públicas y en el control ciudadano de los recursos públicos, respetando las normas y procedimientos que las instituciones estatales tengan al respecto.
4. El Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un Proyecto de Ley del Tercer Sector que debe incluir las siguientes materias:
a) Marco Legal que facilite la libre constitución de la organización del Tercer Sector.
b) Registro Público de organizaciones del Tercer Sector.
c) Tratamiento tributario que considere incentivos para las donaciones privadas, personales y empresariales, a las organizaciones del Tercer Sector.
d) Fortalecimiento de las organizaciones del Tercer Sector, a través de Fondos Concursables y de Créditos para Proyectos Sociales y para el Mejoramiento de la Gestión Institucional.
e) Establecimiento de una instancia gubernamental que norme y fiscalice las organizaciones del Tercer Sector y que garantice que las donaciones privadas y los recursos públicos que reciban las organizaciones del Tercer Sector se utilicen para iniciativas sociales y culturales sin fines de lucro.
5. Las organizaciones del Tercer Sector se comprometen a apoyar los procesos participativos de la ciudadanía, potenciando de esta manera la calidad de las políticas públicas, adoptando la idea de la responsabilidad social compartida en el desarrollo del país. Especialmente es responsabilidad del Tercer Sector trabajar en los temas emergentes del desarrollo humano, la protección del medio ambiente, la promoción de los derechos humanos y ciudadanos, la igualdad de oportunidades para las mujeres, la no-discriminación por discapacidad y enfermedades, el respeto a la diversidad étnica y cultural del país, la ampliación de las libertades civiles y la integración de los jóvenes a partir del reconocimiento de sus derechos e identidad.
6. El Gobierno y el Tercer Sector trabajarán por fomentar una cultura de la cooperación solidaria, facilitando el aporte que gobiernos y agencias de países desarrollados hagan en beneficio de los sectores más postergados, en un marco de integración nacional y latinoamericana. Asimismo, trabajaremos para que Chile sea un País de Cooperación, poniendo a disposición las experiencias y conocimientos del Tercer Sector, en los planes de asistencia técnica que vayan en beneficio de otras naciones.
7. El Gobierno fomentará, a través de un Proyecto de Ley, el asociativismo ciudadano a nivel comunitario poniendo una especial atención en los jóvenes, las mujeres, los niños y niñas y las personas adultas mayores. Del mismo modo, se fomentará la participación ciudadana a través de consejos asociativos comunales, regionales y nacionales.
Firman este Acuerdo, con la voluntad de inaugurar una nueva época de cooperación entre el Tercer Sector y el Estado, en el espíritu de una democracia ciudadana participativa, Ricardo Lagos y las personas que a continuación se señalan, entre otros.
Ricardo Lagos Escobar
Francisco Estevez Valencia
Alberto Etchegaray Aubry
Carlos Bascuñán Edwards
Ana María Correa
Jorge Osorio Vargas
Ximena Valdés Subercaseaux
Eduardo Rojas Zepeda
Mercedes Montoya Leiva
Alfredo Ardouin Shand
Patricio Silva
Daniel Rey Pozo
Ana María Ordenes López
Verónica Edwards Risopatrón
Marcelino Collío Calcomin
Santiago Araya Massry
Ximena Díaz Berr
Antonio Alvear Balmelli
Jorge Razzeto Migliaro
Cecilia Leiva Montenegro
Alfredo Joignant Rodón
Adolfo Castillo Díaz
Alejandro Ormeño
Nuria Núñez Rius
Lorenzo Figueroa
Patrico Westphal Sambuck
Jorge Baeza
Ana María Medioli
Loreto Schnake Neale
Jorge del Picó Rubio
Francisco Meneses Mellado
Eliana Ampuero Yévenes
Pedro Vera Román
Guillermo Sandoval Vásquez
Andrea Fernández González
Alberto Bastias Correa
Sergio Micco Aguayo
Guillermo Yungue Bustamante
Osvaldo Torres Gutiérrez
Teresa Valdés Echeñique
Jorge Frei Ruiz-Tagle
Ignacio Balbontín
Sebastián Cox Urrejola
Valeria Luco Rojas
Felipe Viveros Caviedes
Elizabeth Rubio Farías
Sergio Martinic Valencia
Roberto Teplizky Barahona
Humberto Vergara Navarro
Leonardo Moreno Núñez
Ana María de la Jara Goyeneche
María Loreto Egaña Baraona
Cristián Moscoso Guasta
Carlos Prosser
José Escaida
Isabel Duque Casellas
Alberto Saini Baroni
María Ariadna Hornkohl
Luis Cárdenas Vásquez
Verónica Gubbins Foxley
Eduardo Hill Merino
Roberto Garretón Merino
Daniel Farfán Palma
Alfredo Del Valle
Pamela Caro Molina
Norma Muñoz Peñailillo
Vilma Pérez Pino
Paula Zúñiga Calderón
María Isabel Maturana Villagra
Héctor Olivo Lillo
Diego Carrasco Carrasco
Francisco Valiente Garcés
Oscar Torres Rivera
Ximena Molina Paredes
Erich Schmidt Yáñez
Sergio Tobar Renovales
Jorge Maldonado Roldón
Publicado el lunes 27 de marzo de 2000
Por: Antonio Elizalde Hevia
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA
e-mail: aelizalde@ubolivariana.cl
Como una contribución a la transparencia en el accionar público y al ejercicio del control ciudadano sobre nuestros gobernantes, se publica el acuerdo suscrito el 30 de agosto de 1999 entre directivos, profesionales y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil chilena y el entonces candidato presidencial don Ricardo Lagos Escobar.
ACUERDO POR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
En Santiago, a 30 de agosto de 1999, reunidos el Candidato Presidencial señor Ricardo Lagos y los directivos, profesionales y voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil que más abajo se consignan, declaran:
Considerando:
1. Que el primer Gobierno del siglo XXI debe estar animado por el protagonismo de la ciudadanía, y que la democracia chilena necesita mejorar substantivamente la calidad de sus instituciones, permitiendo que la representación política se complemente con formas participativas de gestión pública que surjan de la misma sociedad.
2. Que la economía del país pide un nuevo estilo de desarrollo, que vincule las oportunidades individuales a la equidad social, en un modelo donde el crecimiento sea compatible con un medio ambiente sustentable, y que es urgente una renovación cultural, que expanda las libertades de las personas, promoviendo los valores de la tolerancia y la diversidad, dentro de una ética de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
3. Que la historia del país de los últimos años conoce una rica experiencia de asociativismo ciudadano, a través del cual centenares de personas e instituciones establecieron redes de trabajo y desarrollaron acciones directas con comunidades pobres o marginadas, reivindicando sus derechos y la participación social.
4. Que en la lucha por la recuperación de la democracia, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) ejercieron una tarea humanitaria mundialmente reconocida, y que aportaron, a la vez de profesionales, un conjunto de saberes nuevos, que constituyeron las bases de las nuevas políticas implementadas por los gobiernos postautoritarios.
5. Que entre el Estado y el Mercado se ubica un amplio espacio compuesto por “organizaciones privadas de desarrollo con fines públicos” que poseen un carácter no lucrativo como son las ONG’s, sus Corporaciones y Fundaciones; instituciones de filantropía empresarial; asociaciones comunitarias, con sus organizaciones vecinales territoriales y funcionales; centros culturales y clubes deportivos; entidades gremiales, profesionales y sindicales; organismos de derechos humanos y de extensionistas jurídicos; organizaciones económicas populares y empresas sociales; centros de alumnos y agrupaciones de jóvenes y de niños y niñas; organizaciones de mujeres, ambientalistas y de la tercera edad; organismos que trabajan con la discapacidad, entre otras, que forman una importante red asociativa ciudadana que se extiende por todo el país.
6. Que las organizaciones del Tercer Sector movilizan y acrecientan a través de sus acciones y programas uno de los recursos más significativos para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población cual es su capital social, siendo éste igual de estratégico que el capital económico-empresarial para el desarrollo del país.
7. Que la participación ciudadana de los actores sociales al ser incorporada a la formulación de las políticas públicas, tanto en su diagnóstico, planeamiento, diseño, ejecución, cumplimiento, evaluación como en su fiscalización, logra el doble propósito de enriquecer la acción del Gobierno y el fortalecimiento de la sociedad civil.
8. Que actualmente se vive un proceso mundial de valoración del rol técnico y social de las organizaciones de la sociedad civil, reconocido por los Gobiernos de países de democracia avanzada, por el sistema mundial de Naciones Unidas y por las agencias de cooperación y financiamiento para el Desarrollo, y que, conjuntamente, las Cumbres de los años noventa relevaron el rol del Tercer Sector en la elaboración de las políticas sociales en los países y concordando en la necesidad de avanzar en nuevas prácticas de cooperación entre el Estado y la sociedad civil.
9. Que existe una coincidencia de propósitos entre el Programa de Gobierno de Ricardo Lagos y los planteamientos del Tercer Sector en cuanto a reconocerle a los movimientos ciudadanos el protagonismo que le corresponde en la construcción de una sociedad moderna, plural, solidaria y creativa, propia del siglo XXI.
Concuerdan en impulsar, desde el Gobierno y el Tercer Sector, las siguientes iniciativas:
1. El Gobierno dictará una Directiva Presidencial para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dirigida a los Ministerios y Servicios Públicos, indicando que dichas reparticiones serán evaluadas, junto con otros criterios de modernización del Estado, por sus resultados en materia de:
a) Incorporación en las metas ministeriales del objetivo de promover la participación ciudadana asociada a los ámbitos de intervención específicos de sus políticas públicas.
b) Destinación de recursos públicos para el fomento de las organizaciones sociales y reconocimiento de la participación ciudadana como un componente sustantivo y evaluable de las políticas de asignación de recursos a proyectos de interés social.
c) Creación y Fortalecimiento de Fondos Públicos concursables destinados a financiar programas de las organizaciones del Tercer Sector que contribuyan al desarrollo de políticas sociales innovadoras.
d) Fiscalización de la transparencia de los mecanismos de asignación de recursos, velando por la calidad técnica de las intervenciones sociales y por el control del buen uso de los fondos públicos.
2. El Gobierno entregará a una Autoridad Pública la responsabilidad del seguimiento de las directrices presidenciales. Esta Autoridad deberá constituir un Consejo para el Fomento del Tercer Sector, que se integrará de manera mixta con representantes de los Ministerios y de las organizaciones de la sociedad civil.
3. Las organizaciones del Tercer Sector y sus entidades gremiales participarán en el diseño, evaluación y seguimiento de las metas ministeriales de las políticas públicas y en el control ciudadano de los recursos públicos, respetando las normas y procedimientos que las instituciones estatales tengan al respecto.
4. El Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un Proyecto de Ley del Tercer Sector que debe incluir las siguientes materias:
a) Marco Legal que facilite la libre constitución de la organización del Tercer Sector.
b) Registro Público de organizaciones del Tercer Sector.
c) Tratamiento tributario que considere incentivos para las donaciones privadas, personales y empresariales, a las organizaciones del Tercer Sector.
d) Fortalecimiento de las organizaciones del Tercer Sector, a través de Fondos Concursables y de Créditos para Proyectos Sociales y para el Mejoramiento de la Gestión Institucional.
e) Establecimiento de una instancia gubernamental que norme y fiscalice las organizaciones del Tercer Sector y que garantice que las donaciones privadas y los recursos públicos que reciban las organizaciones del Tercer Sector se utilicen para iniciativas sociales y culturales sin fines de lucro.
5. Las organizaciones del Tercer Sector se comprometen a apoyar los procesos participativos de la ciudadanía, potenciando de esta manera la calidad de las políticas públicas, adoptando la idea de la responsabilidad social compartida en el desarrollo del país. Especialmente es responsabilidad del Tercer Sector trabajar en los temas emergentes del desarrollo humano, la protección del medio ambiente, la promoción de los derechos humanos y ciudadanos, la igualdad de oportunidades para las mujeres, la no-discriminación por discapacidad y enfermedades, el respeto a la diversidad étnica y cultural del país, la ampliación de las libertades civiles y la integración de los jóvenes a partir del reconocimiento de sus derechos e identidad.
6. El Gobierno y el Tercer Sector trabajarán por fomentar una cultura de la cooperación solidaria, facilitando el aporte que gobiernos y agencias de países desarrollados hagan en beneficio de los sectores más postergados, en un marco de integración nacional y latinoamericana. Asimismo, trabajaremos para que Chile sea un País de Cooperación, poniendo a disposición las experiencias y conocimientos del Tercer Sector, en los planes de asistencia técnica que vayan en beneficio de otras naciones.
7. El Gobierno fomentará, a través de un Proyecto de Ley, el asociativismo ciudadano a nivel comunitario poniendo una especial atención en los jóvenes, las mujeres, los niños y niñas y las personas adultas mayores. Del mismo modo, se fomentará la participación ciudadana a través de consejos asociativos comunales, regionales y nacionales.
Firman este Acuerdo, con la voluntad de inaugurar una nueva época de cooperación entre el Tercer Sector y el Estado, en el espíritu de una democracia ciudadana participativa, Ricardo Lagos y las personas que a continuación se señalan, entre otros.
Ricardo Lagos Escobar
Francisco Estevez Valencia
Alberto Etchegaray Aubry
Carlos Bascuñán Edwards
Ana María Correa
Jorge Osorio Vargas
Ximena Valdés Subercaseaux
Eduardo Rojas Zepeda
Mercedes Montoya Leiva
Alfredo Ardouin Shand
Patricio Silva
Daniel Rey Pozo
Ana María Ordenes López
Verónica Edwards Risopatrón
Marcelino Collío Calcomin
Santiago Araya Massry
Ximena Díaz Berr
Antonio Alvear Balmelli
Jorge Razzeto Migliaro
Cecilia Leiva Montenegro
Alfredo Joignant Rodón
Adolfo Castillo Díaz
Alejandro Ormeño
Nuria Núñez Rius
Lorenzo Figueroa
Patrico Westphal Sambuck
Jorge Baeza
Ana María Medioli
Loreto Schnake Neale
Jorge del Picó Rubio
Francisco Meneses Mellado
Eliana Ampuero Yévenes
Pedro Vera Román
Guillermo Sandoval Vásquez
Andrea Fernández González
Alberto Bastias Correa
Sergio Micco Aguayo
Guillermo Yungue Bustamante
Osvaldo Torres Gutiérrez
Teresa Valdés Echeñique
Jorge Frei Ruiz-Tagle
Ignacio Balbontín
Sebastián Cox Urrejola
Valeria Luco Rojas
Felipe Viveros Caviedes
Elizabeth Rubio Farías
Sergio Martinic Valencia
Roberto Teplizky Barahona
Humberto Vergara Navarro
Leonardo Moreno Núñez
Ana María de la Jara Goyeneche
María Loreto Egaña Baraona
Cristián Moscoso Guasta
Carlos Prosser
José Escaida
Isabel Duque Casellas
Alberto Saini Baroni
María Ariadna Hornkohl
Luis Cárdenas Vásquez
Verónica Gubbins Foxley
Eduardo Hill Merino
Roberto Garretón Merino
Daniel Farfán Palma
Alfredo Del Valle
Pamela Caro Molina
Norma Muñoz Peñailillo
Vilma Pérez Pino
Paula Zúñiga Calderón
María Isabel Maturana Villagra
Héctor Olivo Lillo
Diego Carrasco Carrasco
Francisco Valiente Garcés
Oscar Torres Rivera
Ximena Molina Paredes
Erich Schmidt Yáñez
Sergio Tobar Renovales
Jorge Maldonado Roldón
Publicado el lunes 27 de marzo de 2000
Por: Antonio Elizalde Hevia
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA
e-mail: aelizalde@ubolivariana.cl
