Por Equipo Académico ONG Corporación PARTICIPA
(7 agosto 2001)
Todos los que se preocupan del tema, cualquiera sea su punto de vista, estiman la participación como algo bueno y, en consecuencia, deseable. Pero, en general, las bondades de la participación se consideran tan evidentes que cualquier intento de fundamentación parece irrelevante.
Situar la participación dentro de un determinado horizonte valórico no sólo ayuda a definir su sentido, sino que también permite caracterizar las relaciones sociales capaces de manifestar ese sentido. De allí nuestra opción de situar la participación dentro del horizonte valórico de la tradición democrática.
Cabe una doble lectura de ese horizonte. En primer lugar, corresponde detenerse en los grandes principios que configuran el ideal democrático. En segundo lugar, conviene una lectura más sociológica de dichos ideales, planteándose las condiciones sociales que exigen esos principios para manifestarse y no quedar vacíos de sustancia.
Cuando Locke formula que todos los hombres nacen igualmente libres está comulgando con Hannah Arendt que afirma que los hombres están marcados por la libertad, por la asombrosa capacidad de iniciar siempre algo nuevo, único, irrepetible. Entre ambos autores median más de 300 años, pero ambos afirman la libertad. Desde entonces y hasta el presente, la democracia ha consagrado el valor de la libertad al extremo de asumirlo como algo propio de la naturaleza humana.
Inicialmente la libertad se definió como la facultad y el derecho de cada cual a determinar su vida a voluntad, sin más límite que el respeto a la vida, a la libertad y a los frutos de la actividad ajena. Pero la democracia sabe ahora que para realizar lo que se quiere no basta la voluntad, que para ello se requiere contar con los recursos y medios adecuados. Dada la desigualdad con que se distribuyen estos recursos, la libertad ha dejado de ser un absoluto y es ahora una cuestión de grados. La democracia se contenta con maximizar la libertad, es decir, con ampliar cada vez más los grados de autonomía de las personas. Para ello, junto con mantener los principios de los derechos humanos, del Estado como garante de esos derechos y de la autoridad electa y representativa, la democracia ha agregado los valores del pluralismo y de la igualdad de oportunidades.
La democracia ya no sostiene que los hombres nacen igualmente poderosos y que basta ceder ese poder a un Estado representativo y constituirlo en garante de los derechos de las personas para desterrar definitivamente el poder entre los hombres. Todo orden social, incluso el democrático, oscila entre la concentración del poder y su difusión en la sociedad, entre la imposición y un mayor grado de libertad. De allí que la democracia no pretenda ya superar el poder y se contente con minimizarlo. Como no puede esfumarlo intentará difundirlo, cosa que nadie sea lo bastante poderoso como para imponer su voluntad a los demás. La democracia abandona así la imagen del pueblo soberano y la reemplaza por la del ciudadano.
Toda persona adulta es ciudadana por derecho propio. Su calidad de tal no es más que el reconocimiento de la dignidad del ser humano, único ser capaz de realizarse él mismo con una intensidad y una extensión siempre mayores; único ser capaz de pensar, de sentir y de actuar en consecuencia. El Estado debe reconocer y garantizar la calidad de ciudadanos de sus miembros. Pero la ciudadanía más que un estado es un proyecto. Las personas deben asumir su capacidad de ser libres y actuar los derechos que les confiere su libertad. Deben moverse según sus ideales e intereses y a sabiendas que en ese movimiento encontrarán a algunos con los que podrán identificarse y a otros con los que tendrán que competir. El Estado raya la cancha reconociendo y garantizando la ciudadanía de todos, pero el juego político de la libertad deben jugarlo los ciudadanos. De ellos depende que el poder se concentre o tienda a difundirse socialmente. De ellos depende que el orden social sea más o menos impuesto o acordado. Es la medida en que los ciudadanos manifiesten activamente sus opiniones e intereses, se asocien y organicen con aquellos con quienes se identifican y deliberen y negocien con aquellos que oponen resistencia, la misma medida en que se realizarán socialmente los ideales libertarios. El orden democrático apunta a un proceso cuya dinámica fluye de la voluntad de los ciudadanos para manifestarse, asociarse, organizarse, entrar en conflicto, deliberar, negociar, acordar.
Es en este contexto donde la participación cobra sentido y aparece como algo bueno y deseable, es decir, donde se constituye como un valor. De permanecer pasiva y aislada, la persona arriesga que su ser libertario se esfume como el humo por los aires y que su calidad de ciudadano se convierta en un rótulo vacío. Aquel que asume sus posibilidades de libertad debe, por el contrario, no sólo actuar sino que también interactuar. Debe buscar y urdir la amistad con quienes comparten algunos de sus proyectos de vida. Esta interacción lo estimulará a precisar lo que quiere y a convencerse de que ello es posible; lo ayudará a intercambiar recursos e información y a discernir una estrategia colectiva sobre qué hacer para lograr lo deseado. Debe también enfrentar la indiferencia o la oposición y resistencia de quienes caminan movidos por ideales e intereses distintos a los suyos. Debe intentar entonces convencer, deliberar e, incluso, entrar en conflicto hasta negociar y acordar la solución del mismo. Si participar es interactuar, más o menos organizadamente, con quienes comparten ideales e intereses de vida para colaborar y enfrentar juntos eventuales resistencias, ha de concluirse que participar es el verbo que debe conjugar el ciudadano. He aquí el valor de la participación. Si la democracia la estima como buena y deseable es en cuanto la percibe como la encarnación del ciudadano, del sujeto que asume activamente su derecho a la libertad y que contribuye a la construcción de un orden social hecho más de acuerdos y menos de imposiciones.
Las Ciencias Sociales, muestran, sin embargo, que el poder no es un mero asunto de voluntades y que para imponerse a otros se requiere contar con los recursos y medios que permitan hacerlo. Baste enumerar los más importantes: el control económico, el control militar, el control del aparato estatal, el control de los medios de comunicación social, el control de la creación científica y de su conversión tecnológica, el control de una determinada tradición ético-religiosa valorada socialmente. Estos medios o recursos de poder no sólo se distribuyen desigualmente, sino que en sociedades como la nuestra están fuertemente concentrados. ¿Qué queda para aquellos que no están vinculados a los grandes grupos económicos ni pertenecen a las Fuerzas Armadas ni son autoridades del Estado ni propietarios de los medios de comunicación ni pertenecen a la jerarquía eclesiástica? De la lista de recursos de poder faltó nombrar uno, a saber, la voluntad y capacidad de las personas afines para vincularse, asociarse, organizarse y manifestarse colectivamente.
En otras palabras, la participación ciudadana. He aquí el más universal, el más accesible de todos los medios de poder, acaso el único de que pueden disponer aquellos que están socialmente excluidos de los demás recursos políticos. He aquí un nuevo motivo para valorar la participación. Ella es el instrumento político al que pueden echar mano las personas comunes y corrientes. En consecuencia, ella resulta determinante en la construcción de un cierto equilibrio de poder entre quienes poseen poco o nada de otros medios y aquellos que controlan la riqueza, las armas, los medios de comunicación, el conocimiento.
La autoridad democrática debe ser representativa y, por consiguiente, electa. Que la autoridad sea electa es condición necesaria, pero no suficiente para su representatividad. La autoridad representativa requiere de ciudadanos conscientes y responsables de sus derechos, capaces de reclamarlos y de apelar a la autoridad en el caso en que hayan sido vulnerados. Necesita igualmente de ciudadanos con presencia social, capaces de manifestar colectivamente sus ideales e intereses y de deliberar y negociar decisiones que articulen su voluntad con la de otros. Sin este interlocutor la autoridad mal podrá actuar la naturaleza representativa que le imputa el deber ser democrático. Difícil, sino imposible, será que la autoridad defienda los derechos de gente que no los reclama; igualmente improbable será que ella articule en sus decisiones los ideales e intereses de gente que no se manifiesta.
Pero hay más. La participación ciudadana se constituye en el contrapeso que evita que la balanza se incline peligrosamente del lado de aquellos que controlan los demás medios de poder. ¿Qué puede hacer la autoridad democráticamente intencionada por lograr un mayor equilibrio en el caso de una participación ciudadana precaria y débil? Sin participación ciudadana la autoridad democrática queda en mal pie para actuar de árbitro de la competencia social, vale decir, para articular en sus decisiones la diversidad que caracteriza al conjunto de la sociedad. A falta de participación la autoridad, por democrática que sea, arriesga acabar articulando la voluntad sólo de aquellos que por su control de los llamados poderes fácticos están socialmente presentes y cuya voz no requiere de mayores preámbulos para hacerse oír fuerte. He aquí un nuevo fundamento para valorar la participación. Ella es buena y deseable por cuanto permite que la autoridad elegida democráticamente actúe como tal, representando en sus decisiones colectivas la variedad que anima distintamente al conjunto social.
Los ideales democráticos suponen un ser humano capaz de devenir sujeto de su propia vida y de construirse a sí mismo. Las facultades de la vida consciente le permiten pensar, sentir y actuar un sentido de vida. Va así constituyendo sus motivos para vivir, motivos que intenta proyectar, con más o menos voluntad, con más o menos recursos, con más o menos probabilidades de éxito, en su actuar en el mundo. Todo esto es sinónimo de la libertad humana. Y la libertad es más que un asunto político, apuntando también al desarrollo del potencial humano. La democracia percibe que tras el ciudadano hay un sujeto que ha de construirse del modo más autónomamente posible. La libertad no basta ya predicarla al ciudadano, sino que cabe predicarla a la persona como sujeto de su propia vida y en toda la extensión y complejidad con que esta puede manifestarse. He aquí otra dimensión del valor de la participación. La participación es buena y deseable puesto que estimula los procesos a través de los cuales las personas se constituyen, afirman y evolucionan como sujetos de su propia vida, vale decir, como seres humanos libres.
Reseña Bibliográfica
- En Torno a la Participación Social, Dimas Santibañez, Investigador del CED, documento sin editar.
- Diego Palma, La Participación y la Construcción Ciudadana, Documento de Trabajo, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad ARCIS, 1998
- Hannah Arendt, La condición humana, Editorial Paidós, Barcelona, 1996
- Paul Tillich, Amor, Poder y Justicia, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970.
- Sergio Micco, Comentarios al texto Ciudadanía y Participación. Notas para la discusión de José Joaquín Brunner, en Revista Avance.
- Temas de Participación, varios autores, División de Organizaciones Sociales, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1994; José Joaquín Brunner, Participación y Democracia: viejos y nuevos dilemas, División de Organizaciones Sociales, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1996.
Publicada el martes 7 de agosto de 2001
Alicia Sánchez
Periodista
e-mail: accion@adsl.tie.cl
http://www.sociedadcivil.cl/accion/portada/info.asp?Ob=3&Id=207
(7 agosto 2001)
Todos los que se preocupan del tema, cualquiera sea su punto de vista, estiman la participación como algo bueno y, en consecuencia, deseable. Pero, en general, las bondades de la participación se consideran tan evidentes que cualquier intento de fundamentación parece irrelevante.
Situar la participación dentro de un determinado horizonte valórico no sólo ayuda a definir su sentido, sino que también permite caracterizar las relaciones sociales capaces de manifestar ese sentido. De allí nuestra opción de situar la participación dentro del horizonte valórico de la tradición democrática.
Cabe una doble lectura de ese horizonte. En primer lugar, corresponde detenerse en los grandes principios que configuran el ideal democrático. En segundo lugar, conviene una lectura más sociológica de dichos ideales, planteándose las condiciones sociales que exigen esos principios para manifestarse y no quedar vacíos de sustancia.
Cuando Locke formula que todos los hombres nacen igualmente libres está comulgando con Hannah Arendt que afirma que los hombres están marcados por la libertad, por la asombrosa capacidad de iniciar siempre algo nuevo, único, irrepetible. Entre ambos autores median más de 300 años, pero ambos afirman la libertad. Desde entonces y hasta el presente, la democracia ha consagrado el valor de la libertad al extremo de asumirlo como algo propio de la naturaleza humana.
Inicialmente la libertad se definió como la facultad y el derecho de cada cual a determinar su vida a voluntad, sin más límite que el respeto a la vida, a la libertad y a los frutos de la actividad ajena. Pero la democracia sabe ahora que para realizar lo que se quiere no basta la voluntad, que para ello se requiere contar con los recursos y medios adecuados. Dada la desigualdad con que se distribuyen estos recursos, la libertad ha dejado de ser un absoluto y es ahora una cuestión de grados. La democracia se contenta con maximizar la libertad, es decir, con ampliar cada vez más los grados de autonomía de las personas. Para ello, junto con mantener los principios de los derechos humanos, del Estado como garante de esos derechos y de la autoridad electa y representativa, la democracia ha agregado los valores del pluralismo y de la igualdad de oportunidades.
La democracia ya no sostiene que los hombres nacen igualmente poderosos y que basta ceder ese poder a un Estado representativo y constituirlo en garante de los derechos de las personas para desterrar definitivamente el poder entre los hombres. Todo orden social, incluso el democrático, oscila entre la concentración del poder y su difusión en la sociedad, entre la imposición y un mayor grado de libertad. De allí que la democracia no pretenda ya superar el poder y se contente con minimizarlo. Como no puede esfumarlo intentará difundirlo, cosa que nadie sea lo bastante poderoso como para imponer su voluntad a los demás. La democracia abandona así la imagen del pueblo soberano y la reemplaza por la del ciudadano.
Toda persona adulta es ciudadana por derecho propio. Su calidad de tal no es más que el reconocimiento de la dignidad del ser humano, único ser capaz de realizarse él mismo con una intensidad y una extensión siempre mayores; único ser capaz de pensar, de sentir y de actuar en consecuencia. El Estado debe reconocer y garantizar la calidad de ciudadanos de sus miembros. Pero la ciudadanía más que un estado es un proyecto. Las personas deben asumir su capacidad de ser libres y actuar los derechos que les confiere su libertad. Deben moverse según sus ideales e intereses y a sabiendas que en ese movimiento encontrarán a algunos con los que podrán identificarse y a otros con los que tendrán que competir. El Estado raya la cancha reconociendo y garantizando la ciudadanía de todos, pero el juego político de la libertad deben jugarlo los ciudadanos. De ellos depende que el poder se concentre o tienda a difundirse socialmente. De ellos depende que el orden social sea más o menos impuesto o acordado. Es la medida en que los ciudadanos manifiesten activamente sus opiniones e intereses, se asocien y organicen con aquellos con quienes se identifican y deliberen y negocien con aquellos que oponen resistencia, la misma medida en que se realizarán socialmente los ideales libertarios. El orden democrático apunta a un proceso cuya dinámica fluye de la voluntad de los ciudadanos para manifestarse, asociarse, organizarse, entrar en conflicto, deliberar, negociar, acordar.
Es en este contexto donde la participación cobra sentido y aparece como algo bueno y deseable, es decir, donde se constituye como un valor. De permanecer pasiva y aislada, la persona arriesga que su ser libertario se esfume como el humo por los aires y que su calidad de ciudadano se convierta en un rótulo vacío. Aquel que asume sus posibilidades de libertad debe, por el contrario, no sólo actuar sino que también interactuar. Debe buscar y urdir la amistad con quienes comparten algunos de sus proyectos de vida. Esta interacción lo estimulará a precisar lo que quiere y a convencerse de que ello es posible; lo ayudará a intercambiar recursos e información y a discernir una estrategia colectiva sobre qué hacer para lograr lo deseado. Debe también enfrentar la indiferencia o la oposición y resistencia de quienes caminan movidos por ideales e intereses distintos a los suyos. Debe intentar entonces convencer, deliberar e, incluso, entrar en conflicto hasta negociar y acordar la solución del mismo. Si participar es interactuar, más o menos organizadamente, con quienes comparten ideales e intereses de vida para colaborar y enfrentar juntos eventuales resistencias, ha de concluirse que participar es el verbo que debe conjugar el ciudadano. He aquí el valor de la participación. Si la democracia la estima como buena y deseable es en cuanto la percibe como la encarnación del ciudadano, del sujeto que asume activamente su derecho a la libertad y que contribuye a la construcción de un orden social hecho más de acuerdos y menos de imposiciones.
Las Ciencias Sociales, muestran, sin embargo, que el poder no es un mero asunto de voluntades y que para imponerse a otros se requiere contar con los recursos y medios que permitan hacerlo. Baste enumerar los más importantes: el control económico, el control militar, el control del aparato estatal, el control de los medios de comunicación social, el control de la creación científica y de su conversión tecnológica, el control de una determinada tradición ético-religiosa valorada socialmente. Estos medios o recursos de poder no sólo se distribuyen desigualmente, sino que en sociedades como la nuestra están fuertemente concentrados. ¿Qué queda para aquellos que no están vinculados a los grandes grupos económicos ni pertenecen a las Fuerzas Armadas ni son autoridades del Estado ni propietarios de los medios de comunicación ni pertenecen a la jerarquía eclesiástica? De la lista de recursos de poder faltó nombrar uno, a saber, la voluntad y capacidad de las personas afines para vincularse, asociarse, organizarse y manifestarse colectivamente.
En otras palabras, la participación ciudadana. He aquí el más universal, el más accesible de todos los medios de poder, acaso el único de que pueden disponer aquellos que están socialmente excluidos de los demás recursos políticos. He aquí un nuevo motivo para valorar la participación. Ella es el instrumento político al que pueden echar mano las personas comunes y corrientes. En consecuencia, ella resulta determinante en la construcción de un cierto equilibrio de poder entre quienes poseen poco o nada de otros medios y aquellos que controlan la riqueza, las armas, los medios de comunicación, el conocimiento.
La autoridad democrática debe ser representativa y, por consiguiente, electa. Que la autoridad sea electa es condición necesaria, pero no suficiente para su representatividad. La autoridad representativa requiere de ciudadanos conscientes y responsables de sus derechos, capaces de reclamarlos y de apelar a la autoridad en el caso en que hayan sido vulnerados. Necesita igualmente de ciudadanos con presencia social, capaces de manifestar colectivamente sus ideales e intereses y de deliberar y negociar decisiones que articulen su voluntad con la de otros. Sin este interlocutor la autoridad mal podrá actuar la naturaleza representativa que le imputa el deber ser democrático. Difícil, sino imposible, será que la autoridad defienda los derechos de gente que no los reclama; igualmente improbable será que ella articule en sus decisiones los ideales e intereses de gente que no se manifiesta.
Pero hay más. La participación ciudadana se constituye en el contrapeso que evita que la balanza se incline peligrosamente del lado de aquellos que controlan los demás medios de poder. ¿Qué puede hacer la autoridad democráticamente intencionada por lograr un mayor equilibrio en el caso de una participación ciudadana precaria y débil? Sin participación ciudadana la autoridad democrática queda en mal pie para actuar de árbitro de la competencia social, vale decir, para articular en sus decisiones la diversidad que caracteriza al conjunto de la sociedad. A falta de participación la autoridad, por democrática que sea, arriesga acabar articulando la voluntad sólo de aquellos que por su control de los llamados poderes fácticos están socialmente presentes y cuya voz no requiere de mayores preámbulos para hacerse oír fuerte. He aquí un nuevo fundamento para valorar la participación. Ella es buena y deseable por cuanto permite que la autoridad elegida democráticamente actúe como tal, representando en sus decisiones colectivas la variedad que anima distintamente al conjunto social.
Los ideales democráticos suponen un ser humano capaz de devenir sujeto de su propia vida y de construirse a sí mismo. Las facultades de la vida consciente le permiten pensar, sentir y actuar un sentido de vida. Va así constituyendo sus motivos para vivir, motivos que intenta proyectar, con más o menos voluntad, con más o menos recursos, con más o menos probabilidades de éxito, en su actuar en el mundo. Todo esto es sinónimo de la libertad humana. Y la libertad es más que un asunto político, apuntando también al desarrollo del potencial humano. La democracia percibe que tras el ciudadano hay un sujeto que ha de construirse del modo más autónomamente posible. La libertad no basta ya predicarla al ciudadano, sino que cabe predicarla a la persona como sujeto de su propia vida y en toda la extensión y complejidad con que esta puede manifestarse. He aquí otra dimensión del valor de la participación. La participación es buena y deseable puesto que estimula los procesos a través de los cuales las personas se constituyen, afirman y evolucionan como sujetos de su propia vida, vale decir, como seres humanos libres.
Reseña Bibliográfica
- En Torno a la Participación Social, Dimas Santibañez, Investigador del CED, documento sin editar.
- Diego Palma, La Participación y la Construcción Ciudadana, Documento de Trabajo, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad ARCIS, 1998
- Hannah Arendt, La condición humana, Editorial Paidós, Barcelona, 1996
- Paul Tillich, Amor, Poder y Justicia, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970.
- Sergio Micco, Comentarios al texto Ciudadanía y Participación. Notas para la discusión de José Joaquín Brunner, en Revista Avance.
- Temas de Participación, varios autores, División de Organizaciones Sociales, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1994; José Joaquín Brunner, Participación y Democracia: viejos y nuevos dilemas, División de Organizaciones Sociales, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1996.
Publicada el martes 7 de agosto de 2001
Alicia Sánchez
Periodista
e-mail: accion@adsl.tie.cl
http://www.sociedadcivil.cl/accion/portada/info.asp?Ob=3&Id=207
