PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS: UN DESAFÍO PARA LA DEMOCRACIA
Pedro Hernández G. Viernes, 8 de Agosto del 2003
Comunidad virtual de Gobernabilidad, desarrrollo humano e institucional. (www.gobernabilidad.cl)
INTRODUCCION:
Nos hemos propuesto en esta monografía, desarrollar un análisis de la relación entre la participación ciudadana con las políticas publicas, en el marco del proceso de construcción y consolidación de la democracia en nuestra región latinoamericana y en nuestro país. Para ello, comenzamos el análisis a través de una presentación descriptiva del contexto nacional e internacional en el cual se desenvuelve esta conversación y construcción.
Posteriormente, elaboramos un listado con algunas de las experiencias relevantes de participación ciudadana, relacionadas con la problemática y tratamiento de la cuestión medioambiental en nuestro país. Hacemos este acercamiento, asumiendo el hecho que en este ámbito -durante los últimos años- se han desarrollado iniciativas a partir de las que es factible recoger algunas enseñanzas importantes de carácter metodológico y de visión de carácter político-institucional sobre la relación participación y políticas.
En tercer lugar, realizamos un abordamiento al concepto y alcance de las políticas publicas, la participación ciudadana y su vinculación con la democracia, trilogía base de nuestra reflexión y análisis en este trabajo. Considero, que del modo en que estas dimensiones del quehacer social se coordinen y combinen, depende el poder avanzar y potenciar los espacios de participación y protagonismo de las sociedades, en el desarrollo de las democracias en la región latinoamericana y en nuestro país.
Finalmente, nos animamos a presentar algunas recomendaciones para la acción participativa como fortalecimiento de la democracia, a partir de la selección de determinados ámbitos de preocupaciones sociales y políticas de la sociedad. Entendemos estos espacios como ámbitos de oportunidad y de posibilidades a desarrollar, lo hacemos desde la perspectiva que estos podrán alcanzar su plenitud a partir de la acción de las personas organizadas y de la decisión de los agentes del Estado, que convencidos del rol ciudadano en la democracia, están dispuestos a apostar a una democracia participativa, responsable, innovadora e inserta en la dinámica de otorgar más espacio a la sociedad en el poder de los Estados.
EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE SE DESARROLLA ESTA CONVERSACION SOBRE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LAS PÓLITICAS PUBLICAS
Somos participes y protagonistas de un proceso de globalización y mundialización de la política. Los procesos económicos actuales, la participación social, el fenómeno e impacto de la información, la dinámica de las comunicaciones, la influencia de los modelos de organización y de vida, han modificado las maneras de concebir y desarrollar la actividad política. Incluso, a partir del reciente proceso electoral en USA, determinadas maneras de estructurar los procesos de elección de los representantes de los ciudadanos han sido objeto de análisis y cuestionamiento. Las noticias acontecidas, fueron tema de análisis político y del sentido común de las poblaciones, en buena parte de los países del orbe, haciendo de la historia de la humanidad un acontecimiento de dimensiones mundiales.
Chile: Diez años de Democracia (1990-2000). El país, luego de haber experimentado un largo periodo de régimen autoritario y autocrático, ha recuperado el sistema democrático de designación de sus autoridades, asegurado la vigencia de los derechos humanos y el estado derecho, y un régimen económico exitoso, que posibilita asegurar a los analistas condiciones para una reactivación de la economía, luego de una profunda recesión. Además, la ciudadanía puede ejercer su libertad de asociación, expresión y participación en todos aquellos ámbitos en los cuales posea oportunidad y ámbitos para hacerlo.
Tercer Gobierno de la Concertación y el desafío del Bicentenario. Luego de dos periodos gubernamentales ejercidos por Presidentes electos por el voto popular, pertenecientes a los partidos de la concertación por la democracia, para el periodo 2000-2006 también ejercerá la primera magistratura un ciudadano perteneciente a esa coalición de gobierno. Este conglomerado politico, tiene la oportunidad de otorgar efectivamente a los habitantes del país, mayores y mejores espacios de participación y desarrollo democráticos. La Agenda Política de Ricardo Lagos, Presidente de la República (21 de mayo), presentada al Congreso Pleno, expresa los compromisos principales relacionados con el desarrollo de un modo de democracia más participativo y moderno.
Crisis y Modificación del Rol del Estado. Tanto en el ámbito internacional como nacional, existe consenso sobre la crisis del estado moderno, lo que lleva necesariamente a revisar y replantear su rol en el sistema politico. El país, durante los últimos diez años, luego de un proceso de análisis y debate en los ámbitos de discusión politico-institucional, ha impulsado acciones destinadas a revisar y desarrollar nuevos modos de organización, desarrollo y funciones del Estado en nuestra sociedad. Para ello, desde el aparato publico se han implementado políticas y programas de reformas, llegando en estos momentos a la definición de un programa nacional de reforma de la gestión publica.
Valoración creciente de la participación ciudadana en la gestión publica. En este mismo contexto de reforma de la gestión publica, la autoridad ha decidido otorgar a la participación de la ciudadanía un rol principal y estratégico dentro de la gestión y el desarrollo de las políticas publicas. Se presenta esta dimensión, como el factor democratizante de la gestión publica. La población demanda participar, pues incluso percibe que en la medida que aumenta sus ámbitos de injerencia en los programas y proyectos públicos, su ámbito de influencia política aumenta. La participación da resultados muy superiores en el campo social a otros modelos organizacionales de corte tradicional.
Procesos de modificación de las representaciones políticas partidistas. Los modos de representación de la ciudadanía se han ampliado y/o modificado. No solo los partidos políticos recogen y canalizan las inquietudes de la población. Incluso lideres provenientes de los ámbitos no-partidistas se presentan- a través de los medios de comunicación- como interlocutores de algunos de los intereses de la ciudadanía ante los agentes del Estado. Algunos de los recientes hechos de enriquecimiento ilícito de determinados funcionarios públicos, ha generado mayor desprestigio de los servidores públicos y de los representantes provenientes de las filas partidarias. Por ello, los diversos grupos ciudadanos –por medio de diversos canales de expresión- presionan por cambios en los modos de participación y representación político y social.
Cambios en los modos de expresión de la sociedad civil y su relación con el Estado. Se puede constatar un escenario en el cual el Estado y sociedad civil son mundos separados, lo que hace muy difícil afirmar la dimensión política de la sociedad civil. La sociedad civil se percibe como víctima de un Estado que todo lo exige y que poco consigue producir. Esto lleva a una crisis de los modos de relación entre la sociedad civil y el Estado. Uno no representa realmente los intereses de sus representados; y otro, no es capaz de ocupar y ejercer un rol politico en el Estado, como comunidad política.
Y por otro lado, nuestras sociedades y nuestros Estados deben hacer frente a nuevos e importantes temas emergentes, como son los relacionados con las migraciones de trabajadores desde países limítrofes; el desarrollo de procesos de integración, básicamente de carácter económicos e industriales; y una creciente demanda por mayor seguridad ciudadana en las ciudades de nuestro continente y de nuestro país. Todos estos temas, que obligan a tomar posición y decisión por parte de los agentes del estado, y que presionan a los miembros de la sociedad a asumir posturas frente a ellos.
3. La Agenda Política de Ricardo Lagos, Presidente de la República
El Presidente Ricardo Lagos, en el mensaje de inicio de su gestión ante el Congreso Nacional, señaló que "EL NUESTRO SERÁ EL GOBIERNO DE LAS REFORMAS para llevar a Chile a ser un país desarrollado el 2010".
Indicó que este programa se orientará a "reformas en las esferas social, política, económica y cultural. No cualquier tipo de reformas, porque lo que Chile necesita no es cualquier tipo de cambio, sino aquel que le permita a todos sus hijos crecer en igualdad y en libertad, que aquel que nace en esta tierra nuestra, tiene iguales posibilidades, no importa el lugar o la cuna en que nació".
Destacó que "las reformas las realizaremos en el marco del Estado de Derecho y con participación, integración, consulta y diálogo con la ciudadanía. No creemos en los cambios que se imponen por la acción autoritaria de una elite que todo lo sabe. Una convivencia sana se construye cuando los derechos y las obligaciones están claros y son respetados por todos".
Posteriormente, estableció los tres grandes ejes del programa de reformas que postula implementar durante los próximos años:
ABRIR LAS PUERTAS AL DESARROLLO. ¡Nadie debe quedar sin acceso al bienestar que surja del crecimiento económico y de la incorporación de Chile a la revolución tecnológica!
INTEGRAR AL PAÍS. ¡Todo chileno y toda chilena deben estar incorporados al mundo moderno mediante servicios e infraestructura adecuadas, con más atribuciones y responsabilidades para las regiones y para las comunas donde habita!
ENGRANDECER EL ESPÍRITU DE LOS CHILENOS. ¡No debemos tener miedo a ampliar las libertades, promover la participación, expandir el conocimiento, la cultura y la ciencia, incorporarnos al mundo de nuestros días, vigorizar las familias y las comunidades!
A nuestro juicio, como representante de la clase gobernante del Estado, Ricardo Lagos, postula un proceso de carácter politico-estratégico, en el cual las políticas publicas y la participación de la ciudadanía constituyen un binomio dinámico e interrelacionado en el proyecto de país y de democracia que propone para el país en vista del bicentenario. Esta afirmación, resulta ser una base de análisis para la reflexión que pretendemos abordar en el trabajo.
Por un lado, hay un reconocimiento de la necesidad de reformas de carácter politico-institucional en el Estado, de desarrollar políticas publicas innovadoras que se hagan cargo de los desafíos que como país existen, y por otro, el producir este proceso con y desde la participación de la ciudadanía. Estos tres ejes son la base de una estrategia de fortalecimiento de una democracia moderna acorde a los desafíos que los estados deben asumir, en el marco de los procesos de globalización y mundialización de la política.
4. ALGUNAS EXPERIENCIAS RELEVANTES DE PARTICIPACION CIUDADANA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA MEDIOAMBIENTAL.
A partir del proceso de participación ciudadana, desarrollado en el ámbito de la gestión ambiental del periodo 1994-2000 en el país, y reconociendo a este como un proceso en marcha aun, presentamos algunas experiencias que pueden resultar relevantes a la hora de recoger y estudiar metodologías y visiones factibles de extrapolar a otros ámbitos de la vida de la sociedad civil en su relación con el Estado.
Políticas Regionales Ambientales:
Durante el periodo 1997-2000, en las diversas regiones del país se elaboraron, desarrollaron y aplicaron, políticas ambientales regionales, concebidas como expresión local de la política nacional medioambiental, explicitada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). En todos estos procesos, como condición de legitimación y aplicación, se considero un amplio programa de participación de la comunidad. Presentamos algunas de las notas más importantes de ese proceso:
Los Diagnósticos Ambientales Regionales, se desarrollaron mediante metodologías que hicieron de estos el resultado de procesos altamente participativos.
Los participantes de los talleres de trabajo y encuentros desarrollados en cada región y/o localidad, pudieron cooperar y tomar parte en la definición de los objetivos, estrategias y programas de las políticas ambientales regionales.
Igualmente, en los casos donde se desarrollaron estos instrumentos, los participantes de los procesos se involucraron en la definición de las Agendas Ambiental Regional, lo mismo, que en la identificación de Nuevos Instrumentos de Gestión Ambiental.
Planes Ambientales Comunales:
El mismo desarrollo temático y metodológico aplicado a los ámbitos regionales, se aplicó en los espacios de gestión ambiental municipal. Estas iniciativas, que tienen una expresión más parcial, recogen la decisión de las autoridades municipales convencidas de la participación de la ciudadanía como condición de eficiencia, eficacia y legitimidad política de la gestión municipal. Las notas más relevantes de este proceso, son:
Los habitantes de las comunas, a través de sus organizaciones, participaron en el desarrollo de los Diagnósticos Comunales, otorgándoles la características de Participativos.
COALES (Comité Ambiental Local). Son un modo explícito de organización de los habitantes de una comuna, que de ese modo se involucran en forma responsable en los procesos de formulación de los planes ambientales comunales.
Lo mismo que en el caso de la experiencia arriba indicada, la participación de la ciudadanía en los Planes Ambientales ya indicados, se expresa también en la identificación de los objetivos estratégicos comunales, en la definición de prioridades, en el desarrollo del Plan Ambiental, y en la implementación de proyectos, que están contemplados en el Plan.
Sistema Regional de Gestión Ambiental
Un modo de participación formal y corporativo de la ciudadanía en la gestión ambiental, ya sea en el ámbito nacional como regional, es la presencia en el sistema regional ambiental de los Consejos Consultivos Regionales.
Estos órganos creados por la ley 19.300, son un modo de representación de la ciudadanía en forma corporativa, pero que establece determinados ámbitos temáticos en los cuales las autoridades deben consultar a este órgano al momento de la toma decisiones sobre asuntos de carácter politico institucional y estratégico ambiental.
Si bien, es un modo formal de participación, posee los elementos básicos para asegurar un involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre política, programas, estudios y problemáticas ambientales, ya sea de carácter nacional como regional.
Lo destacable, a mi juicio de esta experiencia, es la decisión de formalizar un ámbito de participación ciudadana en la gestión y aplicación de una política publica en un ámbito relevante de la agenda gubernamental, como es la cuestión ambiental.
Participación Ciudadana en los Instrumentos de Gestión Ambiental:
Además de los anterior, la gestión ambiental definida por la legislación vigente, la política ambiental y la gestión ambiental del país, ha establecido otros espacios y ámbitos en los cuales la participación de la ciudadanía es condición de legalidad, legitimidad y eficiencia de la gestión. Estos ámbitos son:
Sistema de Evaluación Ambiental de proyectos
La Elaboración de los Planes de Descontaminación
En la formulación de las Normas Ambientales
En la definición y desarrollo de programas de Educación Ambiental
El mismo Fondo de Protección Ambiental, es un modo concreto de participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales locales.
El Club de Forjadores Ambientales, es la expresión del involucramiento de los adolescentes en la cuestión ambiental.
Los Acuerdos Voluntarios, en los cuales participan básicamente empresas, recogen la iniciativa y la participación de los ciudadanos en el proceso de formulación del acuerdo como en su control.
5. UN ACERCAMIENTO A LA TRILOGIA: POLITICAS PUBLICAS, PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA
5.1. Políticas Publicas:
La política pública, desde una óptica institucional, se trata de la decisión de una autoridad legitima, adoptada dentro de su campo legitimo de jurisdicción y conforme a procedimientos legalmente establecidos, vinculante para todos los ciudadanos de la asociación, y que se expresa en varias formas: leyes, sentencias, actos administrativos.
Las dimensiones que puede adquirir una Política Publica, pueden ser:
Institucional, la política es elaborada o decidida por una autoridad formal legalmente constituida en el marco de su competencia y es colectivamente vinculante;
Decisorio, la política es un conjunto-secuencia de decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios, de largo o corto alcance, en una situación especifica y en respuesta a problemas y necesidades;
Conductual, implica la acción o la inacción, hacer o no hacer nada; pero una política es, sobre todo, un curso de acción y no solo una decisión singular;
Causal, son los productos de acciones que tienen efectos en el sistema político y social.
En cuanto al Origen de las políticas publicas, estas habitualmente nacen en la agenda pública, determinada en un proceso vinculado a la dinámica de las relaciones de poder, a las características del sistema político y a las relaciones imperantes entre el estado y la sociedad civil.
La participación en la formulación de las políticas, constituye un requisito para un diseño exitoso de la misma. Hoy se encuentra a su favor las tecnologías de las comunicaciones imperantes. Por tanto se requiere voluntad para su potenciación como también para generar información analítica –comparativa y el fortalecimiento de institutos de políticas públicas.
5.2. Participación Ciudadana:
Sociedad Civil:
Se puede afirmar que la sociedad civil incluye aquellas entidades, estructuras y redes que son independientes de los poderes del Estado y de los partidos políticos, pero que se relacionan con él y estos de diversos modos.
Una definición tan amplia como esta obliga a incluir a todas aquellas organizaciones y redes ubicadas fuera del aparato estatal dentro de la sociedad civil, por lo que la sociedad civil estaría constituida por las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación, el sector empresarial, los colegios y gremios profesionales y las organizaciones no gubernamentales u organizaciones ciudadana.
Rol de la Sociedad Civil:
Las tareas que puede implementar la sociedad civil, se inscriben en actividades de organización de campañas publicas, desarrollo de talleres educativos, generación de iniciativas de concienciación a objeto de modificar patrones de conducta ciudadana.
Además, se agrega la promoción y la presión publica destinadas a generar acciones de los poderes públicos en orden a nuevas normativas y políticas especificas. Del mismo modo, la sociedad civil puede organizar modos de recepción de opinión ciudadana y generación de medios de comunicación alternativos a los oficiales.
El Derecho a la PARTICIPACION/CONCEPTO
El derecho a la participación en los asuntos públicos, puede ser definido como aquel derechos fundamental que siendo expresión directa del poder soberano, supone la pretensión o exigencia de participación del pueblo en la gestión y resolución de los asuntos públicos, bien directamente, o bien a través de representantes libremente elegidos.
Es un derecho que empieza a ser reconocido en las primeras declaraciones de derechos humanos:
En la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, se reconocía este derecho en la Sección 6:
"Que las elecciones de miembros para servir de representantes del pueblo, en asamblea, deben ser libres; y que todos los hombres que hayan probado suficientemente su interés permanente con la comunidad, y su adhesión a ella, tengan el derecho de sufragio... "
El artículo 6 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre del Ciudadano, de 1789 establecía:
"La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente, o a través de sus representantes, en su formación ...Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y son otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos."
Es un derecho que es manifestación directa del poder soberano del pueblo. Pertenece a los derechos de la primera generación, siendo identificable como aquel genérico derecho que engloba o encierra los derechos políticos.
Si los derechos civiles eran derechos de exclusión el derecho a la participación políticas, por el contrario, un derecho de participación.
Es un derecho cuyo titular o sujeto activo no son todas las personas, sino sólo los ciudadanos de un determinado país o Estado.
Es un derecho cuyo contenido concreta lo que Jellinek llamó sattis activae civitatis y que convierte a los titulares del mismo en sujetos activos en la formación de la voluntad estatal.
Su fundamento radica en la dignidad de la persona humana. Por eso el Papa Juan XXIII, en su Encíclica Pacem in Terris afirmaba:
"De la misma dignidad de la persona humana proviene el derecho a tomar parte activa en la vida pública y contribuir a la consecución del bien común. El hombre, en cuanto tal -decía nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII- lejos de ser tenido como objeto y elemento pasivo, debe, por el contrario, ser considerado como sujeto, fundamento y fin de la vida social..".
Los principales textos internacionales de derechos humanos reconocen este derecho en los siguientes términos:
Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país...
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El artículo 20 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre establece: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
Artículo 25 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
Tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Artículo 23.1º del Pacto de San José de Costa Rica: Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Artículo 17 de la declaración de los derechos y Libertades Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo en virtud de Resolución de 16 de mayo de 1989:
Todo poder público emana del pueblo y debe ejercerse de conformidad con los principios del estado de derecho.
Todo poder público debe ser directamente elegido o responsable ante un parlamento directamente elegido.
Los ciudadanos de la Comunidad tienen derecho a participar en la elección por sufragio universal libre, directo y secreto de los diputados del parlamento Europeo.
Los ciudadanos de la Comunidad tienen el derecho tanto a ser electores que a ser elegibles...
El artículo 13.1 de la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, de 1981 reconoce en su artículo 13.1. el derecho a la participación política y el artículo 13.2. de la misma cara reconoce el derecho a acceder a los cargos públicos.
En los sistemas constitucionales contemporáneos no existe, a excepción de algunos sistemas políticos más recientes como el sistema jurídico portugués, del sistema jurídico paraguayo o del sistema jurídico español, un reconocimiento expreso de este derecho.
El artículo 48.1 de la Constitución portuguesa de 1976 establece: Todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
El artículo 117 de la Constitución del Paraguay de 22 de Junio de 1992 establece: Los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determinen esta Constitución y las leyes...
En el sistema jurídico español viene reconocido este derecho en el artículo 23.1 de la Constitución de 1978: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en lecciones periódicas por sufragio universal. Este precepto debe ser puesto en conexión directa con el artículo 1 de la Constitución, del que lógicamente deriva, ya que en éste ultimo se afirma que: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado. La forma política del estado español es la Monarquía parlamentaria.
El derecho a la participación en los asuntos públicos comprende los siguientes derechos:
El derecho a la participación política. Este derecho, a su vez, comprende los siguientes:
El derecho a la asociación política.
Este derecho comprende dos derechos:
El derecho a formar partidos políticos.
El derecho a afiliarse libremente a los partidos políticos.
El derecho a la libertad de reunión política.
El derecho a la libertad de manifestación.
El derecho de sufragio. Que comprende:
El derecho de sufragio activo.
El derecho de sufragio pasivo.
El derecho de petición.
El derecho a acceder a los cargos públicos.
El derecho a la participación en la actividad legislativa. El cual, a su vez, comprende los siguientes derechos:
El derecho al referéndum.
El derecho a la iniciativa legislativa popular.
El derecho a la participación en la Administración de justicia. Supone básicamente dos derechos:
El derecho a intervenir en los procesos formando parte del jurado.
El derecho a ejercitar la acción popular, amparándose en el proceso como acusación particular.
El derecho a la participación en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos a cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
Una aproximación teórica sobre la Participación Ciudadana.
La participación ciudadana es participación política, ya que significa la intervención directa de la ciudadanía en las actividades públicas, sin estar relacionada con la participación mediada por los partidos políticos ni con el ejercicio del derecho al voto. Por actividades públicas nos referimos a todas aquellas actividades que realiza el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como municipal.
El que participa no se convierte en empleado público y su actitud no debe interpretarse como un favor a la sociedad, ya que es deber y derecho ciudadano el tomar parte de las decisiones de orden público más allá del simple acto de votar en elecciones periódicas.
La situación económica de nuestros pueblos y la necesidad de vías para el desarrollo hacen que se encuentre en la participación un mecanismo propulsor del desarrollo económico y social. Así, la participación es vista como un proceso a través del cual los individuos y la comunidad están activamente involucrados en todas las fases del desarrollo, lo que genera mayor equidad y sostenibilidad.
Lo que distingue a la participación, es la intervención en el mecanismo de decisión política, implica contribuir a generar la voluntad colectiva. Participar, implica ser admitido a la discusión del asunto y tener derecho a emitir una decisión individual sobre el asunto, con la obligación correlativa de que sea procesada en la aplicación de la regla de agregación que da como resultado la decisión colectiva.
A partir de lo anterior se podría definir participación ciudadana como un "... proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve".
Es posible distinguir la forma en que la ciudadanía participa en: participación - reivindicación, participación - control y participación - gestión. Estas se pueden ordenar de la siguiente manera:
Participación – reivindicación: esta comprendido por los movimientos ciudadanos de reivindicación de derechos. Protegidos por las distintas convenciones de protección a los derechos humanos y por las constituciones de la mayoría de Estados.
Participación – control: lo conforman las asociaciones de contribuyentes, vecinos, usuarios, consumidores, etc., que demandan un mejor control del gasto público por parte de las Administraciones. Control que se formaliza jurídicamente a través de leyes de información, denuncia, petición, de defensa de los consumidores, regulación de plebiscitos y referendos, audiencias públicas, etc.
Participación - gestión, que se materializa en nuestras sociedades en una auténtica administración sustitutoria o sumergida, ante la crisis del Estado del bienestar (guarderías, asistencia social, actividades deportivas o culturales, mantenidas por asociaciones voluntarias).
Estas formas de participación se pueden expresar en los niveles municipal y nacional, ya sea de manera individual o colectiva, a través de las cuales se pretende:
Cercanía y presencia ciudadana en los niveles de decisión;
Establecimiento de mecanismos de control social;
Creación y fortalecimiento de instrumentos para lograr una democracia participativa;
Fortalecimiento municipal;
Descentralización y/o desconcentración de la administración pública para lograr justicia y equidad social; y
Respeto a la diversidad organizativa y social.
También es factible dividir las formas en la que la ciudadanía participa en formas pasivas y formas activas de participación.
Las formas pasivas de participación ciudadana incluyen la labor de los funcionarios públicos para informar a la población de los problemas y de los planes para resolverlos, y para determinar qué percepción tienen los ciudadanos respecto de los problemas y su opinión acerca de los planes y opciones.
Los funcionarios suelen recurrir a las formas pasivas de participación ciudadana para encontrar el apoyo del público para los proyectos que desean llevar a cabo.
Con respecto a la información en la participación pasiva, los funcionarios del gobierno preparan y distribuyen publicaciones informativas para despertar el interés y explicar conceptos, temas y procedimientos. De forma paralela los funcionarios pueden animar a los programas de radio y televisión a transmitir programas relacionados con los problemas públicos y sus soluciones. Los funcionarios pueden también animar a los periódicos a preparar y publicar editoriales, notas y suplementos especiales sobre los problemas y proyectos de gobierno.
Otra valiosa fuente de información a la que también se puede recurrir, es la investigación mediante encuestas, cuyos resultados pueden contribuir al juicio político y administrativo de los proyectos que se pretendan llevar a cabo.
Las formas activas de participación, son todas aquellas en las que la ciudadanía participa de manera directa en la organización o en la actividad de administración pública.
Dicha participación se puede expresar de manera individual (derecho a solicitar información o a optar a cargos públicos, por ejemplo) y de manera colectiva (grupos de interés, sectores laborales, partidos políticos, etc.).
Los principales exponentes de esta forma de participación los encontramos en aquellos mecanismos legales de participación ciudadana directa en los asuntos de orden público. Estos mecanismos se encuentran por igual incorporados en las constituciones y leyes nacionales de muchos países de América. Las definiciones que se tienen sobre cada uno de estos mecanismos están basadas en los mismos principios. Algunas de estas instituciones jurídicas son:
El referéndum
Por medio de los referéndum populares, los ciudadanos tienen, con frecuencia, la oportunidad de hacer saber a quienes han sido elegidos para tomar decisiones, los puntos de vista de la población acerca de un determinado asunto. Por el referéndum interviene el pueblo en forma directa en el régimen político del Estado, participando en cierta manera en la sanción de leyes u ordenanzas municipales y decidiendo en algunos casos como última instancia, sobre los asuntos que le afectan en forma directa.
El plebiscito
Es la consulta directa que se hace al pueblo acerca de una medida fundamental cuya trascendencia incida en los intereses generales de una nación. Al igual que los anteriores, para llevarse a cabo se requiere de un número mínimo de firmas.
Elaboración de leyes por iniciativa de los ciudadanos
La Iniciativa Ciudadana de Ley, también denominada Iniciativa Popular, puede ser considerada un procedimiento legislativo especial que autoriza al pueblo a introducir innovaciones en la legislación con o sin consentimiento o conformidad de los órganos habitualmente competentes para ello.
La mayoría de las Constituciones que autorizan la iniciativa ciudadana requieren de un determinado número de firmas a favor de la misma, además del cumplimiento de ciertos requisitos para su presentación al Poder Legislativo.
La revocación del mandato
La revocación del mandato tal como es conocida en Estados Unidos, está diseñada para remover a los funcionarios públicos de sus cargos antes del plazo normal que para ello esta fijado.
Participación en Democracia.
La democracia es un sistema de gobierno compatible con la libertad, la justicia y la equidad, y es una forma de cultura. La generación de una cultura democrática es un proceso de larga duración en el cual las formas y los contenidos democráticos traspasan todos los espacios de la vida social, desde la experiencia de lo cotidiano hasta las relaciones institucionales.
Si asumimos a la democracia en su aspecto cultural, podemos coincidir con Habermas, en cuanto esta como el espacio público de comunicación dialogica en el cual ocurren la critica del ejercicio de la autoridad, la tematización de nuevas cuestiones y la construcción de nuevas identidades. La recuperación y desarrollo de la esfera de lo publico, resulta ser el mayor desafío en la renovación de la teoría democrática. Allí lo que se busca es construir un espacio de libre interacción de grupos, asociaciones y movimientos, generando un espacio de critica, abriendo al mismo tiempo, espacios de análisis de la misma democracia.
Es hacia este objetivo, donde debería dirigirse el trabajo gestión política y de desarrollo politico de nuestras sociedades en un repensar el modo de acción en política, otorgando mayores ámbitos a la participación de las comunidades y sociedades. Este proceso, que esta en la raíz de la generación de una forma comunicativa de poder, implica la capacidad de someter a la autoridad pública a la critica.
El tema de la gobernabilidad, tiene relación con la urgencia, que tienen las democracias de erigir una fuerte validación, con formas y estilos políticos eficientes y eficaces, capaces de generar una convivencia verdaderamente civilizada.
La democracia, debe asumir las demandas sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales de la población, pero no solo debe hacer lo anterior, sino que tiene que hacerlo con y desde la sociedad civil. Las acciones de los gobiernos deben centrarse en los ciudadanos y en la sociedad, ya que éstos constituyen el objetivo primordial de los gobiernos.
Asimismo, las acciones entre el gobierno y la sociedad deberán de darse en todos los ámbitos y en una constante interacción no sólo en la definición de las grandes políticas, sino para garantizar que todas las acciones ya sean públicas o privadas, redunden en beneficio de los ciudadanos.
El potencial democratizador de la participación ciudadana, esta vinculado a la posibilidad de producir a través de ella una alteración real en las asimetrías de la representación política y social.
Acerca de la Participación y su problematización política: su relación con el rol del estado, la representación y su legitimidad.
En el ámbito local, la participación se genera por las causas inmediatas que preocupan a las familias en sus necesidades más urgentes.
Desde el punto de vista de los conflictos (ya sean estos ambientales, sociales, étnicos), en el ámbito de lo local, surgen algunas sugerencias estratégicas: debería estimularse en forma directa la participación, no esconderla ni reprimirla; apoyar en forma temprana a una suerte de mandato popular, a objeto de evitar el conflicto; aplicar mecanismos e instancias directas de negociación bajo formas de una mediación, incluyendo formas anticipadas de negociación de conflictos; y organizar instancias formales de participación para la superación de problemas y conflictos.
Para que la participación cumpla su finalidad de llegar a los que menos tienen y al seno mismo de las comunidades, debe basarse en una descentralización de las decisiones, en una redistribución del poder que garantice que el interés por el ciudadano comienza por la dimensión humana y está presente en las decisiones en todos los órdenes..
Corresponde, por tanto al estado asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. La nueva relación gobierno-sociedad que se plantea desde estas premisas, deberá de darse no sólo el respeto a los derechos y a las garantías, sino promoverse una política de aliento y promoción que se traduzca en un marco jurídico adecuado.
Igualmente, se requiere de un nuevo tipo de estado. Un Estado, que se oriente a dignificar la vida colectiva, un Estado para la sociedad civil, lo que implica de reformas de carácter politico-institucional cualitativas orientadas a consolidar y desarrollar nuevos estadios en la democracia. Son procesos de carácter eminentemente cualitativos, los cuales suponen un rol activo de la sociedad civil.
Se trata de construir un nuevo proyecto democrático. Que sea capaz de ir mas allá de la política de los políticos, que asuma los desafíos y problemas de las personas, de modo de ayudarlas a responder a las necesidades y a los valores socialmente instituidos y crear un nuevo sentido común para la vida. Retomar la política, implica reformar al estado.
Los acuerdos gobierno-sociedad civil que se necesitan para realizar proyectos comunes, deber dirigirse ha satisfacer necesidades publicas.
El desafío que concierne al Estado es el cambio de enfoque en sus relaciones con la sociedad civil. En lugar de pretender que ésta se acerque a él, creándole canales institucionales en función de sus objetivos y necesidades, lo que corresponde es invertir la cuestión, buscando apoyar a la sociedad civil – preservando su autonomía – de manera de no comprometer su capacidad de negociar libremente las mejores condiciones que posibiliten su desarrollo.
Los esfuerzos organizados de la ciudadanía para participar en decisiones públicas, (leyes o políticas) se hacen a través de diversos mecanismos. Estos pueden ser:
incidencia directa sobre legisladores o tomadores de decisión de agencia gubernamentales;
incidencia indirecta a través de campañas de movilización social y formación de alianzas para la promoción de agendas específicas;
participación en consejos de planificación o concertación de políticas nacionales, departamentales o municipales de carácter general o sectorial;
influencia en las propuestas de candidatos o de partidos políticos;
desarrollo de casos judiciales para establecer jurisprudencia en torno a derechos económicos, sociales y políticos de la ciudadanía;
desarrollo y difusión de investigaciones en temas sociales relevantes.
Los esfuerzos por incidir en las políticas públicas, por parte de la ciudadanía, requieren de capacidades institucionales que pueden ser potenciados a partir de estrategias de capacitación adecuadas a las instituciones.
El desarrollo de estas capacidades requiere de marcos de referencia que ubiquen la función de incidencia en políticas y de deliberación pública de las organizaciones de la sociedad civil, en el contexto de la democracia; y de herramientas analíticas para entender los planteos actuales sobre el papel del Estado y la sociedad civil en la política social. El estado debe facilitar y apoyar la participación, mas que organizarla y manejarla.
Se requiere también de repertorios amplios de estrategias eficaces para la incidencia en políticas, así como del desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para la planificación e implementación de estas estrategias
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas, debería considerarse en las diversas etapas de esta:
en la construcción del problema publico, mediante mesas de trabajo y encuentros periódicos;
en la incorporación del problema en la agenda, mediante la participación en los órganos consultivos y/o consultas ciudadanas;
en la misma formulación de las políticas publicas, mediante seminarios, talleres y congresos con capacidad de decisión;
en la implementación de las políticas, a través de la participación mediante fondos concursables, proyectos conjuntos y participación directa mediante concursos públicos;
y en el monitoreo, evaluación, control y reformulación.
Se pueden identificar algunos costos y beneficios de la participación ciudadana.
Costos:
Los gastos gubernamentales se pueden incrementar debido al costo que implica el mantener una opinión pública plenamente informada, y, en algunos casos, dar cabida a los referéndum.
Las demandas de los ciudadanos para la realización de estudios adicionales, en casos de impacto ambiental por ejemplo, puede demorar la preparación y ejecución de los planes de gobierno.
Los ciudadanos pueden no ser competentes para juzgar adecuadamente los aspectos técnicos de los planes y programas de gobierno, y los intentos de los funcionarios de explicar cuestiones técnicas pueden producir mayores retrasos.
Existe el riesgo de que los ciudadanos que participen en los procesos de planificación, de puesta en práctica, o en ambos, tengan un punto de vista localista y enfocado solamente al impacto de los planes y programas sobre su comunidad o municipio y que se genere, así, un conflicto entre lo que es mejor para una determinada comunidad y lo que es mejor para un área geográfica más amplia.
Los individuos que participan en los programas y en la toma de decisiones pueden no representar a toda la ciudadanía.
Puede ocurrir un conflicto de valores si los valores de los participantes difieren significativamente de los que tienen los funcionarios electos y los burócratas. Tal conflicto puede verse como algo saludable si obliga a burócratas y funcionarios a reflexionar sobre sus valores.
Beneficios
a) Para la ciudadanía
Los programas de gobierno afectan directamente las vidas de los ciudadanos y las instituciones y procesos tradicionales no siempre son capaces de identificar y resolver los problemas que los grupos de ciudadanos perciben como serios.
Desarrolla la capacidad de la participación responsable y amplia de la ciudadanía.
Los ciudadanos pueden hacer valiosas aportaciones a los procesos de planificación y ejecución sobre la base de su conocimiento detallado de las condiciones, necesidades y deseos locales.
En este último sentido, la participación desarrolla habilidades en los ciudadanos para la administración pública.
Contribuye además a la despolarización política de la sociedad al establecerse metas comunes.
Eleva la autoestima de las poblaciones y las personas que participan en los programas y proyectos, lo que genera efectos sinérgicos en otros ámbitos del quehacer social y colectivo. La participación en si como proceso social cambia a sus mismos actores.
b) Para el gobierno central y gobiernos locales
Desde el punto de vista gubernamental, el hecho de que los ciudadanos puedan compartir con los funcionarios públicos la responsabilidad de la toma de decisiones tiene la ventaja de facilitar la ejecución de los planes y programas, en la medida de que los ciudadanos estarán más deseosos de aceptar y trabajar para la realización de los proyectos con los resultados esperados si ellos mismos han contribuido a planearlos, puesto que comprenderán mejor las razones que los justifican.
La participación de los ciudadanos tiene un valor democrático, pues les facilita exigir sus responsabilidades a los funcionarios, electos o designados.
Contribuye a una mayor transparencia en la administración pública.
Aumentará la confianza de la ciudadanía en el sistema político y combatirá la apatía política.
Genera demandas en los modos de gerencia de los programas y proyectos de carácter publico. El líder del pasado era una persona que sabia como ordenar, el del futuro tiene que saber como preguntar, pues necesita imprescindiblemente de los otros.
La participación, ayuda a generar un ambiente altamente requerido en los ámbitos de gerencia: son los ambientes de confianza.
Credibilidad en la rendición de cuentas.
Los actos gubernamentales se verían legitimados.
6. ALGUNOS AMBITOS PARA LA ACCION PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Luego de la descripción de los ámbitos de experiencias sobre participación ciudadana, de la revisión de aspectos teóricos de la problemática de la relación entre participación ciudadana, políticas publicas y democracia, presentamos algunas sugerencias de ámbitos para la acción participativa de la sociedad civil en el proceso de fortalecimiento de la democracia.
En cada ámbito, solo pretendemos presentar algunos de los posibles cursos de acción a desarrollar y/o aspectos a abordar como espacio de participación ciudadana en la definición del tema publico que implica
En el ámbito de la Cultura:
Entendiendo por cultura, a aquellos modelos de vida, modos de organización, valores y cosmovisiones que caracterizan a grupos, sociedades y/o comunidades de personas, considero que los siguientes los posibles tipos y/o temas a desarrollar.
La promoción y defensa de los Derechos Humanos, deberían estar en la base de los espacios de participación y dialogo que las sociedades pretenden construir como nuevos estadio de desarrollo de sus modelos de democracia. Este se presenta, entonces como una oportunidad y como un desafío, ya sea por su potencial politico, como también por su efecto en los modos de vida de la comunidad.
El reconocimiento y resguardo de la cultura popular, altamente considerada en los espacios de las artes y de la religión, resulta ser para el grueso de los decisores políticos formales un ámbito desconocido. Por ello, sostenemos esta es una tarea mayor a desarrollar como dimensión para la participación ciudadana y ámbito de critica a la gestión del Estado. Los modos de organización, expresión y desarrollo de los grupos populares urbanos y rurales, recogen y poseen un espacio de oportunidad para nuevos modos de organización económica y política de la sociedad.
En el ámbito de la educación y la capacitación:
La educación es el instrumento de transmisión de valores intergeneracionales, pero a la vez, es el medio de generación de nuevos modos de organización societal. La capacitación, al otorgar los instrumentos para insertarse técnicamente en la sociedad, particularmente en los ámbitos de la economía y el trabajo, se nos presenta como una interesante tarea a considerar. Presentamos los siguientes, como los ámbitos desde los cuales se puede avanzar en este tema.
La promoción y desarrollo de la educación permanente, como oportunidad para que los actores y miembros de la sociedad civil, desarrollen su vocación social y potencien su cultura, nos aparece como un desafío principal. Desde la niñez a la vejez, la persona humana esta en permanente proceso de enseñanza y aprendizaje. Las sociedades que deseen ser protagonistas de su destino, requieren de un proceso de educación permanente, como resultado de un acuerdo programatico entre el Estado y la sociedad civil.
La creación de Centros de Capacitación y Formación a la democracia y la participación política y la formación y capacitación de dirigentes, como labor de la sociedad civil conjuntamente con el Estado, se presenta como una urgencia estratégica para la consolidación de la democracia, y por ende, para el desarrollo de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
En el ámbito del desarrollo institucional
El desarrollo de la capacidad politico institucional de los Estados, se presenta como una condición para la participación ciudadana responsable, eficiente y acorde a los desafíos que debe asumir. Entendemos el desarrollo institucional, como la generación y desarrollo de ámbitos de tomas de decisiones en asuntos de carácter publico.
Para avanzar en lo propuesto, el apoyo y desarrollo de organizaciones sociales, comunitarias y políticas, se presenta como una responsabilidad de las instancias del Estado y de la misma sociedad. Lo politico no se agota en lo estatal, la sociedad tiene un espacio propio en esta tarea y debe poder desarrollarla.
La creación de espacios de encuentros y diálogos ciudadanos (plaza ciudadana), como modos de educación y generación de un "espacio publico", ha demostrado ser una excelente experiencia de involucrar a los ciudadanos en los asuntos de carácter comunitario y publico; y es un ámbitos propicio de encuentro entre los agentes del estado y los miembros de la sociedad civil.
En el ámbito del Desarrollo Sustentable
El desarrollo sustentable se puede representar como un triángulo cuyos vértices —el crecimiento económico, la equidad y la calidad del medio ambiente— están en un equilibrio dinámico. Por lo tanto, una condición fundamental del desarrollo sustentable es la armonización de las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas ambientales. Para una adecuada aplicación de este desafío, se requiere:
Desarrollo de una Cultura Ambiental, orientada al cambio de valores y modos de comportamiento de las personas que constituyen la sociedad, posibilitando que cada uno asuma su rol de preservador, recuperador y constructor de un medio ambiente adecuado al desarrollo humano.
Necesariamente, la sociedad organizada y las entidades publicas, deben poner prioridad en la preservación y uso sustentable del patrimonio natural: paisaje, bosques, ríos, mares, cielos, aire, suelo, etc..
Igualmente, la prevención del impacto ambiental del desarrollo, supone aplicar los mecanismos político-técnicos de la evaluación ambiental de proyectos y normas ambientales, procurando el mayor ámbitos de involucramiento ciudadano posible y necesario.
Finalmente, se requiere mejorar el proceso de involucramiento de todos los actores- públicos y privados- en la gestión ambiental comunal, desarrollando instrumentos estratégicos de gestión: planes ambientales comunales (Agenda 21 Local).
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Pedro Hernández G. Viernes, 8 de Agosto del 2003
Comunidad virtual de Gobernabilidad, desarrrollo humano e institucional. (www.gobernabilidad.cl)
INTRODUCCION:
Nos hemos propuesto en esta monografía, desarrollar un análisis de la relación entre la participación ciudadana con las políticas publicas, en el marco del proceso de construcción y consolidación de la democracia en nuestra región latinoamericana y en nuestro país. Para ello, comenzamos el análisis a través de una presentación descriptiva del contexto nacional e internacional en el cual se desenvuelve esta conversación y construcción.
Posteriormente, elaboramos un listado con algunas de las experiencias relevantes de participación ciudadana, relacionadas con la problemática y tratamiento de la cuestión medioambiental en nuestro país. Hacemos este acercamiento, asumiendo el hecho que en este ámbito -durante los últimos años- se han desarrollado iniciativas a partir de las que es factible recoger algunas enseñanzas importantes de carácter metodológico y de visión de carácter político-institucional sobre la relación participación y políticas.
En tercer lugar, realizamos un abordamiento al concepto y alcance de las políticas publicas, la participación ciudadana y su vinculación con la democracia, trilogía base de nuestra reflexión y análisis en este trabajo. Considero, que del modo en que estas dimensiones del quehacer social se coordinen y combinen, depende el poder avanzar y potenciar los espacios de participación y protagonismo de las sociedades, en el desarrollo de las democracias en la región latinoamericana y en nuestro país.
Finalmente, nos animamos a presentar algunas recomendaciones para la acción participativa como fortalecimiento de la democracia, a partir de la selección de determinados ámbitos de preocupaciones sociales y políticas de la sociedad. Entendemos estos espacios como ámbitos de oportunidad y de posibilidades a desarrollar, lo hacemos desde la perspectiva que estos podrán alcanzar su plenitud a partir de la acción de las personas organizadas y de la decisión de los agentes del Estado, que convencidos del rol ciudadano en la democracia, están dispuestos a apostar a una democracia participativa, responsable, innovadora e inserta en la dinámica de otorgar más espacio a la sociedad en el poder de los Estados.
EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE SE DESARROLLA ESTA CONVERSACION SOBRE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LAS PÓLITICAS PUBLICAS
Somos participes y protagonistas de un proceso de globalización y mundialización de la política. Los procesos económicos actuales, la participación social, el fenómeno e impacto de la información, la dinámica de las comunicaciones, la influencia de los modelos de organización y de vida, han modificado las maneras de concebir y desarrollar la actividad política. Incluso, a partir del reciente proceso electoral en USA, determinadas maneras de estructurar los procesos de elección de los representantes de los ciudadanos han sido objeto de análisis y cuestionamiento. Las noticias acontecidas, fueron tema de análisis político y del sentido común de las poblaciones, en buena parte de los países del orbe, haciendo de la historia de la humanidad un acontecimiento de dimensiones mundiales.
Chile: Diez años de Democracia (1990-2000). El país, luego de haber experimentado un largo periodo de régimen autoritario y autocrático, ha recuperado el sistema democrático de designación de sus autoridades, asegurado la vigencia de los derechos humanos y el estado derecho, y un régimen económico exitoso, que posibilita asegurar a los analistas condiciones para una reactivación de la economía, luego de una profunda recesión. Además, la ciudadanía puede ejercer su libertad de asociación, expresión y participación en todos aquellos ámbitos en los cuales posea oportunidad y ámbitos para hacerlo.
Tercer Gobierno de la Concertación y el desafío del Bicentenario. Luego de dos periodos gubernamentales ejercidos por Presidentes electos por el voto popular, pertenecientes a los partidos de la concertación por la democracia, para el periodo 2000-2006 también ejercerá la primera magistratura un ciudadano perteneciente a esa coalición de gobierno. Este conglomerado politico, tiene la oportunidad de otorgar efectivamente a los habitantes del país, mayores y mejores espacios de participación y desarrollo democráticos. La Agenda Política de Ricardo Lagos, Presidente de la República (21 de mayo), presentada al Congreso Pleno, expresa los compromisos principales relacionados con el desarrollo de un modo de democracia más participativo y moderno.
Crisis y Modificación del Rol del Estado. Tanto en el ámbito internacional como nacional, existe consenso sobre la crisis del estado moderno, lo que lleva necesariamente a revisar y replantear su rol en el sistema politico. El país, durante los últimos diez años, luego de un proceso de análisis y debate en los ámbitos de discusión politico-institucional, ha impulsado acciones destinadas a revisar y desarrollar nuevos modos de organización, desarrollo y funciones del Estado en nuestra sociedad. Para ello, desde el aparato publico se han implementado políticas y programas de reformas, llegando en estos momentos a la definición de un programa nacional de reforma de la gestión publica.
Valoración creciente de la participación ciudadana en la gestión publica. En este mismo contexto de reforma de la gestión publica, la autoridad ha decidido otorgar a la participación de la ciudadanía un rol principal y estratégico dentro de la gestión y el desarrollo de las políticas publicas. Se presenta esta dimensión, como el factor democratizante de la gestión publica. La población demanda participar, pues incluso percibe que en la medida que aumenta sus ámbitos de injerencia en los programas y proyectos públicos, su ámbito de influencia política aumenta. La participación da resultados muy superiores en el campo social a otros modelos organizacionales de corte tradicional.
Procesos de modificación de las representaciones políticas partidistas. Los modos de representación de la ciudadanía se han ampliado y/o modificado. No solo los partidos políticos recogen y canalizan las inquietudes de la población. Incluso lideres provenientes de los ámbitos no-partidistas se presentan- a través de los medios de comunicación- como interlocutores de algunos de los intereses de la ciudadanía ante los agentes del Estado. Algunos de los recientes hechos de enriquecimiento ilícito de determinados funcionarios públicos, ha generado mayor desprestigio de los servidores públicos y de los representantes provenientes de las filas partidarias. Por ello, los diversos grupos ciudadanos –por medio de diversos canales de expresión- presionan por cambios en los modos de participación y representación político y social.
Cambios en los modos de expresión de la sociedad civil y su relación con el Estado. Se puede constatar un escenario en el cual el Estado y sociedad civil son mundos separados, lo que hace muy difícil afirmar la dimensión política de la sociedad civil. La sociedad civil se percibe como víctima de un Estado que todo lo exige y que poco consigue producir. Esto lleva a una crisis de los modos de relación entre la sociedad civil y el Estado. Uno no representa realmente los intereses de sus representados; y otro, no es capaz de ocupar y ejercer un rol politico en el Estado, como comunidad política.
Y por otro lado, nuestras sociedades y nuestros Estados deben hacer frente a nuevos e importantes temas emergentes, como son los relacionados con las migraciones de trabajadores desde países limítrofes; el desarrollo de procesos de integración, básicamente de carácter económicos e industriales; y una creciente demanda por mayor seguridad ciudadana en las ciudades de nuestro continente y de nuestro país. Todos estos temas, que obligan a tomar posición y decisión por parte de los agentes del estado, y que presionan a los miembros de la sociedad a asumir posturas frente a ellos.
3. La Agenda Política de Ricardo Lagos, Presidente de la República
El Presidente Ricardo Lagos, en el mensaje de inicio de su gestión ante el Congreso Nacional, señaló que "EL NUESTRO SERÁ EL GOBIERNO DE LAS REFORMAS para llevar a Chile a ser un país desarrollado el 2010".
Indicó que este programa se orientará a "reformas en las esferas social, política, económica y cultural. No cualquier tipo de reformas, porque lo que Chile necesita no es cualquier tipo de cambio, sino aquel que le permita a todos sus hijos crecer en igualdad y en libertad, que aquel que nace en esta tierra nuestra, tiene iguales posibilidades, no importa el lugar o la cuna en que nació".
Destacó que "las reformas las realizaremos en el marco del Estado de Derecho y con participación, integración, consulta y diálogo con la ciudadanía. No creemos en los cambios que se imponen por la acción autoritaria de una elite que todo lo sabe. Una convivencia sana se construye cuando los derechos y las obligaciones están claros y son respetados por todos".
Posteriormente, estableció los tres grandes ejes del programa de reformas que postula implementar durante los próximos años:
ABRIR LAS PUERTAS AL DESARROLLO. ¡Nadie debe quedar sin acceso al bienestar que surja del crecimiento económico y de la incorporación de Chile a la revolución tecnológica!
INTEGRAR AL PAÍS. ¡Todo chileno y toda chilena deben estar incorporados al mundo moderno mediante servicios e infraestructura adecuadas, con más atribuciones y responsabilidades para las regiones y para las comunas donde habita!
ENGRANDECER EL ESPÍRITU DE LOS CHILENOS. ¡No debemos tener miedo a ampliar las libertades, promover la participación, expandir el conocimiento, la cultura y la ciencia, incorporarnos al mundo de nuestros días, vigorizar las familias y las comunidades!
A nuestro juicio, como representante de la clase gobernante del Estado, Ricardo Lagos, postula un proceso de carácter politico-estratégico, en el cual las políticas publicas y la participación de la ciudadanía constituyen un binomio dinámico e interrelacionado en el proyecto de país y de democracia que propone para el país en vista del bicentenario. Esta afirmación, resulta ser una base de análisis para la reflexión que pretendemos abordar en el trabajo.
Por un lado, hay un reconocimiento de la necesidad de reformas de carácter politico-institucional en el Estado, de desarrollar políticas publicas innovadoras que se hagan cargo de los desafíos que como país existen, y por otro, el producir este proceso con y desde la participación de la ciudadanía. Estos tres ejes son la base de una estrategia de fortalecimiento de una democracia moderna acorde a los desafíos que los estados deben asumir, en el marco de los procesos de globalización y mundialización de la política.
4. ALGUNAS EXPERIENCIAS RELEVANTES DE PARTICIPACION CIUDADANA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA MEDIOAMBIENTAL.
A partir del proceso de participación ciudadana, desarrollado en el ámbito de la gestión ambiental del periodo 1994-2000 en el país, y reconociendo a este como un proceso en marcha aun, presentamos algunas experiencias que pueden resultar relevantes a la hora de recoger y estudiar metodologías y visiones factibles de extrapolar a otros ámbitos de la vida de la sociedad civil en su relación con el Estado.
Políticas Regionales Ambientales:
Durante el periodo 1997-2000, en las diversas regiones del país se elaboraron, desarrollaron y aplicaron, políticas ambientales regionales, concebidas como expresión local de la política nacional medioambiental, explicitada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). En todos estos procesos, como condición de legitimación y aplicación, se considero un amplio programa de participación de la comunidad. Presentamos algunas de las notas más importantes de ese proceso:
Los Diagnósticos Ambientales Regionales, se desarrollaron mediante metodologías que hicieron de estos el resultado de procesos altamente participativos.
Los participantes de los talleres de trabajo y encuentros desarrollados en cada región y/o localidad, pudieron cooperar y tomar parte en la definición de los objetivos, estrategias y programas de las políticas ambientales regionales.
Igualmente, en los casos donde se desarrollaron estos instrumentos, los participantes de los procesos se involucraron en la definición de las Agendas Ambiental Regional, lo mismo, que en la identificación de Nuevos Instrumentos de Gestión Ambiental.
Planes Ambientales Comunales:
El mismo desarrollo temático y metodológico aplicado a los ámbitos regionales, se aplicó en los espacios de gestión ambiental municipal. Estas iniciativas, que tienen una expresión más parcial, recogen la decisión de las autoridades municipales convencidas de la participación de la ciudadanía como condición de eficiencia, eficacia y legitimidad política de la gestión municipal. Las notas más relevantes de este proceso, son:
Los habitantes de las comunas, a través de sus organizaciones, participaron en el desarrollo de los Diagnósticos Comunales, otorgándoles la características de Participativos.
COALES (Comité Ambiental Local). Son un modo explícito de organización de los habitantes de una comuna, que de ese modo se involucran en forma responsable en los procesos de formulación de los planes ambientales comunales.
Lo mismo que en el caso de la experiencia arriba indicada, la participación de la ciudadanía en los Planes Ambientales ya indicados, se expresa también en la identificación de los objetivos estratégicos comunales, en la definición de prioridades, en el desarrollo del Plan Ambiental, y en la implementación de proyectos, que están contemplados en el Plan.
Sistema Regional de Gestión Ambiental
Un modo de participación formal y corporativo de la ciudadanía en la gestión ambiental, ya sea en el ámbito nacional como regional, es la presencia en el sistema regional ambiental de los Consejos Consultivos Regionales.
Estos órganos creados por la ley 19.300, son un modo de representación de la ciudadanía en forma corporativa, pero que establece determinados ámbitos temáticos en los cuales las autoridades deben consultar a este órgano al momento de la toma decisiones sobre asuntos de carácter politico institucional y estratégico ambiental.
Si bien, es un modo formal de participación, posee los elementos básicos para asegurar un involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre política, programas, estudios y problemáticas ambientales, ya sea de carácter nacional como regional.
Lo destacable, a mi juicio de esta experiencia, es la decisión de formalizar un ámbito de participación ciudadana en la gestión y aplicación de una política publica en un ámbito relevante de la agenda gubernamental, como es la cuestión ambiental.
Participación Ciudadana en los Instrumentos de Gestión Ambiental:
Además de los anterior, la gestión ambiental definida por la legislación vigente, la política ambiental y la gestión ambiental del país, ha establecido otros espacios y ámbitos en los cuales la participación de la ciudadanía es condición de legalidad, legitimidad y eficiencia de la gestión. Estos ámbitos son:
Sistema de Evaluación Ambiental de proyectos
La Elaboración de los Planes de Descontaminación
En la formulación de las Normas Ambientales
En la definición y desarrollo de programas de Educación Ambiental
El mismo Fondo de Protección Ambiental, es un modo concreto de participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales locales.
El Club de Forjadores Ambientales, es la expresión del involucramiento de los adolescentes en la cuestión ambiental.
Los Acuerdos Voluntarios, en los cuales participan básicamente empresas, recogen la iniciativa y la participación de los ciudadanos en el proceso de formulación del acuerdo como en su control.
5. UN ACERCAMIENTO A LA TRILOGIA: POLITICAS PUBLICAS, PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRACIA
5.1. Políticas Publicas:
La política pública, desde una óptica institucional, se trata de la decisión de una autoridad legitima, adoptada dentro de su campo legitimo de jurisdicción y conforme a procedimientos legalmente establecidos, vinculante para todos los ciudadanos de la asociación, y que se expresa en varias formas: leyes, sentencias, actos administrativos.
Las dimensiones que puede adquirir una Política Publica, pueden ser:
Institucional, la política es elaborada o decidida por una autoridad formal legalmente constituida en el marco de su competencia y es colectivamente vinculante;
Decisorio, la política es un conjunto-secuencia de decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios, de largo o corto alcance, en una situación especifica y en respuesta a problemas y necesidades;
Conductual, implica la acción o la inacción, hacer o no hacer nada; pero una política es, sobre todo, un curso de acción y no solo una decisión singular;
Causal, son los productos de acciones que tienen efectos en el sistema político y social.
En cuanto al Origen de las políticas publicas, estas habitualmente nacen en la agenda pública, determinada en un proceso vinculado a la dinámica de las relaciones de poder, a las características del sistema político y a las relaciones imperantes entre el estado y la sociedad civil.
La participación en la formulación de las políticas, constituye un requisito para un diseño exitoso de la misma. Hoy se encuentra a su favor las tecnologías de las comunicaciones imperantes. Por tanto se requiere voluntad para su potenciación como también para generar información analítica –comparativa y el fortalecimiento de institutos de políticas públicas.
5.2. Participación Ciudadana:
Sociedad Civil:
Se puede afirmar que la sociedad civil incluye aquellas entidades, estructuras y redes que son independientes de los poderes del Estado y de los partidos políticos, pero que se relacionan con él y estos de diversos modos.
Una definición tan amplia como esta obliga a incluir a todas aquellas organizaciones y redes ubicadas fuera del aparato estatal dentro de la sociedad civil, por lo que la sociedad civil estaría constituida por las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación, el sector empresarial, los colegios y gremios profesionales y las organizaciones no gubernamentales u organizaciones ciudadana.
Rol de la Sociedad Civil:
Las tareas que puede implementar la sociedad civil, se inscriben en actividades de organización de campañas publicas, desarrollo de talleres educativos, generación de iniciativas de concienciación a objeto de modificar patrones de conducta ciudadana.
Además, se agrega la promoción y la presión publica destinadas a generar acciones de los poderes públicos en orden a nuevas normativas y políticas especificas. Del mismo modo, la sociedad civil puede organizar modos de recepción de opinión ciudadana y generación de medios de comunicación alternativos a los oficiales.
El Derecho a la PARTICIPACION/CONCEPTO
El derecho a la participación en los asuntos públicos, puede ser definido como aquel derechos fundamental que siendo expresión directa del poder soberano, supone la pretensión o exigencia de participación del pueblo en la gestión y resolución de los asuntos públicos, bien directamente, o bien a través de representantes libremente elegidos.
Es un derecho que empieza a ser reconocido en las primeras declaraciones de derechos humanos:
En la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, se reconocía este derecho en la Sección 6:
"Que las elecciones de miembros para servir de representantes del pueblo, en asamblea, deben ser libres; y que todos los hombres que hayan probado suficientemente su interés permanente con la comunidad, y su adhesión a ella, tengan el derecho de sufragio... "
El artículo 6 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre del Ciudadano, de 1789 establecía:
"La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente, o a través de sus representantes, en su formación ...Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y son otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos."
Es un derecho que es manifestación directa del poder soberano del pueblo. Pertenece a los derechos de la primera generación, siendo identificable como aquel genérico derecho que engloba o encierra los derechos políticos.
Si los derechos civiles eran derechos de exclusión el derecho a la participación políticas, por el contrario, un derecho de participación.
Es un derecho cuyo titular o sujeto activo no son todas las personas, sino sólo los ciudadanos de un determinado país o Estado.
Es un derecho cuyo contenido concreta lo que Jellinek llamó sattis activae civitatis y que convierte a los titulares del mismo en sujetos activos en la formación de la voluntad estatal.
Su fundamento radica en la dignidad de la persona humana. Por eso el Papa Juan XXIII, en su Encíclica Pacem in Terris afirmaba:
"De la misma dignidad de la persona humana proviene el derecho a tomar parte activa en la vida pública y contribuir a la consecución del bien común. El hombre, en cuanto tal -decía nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII- lejos de ser tenido como objeto y elemento pasivo, debe, por el contrario, ser considerado como sujeto, fundamento y fin de la vida social..".
Los principales textos internacionales de derechos humanos reconocen este derecho en los siguientes términos:
Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país...
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El artículo 20 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre establece: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
Artículo 25 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
Tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Artículo 23.1º del Pacto de San José de Costa Rica: Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Artículo 17 de la declaración de los derechos y Libertades Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo en virtud de Resolución de 16 de mayo de 1989:
Todo poder público emana del pueblo y debe ejercerse de conformidad con los principios del estado de derecho.
Todo poder público debe ser directamente elegido o responsable ante un parlamento directamente elegido.
Los ciudadanos de la Comunidad tienen derecho a participar en la elección por sufragio universal libre, directo y secreto de los diputados del parlamento Europeo.
Los ciudadanos de la Comunidad tienen el derecho tanto a ser electores que a ser elegibles...
El artículo 13.1 de la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, de 1981 reconoce en su artículo 13.1. el derecho a la participación política y el artículo 13.2. de la misma cara reconoce el derecho a acceder a los cargos públicos.
En los sistemas constitucionales contemporáneos no existe, a excepción de algunos sistemas políticos más recientes como el sistema jurídico portugués, del sistema jurídico paraguayo o del sistema jurídico español, un reconocimiento expreso de este derecho.
El artículo 48.1 de la Constitución portuguesa de 1976 establece: Todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
El artículo 117 de la Constitución del Paraguay de 22 de Junio de 1992 establece: Los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determinen esta Constitución y las leyes...
En el sistema jurídico español viene reconocido este derecho en el artículo 23.1 de la Constitución de 1978: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en lecciones periódicas por sufragio universal. Este precepto debe ser puesto en conexión directa con el artículo 1 de la Constitución, del que lógicamente deriva, ya que en éste ultimo se afirma que: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado. La forma política del estado español es la Monarquía parlamentaria.
El derecho a la participación en los asuntos públicos comprende los siguientes derechos:
El derecho a la participación política. Este derecho, a su vez, comprende los siguientes:
El derecho a la asociación política.
Este derecho comprende dos derechos:
El derecho a formar partidos políticos.
El derecho a afiliarse libremente a los partidos políticos.
El derecho a la libertad de reunión política.
El derecho a la libertad de manifestación.
El derecho de sufragio. Que comprende:
El derecho de sufragio activo.
El derecho de sufragio pasivo.
El derecho de petición.
El derecho a acceder a los cargos públicos.
El derecho a la participación en la actividad legislativa. El cual, a su vez, comprende los siguientes derechos:
El derecho al referéndum.
El derecho a la iniciativa legislativa popular.
El derecho a la participación en la Administración de justicia. Supone básicamente dos derechos:
El derecho a intervenir en los procesos formando parte del jurado.
El derecho a ejercitar la acción popular, amparándose en el proceso como acusación particular.
El derecho a la participación en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos a cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
Una aproximación teórica sobre la Participación Ciudadana.
La participación ciudadana es participación política, ya que significa la intervención directa de la ciudadanía en las actividades públicas, sin estar relacionada con la participación mediada por los partidos políticos ni con el ejercicio del derecho al voto. Por actividades públicas nos referimos a todas aquellas actividades que realiza el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como municipal.
El que participa no se convierte en empleado público y su actitud no debe interpretarse como un favor a la sociedad, ya que es deber y derecho ciudadano el tomar parte de las decisiones de orden público más allá del simple acto de votar en elecciones periódicas.
La situación económica de nuestros pueblos y la necesidad de vías para el desarrollo hacen que se encuentre en la participación un mecanismo propulsor del desarrollo económico y social. Así, la participación es vista como un proceso a través del cual los individuos y la comunidad están activamente involucrados en todas las fases del desarrollo, lo que genera mayor equidad y sostenibilidad.
Lo que distingue a la participación, es la intervención en el mecanismo de decisión política, implica contribuir a generar la voluntad colectiva. Participar, implica ser admitido a la discusión del asunto y tener derecho a emitir una decisión individual sobre el asunto, con la obligación correlativa de que sea procesada en la aplicación de la regla de agregación que da como resultado la decisión colectiva.
A partir de lo anterior se podría definir participación ciudadana como un "... proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve".
Es posible distinguir la forma en que la ciudadanía participa en: participación - reivindicación, participación - control y participación - gestión. Estas se pueden ordenar de la siguiente manera:
Participación – reivindicación: esta comprendido por los movimientos ciudadanos de reivindicación de derechos. Protegidos por las distintas convenciones de protección a los derechos humanos y por las constituciones de la mayoría de Estados.
Participación – control: lo conforman las asociaciones de contribuyentes, vecinos, usuarios, consumidores, etc., que demandan un mejor control del gasto público por parte de las Administraciones. Control que se formaliza jurídicamente a través de leyes de información, denuncia, petición, de defensa de los consumidores, regulación de plebiscitos y referendos, audiencias públicas, etc.
Participación - gestión, que se materializa en nuestras sociedades en una auténtica administración sustitutoria o sumergida, ante la crisis del Estado del bienestar (guarderías, asistencia social, actividades deportivas o culturales, mantenidas por asociaciones voluntarias).
Estas formas de participación se pueden expresar en los niveles municipal y nacional, ya sea de manera individual o colectiva, a través de las cuales se pretende:
Cercanía y presencia ciudadana en los niveles de decisión;
Establecimiento de mecanismos de control social;
Creación y fortalecimiento de instrumentos para lograr una democracia participativa;
Fortalecimiento municipal;
Descentralización y/o desconcentración de la administración pública para lograr justicia y equidad social; y
Respeto a la diversidad organizativa y social.
También es factible dividir las formas en la que la ciudadanía participa en formas pasivas y formas activas de participación.
Las formas pasivas de participación ciudadana incluyen la labor de los funcionarios públicos para informar a la población de los problemas y de los planes para resolverlos, y para determinar qué percepción tienen los ciudadanos respecto de los problemas y su opinión acerca de los planes y opciones.
Los funcionarios suelen recurrir a las formas pasivas de participación ciudadana para encontrar el apoyo del público para los proyectos que desean llevar a cabo.
Con respecto a la información en la participación pasiva, los funcionarios del gobierno preparan y distribuyen publicaciones informativas para despertar el interés y explicar conceptos, temas y procedimientos. De forma paralela los funcionarios pueden animar a los programas de radio y televisión a transmitir programas relacionados con los problemas públicos y sus soluciones. Los funcionarios pueden también animar a los periódicos a preparar y publicar editoriales, notas y suplementos especiales sobre los problemas y proyectos de gobierno.
Otra valiosa fuente de información a la que también se puede recurrir, es la investigación mediante encuestas, cuyos resultados pueden contribuir al juicio político y administrativo de los proyectos que se pretendan llevar a cabo.
Las formas activas de participación, son todas aquellas en las que la ciudadanía participa de manera directa en la organización o en la actividad de administración pública.
Dicha participación se puede expresar de manera individual (derecho a solicitar información o a optar a cargos públicos, por ejemplo) y de manera colectiva (grupos de interés, sectores laborales, partidos políticos, etc.).
Los principales exponentes de esta forma de participación los encontramos en aquellos mecanismos legales de participación ciudadana directa en los asuntos de orden público. Estos mecanismos se encuentran por igual incorporados en las constituciones y leyes nacionales de muchos países de América. Las definiciones que se tienen sobre cada uno de estos mecanismos están basadas en los mismos principios. Algunas de estas instituciones jurídicas son:
El referéndum
Por medio de los referéndum populares, los ciudadanos tienen, con frecuencia, la oportunidad de hacer saber a quienes han sido elegidos para tomar decisiones, los puntos de vista de la población acerca de un determinado asunto. Por el referéndum interviene el pueblo en forma directa en el régimen político del Estado, participando en cierta manera en la sanción de leyes u ordenanzas municipales y decidiendo en algunos casos como última instancia, sobre los asuntos que le afectan en forma directa.
El plebiscito
Es la consulta directa que se hace al pueblo acerca de una medida fundamental cuya trascendencia incida en los intereses generales de una nación. Al igual que los anteriores, para llevarse a cabo se requiere de un número mínimo de firmas.
Elaboración de leyes por iniciativa de los ciudadanos
La Iniciativa Ciudadana de Ley, también denominada Iniciativa Popular, puede ser considerada un procedimiento legislativo especial que autoriza al pueblo a introducir innovaciones en la legislación con o sin consentimiento o conformidad de los órganos habitualmente competentes para ello.
La mayoría de las Constituciones que autorizan la iniciativa ciudadana requieren de un determinado número de firmas a favor de la misma, además del cumplimiento de ciertos requisitos para su presentación al Poder Legislativo.
La revocación del mandato
La revocación del mandato tal como es conocida en Estados Unidos, está diseñada para remover a los funcionarios públicos de sus cargos antes del plazo normal que para ello esta fijado.
Participación en Democracia.
La democracia es un sistema de gobierno compatible con la libertad, la justicia y la equidad, y es una forma de cultura. La generación de una cultura democrática es un proceso de larga duración en el cual las formas y los contenidos democráticos traspasan todos los espacios de la vida social, desde la experiencia de lo cotidiano hasta las relaciones institucionales.
Si asumimos a la democracia en su aspecto cultural, podemos coincidir con Habermas, en cuanto esta como el espacio público de comunicación dialogica en el cual ocurren la critica del ejercicio de la autoridad, la tematización de nuevas cuestiones y la construcción de nuevas identidades. La recuperación y desarrollo de la esfera de lo publico, resulta ser el mayor desafío en la renovación de la teoría democrática. Allí lo que se busca es construir un espacio de libre interacción de grupos, asociaciones y movimientos, generando un espacio de critica, abriendo al mismo tiempo, espacios de análisis de la misma democracia.
Es hacia este objetivo, donde debería dirigirse el trabajo gestión política y de desarrollo politico de nuestras sociedades en un repensar el modo de acción en política, otorgando mayores ámbitos a la participación de las comunidades y sociedades. Este proceso, que esta en la raíz de la generación de una forma comunicativa de poder, implica la capacidad de someter a la autoridad pública a la critica.
El tema de la gobernabilidad, tiene relación con la urgencia, que tienen las democracias de erigir una fuerte validación, con formas y estilos políticos eficientes y eficaces, capaces de generar una convivencia verdaderamente civilizada.
La democracia, debe asumir las demandas sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales de la población, pero no solo debe hacer lo anterior, sino que tiene que hacerlo con y desde la sociedad civil. Las acciones de los gobiernos deben centrarse en los ciudadanos y en la sociedad, ya que éstos constituyen el objetivo primordial de los gobiernos.
Asimismo, las acciones entre el gobierno y la sociedad deberán de darse en todos los ámbitos y en una constante interacción no sólo en la definición de las grandes políticas, sino para garantizar que todas las acciones ya sean públicas o privadas, redunden en beneficio de los ciudadanos.
El potencial democratizador de la participación ciudadana, esta vinculado a la posibilidad de producir a través de ella una alteración real en las asimetrías de la representación política y social.
Acerca de la Participación y su problematización política: su relación con el rol del estado, la representación y su legitimidad.
En el ámbito local, la participación se genera por las causas inmediatas que preocupan a las familias en sus necesidades más urgentes.
Desde el punto de vista de los conflictos (ya sean estos ambientales, sociales, étnicos), en el ámbito de lo local, surgen algunas sugerencias estratégicas: debería estimularse en forma directa la participación, no esconderla ni reprimirla; apoyar en forma temprana a una suerte de mandato popular, a objeto de evitar el conflicto; aplicar mecanismos e instancias directas de negociación bajo formas de una mediación, incluyendo formas anticipadas de negociación de conflictos; y organizar instancias formales de participación para la superación de problemas y conflictos.
Para que la participación cumpla su finalidad de llegar a los que menos tienen y al seno mismo de las comunidades, debe basarse en una descentralización de las decisiones, en una redistribución del poder que garantice que el interés por el ciudadano comienza por la dimensión humana y está presente en las decisiones en todos los órdenes..
Corresponde, por tanto al estado asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. La nueva relación gobierno-sociedad que se plantea desde estas premisas, deberá de darse no sólo el respeto a los derechos y a las garantías, sino promoverse una política de aliento y promoción que se traduzca en un marco jurídico adecuado.
Igualmente, se requiere de un nuevo tipo de estado. Un Estado, que se oriente a dignificar la vida colectiva, un Estado para la sociedad civil, lo que implica de reformas de carácter politico-institucional cualitativas orientadas a consolidar y desarrollar nuevos estadios en la democracia. Son procesos de carácter eminentemente cualitativos, los cuales suponen un rol activo de la sociedad civil.
Se trata de construir un nuevo proyecto democrático. Que sea capaz de ir mas allá de la política de los políticos, que asuma los desafíos y problemas de las personas, de modo de ayudarlas a responder a las necesidades y a los valores socialmente instituidos y crear un nuevo sentido común para la vida. Retomar la política, implica reformar al estado.
Los acuerdos gobierno-sociedad civil que se necesitan para realizar proyectos comunes, deber dirigirse ha satisfacer necesidades publicas.
El desafío que concierne al Estado es el cambio de enfoque en sus relaciones con la sociedad civil. En lugar de pretender que ésta se acerque a él, creándole canales institucionales en función de sus objetivos y necesidades, lo que corresponde es invertir la cuestión, buscando apoyar a la sociedad civil – preservando su autonomía – de manera de no comprometer su capacidad de negociar libremente las mejores condiciones que posibiliten su desarrollo.
Los esfuerzos organizados de la ciudadanía para participar en decisiones públicas, (leyes o políticas) se hacen a través de diversos mecanismos. Estos pueden ser:
incidencia directa sobre legisladores o tomadores de decisión de agencia gubernamentales;
incidencia indirecta a través de campañas de movilización social y formación de alianzas para la promoción de agendas específicas;
participación en consejos de planificación o concertación de políticas nacionales, departamentales o municipales de carácter general o sectorial;
influencia en las propuestas de candidatos o de partidos políticos;
desarrollo de casos judiciales para establecer jurisprudencia en torno a derechos económicos, sociales y políticos de la ciudadanía;
desarrollo y difusión de investigaciones en temas sociales relevantes.
Los esfuerzos por incidir en las políticas públicas, por parte de la ciudadanía, requieren de capacidades institucionales que pueden ser potenciados a partir de estrategias de capacitación adecuadas a las instituciones.
El desarrollo de estas capacidades requiere de marcos de referencia que ubiquen la función de incidencia en políticas y de deliberación pública de las organizaciones de la sociedad civil, en el contexto de la democracia; y de herramientas analíticas para entender los planteos actuales sobre el papel del Estado y la sociedad civil en la política social. El estado debe facilitar y apoyar la participación, mas que organizarla y manejarla.
Se requiere también de repertorios amplios de estrategias eficaces para la incidencia en políticas, así como del desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para la planificación e implementación de estas estrategias
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas, debería considerarse en las diversas etapas de esta:
en la construcción del problema publico, mediante mesas de trabajo y encuentros periódicos;
en la incorporación del problema en la agenda, mediante la participación en los órganos consultivos y/o consultas ciudadanas;
en la misma formulación de las políticas publicas, mediante seminarios, talleres y congresos con capacidad de decisión;
en la implementación de las políticas, a través de la participación mediante fondos concursables, proyectos conjuntos y participación directa mediante concursos públicos;
y en el monitoreo, evaluación, control y reformulación.
Se pueden identificar algunos costos y beneficios de la participación ciudadana.
Costos:
Los gastos gubernamentales se pueden incrementar debido al costo que implica el mantener una opinión pública plenamente informada, y, en algunos casos, dar cabida a los referéndum.
Las demandas de los ciudadanos para la realización de estudios adicionales, en casos de impacto ambiental por ejemplo, puede demorar la preparación y ejecución de los planes de gobierno.
Los ciudadanos pueden no ser competentes para juzgar adecuadamente los aspectos técnicos de los planes y programas de gobierno, y los intentos de los funcionarios de explicar cuestiones técnicas pueden producir mayores retrasos.
Existe el riesgo de que los ciudadanos que participen en los procesos de planificación, de puesta en práctica, o en ambos, tengan un punto de vista localista y enfocado solamente al impacto de los planes y programas sobre su comunidad o municipio y que se genere, así, un conflicto entre lo que es mejor para una determinada comunidad y lo que es mejor para un área geográfica más amplia.
Los individuos que participan en los programas y en la toma de decisiones pueden no representar a toda la ciudadanía.
Puede ocurrir un conflicto de valores si los valores de los participantes difieren significativamente de los que tienen los funcionarios electos y los burócratas. Tal conflicto puede verse como algo saludable si obliga a burócratas y funcionarios a reflexionar sobre sus valores.
Beneficios
a) Para la ciudadanía
Los programas de gobierno afectan directamente las vidas de los ciudadanos y las instituciones y procesos tradicionales no siempre son capaces de identificar y resolver los problemas que los grupos de ciudadanos perciben como serios.
Desarrolla la capacidad de la participación responsable y amplia de la ciudadanía.
Los ciudadanos pueden hacer valiosas aportaciones a los procesos de planificación y ejecución sobre la base de su conocimiento detallado de las condiciones, necesidades y deseos locales.
En este último sentido, la participación desarrolla habilidades en los ciudadanos para la administración pública.
Contribuye además a la despolarización política de la sociedad al establecerse metas comunes.
Eleva la autoestima de las poblaciones y las personas que participan en los programas y proyectos, lo que genera efectos sinérgicos en otros ámbitos del quehacer social y colectivo. La participación en si como proceso social cambia a sus mismos actores.
b) Para el gobierno central y gobiernos locales
Desde el punto de vista gubernamental, el hecho de que los ciudadanos puedan compartir con los funcionarios públicos la responsabilidad de la toma de decisiones tiene la ventaja de facilitar la ejecución de los planes y programas, en la medida de que los ciudadanos estarán más deseosos de aceptar y trabajar para la realización de los proyectos con los resultados esperados si ellos mismos han contribuido a planearlos, puesto que comprenderán mejor las razones que los justifican.
La participación de los ciudadanos tiene un valor democrático, pues les facilita exigir sus responsabilidades a los funcionarios, electos o designados.
Contribuye a una mayor transparencia en la administración pública.
Aumentará la confianza de la ciudadanía en el sistema político y combatirá la apatía política.
Genera demandas en los modos de gerencia de los programas y proyectos de carácter publico. El líder del pasado era una persona que sabia como ordenar, el del futuro tiene que saber como preguntar, pues necesita imprescindiblemente de los otros.
La participación, ayuda a generar un ambiente altamente requerido en los ámbitos de gerencia: son los ambientes de confianza.
Credibilidad en la rendición de cuentas.
Los actos gubernamentales se verían legitimados.
6. ALGUNOS AMBITOS PARA LA ACCION PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Luego de la descripción de los ámbitos de experiencias sobre participación ciudadana, de la revisión de aspectos teóricos de la problemática de la relación entre participación ciudadana, políticas publicas y democracia, presentamos algunas sugerencias de ámbitos para la acción participativa de la sociedad civil en el proceso de fortalecimiento de la democracia.
En cada ámbito, solo pretendemos presentar algunos de los posibles cursos de acción a desarrollar y/o aspectos a abordar como espacio de participación ciudadana en la definición del tema publico que implica
En el ámbito de la Cultura:
Entendiendo por cultura, a aquellos modelos de vida, modos de organización, valores y cosmovisiones que caracterizan a grupos, sociedades y/o comunidades de personas, considero que los siguientes los posibles tipos y/o temas a desarrollar.
La promoción y defensa de los Derechos Humanos, deberían estar en la base de los espacios de participación y dialogo que las sociedades pretenden construir como nuevos estadio de desarrollo de sus modelos de democracia. Este se presenta, entonces como una oportunidad y como un desafío, ya sea por su potencial politico, como también por su efecto en los modos de vida de la comunidad.
El reconocimiento y resguardo de la cultura popular, altamente considerada en los espacios de las artes y de la religión, resulta ser para el grueso de los decisores políticos formales un ámbito desconocido. Por ello, sostenemos esta es una tarea mayor a desarrollar como dimensión para la participación ciudadana y ámbito de critica a la gestión del Estado. Los modos de organización, expresión y desarrollo de los grupos populares urbanos y rurales, recogen y poseen un espacio de oportunidad para nuevos modos de organización económica y política de la sociedad.
En el ámbito de la educación y la capacitación:
La educación es el instrumento de transmisión de valores intergeneracionales, pero a la vez, es el medio de generación de nuevos modos de organización societal. La capacitación, al otorgar los instrumentos para insertarse técnicamente en la sociedad, particularmente en los ámbitos de la economía y el trabajo, se nos presenta como una interesante tarea a considerar. Presentamos los siguientes, como los ámbitos desde los cuales se puede avanzar en este tema.
La promoción y desarrollo de la educación permanente, como oportunidad para que los actores y miembros de la sociedad civil, desarrollen su vocación social y potencien su cultura, nos aparece como un desafío principal. Desde la niñez a la vejez, la persona humana esta en permanente proceso de enseñanza y aprendizaje. Las sociedades que deseen ser protagonistas de su destino, requieren de un proceso de educación permanente, como resultado de un acuerdo programatico entre el Estado y la sociedad civil.
La creación de Centros de Capacitación y Formación a la democracia y la participación política y la formación y capacitación de dirigentes, como labor de la sociedad civil conjuntamente con el Estado, se presenta como una urgencia estratégica para la consolidación de la democracia, y por ende, para el desarrollo de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
En el ámbito del desarrollo institucional
El desarrollo de la capacidad politico institucional de los Estados, se presenta como una condición para la participación ciudadana responsable, eficiente y acorde a los desafíos que debe asumir. Entendemos el desarrollo institucional, como la generación y desarrollo de ámbitos de tomas de decisiones en asuntos de carácter publico.
Para avanzar en lo propuesto, el apoyo y desarrollo de organizaciones sociales, comunitarias y políticas, se presenta como una responsabilidad de las instancias del Estado y de la misma sociedad. Lo politico no se agota en lo estatal, la sociedad tiene un espacio propio en esta tarea y debe poder desarrollarla.
La creación de espacios de encuentros y diálogos ciudadanos (plaza ciudadana), como modos de educación y generación de un "espacio publico", ha demostrado ser una excelente experiencia de involucrar a los ciudadanos en los asuntos de carácter comunitario y publico; y es un ámbitos propicio de encuentro entre los agentes del estado y los miembros de la sociedad civil.
En el ámbito del Desarrollo Sustentable
El desarrollo sustentable se puede representar como un triángulo cuyos vértices —el crecimiento económico, la equidad y la calidad del medio ambiente— están en un equilibrio dinámico. Por lo tanto, una condición fundamental del desarrollo sustentable es la armonización de las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas ambientales. Para una adecuada aplicación de este desafío, se requiere:
Desarrollo de una Cultura Ambiental, orientada al cambio de valores y modos de comportamiento de las personas que constituyen la sociedad, posibilitando que cada uno asuma su rol de preservador, recuperador y constructor de un medio ambiente adecuado al desarrollo humano.
Necesariamente, la sociedad organizada y las entidades publicas, deben poner prioridad en la preservación y uso sustentable del patrimonio natural: paisaje, bosques, ríos, mares, cielos, aire, suelo, etc..
Igualmente, la prevención del impacto ambiental del desarrollo, supone aplicar los mecanismos político-técnicos de la evaluación ambiental de proyectos y normas ambientales, procurando el mayor ámbitos de involucramiento ciudadano posible y necesario.
Finalmente, se requiere mejorar el proceso de involucramiento de todos los actores- públicos y privados- en la gestión ambiental comunal, desarrollando instrumentos estratégicos de gestión: planes ambientales comunales (Agenda 21 Local).
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