¿Por qué es importante la participación ciudadana en las políticas de TIC?
Columna de opinión de Rubén Araya Tagle, Investigador Social, Desarrollador de Software y Activista por los Derechos en Internet.
Fuente: TICsChile
ubicación: Artículo en TICsChile
En estos días en que nos acercamos a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que tendrá como compañía una Cumbre Ciudadana sobre la Sociedad de la Información (CCSI), resulta muy pertinente reflexionar sobre el por qué todos estos temas son materias de interés público que deben preocuparnos e interesarnos como ciudadanos/as.
Lo más relevante y significativo de las TIC es que intervienen en la información y la comunicación, elementos que cruzan todas las dimensiones de nuestra vida social. Por eso su desarrollo, producción, administración y utilización tiene múltiples impactos en ámbitos como la libertad de expresión e información, la propiedad intelectual y el dominio público, la privacidad y la seguridad de las comunicaciones, la diversidad lingüística y cultural, entre muchos otros. Las TIC se extienden y generalizan antes que se logren percibir sus impactos positivos y negativos, antes que las políticas públicas y las legislaciones puedan adaptarse para regular las nuevas situaciones y enfrentar los conflictos de intereses y de derechos que se producen. Y en este escenario, no todos los actores y grupos sociales están en igualdad de condiciones, por lo que los intereses que prevalecen y los mayores beneficios tienden a consolidar a los sectores dominantes.
Visto de esta manera, resulta mucho más clara la necesidad de que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se involucren activamente en los debates públicos y en las iniciativas y políticas sobre TIC. Ese es también el sentido que ha impulsado a múltiples organizaciones y redes de la sociedad civil de todo el mundo a participar en procesos alternativos enmarcados en el proceso preparatorio de la Cumbre de Naciones Unidas sobre la sociedad de la información, y que confluirán en la Cumbre Ciudadana sobre la Sociedad de la Información que tendrá lugar en Túnez la próxima semana, cuyo propósito es encarar los principales temas en debate en la CMSI desde la perspectiva de grupos ciudadanos y el público en general, enfatizando las preocupaciones por los derechos humanos y la justicia social.
Y para responder la pregunta que motiva este artículo, podemos identificar dos grandes áreas donde los movimientos y organizaciones ciudadanas tienen un importante papel que desempeñar en las políticas de TIC:
Por un lado, en la defensa y promoción de intereses públicos y de grupos específicos (consumidores, trabajadores, usuarios, etc.), los cuales pueden verse afectados por las políticas, acciones y prácticas de otros actores relacionadas con la Internet, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Esto implica labores de incidencia, defensa, fiscalización y control ciudadano que son básicas para la transparencia, la lucha contra los monopolios y la corrupción y, en última instancia, para la gobernabilidad democrática. En este ámbito aparecen temas como la administración del espacio radioeléctrico y de los dominios Internet, la gestión de medios de comunicación independientes, ciudadanos y comunitarios, y de los servicios radiotelevisivos de servicio público, la protección de la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo, la legislación sobre derechos de autor y los enfoques abiertos de propiedad intelectual y cultural, el acceso a la información pública y al conocimiento, entre muchos otros.
Por otra parte, en el desarrollo y ejecución de iniciativas de “TIC para el desarrollo”, donde tienen múltiples capacidades y recursos sinérgicos y abundantes que ofrecer, como creadores de capacidades, experimentadores e innovadores sociales y enlace con la ciudadanía y con los gobiernos locales. La sociedad civil es un sector relevante en todas las fases del ciclo de planificación y ejecución de políticas públicas, especialmente en aquellas áreas más directamente vinculadas a la “agenda social”.
Aunque en Chile se han logrado importantes avances en el desarrollo de la infraestructura y los servicios, el tema de la participación ciudadana continúa siendo un aspecto pendiente. La propia “agenda digital”, que se exhibe como parte de estos logros, ha sido el resultado de la participación del sector público, el sector privado y parte del sector académico, sin que hasta ahora haya existido una participación de actores provenientes del mundo de la sociedad civil. Ello ha tenido como consecuencia que los temas priorizados reflejan los intereses y preocupaciones de un sector de nuestra sociedad, y que el concepto de desarrollo que se ha instalado tiene un sesgo que pone el acento en las necesidades derivadas de la globalización económica, pero excluye o subordina muchos temas de gran relevancia para el desarrollo humano. Precisamente, los desafíos de futuro que existen aquí son ampliar los espacios de participación en las políticas de TIC, y mejorar la calidad del proceso como garantía de su legitimidad, transparencia y representatividad.
Pero debemos también valorar la existencia de la agenda digital por el hecho de sistematizar en un solo instrumento el conjunto de políticas y acciones existentes sobre la materia. Ello facilita que podamos discutirlas, criticarlas, monitorearlas, fiscalizarlas y evaluarlas. Y su existencia tiene un impacto también en la conciencia pública, pues se crea un referente que permite visibilizar a las TIC como objeto de políticas y, lo que es más importante aún, como objeto de incidencia por parte de la ciudadanía. En este sentido, y pensando en la agenda digital 2.0 que deberá coordinar el próximo gobierno, me parece que hay al menos dos grandes prioridades ciudadanas que deberían ser incorporadas en el diseño de las políticas públicas de TIC en Chile:
La primera es promover el desarrollo de una infoestructura pública apropiada a las diversas necesidades del país, y fomentar iniciativas para la protección del dominio público y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos a la información y la comunicación.
La segunda es promover la participación ciudadana en las políticas públicas de TIC, e impulsar iniciativas para fortalecer la gobernanza democrática de Internet y la regulación de los medios de comunicación públicos.
Hay además dos ejes transversales que deberían cruzar toda esta estrategia:
Impulsar acciones de inducción y acompañamiento que faciliten el desarrollo de usos relevantes y promuevan la apropiación social de las TIC y la innovación para el desarrollo.
Impulsar la aplicación de perspectivas inclusivas que consideren los enfoques de género, de etnias y culturas, y promuevan el empoderamiento de los grupos desfavorecidos y la igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las TIC y sus beneficios asociados.
Aunque existe cada vez mayor conciencia de la importancia de integrar a la sociedad civil en la agenda digital, se debe avanzar en un concepto más amplio de relación con ella. Es necesario dejar de verla como simples consumidora o destinataria de productos y servicios. Debemos también hacernos cargo de sus derechos, intereses y capacidades, y estar dispuestos a aceptar la inclusión de miradas, discursos y prácticas diferentes a las que han prevalecido hasta ahora. La sociedad civil que cuenta con experiencias y aprendizajes en materia de TIC es diversa y plural, abarcando desde ONGs, organizaciones sociales, redes y movimientos que trabajan en las áreas de la información y las comunicaciones, la educación y la cultura, o que abordan problemáticas sociales de grupos específicos, hasta iniciativas, programas, proyectos y experiencias que realizan acciones de TIC para el desarrollo, los grupos y comunidades de software libre, los llamados “medios alternativos”, las radios comunitarias y ciudadanas, los telecentros y múltiples otros actores menos visibles.
Por eso no basta con crear espacios formales de participación, es necesario que éstos sean utilizados, y que puedan intervenir todos los actores interesados en igualdad de condiciones. Tampoco es suficiente con sentar a la mesa a representantes de la sociedad civil, es necesario conducir y facilitar procesos más amplios, participativos y vinculantes de cooperación y decisión. Debemos tener presente que necesitamos aunar voluntades y compromisos decididos, responsables y solidarios de todos los actores implicados. Sólo así podremos avanzar hacia una “sociedad de la información y la comunicación” para todos los chilenos y chilenas.
Publicada el miércoles, 09 de noviembre de 2005
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Columna de opinión de Rubén Araya Tagle, Investigador Social, Desarrollador de Software y Activista por los Derechos en Internet.
Fuente: TICsChile
ubicación: Artículo en TICsChile
En estos días en que nos acercamos a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que tendrá como compañía una Cumbre Ciudadana sobre la Sociedad de la Información (CCSI), resulta muy pertinente reflexionar sobre el por qué todos estos temas son materias de interés público que deben preocuparnos e interesarnos como ciudadanos/as.
Lo más relevante y significativo de las TIC es que intervienen en la información y la comunicación, elementos que cruzan todas las dimensiones de nuestra vida social. Por eso su desarrollo, producción, administración y utilización tiene múltiples impactos en ámbitos como la libertad de expresión e información, la propiedad intelectual y el dominio público, la privacidad y la seguridad de las comunicaciones, la diversidad lingüística y cultural, entre muchos otros. Las TIC se extienden y generalizan antes que se logren percibir sus impactos positivos y negativos, antes que las políticas públicas y las legislaciones puedan adaptarse para regular las nuevas situaciones y enfrentar los conflictos de intereses y de derechos que se producen. Y en este escenario, no todos los actores y grupos sociales están en igualdad de condiciones, por lo que los intereses que prevalecen y los mayores beneficios tienden a consolidar a los sectores dominantes.
Visto de esta manera, resulta mucho más clara la necesidad de que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se involucren activamente en los debates públicos y en las iniciativas y políticas sobre TIC. Ese es también el sentido que ha impulsado a múltiples organizaciones y redes de la sociedad civil de todo el mundo a participar en procesos alternativos enmarcados en el proceso preparatorio de la Cumbre de Naciones Unidas sobre la sociedad de la información, y que confluirán en la Cumbre Ciudadana sobre la Sociedad de la Información que tendrá lugar en Túnez la próxima semana, cuyo propósito es encarar los principales temas en debate en la CMSI desde la perspectiva de grupos ciudadanos y el público en general, enfatizando las preocupaciones por los derechos humanos y la justicia social.
Y para responder la pregunta que motiva este artículo, podemos identificar dos grandes áreas donde los movimientos y organizaciones ciudadanas tienen un importante papel que desempeñar en las políticas de TIC:
Por un lado, en la defensa y promoción de intereses públicos y de grupos específicos (consumidores, trabajadores, usuarios, etc.), los cuales pueden verse afectados por las políticas, acciones y prácticas de otros actores relacionadas con la Internet, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Esto implica labores de incidencia, defensa, fiscalización y control ciudadano que son básicas para la transparencia, la lucha contra los monopolios y la corrupción y, en última instancia, para la gobernabilidad democrática. En este ámbito aparecen temas como la administración del espacio radioeléctrico y de los dominios Internet, la gestión de medios de comunicación independientes, ciudadanos y comunitarios, y de los servicios radiotelevisivos de servicio público, la protección de la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo, la legislación sobre derechos de autor y los enfoques abiertos de propiedad intelectual y cultural, el acceso a la información pública y al conocimiento, entre muchos otros.
Por otra parte, en el desarrollo y ejecución de iniciativas de “TIC para el desarrollo”, donde tienen múltiples capacidades y recursos sinérgicos y abundantes que ofrecer, como creadores de capacidades, experimentadores e innovadores sociales y enlace con la ciudadanía y con los gobiernos locales. La sociedad civil es un sector relevante en todas las fases del ciclo de planificación y ejecución de políticas públicas, especialmente en aquellas áreas más directamente vinculadas a la “agenda social”.
Aunque en Chile se han logrado importantes avances en el desarrollo de la infraestructura y los servicios, el tema de la participación ciudadana continúa siendo un aspecto pendiente. La propia “agenda digital”, que se exhibe como parte de estos logros, ha sido el resultado de la participación del sector público, el sector privado y parte del sector académico, sin que hasta ahora haya existido una participación de actores provenientes del mundo de la sociedad civil. Ello ha tenido como consecuencia que los temas priorizados reflejan los intereses y preocupaciones de un sector de nuestra sociedad, y que el concepto de desarrollo que se ha instalado tiene un sesgo que pone el acento en las necesidades derivadas de la globalización económica, pero excluye o subordina muchos temas de gran relevancia para el desarrollo humano. Precisamente, los desafíos de futuro que existen aquí son ampliar los espacios de participación en las políticas de TIC, y mejorar la calidad del proceso como garantía de su legitimidad, transparencia y representatividad.
Pero debemos también valorar la existencia de la agenda digital por el hecho de sistematizar en un solo instrumento el conjunto de políticas y acciones existentes sobre la materia. Ello facilita que podamos discutirlas, criticarlas, monitorearlas, fiscalizarlas y evaluarlas. Y su existencia tiene un impacto también en la conciencia pública, pues se crea un referente que permite visibilizar a las TIC como objeto de políticas y, lo que es más importante aún, como objeto de incidencia por parte de la ciudadanía. En este sentido, y pensando en la agenda digital 2.0 que deberá coordinar el próximo gobierno, me parece que hay al menos dos grandes prioridades ciudadanas que deberían ser incorporadas en el diseño de las políticas públicas de TIC en Chile:
La primera es promover el desarrollo de una infoestructura pública apropiada a las diversas necesidades del país, y fomentar iniciativas para la protección del dominio público y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos a la información y la comunicación.
La segunda es promover la participación ciudadana en las políticas públicas de TIC, e impulsar iniciativas para fortalecer la gobernanza democrática de Internet y la regulación de los medios de comunicación públicos.
Hay además dos ejes transversales que deberían cruzar toda esta estrategia:
Impulsar acciones de inducción y acompañamiento que faciliten el desarrollo de usos relevantes y promuevan la apropiación social de las TIC y la innovación para el desarrollo.
Impulsar la aplicación de perspectivas inclusivas que consideren los enfoques de género, de etnias y culturas, y promuevan el empoderamiento de los grupos desfavorecidos y la igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las TIC y sus beneficios asociados.
Aunque existe cada vez mayor conciencia de la importancia de integrar a la sociedad civil en la agenda digital, se debe avanzar en un concepto más amplio de relación con ella. Es necesario dejar de verla como simples consumidora o destinataria de productos y servicios. Debemos también hacernos cargo de sus derechos, intereses y capacidades, y estar dispuestos a aceptar la inclusión de miradas, discursos y prácticas diferentes a las que han prevalecido hasta ahora. La sociedad civil que cuenta con experiencias y aprendizajes en materia de TIC es diversa y plural, abarcando desde ONGs, organizaciones sociales, redes y movimientos que trabajan en las áreas de la información y las comunicaciones, la educación y la cultura, o que abordan problemáticas sociales de grupos específicos, hasta iniciativas, programas, proyectos y experiencias que realizan acciones de TIC para el desarrollo, los grupos y comunidades de software libre, los llamados “medios alternativos”, las radios comunitarias y ciudadanas, los telecentros y múltiples otros actores menos visibles.
Por eso no basta con crear espacios formales de participación, es necesario que éstos sean utilizados, y que puedan intervenir todos los actores interesados en igualdad de condiciones. Tampoco es suficiente con sentar a la mesa a representantes de la sociedad civil, es necesario conducir y facilitar procesos más amplios, participativos y vinculantes de cooperación y decisión. Debemos tener presente que necesitamos aunar voluntades y compromisos decididos, responsables y solidarios de todos los actores implicados. Sólo así podremos avanzar hacia una “sociedad de la información y la comunicación” para todos los chilenos y chilenas.
Publicada el miércoles, 09 de noviembre de 2005
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