¿Y QUÉ PASÓ CON LA SOCIEDAD CIVIL?. Lorena Recabarren
Lorena Recabarren. Investigadora del Instituto Libertad
Fin de año, tiempo de evaluaciones. Y en materia de participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil no es la excepción. Así, es justo partir señalando que, al menos en el discurso, se ha avanzado. Hoy se reconoce de manera transversal la importancia de una ciudadanía activa, responsable de su participación en los asuntos públicos y la necesidad de acercarla a la toma de decisiones, mediante la descentralización del poder y la generación de las herramientas que permitan que aquello se haga realidad. Sin embargo, más allá de las declaraciones, importa establecer qué medidas concretas se han llevado a cabo con miras a cumplir tal objetivo. Esto es, el diseño e implementación de una política pública de participación ciudadana –de carácter global y de largo plazo- cuyo resultado sea, considerando el conjunto de las medidas, una política que permita el real fortalecimiento de nuestra sociedad civil.
En este marco, en anteriores aproximaciones al tema, se ha sugerido situar la participación de la ciudadanía, en un escenario en el que se desarrollen en paralelo y de forma armónica –entre otras materias de relevancia-, la transparencia de los actos de la Administración del Estado, el derecho al acceso a la información pública, la promoción de la asociatividad, la valorización social del voluntariado, la regulación del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil –mediante el incentivo tributario y la transferencia directa de recursos desde el Estado- y la participación directa en la gestión pública. Pero ¿cómo y cuánto hemos avanzado en estas materias?
En relación al acceso a la información pública, un notable avance fue la Reforma Constitucional que estableció que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado y que sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto de aquéllos. Sin embargo, el Ejecutivo no sólo ha retardado el envío al Congreso de la nueva legislación que deberá regular estas materias, sino que ha dado señales equívocas en este sentido. Retiró la urgencia al proyecto de ley que sobre el tema se había iniciado con anterioridad a la reforma, por moción parlamentaria y que ha incorporado en su discusión importantes elementos destacados por la sociedad civil, y retrasó, de manera inexplicable, el término de la vigencia del Decreto Supremo Nº26, que facultaba a las distintas reparticiones a determinar discrecionalmente qué materias serían de conocimiento público y cuáles no.
Por su parte, el proyecto de ley sobre asociaciones y participación en la gestión pública, lleva más de un año y medio en el Parlamento. Y tal como se ha señalado en otras ocasiones, la iniciativa requiere a nuestro juicio, ser perfeccionada en los siguientes aspectos: ámbito de aplicación del nuevo sistema de obtención de personalidad jurídica, regulación del voluntariado, sentido y alcance del concepto de organizaciones de interés público, fondo de fortalecimiento de la sociedad civil y herramientas de participación, como los presupuestos participativos o la ampliación de las audiencias en el Congreso, que no se consideran.
Finalmente, cómo no recordar que con ocasión de las modificaciones que se incorporaron a la Ley de Gasto Electoral, el Gobierno estuvo dispuesto a realizar mejoras a la Ley de Donaciones, en cumplimiento a las demandas y compromisos con las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, y pese a que el proyecto consideraba algunas modificaciones interesantes, la urgencia que se le impuso a su discusión -mediante su vinculación al tema de gasto electoral, sin abrir las puertas a una discusión-, derivó en que su estudio haya quedado postergado hasta la fecha.
Así, luego de años de debate, ad portas del término del mandato del Presidente Lagos, y sin perjuicio de que el tema se haya puesto finalmente en la agenda pública, es posible advertir que en la práctica, la participación de la ciudadanía y la sociedad civil no tienen hoy un marco institucional sustancialmente mejor que el de hace un tiempo atrás. El derecho al acceso de la información pública, regulado por ley, aún no reconoce las debidas mejoras para su adecuado ejercicio, las organizaciones sociales continúan sumergidas en la burocracia para la obtención de personalidad jurídica, las normas que regulan los beneficios tributarios a las donaciones se han rigidizado, mientras que aún no ha sido posible dar el espacio para el debate –en el Congreso- de mecanismos innovadores de participación directa en la gestión pública.
Fuente: www.lasegunda.com 271205
link a art. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA OPORTUNIDAD PARA RECUPERAR LAS CONFIANZAS
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Fin de año, tiempo de evaluaciones. Y en materia de participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil no es la excepción. Así, es justo partir señalando que, al menos en el discurso, se ha avanzado. Hoy se reconoce de manera transversal la importancia de una ciudadanía activa, responsable de su participación en los asuntos públicos y la necesidad de acercarla a la toma de decisiones, mediante la descentralización del poder y la generación de las herramientas que permitan que aquello se haga realidad. Sin embargo, más allá de las declaraciones, importa establecer qué medidas concretas se han llevado a cabo con miras a cumplir tal objetivo. Esto es, el diseño e implementación de una política pública de participación ciudadana –de carácter global y de largo plazo- cuyo resultado sea, considerando el conjunto de las medidas, una política que permita el real fortalecimiento de nuestra sociedad civil.
En este marco, en anteriores aproximaciones al tema, se ha sugerido situar la participación de la ciudadanía, en un escenario en el que se desarrollen en paralelo y de forma armónica –entre otras materias de relevancia-, la transparencia de los actos de la Administración del Estado, el derecho al acceso a la información pública, la promoción de la asociatividad, la valorización social del voluntariado, la regulación del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil –mediante el incentivo tributario y la transferencia directa de recursos desde el Estado- y la participación directa en la gestión pública. Pero ¿cómo y cuánto hemos avanzado en estas materias?
En relación al acceso a la información pública, un notable avance fue la Reforma Constitucional que estableció que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado y que sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto de aquéllos. Sin embargo, el Ejecutivo no sólo ha retardado el envío al Congreso de la nueva legislación que deberá regular estas materias, sino que ha dado señales equívocas en este sentido. Retiró la urgencia al proyecto de ley que sobre el tema se había iniciado con anterioridad a la reforma, por moción parlamentaria y que ha incorporado en su discusión importantes elementos destacados por la sociedad civil, y retrasó, de manera inexplicable, el término de la vigencia del Decreto Supremo Nº26, que facultaba a las distintas reparticiones a determinar discrecionalmente qué materias serían de conocimiento público y cuáles no.
Por su parte, el proyecto de ley sobre asociaciones y participación en la gestión pública, lleva más de un año y medio en el Parlamento. Y tal como se ha señalado en otras ocasiones, la iniciativa requiere a nuestro juicio, ser perfeccionada en los siguientes aspectos: ámbito de aplicación del nuevo sistema de obtención de personalidad jurídica, regulación del voluntariado, sentido y alcance del concepto de organizaciones de interés público, fondo de fortalecimiento de la sociedad civil y herramientas de participación, como los presupuestos participativos o la ampliación de las audiencias en el Congreso, que no se consideran.
Finalmente, cómo no recordar que con ocasión de las modificaciones que se incorporaron a la Ley de Gasto Electoral, el Gobierno estuvo dispuesto a realizar mejoras a la Ley de Donaciones, en cumplimiento a las demandas y compromisos con las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, y pese a que el proyecto consideraba algunas modificaciones interesantes, la urgencia que se le impuso a su discusión -mediante su vinculación al tema de gasto electoral, sin abrir las puertas a una discusión-, derivó en que su estudio haya quedado postergado hasta la fecha.
Así, luego de años de debate, ad portas del término del mandato del Presidente Lagos, y sin perjuicio de que el tema se haya puesto finalmente en la agenda pública, es posible advertir que en la práctica, la participación de la ciudadanía y la sociedad civil no tienen hoy un marco institucional sustancialmente mejor que el de hace un tiempo atrás. El derecho al acceso de la información pública, regulado por ley, aún no reconoce las debidas mejoras para su adecuado ejercicio, las organizaciones sociales continúan sumergidas en la burocracia para la obtención de personalidad jurídica, las normas que regulan los beneficios tributarios a las donaciones se han rigidizado, mientras que aún no ha sido posible dar el espacio para el debate –en el Congreso- de mecanismos innovadores de participación directa en la gestión pública.
Fuente: www.lasegunda.com 271205
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