Legitimación ciudadana de los Gobiernos Locales. Un desafío pendiente. María Luisa Brahm
María Luisa Brahm B. Directora Instituto Libertad.
09 DE MAYO DE 2006, Nº 403
Fuente: Instituto Libertad
Es un hecho que pocos podrían discutir, el que la gran mayoría de los temas en relación con el fortalecimiento de la sociedad civil, su aproximación a la toma de decisiones públicas y la descentralización efectiva del poder -que hace algunas décadas sólo eran objeto de interesantes columnas de opinión, seminarios y de comprometidos esfuerzos académicos y teóricos por tratar de incorporarlos al debate público-, en los últimos años han comenzado a tomar forma y su discusión ha inspirado en gran parte la agenda política. En efecto, hoy la ciudadanía exige mayor transparencia y probidad por parte de sus autoridades y en general de la Administración del Estado, mientras que el Congreso considera para su tramitación proyectos de ley tales como el que regula la discriminación arbitraria, la creación del Defensor Ciudadano, la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información pública.
En este círculo virtuoso que empieza a desarrollarse, es preciso agregar sin embargo, un tercer elemento; que los ciudadanos perciban que los políticos, autoridades y funcionarios del Estado cumplen y defienden los principios de la democracia que hemos decidido construir. Contexto en el que cobra especial importancia, entre otros, el cumplimiento irrestricto del principio de la probidad administrativa y el de la publicidad de la gestión pública, que constituyen dos pilares del contexto propicio para generar y potenciar los demás.
Así, desde una defensa y promoción del interés general por sobre el particular - como en síntesis se entiende la probidad administrativa-, y la premisa de la publicidad de todos los actos y resoluciones de la Administración del Estado, se produce una sinergia que favorece la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, al mismo tiempo que éstas se fortalecen.
Es por esta razón, que en el referido proceso de percepción y confianzas, el rol que asuman las autoridades, incluso más allá de lo que por ley estén obligados a hacer, resulta esencial. Y en el caso de las municipalidades la situación no es distinta, por el contrario, tiene un especial interés puesto que se trata, como tantas otras veces lo hemos señalado, de la instancia de la Administración del Estado más próxima a las personas, y que lamentablemente, según lo ponen de relieve una serie de estudios y encuestas, tiene una de las más bajas percepciones de confianza y transparencia por parte de la comunidad.
De este modo, cabe a las autoridades municipales un enorme desafío y responsabilidad, en cuanto legitimar ciudadanamente la labor municipal. Es preciso cambiar la percepción que de ellos tiene la ciudadanía, la que en la mayoría de las 345 comunas del país no se ajusta a la realidad, al trabajo que seria y comprometidamente realizan a diario miles de funcionarios a lo largo del país.
En este sentido, y sólo a modo de ejemplo, en pos de legitimar ante la ciudadanía el rol de los gobiernos locales, una tarea aún no asumida de manera completa, es dar cumplimiento a las normas que hoy contempla la legislación municipal en materia de participación ciudadana, con el objeto de demostrar una apertura hacia la comunidad local, mientras que al mismo tiempo, la institucionalidad se transparenta y otorga mayor confianza a los ciudadanos. Entre dichas normas, cabe destacar aquéllas incorporadas por la denominada Ley de Rentas Municipales II, en materia de disposición de información y documentos de relevancia municipal para el público en general, especialmente los vecinos, que obliga a mantener en la Oficina de partes y reclamos, determinada información –que siempre, salvo excepciones, tiene el carácter de pública- como por ejemplo, el Plan de desarrollo comunal, el Plan regulador comunal, las ordenanzas municipales, y los convenios, contratos y concesiones otorgadas por la municipalidad.
Y lo anterior es importante, no sólo en los términos que ya se ha planteado, sino que al mismo tiempo, en un escenario en que se espera, por una parte, que finalmente se aborde la discusión en el Congreso de la regulación legal del artículo 121º de la Constitución Política (antiguo artículo 110º), mientras que en paralelo, el nuevo gobierno ha anunciado una gran reforma al sistema municipal chileno -sólo comparada con la reforma del año 1979, cuando se traspasó la administración de la educación básica y media pública y salud primaria a los municipios-, que entre otras materias relevantes debiera considerar una efectivo rediseño del Fondo Común Municipal.
Todas aquellas reformas, importantes y esenciales, requieren de un clima favorable para su debate y posterior aprobación, que no sólo dependerá de los parlamentarios sino que también del apoyo ciudadano que ellas generen, en la medida que para las personas, éstas sean vistas como una oportunidad de mejorar su calidad de vida. De modo que el desafío sigue pendiente.
Instituto Libertad
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09 DE MAYO DE 2006, Nº 403
Fuente: Instituto Libertad
Es un hecho que pocos podrían discutir, el que la gran mayoría de los temas en relación con el fortalecimiento de la sociedad civil, su aproximación a la toma de decisiones públicas y la descentralización efectiva del poder -que hace algunas décadas sólo eran objeto de interesantes columnas de opinión, seminarios y de comprometidos esfuerzos académicos y teóricos por tratar de incorporarlos al debate público-, en los últimos años han comenzado a tomar forma y su discusión ha inspirado en gran parte la agenda política. En efecto, hoy la ciudadanía exige mayor transparencia y probidad por parte de sus autoridades y en general de la Administración del Estado, mientras que el Congreso considera para su tramitación proyectos de ley tales como el que regula la discriminación arbitraria, la creación del Defensor Ciudadano, la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información pública.
En este círculo virtuoso que empieza a desarrollarse, es preciso agregar sin embargo, un tercer elemento; que los ciudadanos perciban que los políticos, autoridades y funcionarios del Estado cumplen y defienden los principios de la democracia que hemos decidido construir. Contexto en el que cobra especial importancia, entre otros, el cumplimiento irrestricto del principio de la probidad administrativa y el de la publicidad de la gestión pública, que constituyen dos pilares del contexto propicio para generar y potenciar los demás.
Así, desde una defensa y promoción del interés general por sobre el particular - como en síntesis se entiende la probidad administrativa-, y la premisa de la publicidad de todos los actos y resoluciones de la Administración del Estado, se produce una sinergia que favorece la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, al mismo tiempo que éstas se fortalecen.
Es por esta razón, que en el referido proceso de percepción y confianzas, el rol que asuman las autoridades, incluso más allá de lo que por ley estén obligados a hacer, resulta esencial. Y en el caso de las municipalidades la situación no es distinta, por el contrario, tiene un especial interés puesto que se trata, como tantas otras veces lo hemos señalado, de la instancia de la Administración del Estado más próxima a las personas, y que lamentablemente, según lo ponen de relieve una serie de estudios y encuestas, tiene una de las más bajas percepciones de confianza y transparencia por parte de la comunidad.
De este modo, cabe a las autoridades municipales un enorme desafío y responsabilidad, en cuanto legitimar ciudadanamente la labor municipal. Es preciso cambiar la percepción que de ellos tiene la ciudadanía, la que en la mayoría de las 345 comunas del país no se ajusta a la realidad, al trabajo que seria y comprometidamente realizan a diario miles de funcionarios a lo largo del país.
En este sentido, y sólo a modo de ejemplo, en pos de legitimar ante la ciudadanía el rol de los gobiernos locales, una tarea aún no asumida de manera completa, es dar cumplimiento a las normas que hoy contempla la legislación municipal en materia de participación ciudadana, con el objeto de demostrar una apertura hacia la comunidad local, mientras que al mismo tiempo, la institucionalidad se transparenta y otorga mayor confianza a los ciudadanos. Entre dichas normas, cabe destacar aquéllas incorporadas por la denominada Ley de Rentas Municipales II, en materia de disposición de información y documentos de relevancia municipal para el público en general, especialmente los vecinos, que obliga a mantener en la Oficina de partes y reclamos, determinada información –que siempre, salvo excepciones, tiene el carácter de pública- como por ejemplo, el Plan de desarrollo comunal, el Plan regulador comunal, las ordenanzas municipales, y los convenios, contratos y concesiones otorgadas por la municipalidad.
Y lo anterior es importante, no sólo en los términos que ya se ha planteado, sino que al mismo tiempo, en un escenario en que se espera, por una parte, que finalmente se aborde la discusión en el Congreso de la regulación legal del artículo 121º de la Constitución Política (antiguo artículo 110º), mientras que en paralelo, el nuevo gobierno ha anunciado una gran reforma al sistema municipal chileno -sólo comparada con la reforma del año 1979, cuando se traspasó la administración de la educación básica y media pública y salud primaria a los municipios-, que entre otras materias relevantes debiera considerar una efectivo rediseño del Fondo Común Municipal.
Todas aquellas reformas, importantes y esenciales, requieren de un clima favorable para su debate y posterior aprobación, que no sólo dependerá de los parlamentarios sino que también del apoyo ciudadano que ellas generen, en la medida que para las personas, éstas sean vistas como una oportunidad de mejorar su calidad de vida. De modo que el desafío sigue pendiente.
Instituto Libertad
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