S?bado, 13 de diciembre de 2008

 

 

Versión resumida del debate parlamentario respecto del proyecto de ley sobre Asociaciones y participación ciudadana en al gestión pública, sobre la base de la versión oficial del Senado de la República.

 

 

LEGISLATURA 356ª, Sesión 62ª, en martes 2 de octubre de 2008 Ordinaria

 

ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN GESTIÓN PÚBLICA

 

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de “suma”.

              --Los antecedentes sobre el proyecto (3562-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

              Proyecto de ley:

              En segundo trámite, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.

              Informe de Comisión:

              Gobierno, sesión 59ª, en 8 de octubre de 2008.

              Discusión:

              Sesiones 60ª, en 14 de octubre de 2008 (queda para segunda discusión); 61ª, en 15 de octubre de 2008 (se aplaza su discusión).

 

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

 

El señor HOFFMANN (Secretario General).- En sesión de 15 de octubre pasado, la Sala acordó aplazar la discusión del proyecto para el día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el N° 1° del artículo 131 del Reglamento.

                                      Cabe recordar que el objetivo principal de la iniciativa es facilitar el ejercicio del derecho de asociación, simplificando la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan  finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro.

                                      La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto y lo aprobó, solo en general, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis y Sabag).

                                      Cabe destacar que la Comisión dejó constancia en su informe de que en el debate en particular pondrá especial cuidado en incorporar a la iniciativa normas que permitan transparentar el funcionamiento del Registro Único de Asociaciones Sin Fines de Lucro y, también, la transferencia de recursos fiscales a algunas de estas agrupaciones.

                                      Los artículos 11, 25 a 29, 31, 38 y 39 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren del voto conforme de 21 señores Senadores.

 

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra.

                                      Puede hacer uso de ella el señor Ministro, y después, el Honorable señor García.

 

El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, el proyecto en debate reviste enorme trascendencia. Este ya fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados y, también, por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

                                      La iniciativa tiene por objeto establecer una ley marco sobre el asociacionismo sin fines de lucro en el país, siendo un complemento y una alternativa a lo dispuesto en los artículos 549 a 559 del Código Civil, que se refieren a las fundaciones y corporaciones, y sirve de norma supletoria a toda la legislación existente respecto a las organizaciones que no tengan algún estatuto específico y que sean sin fines de lucro.

                                      Por otro lado, el proyecto favorece la obtención de personalidad jurídica, estableciendo una fórmula sencilla para hacerlo, más simplificada que la del Código Civil. Pero no se deroga el sistema actual que permite obtenerla ante el municipio cuando esas organizaciones tienen su radio de acción solo en determinada comuna.

                                      También se simplifica la organización interna a través de la formación de un estatuto tipo dictado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, para favorecer la personalidad jurídica de dichas organizaciones.

                                      Se crea un Registro Único de Asociaciones Sin Fines de Lucro y, además, se crea un registro especial de las organizaciones de interés público sin fines de lucro (artículo 19). Se trata, obviamente, de organizaciones comunitarias, culturales, clubes deportivos, asociaciones indígenas.

                                      En ese caso, la propia organización decide su objetivo: si se dedica solo al beneficio común de sus asociados o, también, a un fin de interés público, de bien común. Por tanto, el proyecto otorga a tal entidad un trato especial.

                                      Al mismo tiempo, como dijo el señor Secretario, se establece un Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que será administrado por el Consejo Nacional y por los Consejos Regionales; a estos últimos les corresponderá adjudicar dineros concursables para favorecer la actividad de las organizaciones en comento.

                                      Es muy importante destacar que tanto el Consejo Nacional como los Consejos Regionales estarán formados mayoritariamente por representantes de la sociedad civil, no por funcionarios de Gobierno.

                                      Otro capítulo de gran interés es el referente al Estatuto del Voluntariado.

                                      En nuestro país existe una gran cantidad de organizaciones que se ocupan de acciones de tal índole.

                                      En el Título IV, artículo 32, del proyecto se consigna la siguiente definición: “se entiende por voluntariado el conjunto de personas que realizan actividades de interés público, no remuneradas, llevadas a cabo de forma libre, sistemática y regular”, etcétera.

                                      La no contraprestación pecuniaria a que se refiere el citado inciso no significa, empero, que no exista derecho a reembolso por los gastos realizados en el desempeño de dichas actividades.

                                      Por medio de la ley en proyecto se busca reconocer y establecer en nuestra legislación las distintas instituciones del voluntariado.

                                      En seguida, el artículo 34 del proyecto consagra los derechos de los miembros de aquellas organizaciones.

                                      En otro orden de materias, esta iniciativa incorpora en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado un tipo especial de participación ciudadana. Y, al efecto, dispone que los diversos órganos, por una parte, deberán poner en conocimiento público la información concerniente a sus políticas, planes, programas, acciones, en fin, e igualmente, dar cuenta de la gestión respecto a unas y otros y de su ejecución presupuestaria; y por otra, establecer Consejos de la Sociedad Civil de carácter consultivo.

                                      De otro lado, el proyecto modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y consagra los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, con los cuales debieran trabajar alcaldes y concejales.

                                      También, estatuye los plebiscitos comunales, que específicamente tienen que referirse a inversiones que deban hacer los municipios, al plan anual de desarrollo y a las modificaciones del plan regulador. Esto es algo novedoso.

                                      Por último -cuestión no menor-, el proyecto en discusión posibilita que las uniones comunales de juntas de vecinos -esto es especialmente significativo- y las uniones comunales de organizaciones comunitarias se agrupen en federaciones y confederaciones.

                                      Señor Presidente, la iniciativa en debate parte de la base de la organización comunitaria y vecinal y de las organizaciones del voluntariado existentes en el país, que tuvieron su origen durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva, que exhiben una larga historia de desarrollo y que sirven de vínculo entre los ciudadanos y los órganos del Estado tanto a nivel municipal como de gobiernos regionales o de administración central.

                                      A esas organizaciones se las favorece para su constitución, para la obtención de personalidad jurídica, para su organización interna, para su registro. Se les da un trato especial cuando persiguen un interés público; se crea un Fondo para su desarrollo, administrado por un Consejo Nacional y por Consejos Regionales; se fija el Estatuto del Voluntariado; se buscan mecanismos de participación ciudadana en la Administración Pública. Particularmente, se posibilita la agrupación de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias en federaciones y confederaciones. Y, por último, se modifican aspectos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para propiciar el contacto de los ciudadanos con el gobierno comunal.

                                      Como Ejecutivo, atribuimos especial importancia a este proyecto, que perfecciona y extiende nuestra democracia y hace efectiva la voz de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.

                                      Gracias, señor Presidente.

 

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

 

El señor ORPIS.- Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto favorable a la iniciativa en debate. Sin embargo, quiero dejar constancia de algunas observaciones, para los efectos de la discusión particular.

                                      No tengo ningún inconveniente respecto a cómo facilitar la constitución de las organizaciones en comento, a su vínculo con los municipios. No obstante, hay en el proyecto una línea de fondo que deseo connotar.

                                      Desde mi punto de vista, la esencia de ese tipo de organizaciones son la autonomía y estar al servicio de la comunidad.

                                      Sin embargo, la iniciativa que nos ocupa contiene por lo menos dos aspectos en que hay intromisión política de los gobiernos de turno. Y quiero precisarlos.

                                      Primero, tal como señalé en la Comisión, no comparto que el Registro Único de Asociaciones sin Fines de Lucro dependa de un Ministerio político. Y segundo, discrepo de que los recursos que se van a distribuir a las organizaciones estén supeditados a un Consejo integrado mayoritariamente -el señor Ministro me hace señas- por personeros dependientes de los Gobiernos de turno.

                                      Al respecto, el artículo 26 dispone que el Consejo Nacional estará integrado por el Subsecretario General de Gobierno, el Subsecretario de Hacienda, dos representantes del Presidente de la República y seis representantes de las organizaciones de interés público. Es decir, claramente, existe una intromisión o injerencia política directa -si no mayoritaria, por lo menos bastante significativa- de los Regímenes de turno en cuanto a cómo se asignan y distribuyen los recursos.

                                      En mi concepto, por las características del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, no debería haber ningún integrante del Gobierno de turno, para que las organizaciones se rigieran por sus propios estatutos, recibieran los recursos necesarios y, en forma autónoma, los distribuyeran entre los distintos programas.

                                      Según expresé, también considero delicado que el Registro Único esté en manos del Gobierno de turno, por cuanto se trata de la base de datos donde figurarán todas las organizaciones: del voluntariado, corporaciones sin fines de lucro, etcétera. Me parece sobremanera preocupante que a este respecto exista injerencia del Régimen de turno, pues todos sabemos que es grande la tentación de instrumentalizar esa clase de organizaciones.

                                      Con tales observaciones, votaré a favor del proyecto. Pero, desde ya, advierto que en la discusión particular no aprobaré lo relativo al Fondo tal como viene concebido, al menos en lo referente a la integración del Consejo que lo administrará.

                                      Y en cuanto al Registro Único de Asociaciones sin Fines de Lucro -recordemos que hoy día existe el Consejo para la Transparencia y que habrá varios registros-, prefiero que se radique en una institución totalmente neutral, que no forme parte del Gobierno de turno.

                                      He dicho.

 

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor  Muñoz Barra.

 

El señor MUÑOZ BARRA.-  Señor Presidente, esta iniciativa se inspira en la Ley de Asociaciones de España, donde se plantea que “las agrupaciones permiten activar ideales, reconocer convicciones, cumplir fines sociales e influir en el medio para provocar cambios”.

                                      Por otra parte, como se plantea en el segundo acápite del mensaje, se busca -y en buena hora- promover la igualdad de condiciones en cuanto a la participación de la ciudadanía, lo que se encuentra en coherencia con el marco establecido por la Constitución Política de la República.

                                      En otras palabras, y tal como lo consigna el proyecto, el derecho de asociación para fines culturales, sociales y sin fines de lucro permite democratizar los espacios públicos en la medida en que las asociaciones puedan acceder a su uso con responsabilidad legal y construir un puente entre los gobiernos locales, sobre todo las municipalidades, y sus habitantes.

                                      En términos del mejoramiento de la calidad de la democracia, podemos afirmar que en los últimos años, debido a la ausencia de mecanismos expeditos para fomentar la acción civil organizada, se ha tendido a solucionar los conflictos sociales a través de vías no convencionales, que en algunas ocasiones incluyen aun la violencia.

                                      En el proyecto se manifiesta una posición muy clara respecto a lo que el Gobierno entiende por relación entre el Estado y los individuos: “elemento de cooperación y no de sumisión vertical de los individuos a la autoridad, lo cual, por ende, deviene en la intervención de la sociedad civil en la elaboración de la voluntad estatal, es decir, en el compromiso de la ciudadanía para intervenir en la elaboración y diseño de las decisiones públicas”. Ello supone para el Estado también una posibilidad de ampliar sus vínculos con la sociedad civil, en la medida en que esta, por aumentar su nivel de participación, tiene un mayor conocimiento de los aspectos técnicos y legales a través de los que aquel interviene en la comunidad. Al mismo tiempo, la intervención estatal se hace -qué duda cabe- más eficiente, ya que tendría conocimiento de la aceptación de sus medidas. En otras palabras, lo que aumenta son la comunicación y la horizontalidad entre dos actores fundamentales de nuestra realidad: el Estado y la sociedad civil.

                                      Como saben los señores Senadores, la iniciativa enviada por el Ejecutivo tiene por objeto “Facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro, que no estén reglamentadas por estatutos especiales”. Esto significa desburocratizar los mecanismos conducentes a la legalización de las asociaciones civiles, para lo cual será necesario aprobar dos artículos con rango de ley orgánica constitucional, según señaló el señor Secretario de la Corporación.

                                      En definitiva, el proyecto plantea en su marco jurídico general que el derecho de asociación debe ser compatible con las modalidades de asociación reguladas por leyes especiales, como la afiliación a partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas y agrupaciones deportivas. Se propone, por lo tanto, un régimen mínimo común para las asociaciones que no tengan regulación especial y que sean sin fines de lucro. Ello quiere decir que se excluyen de este marco las asociaciones civiles y las mercantiles.

                                      En la búsqueda de dar mayor capacidad a las asociaciones para tomar decisiones, traspasando así responsabilidades desde el Estado a la propia sociedad civil, se permite a aquellas determinar su funcionamiento sin intervención estatal. De esta forma, mediante su inclusión en un registro especial, las asociaciones quedan habilitadas para establecer con libertad su propia organización, cumplir sus fines y recibir protección para evitar interferencias de la Administración del Estado, tal como se plantea en el artículo 3º.

                                      Sin embargo, eso no significa que las asociaciones queden sin responsabilidades jurídicas -hay que subrayarlo-, sino que estas deben hallarse esencialmente en las regulaciones sobre las actas de fundación y estatutos, según establece el artículo 5º.

                                      Respecto a la modificación y disolución de las asociaciones, a las obligaciones de sus directivos y a la transparencia en cuanto a la identidad de estos, me parece que los artículos 8º y 11 son aclaratorios.

                                      Un punto relevante es el referido a la situación actual de los trabajos voluntarios, que sirven muchas veces para paliar los déficits que existen en materia de cobertura de ayudas específicas en los lugares más apartados del país, o bien, ante catástrofes naturales.

                                      Se incluye en el proyecto un acápite que contempla regulaciones que afianzan la protección jurídica de dichas actividades cuando se realizan bajo el marco de asociaciones de la sociedad civil.

                                      El artículo 34 de la iniciativa plantea que los voluntarios que formen parte de una asociación acreditada tienen derechos, tales como los de participar activamente, recibir capacitación por parte de la asociación y obtener certificación de voluntario. Asimismo, adquieren obligaciones: cumplir los compromisos adquiridos con la organización, rechazar cualquier tipo de remuneración por su acción voluntaria, participar en los cursos de capacitación y velar por la mantención de los recursos materiales que aquella ponga a su disposición.

                                      Por otra parte, se reglamenta respecto de la libertad de asociación, el cumplimiento de los fines para los cuales fue conformada la asociación y la posibilidad de acceder a recursos públicos para concretar ese propósito. Así, se busca proveer de un marco jurídico que promueva la transparencia y la eficiencia en la gestión, pero que al mismo tiempo cree incentivos para que las asociaciones participen activamente de las posibilidades de subsidio estatal.

                                      En el artículo 7º de la iniciativa se plantea que las organizaciones sin fines de lucro “podrán contraer todo tipo de obligaciones financieras, administrar proyectos de origen nacional o de cooperación internacional, recibir subvenciones o donaciones, postular a fondos concursables, solicitar créditos, pagar remuneraciones y asignar becas.”.

                                      Es importante en tal sentido tener presente que, si bien las organizaciones sin fines de lucro deben responder con sus bienes presentes y futuros, ello no se hace extensivo a sus asociados.

                                      En lo referente a la calidad del sistema político, tal como lo hemos planteado ya, el proyecto busca reforzar los mecanismos democráticos de participación, que a su vez son el pilar fundamental de una gestión gubernamental fiscalizada por los propios interesados, al tiempo que fomenta el sentido de comunidad, tanto de manera local en cuanto la asociación participa en un entorno determinado como en la medida en que sirve de enlace entre los individuos y el Estado.

                                      Por último, hay una valoración respecto a la diversidad de intereses sociales e identidades culturales que se necesita orientar a través de la organización civil por la vía de canales regulares. Subyace aquí el principio de que no existe una contradicción entre el valor de la diversidad  y la unidad nacional, pues, al contrario, el encauzamiento de las demandas particulares por medio de la organización colectiva refuerza el “nosotros”, que sirve de marco para la participación de los diferentes actores sociales.

                                      Señor Presidente, de conformidad con el propósito y espíritu de este proyecto, así como con su presentación formal, por supuesto que voy a votar a favor.

                                      He dicho.

 

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

 

El señor SABAG.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno conoció este proyecto de ley, que, como se ha expresado, tiende a facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan propósitos de interés social o cultural, sin fines de lucro, que no estén reglamentadas por estatutos especiales.

                                      No quiero entrar en el detalle de cada una de sus normas, porque el Ministro “informante” lo hizo muy bien en reemplazo del Senador señor Bianchi, quien no pudo concurrir a esta sesión. Pero debo señalar que el citado órgano técnico destinó numerosas sesiones a su tratamiento y escuchó a todas las instituciones involucradas. Menciono solo algunas: Asociación Chilena de Municipalidades; Red de Voluntariado; Confederación de Uniones Comunales de Chile; Observatorio de Género y Equidad; Consejo Nacional del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil; Agrupación Hain; Agrupación Metropolitana de Consejos Económicos y Sociales Comunales; Asociación Chilena de ONG, ACCIÓN; Observatorio Legislativo; Hogar de Cristo; Movimiento Aquí La Gente; Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

                                      La Comisión desplegó una labor importante para escuchar a todas las agrupaciones. Y, después de analizar cada una de sus aspiraciones, puedo decir que el proyecto reúne las condiciones planteadas por ellas.

                                      Naturalmente, ahora solo se trata de aprobar la idea de legislar. Varios señores Senadores -entre otros, el Honorable señor Orpis- han hecho observaciones, pero ellas se verán en la discusión particular, ya que habrá plazo para presentar indicaciones.

                                      Señor Presidente, pido que se apruebe en general la iniciativa y que se fije un término más que prudencial para formular las indicaciones correspondientes.

                                    

Tags: participación ciudadana

Comentarios
Publicado por Invitado
Martes, 19 de mayo de 2009 | 20:07
Hola, estoy hace un ano fuera de Chile y quisiera saber en que esta el proyecto de ley comentado, fue aprobado y es ley o todavia esta en discusion?
Gracias,
Bratriz RAMIREZ
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