sábado, 13 de diciembre de 2008

Hoy en día es imposible no hablar de participación ciudadana cuando se trata el tema de gobiernos locales. Y ello es así, porque este concepto es consustancial al de democracia, en cuanto colabora, en términos generales, en el acceso de mayores niveles de transparencia y legitimidad de las autoridades y las decisiones que éstas toman.


PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Fecha Martes, 12 diciembre a las 18:29:57
Tema Desarrollo Territorial


Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales

Instituto Libertad

Enviado: 3 de Marzo del 2006

Hoy en día es imposible no hablar de participación ciudadana cuando se trata el tema de gobiernos locales. Y ello es así, porque este concepto es consustancial al de democracia, en cuanto colabora, en términos generales, en el acceso de mayores niveles de transparencia y legitimidad de las autoridades y las decisiones que éstas toman.

Por otra parte, pocos temas pueden ser más inagotables y motivantes de trabajar como lo es el de la participación ciudadana a nivel local, pues es precisamente ahí donde la participación cobra verdadera importancia e incentiva a una total dedicación.

BREVE MARCO TEÓRICO

Es preciso distinguir, a fin de propiciar un debate transparente sobre la materia, los diversos tipos de participación de que es susceptible todo ciudadano, y que se distinguen de la participación ciudadana propiamente tal.

En primer lugar, hay que diferenciar la participación ciudadana del concepto más genérico de participación social, el que en un sentido amplio integra en sí mismo todos los tipos y niveles de participación, y, en un sentido restringido, se refiere a la participación en actividades mera y propiamente sociales o de corte comunitario, como por ejemplo la participación en obras de caridad, fundaciones, clubes deportivos o de recreación.

En segundo lugar, la participación ciudadana es distinta a lo que comúnmente entendemos por participación política de la ciudadanía y cuyos límites muchas veces no son fácilmente reconocibles, confundiéndose en la práctica con expresiones de participación ciudadana. Sin embargo, es posible determinar algunas herramientas de participación política, a modo de ejemplificar la distinción entre ellas: las elecciones de los alcaldes y concejales, de parlamentarios y Presidente de la República, la participación en un plebiscito nacional y en uno comunal cuando éste ha sido convocado por el Alcalde, por iniciativa propia o del Concejo.

Lo realmente distintivo de la participación ciudadana está dado por el espacio que ella ocupa y con el que se relaciona, esto es, la administración pública, a la que se denomina genéricamente "aparato del Estado".

En este sentido, la participación ciudadana ha sido entendida, en términos amplios, como aquella intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales, lo que significa que ella se promueve a partir de los propios ciudadanos para luego hacerse pública, publicidad que adquiere su fundamento en el hecho principal de que con ella se expresan intereses sociales.

Rafael González Ballar, abogado costarricense, ha definido la participación ciudadana en términos de "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve"(1). De aquella definición, se puede derivar entonces que la participación ciudadana es un proceso, un continuo en el tiempo que se desarrolla, de generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano, donde progresivamente éste va adquiriendo mayor relevancia y protagonismo

MARCO CONSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN

La Constitución Política contiene una serie de normas que congregan el valor de la participación, el cual deriva del contenido mismo de la democracia, es decir, no bastan instrumentos formales de gobierno, sino la responsabilidad de los gestores públicos de impulsar el estilo de vida democrático, propiamente tal.

Así, el artículo 1º de la Constitución, dispone que "El estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y además les garantiza una adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos." Y agrega que "Es deber del estado, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

Chile es una República Democrática, esto significa que se gobierna por el pueblo, a través de sus representantes, de manera tal que la participación es un elemento de la esencia de la democracia, sin participación de la ciudadanía y sus organizaciones, en realidad no hay democracia verdadera.

Otro derecho constitucional en el tema de la participación, es el derecho de asociación, consagrado en el N° 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: "las personas naturales o jurídicas, tienen derecho a asociarse sin permiso previo".

Pero sin duda, en cuanto a las disposiciones constitucionales que se refieren al tema de la participación cabe destacar el artículo 107, inciso cuarto, precepto que define a las Municipalidades como "corporaciones autónomas de derecho público y tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna".

En consecuencia, el sistema formal de participación en Chile es consustancial al concepto de municipio por cuanto estos no sólo existen para administrar la comuna, sino que constituyen el canal constitucional, a través del cual la comunidad participa en el desarrollo local.

Al respecto y tal como sabemos, en los últimos años las municipalidades han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en la promoción y gestión del desarrollo local, a la par de aumentan sus atribuciones y recursos, aunque no ambos en la misma medida.

Este escenario de mayores exigencias y demandas hacia los municipios, se ha caracterizado por una escasa participación por parte de la comunidad, lo que se hace observable en la forma en que se determina la prioridad en los problemas locales y como finalmente éstos se resuelven. Esta escasa participación, tiene su origen, primeramente en el desconocimiento por parte de la ciudadanía, de las potencialidades y los mecanismos que les permitan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida comunal.

Ahora bien, el fenómeno también se asocia con algunas causales históricas como son la herencia del centralismo administrativo, las precarias bases legales, la ausencia de estructuras organizacionales que faciliten la participación y una escasa preparación a la ciudadanía.

Se puede establecer por tanto que, en la actualidad la participación constituye un elemento central en el desarrollo local, que se formula muy bien a nivel de discurso, y en la práctica no aparece con una distinción tan clara y precisa por parte de las autoridades nacionales y locales. Aún cuando un sistema de gobierno democrático para sustentarse, necesita de una participación informada, responsable y organizada.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL LOCAL EN CHILE

Legislación vigente sobre la materia

En Chile, la forma de participación ciudadana en el municipio ha estado marcada tradicionalmente por tres niveles diversos de expresión: a) Nivel propiamente político, conformado por los partidos políticos y cuyo escenario principal es el alcalde y el concejo municipal, este último cumpliendo funciones fiscalizadoras y normativas (legislativas); b) Nivel social, compuesto por el conjunto de actores sociales de la comuna, donde destacan las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de madres y juveniles; y c) el Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), como espacio de participación institucionalizada que tiene funciones únicamente de consulta y opinión. Sin embargo, tras la reforma introducida en 1999 a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, reconociendo la autonomía de que gozan las municipalidades, se dio un nuevo impulso y una mayor flexibilidad al tema de la participación ciudadana a nivel comunal en nuestro país.

En efecto, por primera vez en la historia, la ley orgánica de municipalidades consideró un apartado especial para tratar el tema de la participación ciudadana (Título IV), que se inicia con un párrafo que señala cuáles son las instancias de participación que todo municipio debe contemplar en su organización; otorgando de este modo, el legislador, un mínimo común denominador para todas las comunas del país en esta materia.

Este texto legal dispone, en su artículo 93, que cada municipalidad debe establecer una ordenanza de participación ciudadana, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna.

El aporte valioso que cabe rescatar de esta disposición, está dado por el expreso reconocimiento que el legislador ha hecho en ella, acerca de las distintas y singulares realidades de las 345 comunas que existen a lo largo del país; disponiendo que en la redacción de la ordenanza municipal deban considerarse las particularidades de cada comuna y situaciones especiales de cada comuna. Aquello implica un enorme avance en el camino de la autonomía de los municipios, pues representa la oportunidad de elaborar agendas de participación apegadas a los intereses y circunstancias propias de cada realidad local.

Sin embargo, hay que señalar que la normativa en comento no define lo que debe entenderse por participación ciudadana, por lo que cabe entonces atender a las definiciones dadas en doctrina y a lo que las propias ordenanzas de cada municipalidad digan al respecto.

En este sentido, es posible destacar el esfuerzo que sobre la materia realizó la Asociación Chilena de Municipalidades, en conjunto con otros organismos, en la confección de una propuesta de ordenanza municipal sobre participación ciudadana, cuyo artículo 2º establece: "Se entenderá por Participación Ciudadana, la posibilidad que tienen los ciudadanos de la comuna de intervenir, tomar parte y ser considerados en las instancias de información, ejecución y evaluación de acciones que apunten a la solución de los problemas que los afectan directa o indirectamente en los distintos ámbitos de actividad de la Municipalidad y el desarrollo de la misma en los diferentes niveles de la vida comunal".

Sin perjuicio de lo señalado, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone como otra instancia de participación, en su artículo 94, la existencia de un Consejo Económico y Social Comunal, que estará compuesto por representantes de la comunidad local organizada, cuya función será la de constituirse en un órgano asesor de la municipalidad, y tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna. La novedad e incidencia de la norma radica en la posibilidad de que la integración, organización, competencias y funcionamientos de estos consejos, sean determinados por cada municipalidad a través de un Reglamento que el alcalde debe someter a la aprobación del Concejo. Esta solución coincide con el mismo espíritu que inspiró el reconocimiento de diversas modalidades de participación para las distintas municipalidades.

La misma ley señala además, algunas de las herramientas de participación que deben ser reguladas en la ordenanza relativa al tema, las que se refieren en particular a tres modalidades:

a) Audiencias públicas: por medio de las cuales el alcalde y el concejo conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal, como asimismo las que no menos de una cierta cantidad de habitantes de la comuna les planteen.

b) Habilitación y mantenimiento de una Oficina de partes y reclamos abiertas a la comunidad en general.

c) Plebiscito comunal y otras consultas no vinculantes.

La participación ciudadana efectiva

Ahora bien, si bien nuestra legislación ha evolucionado correctamente, consagrando y posibilitando instancias y mecanismos de participación ciudadana, no cabe duda que aún se podría profundizar más en el tema y que en efecto, queda mucho por hacer y desarrollar, siendo un factor determinante de limitación, las incuestionables y permanentes deficiencias que viven nuestros municipios en cuanto a la autonomía municipal y a recursos se refiere, constituyéndose estos en permanentes obstáculos para una participación ciudadana más efectiva.

Todavía más, pareciera que no sólo se trata de un problema de legislación o recursos, sino que también hay involucrado un grave síntoma de apatía ciudadana, que se expresa en los bajos índices de participación de la población en organizaciones comunitarias locales, y la poca relevancia que suelen tener las agrupaciones locales en la toma de decisiones, información, ejecución y evaluación de las acciones de la comuna.

Por el contrario, creemos que existe la posibilidad cierta de profundizar en una participación ciudadana local efectiva, aprovechando la legislación que tenemos e incluso pese a los recursos escasos con que contamos. Porque la premisa que debe prevalecer en cada municipio es obtener el máximo de utilidades con las herramientas que existen, aunque ellas sean insuficientes.

Más aún, es posible señalar que promoviendo la eficiencia y la eficacia de la gestión municipal, no sólo se maximizan beneficios presentes, sino que se genera un espiral virtuoso y ascendente en la administración y resultados de las comunas, pues el perfeccionamiento y utilización de mecanismos modernos de participación, permite entre otras cosas hacer más transparente el uso de recursos públicos, mejorar el control o accountability sobre las autoridades municipales, hacer más eficiente el gasto, priorizar necesidades con mayores niveles de satisfacción, y estimular la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de su comuna.

Es por esta razón, que las nuevas formas o herramientas de participación, dentro del marco legal y presupuestario que hoy existe, deben superar el clásico modelo de juntas de vecinos y clubes deportivos, no porque ellas no sirvan, sino porque en el contexto de nuestra realidad actual, son insuficientes, o bien, han perdido relevancia práctica. No significa lo anterior, que las asociaciones comunitarias locales como aquellas deban desaparecer, sino que deben redefinir su acción y perfilar nuevamente sus capacidades, integrándose a las nuevas formas de participación ciudadana.

En definitiva, un elemento fundamental para que una herramienta de participación ciudadana sea eficaz y eficiente, es que exista una expectativa cierta de que a través de ella se puede lograr algo, es decir, que se pueda obtener un resultado esperado, aquello que los mismos ciudadanos se fijaron en un comienzo; pues la participación ciudadana implica tiempo y trabajo por parte de quienes se involucran en ella, y nadie está dispuesto a dilapidarlos sin motivo alguno.

(1) González Ballar, Rafael en: Consolidación de la participación ciudadana en Honduras, en: http://rds.org.hn/participacion-ciudadana/

Fuente:www.institutolibertad.cl

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Publicado por juancatepillan @ 23:01  | Art. 2006
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