Adolfo Castillo. Mayo 19 , 2010

Desde que en junio de 2004 fuera enviado al Congreso el proyecto de ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, parece posible que finalmente los legisladores y el gobierno, se pondrán de acuerdo en otorgar a la sociedad civil mayores espacios para el ejercicio de su derecho a participar en los asuntos públicos. Recientemente, la Comisión Mixta donde radicaba la discusión del proyecto de ley, habría llegado a un acuerdo respecto de los alcances de la ley por lo que sólo faltaría la votación en ambas salas para convertirse en ley, a menos que el gobierno decida introducir nuevas enmiendas u observaciones el texto, lo que ciertamente constituiría un nuevo golpe a un largo anhelo democrático.

¿Pero qué implica la ley para los ciudadanos y ciudadanas en Chile?

El proyecto de ley consta de cuatro títulos que buscan establecer el marco institucional de la participación ciudadana en Chile. Estos abordan la configuración de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, ampliando el derecho de asociación; reconoce la calidad de las Organizaciones de Interés Público y las de voluntariado, se refiere al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, su constitución y su integración, y modifica otros cuerpos legales, donde destacan entre otros, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la de Municipalidades y la modificación del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Destaca el Título IV de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que instituye el principio de la participación ciudadana en la gestión pública.

Ello implica que los órganos de la Administración del Estado deberán establecer, en una norma general que se actualizará cada cuatro años, las modalidades específicas de participación que tendrán las personas en el ámbito de su competencia, asimismo, deberán poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Anualmente, darán cuenta pública a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Habrán de establecer Consejos de la Sociedad Civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo. Otros cambios tendrán lugar a nivel comunal, donde los Cescos o Consejos Económicos y Sociales Comunales, darán paso a los Consejos Comunales de la Sociedad Civil, que tendran mayores atribuciones.

¿Pero que supone la participación ciudadana en la gestión pública?

En junio de 2009, en la ciudad de Lisboa, Portugal, fue aprobada la Carta Interamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, donde se la entiende como “el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integren, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”. Esta Carta, que obliga al Estado de Chile, establece que “los Estados iberoamericanos deberán garantizar la participación ciudadana en la gestión pública en todos los ámbitos sectoriales y niveles territoriales”.

Como se lee, participar en la gestión pública, supone un proceso colectivo y asociativo de creación de orden democrático, donde la co responsabilidad entre gobernantes y ciudadanía respecto de asuntos de interés común, ocupa un lugar destacado.

Estos hechos dan cuenta de una convergencia política sobre la necesidad de integrar a la ciudadanía en los procesos públicos, toda vez que los estudios nacionales e internacionales han señalado la importancia de su accionar no sólo porque mejora la gobernabilidad democrática, sino porque es una señal de vitalidad, pues reconoce que los cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos años requiere de medidas normativas que hagan viable la inclusión activa de los nuevos ciudadanos, en las alicaídas democracias de la región.

Aun cuando el proyecto de ley ha concitado acuerdo político transversal, ciertamente sobreviven políticos tradicionales acostunbrad0s al fomento de clientelas electorales que alimentan a través de favores provistos desde el aparato estatal. La ley aun no se vota, y seguro existen tensiones que aun entraban su pronta aprobación.

El gobierno del presidente Piñera, al igual que los antecesores, tiene una oportunidad de saldar deudas para mejorar nuestra democracia y responder asertivamente con los anhelos de la nueva sociedad civil chilena.

Es hora de dar señales potentes de que se está por un cambio real y no por mantener privilegios odiosos que sostienen la desconfianza en la política. En tanto no se avance en esta línea, la intolerancia podría reinar en este campo, y nada nuevo habría bajo el sol una vez más. 

Fuente: http://blog.latercera.com/blog/acastillo/entry/cu%C3%A1nta_participaci%C3%B3n_ciudadana_tolerar%C3%A1_el

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