Tanto el Senado como la  Cámara de  Diputados han dado su aprobación al  proyecto de  Ley “Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”,  que inició  su tramitación en junio de 2004. Resta  que el Presidente Piñera de su aprobación no más  allá de 3 de  diciembre, para que  luego de su revisión por el Tribunal Constitucional  la sociedad  chilena  disponga de  un nuevo marco para el desarrollo de los cambios  sociales  que se han venido  observando en las últimas dos décadas.

En nuestra nota  anterior señalábamos que el Presidente no  debiera demorar  para aprobar dicha ley, por cuanto: a)  no  tendrá  problemas en lidiar con los  nuevos sujetos sociales y  fomentar  su desarrollo,  b) en tanto  liberal  moderno,  será  partidario del desarrollo del pluralismo asociativo, o la  diversidad orgánica que  hoy  está  transformando la sociedad chilena, c) se opondrá a toda forma de  instrumentalización social y clientelización que esta ley está  intentado evitar, y d) comprende  que para  avanzar al desarrollo  y la inclusión social se requiere   invertir  en educación  ciudadana,   y  generar las bases  para  una sociedad  moderna, participativa,  crítica y  abierta  a los desafíos. Pero  estos puntos son sólo  aspiraciones.

Importa  detenernos  a  reflexionar  sobre las implicancias  políticas que  el futuro despliegue de la ley  podrá  tener  sobre  el  nuevo ciclo histórico en desarrollo.  Algunos  datos  básicos: la ley  nace en medio de un nuevo  gobierno que ha generado  desconfianza  respecto de su vocación participativa y democratizadora. Lo cierto es que el proyecto de ley  está  avanzando prontamente a ser  ley y con ello se demuestra  que existe voluntad política. No es claro si es la  nueva  o vieja derecha la que impulsa ese  cambio, lo que  por cierto es  una paradoja.

Se  consolidan  tendencias de la formación de  una  Nueva  Ciudadanía, donde  conviven  tradicionales y emergentes  actores  y movimientos asociativos, que están perfilando las rutas  que marcarán el futuro próximo del escenario político,  similar al proceso observado en los inicios del siglo XX.  En este  cuadro,  la  matriz estado céntrica en que  se apoyó el  asociacionismo del siglo XX ha  completado  su  cambio y la nueva  sociedad irrumpe y tensiona  los mapas de  orientación: cambian los modos de  representar,  las  identidades, las relaciones con instituciones. Este es un dato duro para la política institucional. Asimismo, la  revolución  tecnológica  y  comunicacional  produce  interacciones generadoras de discursos en la  sociedad civil sobre su lugar en  el orden social y modifica  los mapas mentales  y  las rutas interpretativas que  habían sido  útiles hace  unas décadas. El  cambio social está  aquí.

¿Cómo  podemos  inferir  de este  cambio el  desarrollo de tendencias que marcarán el escenario del nuevo ciclo  histórico en Chile? La  ley  supone  una re conexión entre  política y ciudadanía,  al reconocer   una nueva sociedad y su complejidad. Este hecho  supone ampliación de la democracia,  y expansión de los derechos de la ciudadanía a la vez que es una oportunidad de  cerrar brechas y reconocer el rol  creativo, democratizador  y transformador de la sociedad civil.

Es valorable que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones, siendo su deber promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil, así como declarar  contraria a las normas establecidas  toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana.

Algunos  cambios relevantes:   los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro; cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.

A  nivel de sociedad  civil se reconoce que son organizaciones de interés público aquellas personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, al igual que las organizaciones de  voluntariado.  Las uniones comunales de organizaciones comunitarias funcionales podrán agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. En cada municipalidad existirá un consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil que  será elegido por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las organizaciones de interés público de la comuna, y se reunirá a lo menos cuatro veces por año. Este nuevo órgano social estará  integrado por  consejeros que durarán cuatro años en sus funciones. Su integración, organización, competencia y funcionamiento es una materia  pendiente  que requerirá de la más amplia  participación ciudadana.

Estos  consejos  serán informados por el alcalde  acerca de los presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo y sobre las modificaciones al plan regulador y se  pronunciará en  marzo de cada año,   respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales, al mismo tiempo que deberán informar a sus respectivas organizaciones acerca de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo.

Como se  podrá apreciar, los cambios  son relevantes y  contienen anhelos  sociales  largamente  demandados. El modo como los partidos políticos operen la ley y  se relacionen con los  nuevos actores que emergen con y son reconocidos  por ella, es incierto. Para algunos será  una oportunidad  de  recuperar  vínculos con una sociedad que  desconfía de ellos,  y  una opción para  ser intérpretes de las esperanzas de cambio para  los nuevos  movimientos asociativos; para otros, unja nueva forma de  persistir en sus dinámicas  tradicionales de  relacionarse con la sociedad, propia  de modelos  clientelares y asistenciales, que  sólo  contribuyen a perpetuar la  pobreza  y desigualdad.

Pero con seguridad habrá producción de  nueva clase  política,  es decir  nacimiento de  nuevos actores políticos que sintonizan, que  interpretan las nuevas demandas ciudadanas y comprenden  el sentido de ese  movimiento. Estamos ad portas de  la constitución de un nuevo  Chile y quienes no acepten las nuevas  claves político - sociales, es recomendable que hagan  lecturas de lo ocurrido con los  partidos  políticos que  han ido quedando en los  archivos de nuestra historia por  creer  que  todo  giraba en torno de ellos.

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