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Adolfo Castillo. Mar. 11 , 2011
Con la entrada en vigencia de la Ley de Participación Ciudadana, el pasado 14 de febrero, se abre un nuevo escenario para el fortalecimiento de la democracia en Chile y para la expansión de los derechos de chilenos y chilenas.
Luego de casi 7 años y medio de trámite legislativo ha sido aprobada la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, lo que constituye un hecho de la mayor importancia para el desarrollo de la sociedad civil y su rol en el fortalecimiento de la democracia en Chile. Esta ley se suma a la vigencia de la Ley de Transparencia y a la actual tramitación de la ley sobre plebiscitos comunales, configurando así un interesante cuadro, no visto anteriormente, que habla del avance de una nueva ciudadanía que ha sido capaz de instalar temas pendientes desde que se iniciara la transición a la democracia en 1989.
Como se sabe, tras el colapso institucional de la dictadura, luego del plebiscito de sucesión presidencial en 1988, en el campo opositor de entonces, el núcleo político que lideró el proceso que lo llevó al poder del Estado, dirigido por lo que fue el Comité de Elecciones Libres y posteriormente la Concertación de Partidos por la Democracia, comenzó a delinear hacia mediados de los años ochenta el espacio que jugarían los actores sociales en la transición. Inicialmente este sector tendría un rol importante pero, hacia la segunda mitad de esa década, se privilegió el rol de los actores políticos sobre los sociales. Ello se convirtió en política de Estado y durante 20 años el antiguo régimen de concertacionistas relegó a los actores sociales a factores de apoyo de la reproducción de sub poder, re instalando el clientelismo y dejando de lados las promesas de una democracia activa.
La historia la conocemos y los datos duros de estudios señalan que la brecha entre ciudadanos y políticos está en altos niveles. La política institucional sigue a la deriva, sin comprender qué ocurre, limitándose a sortear las olas de la acción ciudadana. Las recientes movilizaciones de Punta Arenas, Transantiago, Punta de Choros, entre otras, son señales, mensajes abiertos de la sociedad civil a la política. Existe una desestructuración entre expresión y representación de demandas y derechos o una crisis entre actores sociales y políticos. Ello no es bueno para nadie.
Afortunadamente las nuevas leyes aprobadas señalan un camino, una voluntad política, un intento por comprender e interpretar qué está ocurriendo en la nueva sociedad chilena. Son los inicios de un nuevo ciclo que aún no deja ver los contornos del proceso que está construyendo pero que, al menos, admite la oportunidad de repensar las relaciones entre ciudadanos y políticos.
Luego de casi 7 años y medio de trámite legislativo ha sido aprobada la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, lo que constituye un hecho de la mayor importancia para el desarrollo de la sociedad civil y su rol en el fortalecimiento de la democracia en Chile. Esta ley se suma a la vigencia de la Ley de Transparencia y a la actual tramitación de la ley sobre plebiscitos comunales, configurando así un interesante cuadro, no visto anteriormente, que habla del avance de una nueva ciudadanía que ha sido capaz de instalar temas pendientes desde que se iniciara la transición a la democracia en 1989.
Como se sabe, tras el colapso institucional de la dictadura, luego del plebiscito de sucesión presidencial en 1988, en el campo opositor de entonces, el núcleo político que lideró el proceso que lo llevó al poder del Estado, dirigido por lo que fue el Comité de Elecciones Libres y posteriormente la Concertación de Partidos por la Democracia, comenzó a delinear hacia mediados de los años ochenta el espacio que jugarían los actores sociales en la transición. Inicialmente este sector tendría un rol importante pero, hacia la segunda mitad de esa década, se privilegió el rol de los actores políticos sobre los sociales. Ello se convirtió en política de Estado y durante 20 años el antiguo régimen de concertacionistas relegó a los actores sociales a factores de apoyo de la reproducción de sub poder, re instalando el clientelismo y dejando de lados las promesas de una democracia activa.
La historia la conocemos y los datos duros de estudios señalan que la brecha entre ciudadanos y políticos está en altos niveles. La política institucional sigue a la deriva, sin comprender qué ocurre, limitándose a sortear las olas de la acción ciudadana. Las recientes movilizaciones de Punta Arenas, Transantiago, Punta de Choros, entre otras, son señales, mensajes abiertos de la sociedad civil a la política. Existe una desestructuración entre expresión y representación de demandas y derechos o una crisis entre actores sociales y políticos. Ello no es bueno para nadie.
Afortunadamente las nuevas leyes aprobadas señalan un camino, una voluntad política, un intento por comprender e interpretar qué está ocurriendo en la nueva sociedad chilena. Son los inicios de un nuevo ciclo que aún no deja ver los contornos del proceso que está construyendo pero que, al menos, admite la oportunidad de repensar las relaciones entre ciudadanos y políticos.