Lunes, 21 de marzo de 2011

Diego Schalper. Mar. 11 , 2011

Nuestra Constituci?n Pol?tica de la Rep?blica se?ala en su art?culo primero que ?El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a trav?s de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonom?a para cumplir sus propios fines espec?ficos. Esto, que suena muy te?rico, tiene que ver con algo fundamentalmente pr?ctico: que en la mayor?a de los casos las personas organizadas y asociadas son capaces y est?n en mejores condiciones de hacer frente a sus problemas cotidianos. De esta manera, es esencial que el Estado se incline a generar las condiciones para promover el desenvolvimiento de ese impulso natural de colaboraci?n. La aut?ntica participaci?n ciudadana no se reduce a cruzar una l?nea de tanto en tanto en un voto, sino m?s bien a hacerse parte, personal y colectivamente, de las soluciones que nos aquejan a nivel local, regional y comunal.

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Dicho eso, quisiera hablar desde la experiencia que ha significado constituir la Corporaci?n sin fines de lucro IdeaPa?s. No me interesa la cr?tica odiosa que desconoce el enorme esfuerzo que muchos funcionarios realizan d?a a d?a por intentar cumplir sus labores de la manera m?s esmerada posible. M?s bien, lo que me preocupa es evidenciar las m?ltiples falencias que subsisten, para que nos ocupemos de cambiarlas.

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Respecto de la constituci?n de una persona jur?dica sin fines de lucro, tenemos que reconocer problemas en los tiempos, en la experticia de los tramitadores, en los estatutos tipo y en los costos econ?micos asociados, especialmente si hablamos de personas de escasos recursos.

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Normalmente, el anhelado decreto de constituci?n del Ministerio de Justicia demora en promedio un a?o, lo cual resulta dif?cilmente resistible para cualquier clase de emprendimiento, especialmente si pensamos que m?ltiples cuestiones vinculadas (arrendar un inmueble, generar contratos de trabajo, sostener un patrimonio separado de los asociados, etc.) no pueden esperar por tantos d?as. La sobrecarga de trabajo de los abogados evaluadores, los reparos del Consejo de Defensa del Estado (ya es lugar com?n que siempre se obtiene al menos uno, cualquiera sea la preparaci?n previa), las demoras en las notificaciones y remisiones de documentos (?cu?ndo vamos a digitalizar todo esto?) y los variados pasos que constituyen una agobiante tramitaci?n, son muchas veces dif?ciles de entender.

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Lo anterior, sin contar con que son pocos (y los que hay, caros y dif?cilmente identificables) los abogados que se encuentran en condiciones de llevar a adelante estos procedimientos. Despu?s de conversar con abogados de diferentes Facultades de Derecho, puedo criticar con conocimiento: esto no es un tema relevante dentro de nuestra carrera. No estamos capacitados para estas gestiones. Y peor a?n: dif?cilmente podremos hacer una asesor?a decente si alguien nos pregunta al respecto en una Corporaci?n de Asistencia Judicial (partiendo de la premisa que se asumiera este apoyo jur?dico a emprendimientos de personas de escasos recursos como un desaf?o de dichas instituciones).


Luego, si Ud. quiere puede bajar los estatutos tipo de varias p?ginas oficiales, lo cual debiese facilitarle la tarea. Pero, ?estamos consientes que el giro amplio que en ellos se expone (obviamente, para permitir que quedan las diferentes alternativas que pudiesen pretenderse), implican tramitaciones especiales ante el Ministerio de Educaci?n, de Salud y de otras carteras que eventualmente pudiesen resultar aludidas? ?Tenemos a la vista que no es posible incorporarlo en ninguna figura para obtener una franquicia tributaria? Me parece m?nimo que se acompa?e un instructivo donde se explique en detalle las implicancias de esas y otras glosas abiertas de los estatutos. Y ser?a bueno que revisemos y actualicemos pronto ese documento oficial.

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Finalmente, si pensamos que este proceso conlleva una copia de una escritura p?blica de constituci?n, una probable segunda (y hasta tercera) copia de escritura p?blica de modificaciones a partir de los reparos, y la publicaci?n de decreto de concesi?n en el Diario Oficial, entonces los costos son alt?simos (francamente, inabordables para el grueso de los emprendedores sociales). Confieso que no s? si se concede privilegio de pobreza en este tipo de gestiones (si no, entonces ?hag?moslo extensivo!). Pero a?n as?, el panorama para la billetera es simplemente desalentador. Nota aparte son los costos en la confecci?n de balances, memorias y otros documentos exigidos, que, si bien son razonables en el plano de la fiscalizaci?n, son inalcanzables para muchos. ?O acaso creemos que una corporaci?n de escasos recursos puede contratar a un contador? ?Tenemos una red de personas que asesoren a los asociados en el cumplimiento de estas cargas legales?


Muchos ponen su confianza en la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participaci?n Ciudadana en la Gesti?n P?blica, reci?n publicada. Por cierto que es un avance en lo que respecta a la desburocratizaci?n (he extra?ado una campa?a de difusi?n m?s masiva de la misma). Pero, ?est?n las municipalidades en condiciones de asumir las tareas que ah? se le encomiendan, especialmente las de escasos recursos? ?Por qu? figura la Secretar?a General de Gobierno, organismo eminentemente pol?tico contingente, y no el Ministerio de Justicia, en el Consejo Nacional que crea esta norma? ?No podr?a generar una creciente tentaci?n de manejar los recursos del fondo de fortalecimiento en materias que van m?s all? del ?inter?s p?blico? (ojo, no presumo malas intenciones, sino solamente aventuro riesgos), incentivando organizaciones que sean funcionales al gobierno de turno?

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Como podemos ver subsisten muchas dudas y desaf?os pendientes en este punto, que resulta muy sensible en lo que al incentivo de la participaci?n ciudadana se refiere. Falta agilidad, informaci?n, capacitaci?n y estructuras que est?n a la altura de los requerimientos actuales.

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Hace algunas semanas el Ministro Fontaine anunci? la entrada en vigencia de la ley de agilizaci?n de tr?mites para la constituci?n de empresas. Celebramos el avance en esa ?rea. No obstante, nos mantenemos a la espera y expectantes (abiertos a colaborar) para que con la misma fuerza que agilizamos los tr?mites para incrementar la producci?n material, dispongamos los medios y regulaciones necesarias para generar el bienestar social, los emprendimientos comunitarios, el compromiso social y los medios de aut?ntica participaci?n que Chile tanto necesita.

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Fuente: http://blog.latercera.com/blog/dschalper/date/20110311

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