
Precht desarrolló los objetivos y alcances operacionales de normativas centrales de la atención a las personas: La Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública; la Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos; y la Ley Nº 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
Al respecto, la autoridad afirmó que “el foco de estas leyes es promover una relación de compromiso entre ciudadanía y Estado, lo que implica derechos y deberes tanto para el ciudadano como para el funcionario. Esta es una nueva visión que se desprende de la ley de participación ciudadana, por cuanto el Estado no es el único responsable de la fiscalización de los servicios, sino que la ciudadanía debe ser corresponsable en este proceso”.
Precht agregó que “estas tres leyes son cruciales para el empoderamiento de la ciudadanía en su rol controlador de las actividades de las autoridades. La ley de transparencia entrega facultades a las personas para acceder a todas la información pública necesaria para fiscalizar, siempre que eso no afecte a terceros; la ley de procedimientos administrativos fija el derecho a respuesta. Aquí imperan los efectos del silencio de la administración, mediante el cual, si el ciudadano no tiene respuesta en los plazos legales, la ley subentiende que la petición o reclamo ciudadano es concedido”.
Finalmente, dijo Alberto Precht, “la Ley de participación ciudadana entrega herramientas para que la sociedad civil organizada tenga una participación activa en la elaboración de las políticas, planes y programas, y la obligación de la autoridad de incorporar los puntos de vista de la ciudadanía, a través de cabildos y diálogos participativos”.
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