Leyes y participación ciudadana

No es casualidad que junto con las movilizaciones sociales que registra el país, se anuncien proyectos legales sobre participación ciudadana. Don Francisco Antonio Encina, en su historia de Chile, señala como un rasgo distintivo de nuestra nación, su acentuado apego a la legalidad, cuya expresión más cotidiana es la venta de las leyes pregonadas de viva voz en las calles. 

Compartimos la opinión de tan ilustre historiador porque, efectivamente, parece ser un rasgo sociológico nuestro, atribuirle a la ley, a las reformas legales y a la creación de más y más instituciones públicas, la capacidad suficiente para resolver los más variados conflictos humanos, individuales, sociales, políticos, económicos y culturales. Un claro ejemplo es la ley de participación ciudadana en la gestión pública Nº 20.500 de 16 de febrero del presente año, con párrafos y títulos como por ejemplo -y valgan por su actualidad- el Registro Nacional de personas jurídicas sin fines de lucro en materia de derechos ciudadanos y el detallado título sobre participación ciudadana en los planes, programas y acciones de la gestión pública, para cuyo efecto se crean órganos y fondos especiales. 

Esta tendencia histórica a sobrevalorar la importancia de las leyes en la solución de los conflictos sobrecarga el sistema legal e institucional del país, particularmente a los poderes colegisladores y a los tribunales de justicia con olvido de los componentes históricos, socioculturales, éticos, económicos, políticos e incluso espirituales que integran tales conflictos. La lentitud de los mecanismos institucionales en dar respuesta oportuna a los requerimientos ciudadanos, puede ser un elemento de los conflictos de cualquier naturaleza, y a su vez, de la modernización del Estado. En la sobrevaloración de las leyes se olvida con frecuencia que los hábitos, las costumbres y la adecuación psicológica de las personas suelen ser más fuertes que las leyes y, por consiguiente, que si las reformas legales no responden a genuinos intereses ciudadanos o no van acompañadas de cambios en la manera de pensar y sentir de las personas, se termina con frecuencia motivando en la población más frustración y más legislación. 

Se olvida que las leyes se escriben con palabras, que son aspiraciones programáticas o promesas que el cuerpo social se hace a sí mismo y se siente la tentación de considerar que todo está ya hecho cuando se han aprobado. Se olvida que las leyes sustantivas son reglas abstractas y generales, medidas de largo plazo sin referencia a personas, objetos o circunstancias particulares, que se aplican a realidades complejas y diferentes; que requieren implementación y sobre todo educación o difusión de sus contenidos en lenguaje ciudadano para que sean conocidas, comprendidas y asumidas como propias, única forma de crear hábitos, despertar lealtades y apegos, pues las leyes y el Estado existen para las personas y no al revés. Las leyes son necesarias pero insuficientes para abordar problemas complejos. 

Se enfatiza lo anterior porque nada es más destructivo para la democracia, el respeto de los gobiernos y el prestigio del Estado y de la ley, que aprobar leyes que no se cumplen.