Jueves, 02 de febrero de 2012

Margarita Reyes : “Debemos ejercer el derecho a participar en el desarrollo local” (PRSD)

26 enero 2012


La reciente encuesta realizada por el centro de estudios políticos (CEP), que ratifica una vez más la percepción ciudadana en nuestro país, destaca el descontento, desconfianza, descrédito, expresando entre otros datos relevantes un drástico 60% que no se identifican con ningún partido político, y sólo un 7% de los encuestados dicen confiar en los partidos políticos, ya que ven escasa sintonía con las demandas y luchas ciudadanas. Con esto cada vez cobra mayor relevancia el ejercicio de la ciudadanía social, donde la gente aporte ideales, demandas, propuestas y sobretodo sueños de una sociedad mejor para todos. Para esto es necesario impulsar una redistribución más equilibrada del poder.


Actualmente en nuestro país, la sociedad civil no se siente integrada o incluida en los procesos de decisión de los asuntos de interés, por lo que su desafección de lo público se incrementa con el consiguiente deterioro de la calidad de la democracia y el desprestigio de las instituciones.


A esto debe adicionarse el que no han existido políticas públicas consistentes de fortalecimiento de la sociedad civil, ni recursos que desarrollen su autonomía, falta de programas educativos en formación ciudadana. Esto configura un cuadro de deterioro que explica el envejecimiento que ha ido teniendo el padrón electoral y la no inscripción de los jóvenes, lo que ahora por ley se verá rejuvenecido, pero también constituirá una incertidumbre que obliga a mejorar las prácticas, ampliar los ámbitos de participación y transparentar la actividad política para encantar a los nuevos y reencantar a los antiguos empadronados.


Resultado de un trabajo de organizaciones de la sociedad civil y congresistas, el 16 de febrero de 2011 entró en vigencia la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que introduce importantes cambios en este escenario, cambios que solo serán posibles de implementar si se cuenta con una sociedad civil educada, empoderada y habilitada para hacer que la Ley se cumpla y controle eficientemente la aplicación de esta norma en el nivel local, regional y central.


La Ley 20.500 establece a nivel comunal los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, un nuevo órgano de participación ciudadana con funciones asesoras, colaboras y consultivas del municipio y que pueden permitir especialmente a los grupos excluidos de la sociedad acceder a la información en espacios donde se adoptan importantes decisiones públicas, particularmente de nivel comunal, lo que viene a configurar un nuevo escenario de participación, produciéndose una retroalimentación entre el Estado y los ciudadanos, donde el ciudadano ya no es solo un receptor pasivo de derechos que goza de la protección de la ley, es decir deja de ser un cliente para convertirse en un agente que ejerce interacción con el Estado, con el mercado y con los poderes públicos. La ciudadanía constituye, entonces , un principio articulador y regulador, que afecta a las diferentes posiciones del sujeto en su rol de agente social al tiempo que permite el respeto de la libertad individual.


Más allá entonces, de la obligatoriedad de la norma, esta Ley Nº 20.500 abre importantes espacios para que los municipios aborden contenidos participativos en sus programas y actividades, desde una mirada de integración de la base ciudadana y profundización democrática a nivel local para transitar hacia una gestión municipal participativa.


Esta Ley es escasamente conocida aun en Chile por nuestra sociedad civil, por lo que se corre el riesgo que sea una ley muerta si no existe una apropiación ciudadana de ella, y si no se desarrollan acciones de capacitación que permitan su desarrollo en la ciudadanía, especialmente entre líderes y dirigentes sociales.


La posibilidad de trabajar cooperativamente en torno de un derecho largamente esperado, hará posible la creación de una Red Ciudadana tanto de ejercicio como de control sobre la implementación de la ley 20.500, es decir generar incidencia en la gestión pública.


Los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, bien implementados reportarán una mayor democratización social desde la base de sus componentes, hombres y mujeres organizados que despiertan, buscan y exigen participación.


Bienvenida cualquiera instancia de participación ciudadana transparente, sin injerencias e intereses de ningún tipo que no sean la búsqueda del desarrollo y el bienestar colectivo para sociedad local.


Margarita Reyes Romero

Vicepresidenta Nacional

Partido Radical Socialdemócrata

Fuente: http://www.facebook.com/notes/margarita-reyes/debemos-ejercer-el-derecho-a-participar-en-el-desarrollo-local/371352146212597

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