Participaci�n Ciudadana

T� propones t� eliges: GENERANDO PARTICIPACI�N CIUDADANA, PUERTO MONTT CRECE

juancatepillan — 2008-12-14T03:49:07+01:00

Tú propones… tú eliges: GENERANDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PUERTO MONTT CRECE

escrito por mauricio ravanal

lunes, 02 de junio de 2008

(08/06/08)

Más de cien mil vecinos y cerca de 300 organizaciones de la comuna de Puerto Montt, son parte del Presupuesto Participativo 2008 del municipio, iniciativa que promueve la participación ciudadana a través de la selección directa de los proyectos por parte de la comunidad.

Ocho son los territorios intervenidos por parte Municipalidad de Puerto Montt a través de la Oficina de Presupuesto Participativo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) en el transcurso de este año. Actualmente, se ha cerrado la etapa de Elección de Consejos Vecinales, lo que se traduce en que cada uno de los territorios cuenta con sus representantes directos en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos para su sector.

Previo a esta instancia, durante el mes de enero se realizaron una serie de asambleas informativas dirigidas a toda la comunidad intervenida, con el propósito de consolidar una nueva modalidad para la asignación de recursos a sectores y organizaciones comunitarias por el municipio. Luego de esta fase informativa se realizó un diagnóstico que permitió a los (as) vecinos (as) identificar las fortalezas y debilidades en su barrio, permitiendo reconocer las principales necesidades de cada uno de ellos.

En total son 140 millones de pesos los que el Municipio ha destinado para llevar a cabo el Presupuesto Participativo 2008, cifra que se ha dividido en los ocho territorios, 6 urbanos y 2 rurales. Los criterios utilizados para la asignación de recursos responden a índices de demografía, vulnerabilidad social y número de organizaciones. Los resultados arrojados por esta clasificación han permitido que los sectores intervenidos puedan presentar un conjunto de proyectos que fluctúan entre los 15 y 25 millones de pesos por territorio.

PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN CIUDADANA

El propósito del Presupuesto Participativo es que cada territorio presente una serie de iniciativas que contemplen diferentes áreas, ya sea en infraestructura, deporte, infancia, seguridad pública, cultura o recreación, cada una de éstas con un porcentaje predestinado del total asignado. La idea es que las distintas organizaciones, al presentar sus proyectos puedan asociarse y darle mayor valor y representatividad a su idea, concitando el mayor interés de los propios vecinos el día de la consulta vecinal.

Cabe destacar que el día de votación en cada territorio, pueden acercarse a las urnas todas las personas mayores de 14 años -modalidad pionera del municipio de Puerto Montt- con el propósito de hacer partícipes a los jóvenes en las decisiones que beneficien a su barrio.

Al respecto, el Alcalde Rabindranath Quinteros destaca la importancia de que “tanto los ciudadanos como los jóvenes participen de este tipo de iniciativas y decidan que propuesta prefieren que se realice en cada una de las áreas de inversión, para que así en septiembre puedan comenzar a ejecutarse los proyectos y que cada una de estas ideas se conviertan en una realidad para la comunidad”.

Actualmente, cada territorio a través de sus respectivas organizaciones, se encuentra elaborando su Ficha de Proyecto, herramienta que les permitirá formular las iniciativas de mejoramiento para su sector.

Este proceso va acompañado por el apoyo de un Consejo Vecinal, elegido por la comunidad en cada uno de los territorios y por un Autorreglamento del Presupuesto Participativo, documento que respalda las competencias del consejo, el propósito del programa y los montos asignados en cada sector.

Con respecto a esto último, esta semana se hizo entrega oficial del documento, por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario a la Unión Comunal, al Club de Adultos Mayores “Huerto Urbano” y del Club de Alcohólicos Rehabilitados. La ceremonia se realizó en el Salón Municipal en presencia de cerca de un centenar de dirigentes de la comuna, instancia en la que además de presentar el trabajo actual del Presupuesto Participativo se hizo entrega a las organizaciones vecinales de los antecedentes de postulación para el listado de juguetes navideños.

Finalmente, las fichas de proyectos propuestas serán revisadas en conjunto con la comunidad la segunda semana del mes de junio. Así, durante el mes de julio se exhibirá la feria de proyectos en lugares estratégicos de cada uno de los 8 territorios para dar paso a la Consulta Vecinal, instancia que se llevará a cabo cada domingo del mes de julio en los diversos territorios que forman parte de esta modalidad municipal para la entrega de recursos a la ciudadanía y que se inició en el 2007 con tres sectores a modo de experiencia piloto.

LAGO CHAPO: LOS MAS PARTICIPATIVOS

Dentro de los territorios rurales, cabe destacar la labor que cumplen los dirigentes en estos sectores.

Para Bernarda Oyarzún de la JJ.VV. Lago Chapo, la participación de su comunidad no es un tema fácil, más allá de razones motivacionales, la presencia de los vecinos en las asambleas se relaciona directamente con el acceso y conectividad del sector. “Son decenas de vecinos los que deben cruzar el lago en bote y tomar una locomoción en Lago Chapo para llegar a Correntoso a la reunión y todo eso bajo condiciones climáticas que dificultan seriamente la participación”.

Sin embargo, e increíblemente, este sector rural es el que mayor asistencia ha tenido en el transcurso del programa, llegando a 100 personas, superando arduamente a los territorios urbanos.

Esto demuestra que cuando existe real compromiso por mejorar la calidad de vida y los espacios comunitarios, la gente sí participa y responde.

PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS LOCALES

juancatepillan — 2008-12-14T03:01:01+01:00

Hoy en día es imposible no hablar de participación ciudadana cuando se trata el tema de gobiernos locales. Y ello es así, porque este concepto es consustancial al de democracia, en cuanto colabora, en términos generales, en el acceso de mayores niveles de transparencia y legitimidad de las autoridades y las decisiones que éstas toman.

PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Fecha Martes, 12 diciembre a las 18:29:57
Tema Desarrollo Territorial

Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales

Instituto Libertad

Enviado: 3 de Marzo del 2006

Por otra parte, pocos temas pueden ser más inagotables y motivantes de trabajar como lo es el de la participación ciudadana a nivel local, pues es precisamente ahí donde la participación cobra verdadera importancia e incentiva a una total dedicación.

BREVE MARCO TEÓRICO

Es preciso distinguir, a fin de propiciar un debate transparente sobre la materia, los diversos tipos de participación de que es susceptible todo ciudadano, y que se distinguen de la participación ciudadana propiamente tal.

En primer lugar, hay que diferenciar la participación ciudadana del concepto más genérico de participación social, el que en un sentido amplio integra en sí mismo todos los tipos y niveles de participación, y, en un sentido restringido, se refiere a la participación en actividades mera y propiamente sociales o de corte comunitario, como por ejemplo la participación en obras de caridad, fundaciones, clubes deportivos o de recreación.

En segundo lugar, la participación ciudadana es distinta a lo que comúnmente entendemos por participación política de la ciudadanía y cuyos límites muchas veces no son fácilmente reconocibles, confundiéndose en la práctica con expresiones de participación ciudadana. Sin embargo, es posible determinar algunas herramientas de participación política, a modo de ejemplificar la distinción entre ellas: las elecciones de los alcaldes y concejales, de parlamentarios y Presidente de la República, la participación en un plebiscito nacional y en uno comunal cuando éste ha sido convocado por el Alcalde, por iniciativa propia o del Concejo.

Lo realmente distintivo de la participación ciudadana está dado por el espacio que ella ocupa y con el que se relaciona, esto es, la administración pública, a la que se denomina genéricamente "aparato del Estado".

En este sentido, la participación ciudadana ha sido entendida, en términos amplios, como aquella intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales, lo que significa que ella se promueve a partir de los propios ciudadanos para luego hacerse pública, publicidad que adquiere su fundamento en el hecho principal de que con ella se expresan intereses sociales.

Rafael González Ballar, abogado costarricense, ha definido la participación ciudadana en términos de "un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve"(1). De aquella definición, se puede derivar entonces que la participación ciudadana es un proceso, un continuo en el tiempo que se desarrolla, de generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano, donde progresivamente éste va adquiriendo mayor relevancia y protagonismo

MARCO CONSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN

La Constitución Política contiene una serie de normas que congregan el valor de la participación, el cual deriva del contenido mismo de la democracia, es decir, no bastan instrumentos formales de gobierno, sino la responsabilidad de los gestores públicos de impulsar el estilo de vida democrático, propiamente tal.

Así, el artículo 1º de la Constitución, dispone que "El estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y además les garantiza una adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos." Y agrega que "Es deber del estado, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

Chile es una República Democrática, esto significa que se gobierna por el pueblo, a través de sus representantes, de manera tal que la participación es un elemento de la esencia de la democracia, sin participación de la ciudadanía y sus organizaciones, en realidad no hay democracia verdadera.

Otro derecho constitucional en el tema de la participación, es el derecho de asociación, consagrado en el N° 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: "las personas naturales o jurídicas, tienen derecho a asociarse sin permiso previo".

Pero sin duda, en cuanto a las disposiciones constitucionales que se refieren al tema de la participación cabe destacar el artículo 107, inciso cuarto, precepto que define a las Municipalidades como "corporaciones autónomas de derecho público y tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna".

En consecuencia, el sistema formal de participación en Chile es consustancial al concepto de municipio por cuanto estos no sólo existen para administrar la comuna, sino que constituyen el canal constitucional, a través del cual la comunidad participa en el desarrollo local.

Al respecto y tal como sabemos, en los últimos años las municipalidades han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en la promoción y gestión del desarrollo local, a la par de aumentan sus atribuciones y recursos, aunque no ambos en la misma medida.

Este escenario de mayores exigencias y demandas hacia los municipios, se ha caracterizado por una escasa participación por parte de la comunidad, lo que se hace observable en la forma en que se determina la prioridad en los problemas locales y como finalmente éstos se resuelven. Esta escasa participación, tiene su origen, primeramente en el desconocimiento por parte de la ciudadanía, de las potencialidades y los mecanismos que les permitan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida comunal.

Ahora bien, el fenómeno también se asocia con algunas causales históricas como son la herencia del centralismo administrativo, las precarias bases legales, la ausencia de estructuras organizacionales que faciliten la participación y una escasa preparación a la ciudadanía.

Se puede establecer por tanto que, en la actualidad la participación constituye un elemento central en el desarrollo local, que se formula muy bien a nivel de discurso, y en la práctica no aparece con una distinción tan clara y precisa por parte de las autoridades nacionales y locales. Aún cuando un sistema de gobierno democrático para sustentarse, necesita de una participación informada, responsable y organizada.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL LOCAL EN CHILE

Legislación vigente sobre la materia

En Chile, la forma de participación ciudadana en el municipio ha estado marcada tradicionalmente por tres niveles diversos de expresión: a) Nivel propiamente político, conformado por los partidos políticos y cuyo escenario principal es el alcalde y el concejo municipal, este último cumpliendo funciones fiscalizadoras y normativas (legislativas); b) Nivel social, compuesto por el conjunto de actores sociales de la comuna, donde destacan las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de madres y juveniles; y c) el Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), como espacio de participación institucionalizada que tiene funciones únicamente de consulta y opinión. Sin embargo, tras la reforma introducida en 1999 a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, reconociendo la autonomía de que gozan las municipalidades, se dio un nuevo impulso y una mayor flexibilidad al tema de la participación ciudadana a nivel comunal en nuestro país.

En efecto, por primera vez en la historia, la ley orgánica de municipalidades consideró un apartado especial para tratar el tema de la participación ciudadana (Título IV), que se inicia con un párrafo que señala cuáles son las instancias de participación que todo municipio debe contemplar en su organización; otorgando de este modo, el legislador, un mínimo común denominador para todas las comunas del país en esta materia.

Este texto legal dispone, en su artículo 93, que cada municipalidad debe establecer una ordenanza de participación ciudadana, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna.

El aporte valioso que cabe rescatar de esta disposición, está dado por el expreso reconocimiento que el legislador ha hecho en ella, acerca de las distintas y singulares realidades de las 345 comunas que existen a lo largo del país; disponiendo que en la redacción de la ordenanza municipal deban considerarse las particularidades de cada comuna y situaciones especiales de cada comuna. Aquello implica un enorme avance en el camino de la autonomía de los municipios, pues representa la oportunidad de elaborar agendas de participación apegadas a los intereses y circunstancias propias de cada realidad local.

Sin embargo, hay que señalar que la normativa en comento no define lo que debe entenderse por participación ciudadana, por lo que cabe entonces atender a las definiciones dadas en doctrina y a lo que las propias ordenanzas de cada municipalidad digan al respecto.

En este sentido, es posible destacar el esfuerzo que sobre la materia realizó la Asociación Chilena de Municipalidades, en conjunto con otros organismos, en la confección de una propuesta de ordenanza municipal sobre participación ciudadana, cuyo artículo 2º establece: "Se entenderá por Participación Ciudadana, la posibilidad que tienen los ciudadanos de la comuna de intervenir, tomar parte y ser considerados en las instancias de información, ejecución y evaluación de acciones que apunten a la solución de los problemas que los afectan directa o indirectamente en los distintos ámbitos de actividad de la Municipalidad y el desarrollo de la misma en los diferentes niveles de la vida comunal".

Sin perjuicio de lo señalado, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone como otra instancia de participación, en su artículo 94, la existencia de un Consejo Económico y Social Comunal, que estará compuesto por representantes de la comunidad local organizada, cuya función será la de constituirse en un órgano asesor de la municipalidad, y tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna. La novedad e incidencia de la norma radica en la posibilidad de que la integración, organización, competencias y funcionamientos de estos consejos, sean determinados por cada municipalidad a través de un Reglamento que el alcalde debe someter a la aprobación del Concejo. Esta solución coincide con el mismo espíritu que inspiró el reconocimiento de diversas modalidades de participación para las distintas municipalidades.

La misma ley señala además, algunas de las herramientas de participación que deben ser reguladas en la ordenanza relativa al tema, las que se refieren en particular a tres modalidades:

a) Audiencias públicas: por medio de las cuales el alcalde y el concejo conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal, como asimismo las que no menos de una cierta cantidad de habitantes de la comuna les planteen.

b) Habilitación y mantenimiento de una Oficina de partes y reclamos abiertas a la comunidad en general.

c) Plebiscito comunal y otras consultas no vinculantes.

La participación ciudadana efectiva

Ahora bien, si bien nuestra legislación ha evolucionado correctamente, consagrando y posibilitando instancias y mecanismos de participación ciudadana, no cabe duda que aún se podría profundizar más en el tema y que en efecto, queda mucho por hacer y desarrollar, siendo un factor determinante de limitación, las incuestionables y permanentes deficiencias que viven nuestros municipios en cuanto a la autonomía municipal y a recursos se refiere, constituyéndose estos en permanentes obstáculos para una participación ciudadana más efectiva.

Todavía más, pareciera que no sólo se trata de un problema de legislación o recursos, sino que también hay involucrado un grave síntoma de apatía ciudadana, que se expresa en los bajos índices de participación de la población en organizaciones comunitarias locales, y la poca relevancia que suelen tener las agrupaciones locales en la toma de decisiones, información, ejecución y evaluación de las acciones de la comuna.

Por el contrario, creemos que existe la posibilidad cierta de profundizar en una participación ciudadana local efectiva, aprovechando la legislación que tenemos e incluso pese a los recursos escasos con que contamos. Porque la premisa que debe prevalecer en cada municipio es obtener el máximo de utilidades con las herramientas que existen, aunque ellas sean insuficientes.

Más aún, es posible señalar que promoviendo la eficiencia y la eficacia de la gestión municipal, no sólo se maximizan beneficios presentes, sino que se genera un espiral virtuoso y ascendente en la administración y resultados de las comunas, pues el perfeccionamiento y utilización de mecanismos modernos de participación, permite entre otras cosas hacer más transparente el uso de recursos públicos, mejorar el control o accountability sobre las autoridades municipales, hacer más eficiente el gasto, priorizar necesidades con mayores niveles de satisfacción, y estimular la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de su comuna.

Es por esta razón, que las nuevas formas o herramientas de participación, dentro del marco legal y presupuestario que hoy existe, deben superar el clásico modelo de juntas de vecinos y clubes deportivos, no porque ellas no sirvan, sino porque en el contexto de nuestra realidad actual, son insuficientes, o bien, han perdido relevancia práctica. No significa lo anterior, que las asociaciones comunitarias locales como aquellas deban desaparecer, sino que deben redefinir su acción y perfilar nuevamente sus capacidades, integrándose a las nuevas formas de participación ciudadana.

En definitiva, un elemento fundamental para que una herramienta de participación ciudadana sea eficaz y eficiente, es que exista una expectativa cierta de que a través de ella se puede lograr algo, es decir, que se pueda obtener un resultado esperado, aquello que los mismos ciudadanos se fijaron en un comienzo; pues la participación ciudadana implica tiempo y trabajo por parte de quienes se involucran en ella, y nadie está dispuesto a dilapidarlos sin motivo alguno.

(1) González Ballar, Rafael en: Consolidación de la participación ciudadana en Honduras, en: http://rds.org.hn/participacion-ciudadana/

Fuente:www.institutolibertad.cl

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PARTICIPACI�N CIUDADANA EN LA GESTI�N MUNICIPAL: EL CASO CHILENO

juancatepillan — 2008-12-14T02:44:29+01:00

La Participación Ciudadana puede definirse como el tomar parte activa en todos los aspectos que hoy comprende la denominada esfera pública. Esta esfera pública no se identifica solamente con los asuntos del Estado, sino además y deun modo cada vez más creciente, con todos aquellos asuntos de interés público.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL:
EL CASO CHILENO

ubicacion texto completo en pdf: http://www.ichem.cl/archivo/TRA_25.pdf

ECUADOR: CONTRATO SOCIAL POR LA EDUCACI�N

juancatepillan — 2008-12-13T23:19:23+01:00

CONTRATO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN

Mayo 2008

www.contratosocialecuador.org.ec

PROPUESTAS CIUDADANAS A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

1. INTRODUCCIÓN

La revolución educativa es una sentida aspiración de los ecuatorianos, sin embargo es una tarea pendiente. La Asamblea Constituyente tiene la oportunidad de iniciarla aprobando un marco legal adecuado al momento histórico que vive el Ecuador.

La crisis de la educación ecuatoriana es integral y estructural. La educación está divorciada de la realidad económica, política y social del país. Es una educación que ata al Ecuador y a las personas al pasado y a sus peores males: el autoritarismo, el memorismo, la opresión y la ignorancia.

El vigente sistema educativo ecuatoriano fue diseñado para las responder a las necesidades del siglo XIX. Aquellas que instaban medidas para la consolidación del emergente estado - nacional. Entonces se construyó un sistema educativo que respondía al concepto de "estado - docente" en el que no estaba previsto la participación de otro actor que no fuera el mismo. Por ahora tal sistema ha colapsado.

El sistema educativo fue también concebido como una institucionalidad escolarizada (conjunto de escuelas, colegios y universidades) en la que la población debía "educarse". Por ahora se entiende que las personas no solo aprenden en la "fase escolar" de su vida, sino que, en esta sociedad del conocimiento, deben aprender permanentemente durante toda la vida y no solo en las instituciones escolares sino en la familia, en el barrio, en la ciudad o a través de los medios de comunicación. Se vive la presencia cada vez más importante de una "sociedad educadora". En tal sentido, el concepto de sistema "educativo" cambia de manera radical no solo por la necesaria participación de otros actores en su gestión y realización sino por la ampliación de la temporalidad del "hecho educativo" en la vida de la gente.

El cambio profundo del Ecuador se garantizará el momento en que se ponga en vigencia el Estado social y democrático de derecho, lo que significa el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Uno de esos derechos fundamentales es el de la educación. Para la vigencia de los derechos humanos se requiere no solo de normas adecuadas (Constitución, leyes y reglamentos) sino de ciudadanos y ciudadanas que los practiquen. De esta manera, un nuevo sistema educativo debe contemplar el fortalecimiento paralelo del estado y de la sociedad. De un estado regulador y de una sociedad activa y responsable. Poder para el Estado, pero también poder para la gente. Por tanto la tarea de la nueva constitución y de la nueva ley de educación será la "ciudadanización de la educación" como un hecho clave de la revolución de la educación en el Ecuador. Educación entendida como bien público y estratégico que ayude a potenciar las capacidades humanas de los ecuatorianos y, al mismo tiempo, a impulsar el desarrollo humano integral del país, su nuevo proyecto histórico. Las propuestas ciudadanas de cambio educativo para la Asamblea, elaboradas participativamente en múltiples reuniones en todo el país en los últimos meses, se exponen a continuación:

2. PRINCIPIOS

a. La educación es un derecho humano integral, universal, irrenunciable, permanente y exigible.

b. El derecho a la educación se entiende como el derecho de las personas y de la sociedad a aprender con calidad durante toda la vida.

c. El aprendizaje potencia las capacidades humanas a través de la cultura, el arte, el deporte, el acceso a la información, la comunicación y al conocimiento

d. El aprendizaje se desarrolla, en la educación escolarizada y no escolarizada, en el ejercicio de los derechos humanos y en la promoción de la interculturalidad, de la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía y la participación.

e. El aprendizaje democrático se realiza a través del conocimiento y práctica del laicismo, de la tolerancia, de la cultura de paz y del respeto a las libertades y a las diversidades étnicas, de género y generacionales.

f. La educación es un bien público de responsabilidad prioritaria del Estado, quien garantizará la gratuidad en todos sus niveles. La universalidad y obligatoriedad de la educación abarcará desde el nivel inicial hasta el bachillerato.

g. Es deber del Estado velar e impulsar el desarrollo de una esfera pública se contribuya positivamente en el proceso de aprendizaje de su sociedad. Entendiendo esfera pública como todos los espacios físicos, mediáticos, simbólicos y virtuales de uso público.

3. EL SUJETO DE DERECHO

a. El sujeto del derecho a la educación es la persona y/o la comunidad que aprenden a lo largo de toda la vida.

b. Los ciudadanos ecuatorianos migrantes y los refugiados son sujetos de derechos, particularmente al de educación.

c. Los ciudadanos ecuatorianos que pertenecen a los diferentes pueblos y nacionalidades del territorio ecuatoriano ejercen sus derechos individuales y colectivos de aprender en su propia lengua y su esfera cultural. sin que este derecho los excluya a los proceso de interculturalidad

d. Es derecho y obligación de todos los ciudadanos a participar en una sociedad que aprende a interactuar entre culturas.

e. Es derecho de los ciudadanos ecuatorianos que tienen alguna discapacidad o necesidades especiales acceder a oportunidades de aprendizaje adecuadas bajo un sentido de inclusión.

f. El sujeto tiene derecho a una esfera pública que no viole sus derechos individuales y colectivos de educación.

4. LOS TITULARES DE RESPONSABILIDADES

a. El Estado es garante del derecho a los aprendizajes de la población. Son corresponsables también la familia, los medios de comunicación, la institucionalidad pública, el emprendimiento privado y la sociedad.

b. La educación es un bien público regulado por el Estado. Su prestación pueda ser también de administración privada.

c. El Estado a través de sus instituciones nacionales y seccionales será el responsable de garantizar el derecho a la educación, de normar, diseñar y ejecutar políticas, planes y programas, asegurar los recursos necesarios, evaluar periódicamente la calidad del gasto, contenidos, resultados y acción de todos los actores involucrados en el subsistema de educación.

d. El Estado debe normar la esfera pública para que esta no vaya contra del interés superior del sujeto que aprende (medios de comunicación, espacios públicos, internet) y asegurar la sociedad educadora.

e. Los padres de familia tienen la libertad de escoger para sus hijos la educación que consideren conveniente, siempre y cuando tomen en cuenta el interés superior del niño.

f. La ciudadanía participa en el diseño y control social de las políticas públicas en educación.

g. Los docentes son un factor fundamental del hecho educativo. El Estado garantizará una remuneración justa y la profesionalización, formación, capacitación y actualización permanentes de los y las docentes, quienes estarán sujetos a un sistema de evaluación de su desempeño.

h. El interés superior del niño prevalecerá por sobre los otros intereses y derechos en los procesos educativos.

5. CARÁCTER DE LA EDUCACIÓN

a. La educación es un derecho fundamental que permite la realización de otros derechos humanos. Es condición necesaria para procesos emancipatorios individuales y colectivos.

b. La educación es un bien público, es decir es un bien común a todos, por lo que no responderá a los intereses y beneficios corporativos o individuales.

c. La educación es un bien público que debe estar al alcance de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

d. La educación es un bien estratégico y un medio que facilita la edificación de un proyecto de desarrollo integral, humano y sustentable del país.

6. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN

a. La educación como aprendizaje es un medio para alcanzar el bienestar y el buenvivir. Es factor clave para la felicidad de las personas y el desarrollo humano, la salud, el crecimiento económico, el uso

b. responsable del medio ambiente, la promoción de la democracia, de la ciudadanía, la cohesión, equidad e inclusión social, la afirmación de las identidades y el robustecimiento de las culturas.

c. El aprendizaje de calidad (relevante, pertinente, eficaz y eficiente) facilita el desarrollo de las ciencias sociales y exactas y de la tecnología.

d. Apoya a los individuos y al país a su inserción con ventaja en la sociedad del conocimiento y en la mundialización.

e. La educación y la cultura potencian las capacidades humanas orientadas a la convivencia y socialización: conocimientos, valores, sensibilidad, sentido crítico, habilidades y competencias para crear, trabajar y convivir.

7. ORGANIZACIÓN

a. Para dar respuesta al derecho al aprendizaje durante toda la vida se organiza el Sistema Nacional de Desarrollo de las Capacidades Humanas: Educación, Cultura, Investigación social y científica, Tecnología, Deportes, información y comunicación.

b. Para su operatividad el Sistema Nacional de Desarrollo de las Capacidades Humanas se expresa en:
i. Subsistema de educación: inicial, básica y bachillerato.
ii. Subsistema educación universitario y de postgrado
iii. Subsistema de investigación científica social y exacta y tecnología
iv. Subsistema de culturas e interculturalidad
v. Subsistema de deporte y recreación

c. El subsistema educación tiene las siguientes características generales:
i. Articula todos los niveles, modalidades y tipos de administración pública y privada, modalidades no escolarizadas y de educación permanente de adultos y migrantes.
ii. Coordina con los otros subsistemas. Promueve la intersectorialidad, es decir, su relación con otros aspectos del desarrollo local y nacional.
iii. Facilita la integración de todos los actores sociales garantizando su organización, participación y representación en todos los niveles del subsistema.
iv. El estado a través del organismo que disponga la Ley ejercerá la rectoría del subsistema, el diseño, evaluación y seguimiento de políticas y procesos educativos en corresponsabilidad con otros actores de la sociedad y del Estado quienes además ejecutarán las políticas educativas en los territorios.
v. El subsistema de educación nacional se organizará a partir de los territorios, y establecerá corresponsabilidades en la gestión entre el nivel central y el seccional bajo los criterios de desconcentración y descentralización administrativa, financiera y pedagógica. Contará con un subsistema de evaluación permanente, interno, externo e independiente.

8. PARTICIPACIÓN SOCIAL

a. El Estado garantizará la organización y participación social en todas las instancias del Sistema Nacional de Desarrollo de las Capacidades Humanas.

b. La ciudadanía participará en el diseño, toma de decisiones y seguimiento de políticas públicas del Sistema. El Estado destinará los recursos necesarios para ello.

c. El sistema promoverá la transparencia en todos sus niveles, procesos, instituciones y entidades, mediante los mecanismos de información y rendición de cuentas adecuados para la vigilancia, seguimiento y exigibilidad de políticas, planes, programas y actores, por parte de la ciudadanía.

9. FINANCIAMIENTO

a. La inversión anual en el Presupuesto General del Estado para educación inicial, básica, bachillerato y de adultos debe alcanzar al menos el 6% del PIB, con recursos de fuentes de financiamiento seguras, regulares y permanentes.

b. Los recursos del sistema educativo se destinarán territorialmente bajo criterios de equidad, en función de la población adscrita a los territorios; en la asignación prevalecerán los sectores con menores condiciones sociales y mayores necesidades básicas insatisfechas.

c. El Estado apoyará a la educación fiscomisional, particular gratuita y especial debidamente calificada en los términos que señale la Ley.

PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNO LOCAL

juancatepillan — 2008-12-13T23:10:56+01:00

Pablo Abrego S.

Concejal - Peñalolen

PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNO LOCAL

Introducción

Lo primero que debiéramos decir respecto de la Participación Ciudadana, es que las expresiones que contempla la ley, las leyes en los diferentes aspectos del cotidiano vivir, son formas de participación limitadas, acotadas incluso en espacios y tiempos, siendo muy pocos los mecanismos que se sostienen de manera permanente en la toma de decisiones. Esta realidad contrasta más aún con el anhelo desde la perspectiva de izquierda, de dar al pueblo mecanismos potentes de participación y en definitiva de toma de decisiones y/o de control respecto del rol de las autoridades, sean estas locales o nacionales.

Por lo mismo, el ejercicio de esta ponencia será exponer algunos aspectos de la realidad actual, con sus componentes legales y formales; y contrastarlos con la experiencia personal y la visión de participación a la que aspiramos. Y en este ejercicio de visualizar lo que queremos que sea la participación ciudadana, deberemos también asumir la pesada carga que los años de Dictadura nos han heredado y que la Concertación se ha encargado de administrar, reduciendo y acostumbrando a la población a un limitado ejercicio de votación que se repite periódicamente, basado en una Democracia Representativa tutelada y acotada por leyes que restringen el acceso de los sectores populares al poder; y asumir por otro lado la necesidad de desarrollar una propuesta que aborde los cambios en nuestra sociedad, con mayor participación del género, mayor presencia de elementos tecnológicos de comunicación, etc, y todas las particularidades de la población en general.

Dos conceptos previos

(Ciudadanía y Ciudadanía Activa)¹

La ciudadanía es un concepto histórico y, por tanto, se va modificando de acuerdo a las particularidades de los contextos en que se instala, imprimiéndole cada uno de ellos un carácter propio, inclusivo de ciertos sujetos y excluyente de otros. Como indica Sonia Montaño, un niño no es ciudadano, como tampoco lo es una persona fuera de su país. Para ser ciudadano no basta con ser reconocido como sujeto de derechos. La ciudadanía es un status con que las comunidades políticas legitiman la pertenencia e identidad de los individuos a esas comunidades. El Estado nacional es el referente por excelencia de esa comunidad política, aún cuando esta univocidad se ve cuestionada por la globalización y la existencia de poderes supranacionales en el plano económico y político, por el fortalecimiento de gobiernos locales y regionales, por mecanismos de justicia y representación que traspasan las fronteras de los países. El Estado nacional es el que refrenda la condición ciudadana en cualquiera de las otras instancias mencionadas.

Entre las concepciones contemporáneas de la ciudadanía ocupa un lugar destacado la de T.H. Marshall quien, al analizarla en 1949, releva su dimensión social, buscando así cerrar "la brecha entre la igualdad política y la desigualdad económica y social", sentando las bases de una concepción socialdemócrata de la ciudadanía. Esta concepción, que supone tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales, está pensada principalmente -como apuntan algunos analistas- dentro de marcos nacionales que corresponden a los países de capitalismo avanzado de la época de Marshall.

En el contexto latinoamericano, el concepto de ciudadanía no puede desligarse de las condiciones históricas y actuales de la región y de la diversidad que se vive en los niveles nacionales. Acudiendo a Fernando Calderón, Vargas señala que "los desiguales procesos de modernización y de expansión del proyecto cultural de la modernidad se desarrollaron en forma inconclusa y excluyente, sobre la base de sociedades multiculturales y pluriétnicas", conteniendo grandes diferencias socioeconómicas y procesos dispares en que conviven elementos de modernidad, de "pre-modernidad" y de una "confusa postmodernidad". Así, la ciudadanía puede ser vista como una renovada y nunca acabada construcción sociocultural, parte de un proceso ambivalente, con fracturas, retrocesos y recuperación de contenidos perdidos, que no se adapta fácilmente a la categorización de Marshall.

Giddens, Turner y Held incorporan las lecciones de los movimientos sociales de los años 60 para reelaborar el concepto y recoger la participación social en el patrimonio cultural de cada comunidad, la que sólo es posible cuando se articulan distintos sujetos y se rompe con las relaciones de dominación y exclusión a que estaban referidos estos movimientos. En ese sentido, las luchas sociales originan la expansión de derechos y la ampliación de la esfera pública. En este marco, la participación social y la búsqueda de igualdad de aquellos discriminados por razones económicas, de raza, étnicas, sexuales, ha creado eventos en que estos sujetos se toman la "voz pública" y proponen soluciones a problemas específicos, nombrando nuevos derechos y construyendo nuevas ciudadanías.

Al hablar de una ciudadanía que interroga las relaciones de dominación nos encontramos con la tesis central de Hannah Arendt, quien la plantea como el espacio de construcción de lo público y cuya concepción de la política está basada en la idea de la ciudadanía activa, esto es, en el valor e importancia del compromiso cívico y de la deliberación colectiva acerca de todos los temas que afectan la comunidad política. Es decir, y siguiendo a López, si la dimensión pasiva de la ciudadanía está dada por el acceso de derechos (civiles, políticos o sociales), la dimensión activa está dada por "las responsabilidades que los sujetos tienen con la comunidad política a la que pertenecen".

Para Arendt, los espacios públicos cobran existencia siempre que los ciudadanos se agrupan por el discurso y la acción, confiriéndole poder a esa acción. Esta autora valora el espacio público como aquel donde los ciudadanos interactúan mediante los recursos del discurso y la persuasión, descubren sus identidades y deciden mediante la deliberación colectiva acerca de los temas de interés común. En este sentido, la esfera pública es aquella dentro de la cual la actividad de la ciudadanía puede florecer. La práctica de la ciudadanía es valorada porque capacita a cada ciudadano a ejercer sus poderes de acción, a desarrollar sus capacidades de juicio y a lograr, por acción concertada, algunas medidas de eficacia política.

La reactivación de la ciudadanía en el mundo moderno, para Arendt, depende tanto de la recuperación de un mundo común y compartido como de la creación de numerosos espacios públicos en donde los individuos pueden demostrar sus identidades y establecer relaciones de

reciprocidad y solidaridad.

El espacio público es valorado también como "fuente de las funciones de crítica y control que la sociedad ejerce sobre la cosa pública" y como instancia "que hace posible la conexión del principio de igualdad política con el de la participación de los ciudadanos en lo que es de interés común".

Es decir, un aspecto fundamental de la vigencia actual de la democracia es el desarrollo de espacios públicos, diferentes del Estado, lo que da cuenta de la vitalidad y autonomía de la sociedad civil.

Por ello la ciudadanía activa tiene relación con ser sujeto de derechos y sujeto de la construcción pública común, es decir, actor/a en la creación de espacios, intereses, imágenes y discursos públicos, con sentido de identidad, pertenencia y membrecía a una determinada comunidad política, entre cuyos miembros hay relaciones de interdependencia, responsabilidad, solidaridad y lealtad.

El Gobierno Municipal

De acuerdo a la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, que es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el Concejo( cuerpo de Concejales).

Según el articulo 3º de la L.O.C.M, corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas:

· Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales;

· La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes;

· La promoción del desarrollo comunitario;

· Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo;

· Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, y

· El aseo y ornato de la comuna.

En el artículo 4º de la misma Ley, se señala que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con:

· La educación y la cultura;

· La salud pública y la protección del medio ambiente;

· La asistencia social y jurídica;

· La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo;

· El turismo, el deporte y la recreación;

· La urbanización y la vialidad urbana y rural;

· La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias;

· El transporte y tránsito públicos;

· La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes;

· El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana;

· La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y

· El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.

Por otra parte, se indica en el artículo 5º de la L.O.C.M. que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales:

· Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento;

· Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal;

· Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, les corresponderá, previo informe del Consejo Económico y Social de la comuna, asignar y cambiar la denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su administración;

· Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular;

· Establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen;

· Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles;

· Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones;

· Aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal, para cuyo efecto las autoridades comunales deberán actuar dentro de las normas que la ley establezca;

· Constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura;

· Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana; y

· Aprobar los planes reguladores comunales y los planes seccionales de comunas que formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal, y pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o de plan seccional de comunas que no formen parte de un territorio normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal (Agregado por ley 19.778).

Finalmente, se señala, en el articulo 6º de la Ley que la gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrumentos ²:

a) El plan de desarrollo comunal y sus programas (PLADECO)

b) El plan regulador comunal (PRC)

c) El presupuesto municipal anual.

Es fundamentalmente sobre estos tres instrumentos estratégicos, que la ley establece mecanismos de participación, con el fin de incorporar a la ciudadanía en la estructuración de los mismos. Sin embargo, dicha participación en los hechos se reduce a aspectos formales, pues el mayor ejercicio que aborda con la comunidad es de información.

El Plan de Desarrollo Local por ejemplo, es un instrumento que recoge antecedentes históricos, socio- económicos, demográficos y geográficos con el fin de diseñar una estrategia de desarrollo coherente para el territorio. Aún así, la mayoría de las veces se transforma en un documento muy extenso (mamotreto) que no siempre es consultado al momento de revisar, definir o redefinir los lineamientos estratégicos de la Administración Municipal.

El Plano Regulador por su parte, es un instrumento que aborda el desarrollo territorial desde la perspectiva del análisis, condicionamiento y uso del suelo. Por medio de ello moldea el desarrollo físico de la Comuna. Tiene si que ajustarse al Plano Regulador de la región respectiva y cumplir con todas las condicionantes de la Ley Generar de Urbanismo y Construcción. Aquí también la participación se basa en la información, quedando para las grandes empresas e intereses inmobiliarios los elementos de presión y de toma de oportunidades. No existen en él instrumentos directos para abordar la problemática de la necesidad de viviendas sociales por ejemplo, a no ser de manera indirecta en la definición del uso del suelo y esto ligado a la buena gestión que el Municipio desarrolle con el Capital inmobiliario. Estos dos primeros instrumentos tienen un carácter más estratégico pues se definen en períodos que van más allá del alcalde de turno.

El Presupuesto Municipal, que se presenta anualmente, aborda el tema práctico de definir las áreas de inversión y la fuerza con que éstas son abordadas. Los Municipios definen principalmente áreas como Gestión Social, Programas de Inversión en estructura Comunal, Educación y Salud Municipales. Una experiencia más potente, pero limitada en Chile, son los Presupuestos Participativos, donde a través de un mecanismo simple de consulta ciudadana se busca definir algunas áreas particulares de inversión, sobre todo en lo que a Estructura Comunal se refiere. De todos modos la ley, que limita el accionar del Concejo en este instrumento a los lineamientos estratégicos propuestos por el Alcalde, como Jefe de la plaza, tácitamente limita la participación ciudadana a una expresión de consulta, no vinculante de acuerdo a la ley.

Existen por otro lado mecanismos de participación ciudadana que básicamente se expresan en torno a la gestión de Fondos de asociatividad, que apuntan a la satisfacción de necesidades concretas y que en general se manejan desde los municipios generando un clientelismo interesado de las organizaciones sociales.

Se presenta entonces, en términos generales, una debilidad de los componentes de control social sobre la gestión pública, en este caso sobre los Gobiernos Locales.

LOCM y Participación Ciudadana

En el título IV de la ley 18.695, en su artículo Nº 93 se contempla que: “Cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna, tales como la configuración del territorio comunal, la localización de los asentamientos humanos…” entre otros aspectos relevantes a considerar.

De igual modo el artículo 94 habla del CESCO( Consejo Económico y Social Comunal ) compuesto por representantes de la comunidad local organizada. Lo define como “…órgano asesor de la municipalidad, el cual tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades relevantes, en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Si bien caracteriza el órgano, la ley no se explaya en las atribuciones del mismo, sólo explicitando su obligación de pronunciarse respecto de la cuenta pública del Alcalde y la cobertura y eficiencia de los servicios Municipales, así como de ser informado respecto del Presupuesto Comunal, el PLADECO y el PRC.

El Artículo Nº 99 se refiere a los plebiscitos comunales, indicando que: “El Alcalde con acuerdo del Concejo o a requerimiento de los 2/3 del mismo concejo o por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a plebiscito…” materias que sean propias de la competencia del municipio, estableciendo en los artículos siguientes (100 al 104) los procedimientos respectivos. Establece la ley que los resultados del plebiscito son vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote el 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna.

Tres Experiencias:

Participación ciudadana, a propósito de ciudadanía “activa”

1.- Ex Toma de Nasur

A comienzos de 2005 se desarrolla un proceso mediante el cual se pretende cambiar el uso del suelo a los Terrenos de Nasur en la Comuna de Peñalolén, que hasta ese entonces, albergaban a la más grande Toma del país, con algo más de 2500 familias. Durante el proceso se desarrollan dos audiencias públicas que buscan sensibilizar a la población respecto del destino del suelo, que por interés del gobierno Nacional y Local buscaba ser cambiado a una gran área verde, sin dar posibilidad alguna a la instalación de viviendas sociales. En la primera audiencia la participación ciudadana no supera la veintena de personas. La segunda, mucho más masiva, no tiene ninguna contraparte en igualdad de condiciones frente a la presentación de la propuesta del Municipio. En el plazo que se da para recepcionar las observaciones al proyecto por parte de la Comunidad, el Gobierno local promociona por todos los mecanismos su propuesta de parque, por lo que la comunidad unilateralmente informada, se vuelca mayoritariamente en cartas de apoyo al proyecto propuesto. Finalmente en sesión de Concejo Municipal se aprueba el cambio de uso de suelo, votando el Alcalde y 7 de los 8 Concejales a favor del proyecto. Los allegados de la Toma, en su mayoría hijos de los Colonos de la Comuna, sólo reciben algunas expresiones de solidaridad que no alcanzan a generar la fuerza suficiente, léase participación ciudadana débil. Estando en vísperas de período electoral, no se pudo aplicar el ejercicio de Plebiscito. Hoy los terrenos están en proceso de transformación, quedando aún alrededor de 200 familias en espera de una solución habitacional.

2.- Transantiago

Por todos es conocido el impacto que el mal diseñado e implementado Transantiago ha ocasionado a los habitantes de la Capital. Peñalolén como comuna dormitorio, sufre los mayores rigores, por tener recorridos terminales de los Troncales, no contar con los recorridos históricamente definidos, y menos aún haber participado del proceso de generación del proyecto. Se ha indicado que los municipios participaron de manera indirecta en el diseño del Transantiago a través de consultas ejercidas por organismos técnicos a los Departamentos de Tránsito respectivos, lo que en la práctica no ocurrió en la mayoría. Menos en el caso de la ciudadanía, que sin saberlo participó en una pseudos encuesta allá por el año 2000, analizando condiciones de traslado de la población hoy, con datos de hace 7 años. El Municipio, que de acuerdo a la LOCM tiene atribuciones sobre el tránsito comunal, no tiene atribuciones ni fuerza sobre las definiciones de recorridos, en especial de Troncales, quedando sujeto todo a la capacidad de negociación con el Ministerio de Transporte y a la disposición de cumplir con los contratos establecidos por parte de los Empresarios de la Locomoción. La población agrupada en 2 Comités de Usuarios de Transantiago intenta hacer frente. Ha habido manifestaciones con más de 300 pobladores. Somos 230.000 los afectados. Se han hecho reuniones en distintos sectores de la comuna para recoger las indicaciones de la población. Sin embargo, los problemas persisten, con algunas mínimas mejorías.

3.- Metrogas

A principios del mes de abril del presente año, la empresa Metrogas, presenta al Concejo Municipal su proyecto de instalación de una planta de gas propano en la comuna. Ocho estanques de 50 toneladas cada uno se estarían disponiendo en terrenos del ejército, colindante a una zona de reserva ecológica y a menos de trescientos metros de conjuntos habitacionales, con la salvedad de estar emplazado sobre la cota 900 (quedando en algunos aspectos de control fuera de la jurisdicción del municipio de acuerdo al Plano Regulador Metropolitano). La primera presentación pública hecha por Metrogas a la comunidad generó un rotundo rechazo. En dicho evento la CONAMA da a conocer los mecanismos de participación ciudadana, que en general se reducen a entrega de información a la comunidad y a la presentación de observaciones por parte de ésta. Sin embargo, la empresa ha ingresado la solicitud de permiso provisorio de construcción, cuestión que la ley le permite, y que de aprobarse le daría pie para avanzar en el 80% de las obras, pese a la negativa de la comunidad, cuya expresión de rechazo está en manos de quienes definen finalmente la viabilidad del proyecto: el Consejo Regional, en consulta a un organismo técnico adhoc. El estudio de impacto ambiental, supuestamente cumple con todas las condiciones técnicas y debe sumarse a ello la necesidad estratégica impulsada por el Gobierno, de contar con estas plantas de reserva, en caso de que el suministro de gas sea cortado desde Argentina. Un conflicto en proceso.

Versión resumida del debate parlamentario respecto del proyecto de ley sobre Asociaciones y participación ciudadana en al gestión pública, sobre la base de la versión oficial del Senado de la República.

LEGISLATURA 356ª, Sesión 62ª, en martes 2 de octubre de 2008 Ordinaria

ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN GESTIÓN PÚBLICA

“

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de “suma”.

--Los antecedentes sobre el proyecto (3562-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.

Informe de Comisión:

Gobierno, sesión 59ª, en 8 de octubre de 2008.

Discusión:

Sesiones 60ª, en 14 de octubre de 2008 (queda para segunda discusión); 61ª, en 15 de octubre de 2008 (se aplaza su discusión).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- En sesión de 15 de octubre pasado, la Sala acordó aplazar la discusión del proyecto para el día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el N° 1° del artículo 131 del Reglamento.

Cabe recordar que el objetivo principal de la iniciativa es facilitar el ejercicio del derecho de asociación, simplificando la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto y lo aprobó, solo en general, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis y Sabag).

Cabe destacar que la Comisión dejó constancia en su informe de que en el debate en particular pondrá especial cuidado en incorporar a la iniciativa normas que permitan transparentar el funcionamiento del Registro Único de Asociaciones Sin Fines de Lucro y, también, la transferencia de recursos fiscales a algunas de estas agrupaciones.

Los artículos 11, 25 a 29, 31, 38 y 39 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren del voto conforme de 21 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra.

Puede hacer uso de ella el señor Ministro, y después, el Honorable señor García.

El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, el proyecto en debate reviste enorme trascendencia. Este ya fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados y, también, por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

La iniciativa tiene por objeto establecer una ley marco sobre el asociacionismo sin fines de lucro en el país, siendo un complemento y una alternativa a lo dispuesto en los artículos 549 a 559 del Código Civil, que se refieren a las fundaciones y corporaciones, y sirve de norma supletoria a toda la legislación existente respecto a las organizaciones que no tengan algún estatuto específico y que sean sin fines de lucro.

Por otro lado, el proyecto favorece la obtención de personalidad jurídica, estableciendo una fórmula sencilla para hacerlo, más simplificada que la del Código Civil. Pero no se deroga el sistema actual que permite obtenerla ante el municipio cuando esas organizaciones tienen su radio de acción solo en determinada comuna.

También se simplifica la organización interna a través de la formación de un estatuto tipo dictado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, para favorecer la personalidad jurídica de dichas organizaciones.

Se crea un Registro Único de Asociaciones Sin Fines de Lucro y, además, se crea un registro especial de las organizaciones de interés público sin fines de lucro (artículo 19). Se trata, obviamente, de organizaciones comunitarias, culturales, clubes deportivos, asociaciones indígenas.

En ese caso, la propia organización decide su objetivo: si se dedica solo al beneficio común de sus asociados o, también, a un fin de interés público, de bien común. Por tanto, el proyecto otorga a tal entidad un trato especial.

Al mismo tiempo, como dijo el señor Secretario, se establece un Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que será administrado por el Consejo Nacional y por los Consejos Regionales; a estos últimos les corresponderá adjudicar dineros concursables para favorecer la actividad de las organizaciones en comento.

Es muy importante destacar que tanto el Consejo Nacional como los Consejos Regionales estarán formados mayoritariamente por representantes de la sociedad civil, no por funcionarios de Gobierno.

Otro capítulo de gran interés es el referente al Estatuto del Voluntariado.

En nuestro país existe una gran cantidad de organizaciones que se ocupan de acciones de tal índole.

En el Título IV, artículo 32, del proyecto se consigna la siguiente definición: “se entiende por voluntariado el conjunto de personas que realizan actividades de interés público, no remuneradas, llevadas a cabo de forma libre, sistemática y regular”, etcétera.

La no contraprestación pecuniaria a que se refiere el citado inciso no significa, empero, que no exista derecho a reembolso por los gastos realizados en el desempeño de dichas actividades.

Por medio de la ley en proyecto se busca reconocer y establecer en nuestra legislación las distintas instituciones del voluntariado.

En seguida, el artículo 34 del proyecto consagra los derechos de los miembros de aquellas organizaciones.

En otro orden de materias, esta iniciativa incorpora en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado un tipo especial de participación ciudadana. Y, al efecto, dispone que los diversos órganos, por una parte, deberán poner en conocimiento público la información concerniente a sus políticas, planes, programas, acciones, en fin, e igualmente, dar cuenta de la gestión respecto a unas y otros y de su ejecución presupuestaria; y por otra, establecer Consejos de la Sociedad Civil de carácter consultivo.

De otro lado, el proyecto modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y consagra los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, con los cuales debieran trabajar alcaldes y concejales.

También, estatuye los plebiscitos comunales, que específicamente tienen que referirse a inversiones que deban hacer los municipios, al plan anual de desarrollo y a las modificaciones del plan regulador. Esto es algo novedoso.

Por último -cuestión no menor-, el proyecto en discusión posibilita que las uniones comunales de juntas de vecinos -esto es especialmente significativo- y las uniones comunales de organizaciones comunitarias se agrupen en federaciones y confederaciones.

Señor Presidente, la iniciativa en debate parte de la base de la organización comunitaria y vecinal y de las organizaciones del voluntariado existentes en el país, que tuvieron su origen durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva, que exhiben una larga historia de desarrollo y que sirven de vínculo entre los ciudadanos y los órganos del Estado tanto a nivel municipal como de gobiernos regionales o de administración central.

A esas organizaciones se las favorece para su constitución, para la obtención de personalidad jurídica, para su organización interna, para su registro. Se les da un trato especial cuando persiguen un interés público; se crea un Fondo para su desarrollo, administrado por un Consejo Nacional y por Consejos Regionales; se fija el Estatuto del Voluntariado; se buscan mecanismos de participación ciudadana en la Administración Pública. Particularmente, se posibilita la agrupación de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias en federaciones y confederaciones. Y, por último, se modifican aspectos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para propiciar el contacto de los ciudadanos con el gobierno comunal.

Como Ejecutivo, atribuimos especial importancia a este proyecto, que perfecciona y extiende nuestra democracia y hace efectiva la voz de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto favorable a la iniciativa en debate. Sin embargo, quiero dejar constancia de algunas observaciones, para los efectos de la discusión particular.

No tengo ningún inconveniente respecto a cómo facilitar la constitución de las organizaciones en comento, a su vínculo con los municipios. No obstante, hay en el proyecto una línea de fondo que deseo connotar.

Desde mi punto de vista, la esencia de ese tipo de organizaciones son la autonomía y estar al servicio de la comunidad.

Sin embargo, la iniciativa que nos ocupa contiene por lo menos dos aspectos en que hay intromisión política de los gobiernos de turno. Y quiero precisarlos.

Primero, tal como señalé en la Comisión, no comparto que el Registro Único de Asociaciones sin Fines de Lucro dependa de un Ministerio político. Y segundo, discrepo de que los recursos que se van a distribuir a las organizaciones estén supeditados a un Consejo integrado mayoritariamente -el señor Ministro me hace señas- por personeros dependientes de los Gobiernos de turno.

Al respecto, el artículo 26 dispone que el Consejo Nacional estará integrado por el Subsecretario General de Gobierno, el Subsecretario de Hacienda, dos representantes del Presidente de la República y seis representantes de las organizaciones de interés público. Es decir, claramente, existe una intromisión o injerencia política directa -si no mayoritaria, por lo menos bastante significativa- de los Regímenes de turno en cuanto a cómo se asignan y distribuyen los recursos.

En mi concepto, por las características del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, no debería haber ningún integrante del Gobierno de turno, para que las organizaciones se rigieran por sus propios estatutos, recibieran los recursos necesarios y, en forma autónoma, los distribuyeran entre los distintos programas.

Según expresé, también considero delicado que el Registro Único esté en manos del Gobierno de turno, por cuanto se trata de la base de datos donde figurarán todas las organizaciones: del voluntariado, corporaciones sin fines de lucro, etcétera. Me parece sobremanera preocupante que a este respecto exista injerencia del Régimen de turno, pues todos sabemos que es grande la tentación de instrumentalizar esa clase de organizaciones.

Con tales observaciones, votaré a favor del proyecto. Pero, desde ya, advierto que en la discusión particular no aprobaré lo relativo al Fondo tal como viene concebido, al menos en lo referente a la integración del Consejo que lo administrará.

Y en cuanto al Registro Único de Asociaciones sin Fines de Lucro -recordemos que hoy día existe el Consejo para la Transparencia y que habrá varios registros-, prefiero que se radique en una institución totalmente neutral, que no forme parte del Gobierno de turno.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, esta iniciativa se inspira en la Ley de Asociaciones de España, donde se plantea que “las agrupaciones permiten activar ideales, reconocer convicciones, cumplir fines sociales e influir en el medio para provocar cambios”.

Por otra parte, como se plantea en el segundo acápite del mensaje, se busca -y en buena hora- promover la igualdad de condiciones en cuanto a la participación de la ciudadanía, lo que se encuentra en coherencia con el marco establecido por la Constitución Política de la República.

En otras palabras, y tal como lo consigna el proyecto, el derecho de asociación para fines culturales, sociales y sin fines de lucro permite democratizar los espacios públicos en la medida en que las asociaciones puedan acceder a su uso con responsabilidad legal y construir un puente entre los gobiernos locales, sobre todo las municipalidades, y sus habitantes.

En términos del mejoramiento de la calidad de la democracia, podemos afirmar que en los últimos años, debido a la ausencia de mecanismos expeditos para fomentar la acción civil organizada, se ha tendido a solucionar los conflictos sociales a través de vías no convencionales, que en algunas ocasiones incluyen aun la violencia.

En el proyecto se manifiesta una posición muy clara respecto a lo que el Gobierno entiende por relación entre el Estado y los individuos: “elemento de cooperación y no de sumisión vertical de los individuos a la autoridad, lo cual, por ende, deviene en la intervención de la sociedad civil en la elaboración de la voluntad estatal, es decir, en el compromiso de la ciudadanía para intervenir en la elaboración y diseño de las decisiones públicas”. Ello supone para el Estado también una posibilidad de ampliar sus vínculos con la sociedad civil, en la medida en que esta, por aumentar su nivel de participación, tiene un mayor conocimiento de los aspectos técnicos y legales a través de los que aquel interviene en la comunidad. Al mismo tiempo, la intervención estatal se hace -qué duda cabe- más eficiente, ya que tendría conocimiento de la aceptación de sus medidas. En otras palabras, lo que aumenta son la comunicación y la horizontalidad entre dos actores fundamentales de nuestra realidad: el Estado y la sociedad civil.

Como saben los señores Senadores, la iniciativa enviada por el Ejecutivo tiene por objeto “Facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro, que no estén reglamentadas por estatutos especiales”. Esto significa desburocratizar los mecanismos conducentes a la legalización de las asociaciones civiles, para lo cual será necesario aprobar dos artículos con rango de ley orgánica constitucional, según señaló el señor Secretario de la Corporación.

En definitiva, el proyecto plantea en su marco jurídico general que el derecho de asociación debe ser compatible con las modalidades de asociación reguladas por leyes especiales, como la afiliación a partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas y agrupaciones deportivas. Se propone, por lo tanto, un régimen mínimo común para las asociaciones que no tengan regulación especial y que sean sin fines de lucro. Ello quiere decir que se excluyen de este marco las asociaciones civiles y las mercantiles.

En la búsqueda de dar mayor capacidad a las asociaciones para tomar decisiones, traspasando así responsabilidades desde el Estado a la propia sociedad civil, se permite a aquellas determinar su funcionamiento sin intervención estatal. De esta forma, mediante su inclusión en un registro especial, las asociaciones quedan habilitadas para establecer con libertad su propia organización, cumplir sus fines y recibir protección para evitar interferencias de la Administración del Estado, tal como se plantea en el artículo 3º.

Sin embargo, eso no significa que las asociaciones queden sin responsabilidades jurídicas -hay que subrayarlo-, sino que estas deben hallarse esencialmente en las regulaciones sobre las actas de fundación y estatutos, según establece el artículo 5º.

Respecto a la modificación y disolución de las asociaciones, a las obligaciones de sus directivos y a la transparencia en cuanto a la identidad de estos, me parece que los artículos 8º y 11 son aclaratorios.

Un punto relevante es el referido a la situación actual de los trabajos voluntarios, que sirven muchas veces para paliar los déficits que existen en materia de cobertura de ayudas específicas en los lugares más apartados del país, o bien, ante catástrofes naturales.

Se incluye en el proyecto un acápite que contempla regulaciones que afianzan la protección jurídica de dichas actividades cuando se realizan bajo el marco de asociaciones de la sociedad civil.

El artículo 34 de la iniciativa plantea que los voluntarios que formen parte de una asociación acreditada tienen derechos, tales como los de participar activamente, recibir capacitación por parte de la asociación y obtener certificación de voluntario. Asimismo, adquieren obligaciones: cumplir los compromisos adquiridos con la organización, rechazar cualquier tipo de remuneración por su acción voluntaria, participar en los cursos de capacitación y velar por la mantención de los recursos materiales que aquella ponga a su disposición.

Por otra parte, se reglamenta respecto de la libertad de asociación, el cumplimiento de los fines para los cuales fue conformada la asociación y la posibilidad de acceder a recursos públicos para concretar ese propósito. Así, se busca proveer de un marco jurídico que promueva la transparencia y la eficiencia en la gestión, pero que al mismo tiempo cree incentivos para que las asociaciones participen activamente de las posibilidades de subsidio estatal.

En el artículo 7º de la iniciativa se plantea que las organizaciones sin fines de lucro “podrán contraer todo tipo de obligaciones financieras, administrar proyectos de origen nacional o de cooperación internacional, recibir subvenciones o donaciones, postular a fondos concursables, solicitar créditos, pagar remuneraciones y asignar becas.”.

Es importante en tal sentido tener presente que, si bien las organizaciones sin fines de lucro deben responder con sus bienes presentes y futuros, ello no se hace extensivo a sus asociados.

En lo referente a la calidad del sistema político, tal como lo hemos planteado ya, el proyecto busca reforzar los mecanismos democráticos de participación, que a su vez son el pilar fundamental de una gestión gubernamental fiscalizada por los propios interesados, al tiempo que fomenta el sentido de comunidad, tanto de manera local en cuanto la asociación participa en un entorno determinado como en la medida en que sirve de enlace entre los individuos y el Estado.

Por último, hay una valoración respecto a la diversidad de intereses sociales e identidades culturales que se necesita orientar a través de la organización civil por la vía de canales regulares. Subyace aquí el principio de que no existe una contradicción entre el valor de la diversidad y la unidad nacional, pues, al contrario, el encauzamiento de las demandas particulares por medio de la organización colectiva refuerza el “nosotros”, que sirve de marco para la participación de los diferentes actores sociales.

Señor Presidente, de conformidad con el propósito y espíritu de este proyecto, así como con su presentación formal, por supuesto que voy a votar a favor.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno conoció este proyecto de ley, que, como se ha expresado, tiende a facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan propósitos de interés social o cultural, sin fines de lucro, que no estén reglamentadas por estatutos especiales.

No quiero entrar en el detalle de cada una de sus normas, porque el Ministro “informante” lo hizo muy bien en reemplazo del Senador señor Bianchi, quien no pudo concurrir a esta sesión. Pero debo señalar que el citado órgano técnico destinó numerosas sesiones a su tratamiento y escuchó a todas las instituciones involucradas. Menciono solo algunas: Asociación Chilena de Municipalidades; Red de Voluntariado; Confederación de Uniones Comunales de Chile; Observatorio de Género y Equidad; Consejo Nacional del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil; Agrupación Hain; Agrupación Metropolitana de Consejos Económicos y Sociales Comunales; Asociación Chilena de ONG, ACCIÓN; Observatorio Legislativo; Hogar de Cristo; Movimiento Aquí La Gente; Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Comisión desplegó una labor importante para escuchar a todas las agrupaciones. Y, después de analizar cada una de sus aspiraciones, puedo decir que el proyecto reúne las condiciones planteadas por ellas.

Naturalmente, ahora solo se trata de aprobar la idea de legislar. Varios señores Senadores -entre otros, el Honorable señor Orpis- han hecho observaciones, pero ellas se verán en la discusión particular, ya que habrá plazo para presentar indicaciones.

Señor Presidente, pido que se apruebe en general la iniciativa y que se fije un término más que prudencial para formular las indicaciones correspondientes.

De qu� hablamos al decir ciudadan�a? Sof�a Correa Sutil

juancatepillan — 2006-10-15T14:01:11+01:00

TALION

Tengo la impresi�n de que prima una cierta confusi�n cuando se habla de ciudadan�a, de que en distintos contextos est� pens�ndose de manera contradictoria el imperativo de ser ciudadano. Pienso que esto se debe a que estamos en un cambio de �poca, donde los viejos paradigmas se han roto. En otras palabras, la noci�n de ciudadan�a ha tenido diversos contenidos en distintas �pocas hist�ricas y estamos viviendo uno de esos tiempos en los que no todo est� dado de antemano; No, al menos el contenido de la noci�n de ciudadano.

Por ejemplo, en el per�odo efervescente de la Independencia, los criollos se trataban entre s� de ciudadanos �s�lo en g�nero masculino, por cierto- refiri�ndose a ese peque�o grupo de la elite que conduc�a los "asuntos p�blicos" y que fue creando la rep�blica con sus decisiones de cada d�a. Luego, al correr del siglo, hacia fines del mismo, el concepto de ciudadano se ha ampliado y ha cambiado de contenido: se es ciudadano cuando se pertenece a la naci�n, sentido de pertenencia que se activa a trav�s de un conjunto de im�genes simb�licas: la bandera, la canci�n nacional, la cueca, las comidas criollas, los h�roes y acontecimientos heroicos, por ejemplo. De modo que, a fines del siglo XIX y principios del XX, el contenido de la ciudadan�a no est� dado por el hecho de ser sujeto pol�tico, puesto que no me parece adecuado entender el sufragio universal-masculino-alfabetizado como un instrumento de participaci�n pol�tica popular sino como un bien que los sectores populares transan en el mercado a trav�s de la pr�ctica generalizada del cohecho. Hubo un momento, en 1875, en el cual un grupo de mujeres sobrepasaron esta dimensi�n simb�lica de la ciudadan�a e intentaron sufragar como ciudadanas que eran. R�pidamente fueron desmovilizadas para que reconocieran que su condici�n de ciudadanas se materializaba en la educaci�n patri�tica de sus hijos, y en el apoyo que dieran a sus hombres, defensores de la patria y, en el caso de la elite, constructores de la polis. Porque la ciudadan�a, ampliada a todos los chilenos, era ahora entendida como pertenencia a la naci�n y no como participaci�n pol�tica, por eso pod�an considerarse ciudadanos aquellos que movilizados a los campos de batalla dieron su vida por el pa�s, aunque, si fueran analfabetos, no tuvieran derechos pol�ticos.

La politizaci�n del concepto de ciudadan�a se comenz� a generalizar tiempo despu�s, a partir de la tercera o cuarta d�cada del siglo XX, con la creciente movilizaci�n electoral de los sectores populares por los diversos partidos pol�ticos en competencia. Si ser ciudadano fue entonces sin�nimo de ser sujeto pol�tico, no hubo m�s alternativa que ampliar el sufragio a las mujeres (reci�n a mediados del siglo XX) para luego ir rebajando o eliminando las restricciones de edad y alfabetizaci�n para que todos fueran accediendo a la condici�n de ciudadanos.

El golpe de estado del 73 cort� este desarrollo, como tantos otros, y a trav�s de una brutal represi�n logr� despolitizar profundamente a la sociedad chilena. Despolitizar fue entonces sin�nimo de privatizar, las esperanzas y expectativas, los desaf�os y los dolores; y fue perdi�ndose el sentido de colectividad, de comunidad, hasta incluso, podr�a pensarse, de naci�n. Parad�jicamente, cuando se termina la dictadura y se abre el proceso pol�tico competitivo, en la d�cada de 1990, comienza a calar hondo la idea de identificar al ciudadano con el consumidor (no faltaron argumentos incluso populistas) y la despolitizaci�n de la sociedad se profundiz�. A finales de esa d�cada, en medio de una generalizada complacencia ante un nuevo "Chile Para�so del Consumo", comenzaron a hacerse o�r voces cr�ticas como la de Tom�s Mouli�n, con Chile Actual. Anatom�a de un Mito, y Alfredo Jocelyn-Holt, con El Chile Perplejo. Del Avanzar Sin Transar al Transar Sin Parar, que alertaron sobre los peligros de la atomizaci�n de la sociedad y del vac�o de �tica p�blica. En los �ltimos cinco a�os este debate no se ha profundizado. Todo parece indicar que la preocupaci�n por entender la ciudadan�a en el Chile del nuevo siglo se ha limitado a un quejumbroso culpabilizar a los j�venes que no se inscriben en los registros electorales, sin desentra�ar el sentido m�s profundo de su gesto.

La pregunta queda abierta, �de qu� hablamos al decir ciudadan�a? �Estamos entendi�ndola como participaci�n pol�tica tal como se pensaba a mediados del siglo pasado? �O bien como adhesi�n simb�lica a la naci�n como en el siglo XIX? �O es que en el siglo XXI ser ciudadano se ha vuelto sin�nimo de ser consumidor? �O quiz�s la ciudadan�a se ha llegado a identificar con la solidaridad ejercida al interior de peque�os grupos?. Tal vez no todo sea confusi�n, y de lo que se trata es de que estamos ante un momento hist�rico abierto, donde cabe la posibilidad de generar en la teor�a y en la acci�n una nueva forma de pensar y de hacer ciudadan�a, de modo de poder remontar todos juntos como pa�s la atomizaci�n de la sociedad, recreando lazos de pertenencia y por tanto de participaci�n, los que tendr�n que nacer del compromiso de cada cual con el futuro de nuestro pa�s.

ubicaci�n original del art�culo

Noam Chomsky en Chile, Octubre de 2006. le monde diplomatique

juancatepillan — 2006-10-06T16:59:37+01:00

Noam Chomsky en Chile
Lunes 16 de octubre: "A�o 514: �Globalizaci�n para qui�n?" Universidad de la Frontera, Temuco.
Mi�rcoles 18 de octubre: "Am�rica Latina en el contexto de la pol�tica exterior norteamericana" - Universidad de Chile y el programa "Trinity-in-Santiago".
Viernes 20 de octubre: "Democracia y desarrollo: sus enemigos y sus esperanzas" - Universidad Arturo Prat, Iquique.
Dos libros de Chomsky han sidoi ediutados por Le MOnde Diplomatique y se venden a $2.500. ver:
http://www.editorialauncreemos.cl

Presupuesto participativo. forociudadano

juancatepillan — 2006-07-17T19:12:31+01:00

Presupuesto participativo: Una apuesta por la democracia

Por forociudadano
14/07/2006

En varias comunas de Chile, como Illapel, Cerro Navia, La Pintana, Buin, San Joaqu�n y Providencia, entre otras, las y los vecinos deciden qu� se har� con parte del presupuesto del municipio. Priorizar entre el arreglo de las calles, la iluminaci�n, los parques, la seguridad ciudadana, la infraestructura de las sedes vecinales o un sin fin de temas que preocupan a la comunidad, ahora dependen de quienes viven en los territorios de estas municipalidades, gracias a los llamados presupuestos participativos.

Lo que est� en juego no es todo el presupuesto municipal, s�lo una peque�a parte de �l, cercana al 3%, contemplada en la secci�n de Inversi�n real. La comunidad participa proponiendo y eligiendo los proyectos que consideran m�s importantes o de los que obtienen mayor beneficio. Eso s�, no en cualquier �rea. Adolfo Castillo, director de la Corporaci�n Libertades Ciudadanas, una organizaci�n que trabaja por instalar, promover y estimular a la poblaci�n para establecer modalidades participativas en los municipios, se�ala que, si bien los rubros contemplados en el �tem �Inversi�n real� de los presupuestos municipales son muy amplios, �con la experiencia se han ido acotando las �reas en las que la comunidad puede intervenir. Hoy se habla de equipamiento comunitario o mejoramiento de infraestructura porque si no, la gente puede pedir de todo, cree que el presupuesto da para todo y la verdad es que no es as�.

Entre un 25 y un 40% de los fondos de una municipalidad se gastan en los honorarios de sus funcionarios, en iluminaci�n, limpieza de las calles, entre otros. Hay algunos municipios a los que apenas les alcanza para sobrevivir, por lo tanto, es muy dif�cil que puedan tener fondos concursables para sus vecinas y vecinos. A otros, en cambio, como Las Condes, Vitacura o Providencia, sus recursos les alcanzan para resolver todas sus necesidades y, adem�s, aportan al Fondo Municipal, una especie de �vaca� que se reparte entre todos las comunas. Por ejemplo, en el caso de Providencia, Enrique Gand�segui, su jefe de prensa, se�ala que es cerca de un 65% de los fondos de la comuna lo que se destina al Fondo Municipal y que seis mil millones de pesos quedan disponibles para proyectos. El mismo monto del presupuesto municipal completo de San Joaqu�n, seg�n su alcalde.

Uno de los argumentos para implementar procesos de presupuestos participativos en las comunas, adem�s de integrar a las personas a las decisiones municipales, es dar mayor transparencia al uso de los recursos e invertirlos en las necesidades que la propia comunidad considere urgentes, sobre todo cuando la plata no sobra. As� lo explica Sergio Echeverr�a, alcalde de San Joaqu�n, en la Regi�n Metropolitana: �Como a veces los recursos son escasos, tenemos que inventar modalidades para invertir mejor. Si tuvi�ramos los recursos para invertir en todas las necesidades que tienen los vecinos, evidentemente los presupuestos ser�an menos importantes, pero como hay que tener un mecanismo de asignaci�n territorial, buscamos un mecanismo que sea lo m�s participativo�, explica.

Pero no se necesitan s�lo de las ganas de implementarlo. Echeverr�a explica que la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades no contempla el presupuesto participativo, por el contrario, deja en manos del concejo municipal las decisiones respecto a los dineros de la comuna. Por esto, depende de la voluntad pol�tica de �ste respetar las decisiones que tomen las y los ciudadanos y, cada cuatro a�os, estar� en manos del alcalde o la alcaldesa que asuma seguir con esto y �convencer� al concejo.

Pero m�s all� de su fragilidad institucional, los procesos de presupuestos participativos existen, se implementan y funcionan.

Experiencia en participaci�n

En la comuna de San Joaqu�n llevan tres a�os implementando procesos de participaci�n ciudadana en las decisiones municipales. Su alcalde comenta que en la primera asamblea que se realiz� participaron cuatro mil personas, al a�o siguiente el n�mero subi� a seis mil. Este a�o acudieron ocho mil y esperan que voten cerca de 15.000 vecinas y vecinos.

�Y qu� se hace en estas asambleas? Simple, las siete unidades vecinales en las que se dividi� el territorio de la comuna presentan los proyectos que quieren desarrollar. Adem�s, se eligen entre los asistentes a las y los consejeros de presupuesto, que este a�o fueron 115. Estos delegados y delegadas ser�n los encargados de decidir qu� proyectos se implementan a nivel comunal, m�s general. Los proyectos territoriales espec�ficos se decidir�n por medio de una votaci�n popular.

El alcalde de la comuna afirma que las y los miembros del consejo del presupuesto participativos se han convertido en �verdaderos aliados� del municipio porque, adem�s de decidir, fiscalizan la ejecuci�n de las obras.

Pero no todo es �miel sobre hojuelas�, adem�s de algunos roces que se han producido en el mismo proceso de fiscalizaci�n de la ejecuci�n de los proyectos, uno de las mayores dificultades que deben enfrentar en San Joaqu�n es la definici�n de los temas prioritarios.

�No hay una relaci�n entre las necesidades que las personas expresan y los proyectos� que se presentan, dice Echeverr�a y explica que al consultarles suelen decir que sus prioridades est�n relacionadas, por ejemplo, con seguridad ciudadana, iluminaci�n de las calles, parques o con reparar las veredas, pero que al momento de presentar los proyectos suelen preferir arreglar la sede comunitaria o techar la cancha del club deportivo. �Es una mirada muy hacia adentro�, analiza el edil, pero aclara que est�n concientes que este es un instrumento que se debe ir perfeccionando.

Las maravillas de la tecnolog�a

En Providencia dieron el �puntapi� inicial� en participaci�n ciudadana en 1997. Hicieron una consulta de la que surgi� el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) y un fondo de proyectos comunales. Casi una d�cada despu�s, los avances de la tecnolog�a les permitieron realizar una consulta digital sobre qu� quer�an las y los vecinos hacer en su comuna. Votaron cerca de 16.000 personas y m�s del 80% de ellas lo hicieron a trav�s de Internet. Una experiencia pionera en Chile.

Para organizarse, en noviembre de 2005 invitaron a las 16 unidades comunales del municipio a proponer proyectos en dos �reas, una estrat�gica, enfocada a toda la comuna, y otra territorial, relacionada con los barrios. Luego, esas propuestas se conciliaron con el fondo de proyectos comunales. De ah� salieron las que finalmente fueron votadas entre el 17 y el 20 de junio de 2006 y de las que result� ganadora �Comuna segura� a nivel de todo el municipio.

Pero, adem�s, aprovecharon la ocasi�n para que quienes votaran calificaran los 21 servicios municipales que se ofrecen. El que se sac� mejor nota fue la venta de permisos de circulaci�n, con un 5.86. El peor, el control de ruidos molestos, con un 3.65.

Enrique Gand�segui, jefe de prensa de la Municipalidad de Providencia explica que para lograr esto se hizo un convenio con la Universidad Cat�lica que cre� el software y que, en busca de la transparencia, todos los resultados de la consulta se encuentran disponibles en la p�gina web de la municipalidad. Una iniciativa in�dita en el pa�s y que, seg�n Gand�segui, est�n dispuestos a compartir con los municipios que lo requiera.

El jefe de prensa agrega que, incluso, el propio director Servicio Electoral destac� esta consulta digital �como una experiencia piloto para lo que un d�a pueden ser en Chile los actos electorales�.

Los beneficios

La primera experiencia de presupuesto participativo surgi� Brasil a fines de la d�cada del �80, en la ciudad de Porto Alegre. De ah� en adelante, otros municipios del mundo se fueron interesando en la idea y comenzaron a aplicarlo en sus localidades.

En Chile, el pasado 3 de junio se cre� al primera Red Ciudadana de Presupuesto Participativo donde concurren delegados de Illapel, Cerro Navia, San Joaqu�n, Buin y Talca, y prontamente se integrar�n representantes de Rancagua, Molina y Negrete, para intercambiar experiencias, aprender y hacer propuestas.

De acuerdo a la Corporaci�n Libertades Ciudadanas, el presupuesto participativo ha hecho posible recrear una nueva forma de democracia, la democracia deliberativa, que ha implicado un avance en las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, gracias a tres principios esenciales: que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos; el principio de la participaci�n, que garantiza igualdad de participaci�n, incluido derecho a votar, de asociaci�n, expresi�n pol�tica y ser electo en un puesto pol�tico; y principio del bien com�n, que orienta la discusi�n hacia un acuerdo p�blico respecto de prioridades sociales teniendo en vista la promoci�n de una mayor justicia social.

Adolfo Castillo destaca que entre los beneficios que representa este mecanismo para la comunidad se encuentra �la oportunidad que tienen las personas de involucrarse en su espacio, enriquece la calidad de la vida social, se mejoran los v�nculos con sus autoridades, hay m�s transparencia, la gente no dice qu� pas� con las platas�, argumenta.

Desde la experiencia del alcalde Echeverr�a, este tipo de participaci�n ciudadana tiene la virtud de permitir priorizar el uso de los recursos en comunas donde escasean. Adem�s, cuenta que en su comuna ha logrado que los funcionarios recobren el inter�s por el servicio p�blico. �Hay personas que han descubriendo estos procesos como vocaci�n. Viejos cracks que han vuelto a jugar en primera divisi�n�, dice.

Pero una virtud que resalta y en la que coinciden quienes se relacionan con este tema, es el grado de empoderamiento que el participar en procesos de presupuesto participativo les otorga a las y los dirigentes vecinales.

�El proceso de presupuesto participativo nos ha permitido construir dirigentes de otra calidad, con una visi�n m�s pol�tica de la comuna. Se dan cuenta que las decisiones del municipio no dependen s�lo del municipio�, afirma el alcalde de San Joaqu�n y relata que consejeros de su comuna acudieron al Foro Social Mundial en Porto Alegre el 2005, donde expusieron una visi�n mucho m�s amplia de los problemas comunales.

�En el fondo, el presupuesto participativo es para mejorar la gesti�n municipal, no tienen otra finalidad que mejorar la vida, mejorar la convivencia, las relaciones de las personas, asignar mejor los recursos y hacer m�s transparente la gesti�n�, concluye Castillo.

Si quieres averiguar m�s del tema puedes escuchar y leer El verdadero cambio cultural de chile: La era de la participaci�n ciudadana.

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Participaci�n Ciudadana, Pol�ticas sociales, Democratizaci�n... CARLOS AEDO FINLEZ

juancatepillan — 2006-07-16T19:53:48+01:00

Reflexiones en torno al panorama general de la participaci�n ciudadana en Chile.

Memoria para optar al T�tulo Profesional de Soci�logo

ALUMNO: CARLOS AEDO FINLEZ
PROFESOR GU�A: EDUARDO MORALES M.
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociolog�a. Escuela de Sociolog�a

SANTIAGO, CHILE. NOVIEMBRE 2004

Texto completo en:
PARTICIPACI�N CIUDADANA, POL�TICAS SOCIALES, DEMOCRATIZACION DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES.